¿Reaccionará el gobierno respecto de su proyecto de modificación del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) a la luz de la crisis en Quintero y Puchuncaví?
La grave situación que está viviendo esa zona es la “crónica de una muerte anunciada”, producto de una legislación tardía, insuficiente e incompleta, y que hoy el gobierno quiere modificar. Uno podría decir ¡qué bueno!, por fin vamos a poner al medioambiente y a la salud de las personas por sobre los intereses económicos de las corporaciones. Pero lamentablemente no es así, el proceso de calificación será aún más frágil de lo que tenemos actualmente.
Hay muchas razones que explican el desmejoramiento en que quedaría el SEIA con el nuevo proyecto, pero me basta mencionar una de ellas para mostrar las nefastas consecuencias medioambientales y sanitarias que tendría. La he elegido por la importancia que tendría en el resultado de las calificaciones ambientales y porque me parece evidente su carácter extemporáneo. Me refiero al reemplazo de la Comisión de Evaluación Ambiental Regional que opera en cada región de nuestro país, por tres Comisiones Macrozonales: Norte (Antofagasta), Centro (Santiago) y Sur (Valdivia). Con ello se elimina la focalización regional de la evaluación. Por ejemplo, un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) en Cauquenes se gestionará en la Comisión Macrozonal Centro, ubicada en Santiago. Ello no sólo es contradictorio con la anhelada y legítima mayor autonomía de las regiones –supuestamente celebrada por todos los sectores, toda vez que en un tiempo más se elegirán los Gobernadores Regionales-, sino que se cercena la capacidad técnica-profesional ambiental que se ha ido desarrollando en las regiones a través de los años. Por lo tanto, la consecuencia directa de esta medida es quitarle a las regiones el control de los problemas ambientales locales que, finalmente, afectan a sus ciudadanos. Obviamente, ello se traduce en un traspaso de poder decisional regional al gobierno central que controla la gestión de las macrozonas, sin la afectación política que la ciudadanía tendría a través de las autoridades regionales elegidas por votación popular. Dicho de otra manera, las personas no tendrán la posibilidad concreta de exigir a esas autoridades que se cumpla “en forma y espíritu” la legislación ambiental.
La crisis de Quintero y Puchuncaví nos está enviando un mensaje muy potente: una correcta evaluación ambiental no puede estar supeditada a las decisiones de las empresas y a la supremacía de los gobiernos centrales. Son las regiones, con sus autoridades locales, sus científicos, sus técnicos, los que, junto a la ciudadanía, están en condiciones de hacer la mejor evaluación ambiental. Ello no significa que se prescinda del gobierno central, sobre todo en proyectos que impactan más allá de la región, pero debe ser en coordinación con ella.
No es difícil deducir cuál es el verdadero objetivo del gobierno al enviar el proyecto de modificación del SEIA, ya que fue manifestado públicamente el lunes 14 de mayo de 2018 por el Presidente Sebastián Piñera acompañado por el Ministro de Hacienda Felipe Larraín y el Ministro de Economía José Ramón Valente. Este sería “destrabar” los proyectos de inversión que están siendo calificados ambientalmente y que no han tenido luz verde para su realización y, por otra parte, incentivar la inversión en futuros proyectos. Sí, es indudable que al relajar el dominio del SEIA y minimizar la presión social en las regiones se va a producir más inversión, pero al costo de repetir lo que estamos viviendo ahora en Quintero y Puchuncaví.
Lo que está sucediendo en esta zona de sacrificio nos está “gritando muy fuerte” y si el gobierno no es capaz de percibirlo y se empecina con ese incongruente y sesgado proyecto de ley del SEIA las consecuencias serán enormes.
