Ecología y derechos de la naturaleza: fuera de borrador constitucional

Se acaba de conocer los nombres de las comisiones de “expertos” que redactarán el borrador de la nueva Constitución; entre ellas, está la comisión “Derechos económicos, sociales, culturales y ambientales”, los cuales se clasifican, de acuerdo con la actualización de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, como Derechos Humanos de Tercera Generación. Al final del nombre, se mencionan los “derechos ambientales”, desde luego importantes, pero totalmente insuficientes para enfrentar la actual crisis climática y ecológica que avanza vertiginosamente.

Los derechos ambientales están incluidos en Chile desde la Constitución del 80, donde se garantiza el derecho a vivir en un medioambiente libre de contaminación y tutelar la preservación de la naturaleza, y ya sabemos cuáles han sido los resultados: totalmente deficientes. En el actual modelo económico neoliberal, sustentado en el Estado Subsidiario, el tema ecológico no está presente para nada y el tema medioambiental, avalado constitucionalmente, es considerado como una externalidad al modelo económico, centrando las políticas públicas solo en restricciones ambientales (por ejemplo, límites a las emisiones de sustancias contaminantes nocivas para los humanos), sin considerar en profundidad las variables e interacciones que afectan a la naturaleza como un todo. Solo las movilizaciones ciudadanas han podido impedir, a veces, el impacto negativo en la naturaleza.

¿Cuál es la diferencia entre medioambiente y ecología? El primero se refiere, de acuerdo con la RAE, al “conjunto de circunstancias o condiciones exteriores a un ser vivo que influyen en su desarrollo y en sus actividades”, lo cual claramente refiere a algo externo al ser vivo. En cambio, la palabra ecología es mucho más profunda. Se define como “ciencia que estudia los seres vivos como habitantes de un medio, y las relaciones que mantienen entre sí y con el propio medio”. Por lo tanto, si hablamos de medioambiente sólo operamos sobre el resultado de las interacciones ecológicas que lo generan.

Fue en la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro en 1992, y a raíz de la “Declaración de Interdependencia”, que el Dr. Zuzuki dio a conocer en esa oportunidad, cuando el concepto de medioambiente comenzó a considerarse insuficiente para abordar la interdependencia que tenemos los humanos con la naturaleza, y que el nuevo referente era la ecología. Es necesario recalcar que hubo anteriormente la Declaración de Greenpeace sobre la interdependencia (1976): “Tres leyes de la ecología: la interdependencia, la estabilidad relacionada con la diversidad y límites del crecimiento”. Sin embargo, fue a partir de la Cumbre de Río cuando se difundió mundialmente el concepto de interdependencia en el plano ecológico.

La visión ambiental está basada en “deberes” y en ella subyace la idea de que la naturaleza es un objeto de protección y el humano tiene el deber de protegerla. Pero un deber sin establecer un derecho de aquello que se quiere proteger es una imposición externa, y no hay incentivos para cumplirla, más bien hay incentivos para burlarla, sobre todo bajo la influencia de las grandes corporaciones extractivistas que rentan con los bienes naturales. En cambio, un deber que emerge de un derecho se llena de sentido y legitimidad.

Preocuparse solo de los daños medioambientales es apuntar al síntoma, no a las causas profundas; es un enfoque totalmente desactualizado para enfrentar la crisis ecológica, donde no están considerados otros problemas tan relevantes como el desequilibrio de los ecosistemas, la depredación de los bienes naturales, la reducción de la diversidad biológica y la afectación de los ciclos naturales (como el del agua, el fósforo y el nitrógeno), entre otros. Estos problemas afectan directamente a la naturaleza y sus relaciones internas.

Hoy, después de 30 años, la preocupación focalizada solo en el medioambiente ha demostrado ser completamente ineficiente para garantizar los derechos humanos ambientales de tercera generación, menos aún garantizar el más importante de los derechos humanos de primera generación: el derecho a existir. Para que este derecho se pueda cumplir -en la situación crítica en que nos encontramos- es necesario superar la visión ambiental y centrarnos en una visión ecológica, que tiene una forma integral de apreciar a la naturaleza. Ello sólo se puede realizar a cabalidad si reconocemos los derechos de la naturaleza, porque es ella la que está siendo devastada por el humano, y como consecuencia de esa acción se afectan los propios derechos humanos ambientales.

No podemos seguir considerando a la naturaleza como algo externo, porque somos naturaleza y nos une un vínculo indisoluble con sus elementos, con los cuales tenemos una relación de interdependencia. La naturaleza nos proporciona el aire, el agua, los alimentos, la necesitamos para existir. La naturaleza genera y reproduce la vida; todos los seres vivos de este planeta se constituyen en la naturaleza y cada uno tiene una función en sus ecosistemas. Garantizar los derechos de la naturaleza constituye el primer gran paso en la dirección correcta para enfrentar la crisis climática y ecológica que hemos originado en nuestro planeta Tierra. Debemos superar el antropocentrismo que se inició en el periodo de la Ilustración (que, a su vez, había superado al teocentrismo) y que ubicó al humano por sobre todo lo demás, incluso sobre la naturaleza. Debemos transitar urgente al paradigma ecológico -ecocentrismo y biocentrismo- donde la naturaleza debe ser sujeto de derechos.

Sin derechos de la naturaleza, los impactos ambientales que considera nuestro sistema jurídico solo se valoran en la medida que se afecte al humano en su economía, salud o cualquier parámetro conmensurable monetariamente, sin considerar el impacto mismo en la naturaleza, que es cualitativo y multidimensional. Con derechos de la naturaleza se puede exigir su restauración cuando sus ecosistemas han sido dañados sin necesidad de demostrar el daño ambiental a los humanos, que corre de manera paralela, ya que el derecho a un ambiente sano es un derecho humano que debe ser también exigido. Darle derechos a la naturaleza no afecta a los derechos humanos; todo lo contrario, por ser el humano perteneciente a la naturaleza, no es posible garantizar sus derechos si no se resguardan los derechos de la naturaleza.

El derecho más esencial de la naturaleza es el mismo que mencionamos para el humano: existir. En el caso del humano es el derecho a una existencia digna con libertad y seguridad, en el caso de la naturaleza es el derecho a la existencia en equilibrio ecológico. Si esto último no se cumple, la naturaleza va perdiendo vitalidad y capacidad de regeneración, lo que también afecta la dignidad y seguridad del humano y, en última instancia, su propia sobrevivencia como especie. Somos interdependientes con la naturaleza, pero de manera asimétrica, ya que nosotros los humanos no podemos existir sin ella y la naturaleza sí puede existir sin nosotros… y mejor.

Al parecer, “los expertos” de este proceso constitucional continuarán con la visión ambiental de la Constitución del 80. Si no hay derechos de la naturaleza, esta Constitución no será validada por quienes creemos que la única solución es una EcoConstitución.

Fernando Salinas - Ex Convencional Constituyente; independiente.

De cara a la Convención con los Constituyentes

- @rodrigodelao - vigilantecosta -

Hace unos días, pudimos reunirnos algunos vecinos y amigos con Fernando Salinas y Francisca Arauna, Convencionales Constituyentes (CC) por el Distrito 18 del Maule Sur, en la comuna costera de Pelluhue (Maule) aprovechando su visita distrital de terreno, ad portas del inicio de la redacción de materias de fondo para una nueva Constitución Política de Chile.

En lo personal, agradecemos la invitación para generar y fortalecer instancia, para poder conversar y conocer respecto del trabajo realizado en el marco del proceso Constituyente en una forma de cuenta pública de la Convención, poder informar a la comunidad y, al mismo tiempo, recoger inquietudes, aportes o sugerencias.

Partimos sobre la base de que el proceso Constituyente es un acontecimiento histórico sin precedente y, en ese contexto, el trabajo de Convencionales independientes, sin atadura partidista, es un desafío constante al interior de la convención; y ante la diferencia manifiesta entre quienes manejan añejos "códigos políticos", un tanto rancios y obsoletos de la vieja escuela y su maquinaria ya instalada que, lógica e injustamente, CC autónomos e independientes no poseen. Y que, además de la zancadilla permanente, deben solucionar y reaccionar sobre la marcha para poder cumplir eficazmente.

Por un Estado Constitucional Ambiental, Igualitario y Participativo #Programa #FernandoSalinas #Constituyente

" Fernando Salinas Manfredini es un gran amigo, de larga trayectoria, luchas y victorias ciudadanas por la defensa ambiental de la región del Maule. Con una fuerte raíz familiar en el hermoso pueblo típico de Chanco en el Maule Sur es un candidato de gran nivel que tenemos la certeza será un aporte muy importante en la redacción de una nueva Constitución Política de nuestra República, que tenga en su base y plataforma el concepto ambiental y/o ecológico de manera transversal.  

Porque no da lo mismo elegir Constituyentes, no podemos equivocar su elección debido a que es un proceso único, sin precedente y que plantea una propuesta participativa y representativa del Chile que queremos en los próximos 40 o más años. Les invitamos a conocer su programa: 

[Rodrigo de la O - @vigilantecosta Director ONG] "

Esta Propuesta al País tiene como propósito transformar el Poder del Movimiento Social en Poder Electoral Constituyente. Busca favorecer que sean elegidos como convencionales constituyentes personas y representantes de organizaciones de la sociedad civil que han venido impulsando la demanda por una nueva Constitución y han demostrado su compromiso con las reivindicaciones y la causa del Pueblo.

Pensamos que se requiere la construcción de un sólido aparato institucional que reconozca los derechos sociales, económicos y culturales y lidere, con colaboración privada en algunos casos, la solución de los graves problemas de pobreza y exclusión que ha enfrentado nuestro país desde sus orígenes y que serán profundizados dramáticamente por el cambio climático y la revolución científica tecnológica.

Llamamos a esta nueva institucionalidad Estado de Derecho Ambiental, Igualitario y Participativo o Estado Constitucional Ambiental Igualitario y Participativo, se trata de un nuevo modelo de Estado Constitucional.

Vocación Ambiental

Concebimos al ser humano como parte integral e indivisible de la naturaleza, en la que tiene su ser y desarrolla su existencia, siendo su propósito en tanto ser dotado de conciencia, el respeto, cuidado y preservación del equilibrio de los ecosistemas y la sustentabilidad de las diversas formas de vida en el planeta tierra.

Esta cosmovisión, fundamentada en un conocimiento científico y complementada con el saber indígena ancestral, ha permitido una creciente comprensión de los fenómenos naturales y las leyes universales que determinan el bien más preciado y escaso en el universo conocido, la vida. De ella emana un nuevo concepto de la dignidad humana, llamado a reemplazar el paradigma de la competencia egoísta por uno nuevo, basado en la colaboración solidaria entre las personas.

Vocación Igualitaria

Promovemos la igualdad de género, el respeto y reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios como culturas esenciales de la sociedad chilena, así como la valoración de las minorías y de los inmigrantes. Queremos colaborar en la construcción de una sociedad inclusiva.

Promoveremos un estado plurinacional y la plena igualdad de hombres y mujeres, así como la garantía de no discriminación respecto de la diversidad sexual y los extranjeros y extranjeras, y todo grupo social que requiera de protección. Promovemos el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos y en general la autodeterminación sobre el propio cuerpo.

Vemos al ser humano como un ser integral, social, que con los otros construye relaciones y estructuras que generan bienestar físico, material, social y espiritual. Nos parece absolutamente necesario consagrar un Estado laico que al mismo tiempo respete las libertades de conciencia, creencia, expresión, reunión y asociación, debiendo velarse por la separación de Religión-Estado.

Los deberes constitucionales

Los desafíos que enfrentamos obligan a precisar los deberes constitucionales que debemos cumplir para que sea posible un nuevo tipo de constitucionalismo:

• El primero es el respeto por la diversidad, lo que implica el deber de tratar a los distintos como legítimos otros.
• El deber de proteger a nuestras ancianas y ancianos, así como a toda minoría.
• El deber ineludible de respetar y proveer las condiciones para la recreación de las naciones y pueblos indígenas que coexisten con la nación chilena.
• El deber de estudiar y trabajar con responsabilidad, asumiendo que estas actividades tienen un profundo impacto social y no sólo un interés individual.
• El deber de proveer condiciones dignas para las trabajadoras y trabajadores y un salario justo que habilite para llevar una vida digna y libre.
• El deber de formarse para la vida ciudadana y por consiguiente el de votar en las elecciones de las autoridades locales y nacionales; de participar en los plebiscitos comunales y en los presupuestos participativos comunales.
• El deber de mantener una relación armónica con la naturaleza, velando por los derechos de la madre tierra y el derecho de las generaciones futuras a vivir en un medio ambiente sano.
• El deber de defender la integridad territorial del Estado y de contribuir a los gastos públicos.
• El deber de respetar cabalmente la nueva Constitución, así como las leyes que se vayan dictando conforme a ella.
• El deber de respetar el régimen democrático, los derechos humanos y el orden público propio de un régimen democrático y de un gobierno legítimo.
• Todo acto de corrupción que afecte al régimen político es una desviación moral que daña gravemente el régimen democrático.

Vocación Participativa

Las organizaciones sociales deben tener una participación protagónica en el ejercicio de los gobiernos locales y regionales. Creemos que debe existir la posibilidad de convocatoria a plebiscito comunal por iniciativa popular, así como también la iniciativa popular de ley; y deben consagrarse mecanismos de control y de revocación de mandatos a las autoridades. A su vez, es necesario fortalecer a las juntas de vecinos, las cooperativas y otras organizaciones sociales no gubernamentales que puedan visibilizar las inquietudes de la ciudadanía e incrementar la participación.

Los partidos políticos deben ser regulados constitucionalmente, exigiendo una organización democrática y participativa con pleno respeto de la voluntad de sus militantes, poniendo fin a todos los mecanismos que permiten a las cúpulas no acatar la voluntad de las bases democráticamente manifestada.

Promoveremos que la nueva Constitución fortalezca el gobierno municipal y los canales de participación de la comunidad de vecinos, ampliando el mecanismo plebiscitario y estableciendo el carácter vinculante de sus resultados. Debe consagrarse constitucionalmente la figura del presupuesto participativo plurianual vinculado a un plan de desarrollo comunal participativo.

Todo esto supone saldar una deuda histórica con los derechos políticos que tradicionalmente han estado reservados a una elite patriarcal, ampliando su radio de acción de modo tal que permita a la mayoría la construcción de una sociedad democrática, participativa e inclusiva.

Valoración de la democracia y la actividad política

Somos un movimiento pacifista con profunda vocación democrática, que considera fundamental la actividad política como principal antídoto ante la corrupción que viene dañando la adhesión de la población con el sistema democrático. Estamos convencidos que el fortalecimiento de la participación política y el mejoramiento del sistema democrático contribuye de manera decisiva a la libertad, la igualdad formal y material, la justicia social y la defensa de los derechos humanos.

Estamos conscientes de la profundidad de los cambios sociales, económicos, culturales, científicos, tecnológicos y políticos que se han producido en Chile, por lo que consideramos que es nuestro deber revisar y proponer estándares políticos y éticos que estén a la altura de estas transformaciones, y que permitan alcanzar una sociedad cuyo imperativo ético debe ser la dignidad del ser humano y de los seres vivos por sobre cualquier otro asunto.

Dadas las prácticas neoliberales que han impregnado las instituciones, propondremos una revisión de los fines y objetivos del Banco Central, de manera tal que contribuya de modo eficiente a la nueva economía que demanda el nuevo escenario.

Este movimiento nace en un país y un mundo que atraviesan fuertes crisis institucionales, democráticas y valorativas. En esta perspectiva, la Nueva Constitución es el punto de partida para forjar un nuevo pacto social que nos permita avanzar con unidad hacia el futuro. Necesitamos una república inclusiva que resuelva los defectos de la discriminación por razón de género, de ser inmigrantes o de ser pobres, avanzando hacia mecanismos positivos de inclusión.

Promoveremos una Nueva Constitución que resuelva los defectos de representatividad actuales, como el denominado “clientelismo político”, bajo un sistema que otorgue mayores facultades al Parlamento. Propondremos establecer un sistema unicameral, un régimen de Gobierno Semi Presidencial o similar, con una regionalización efectiva y mecanismos de mayor participación ciudadana y de la sociedad civil en la toma de decisiones, combinando la democracia representativa con instrumentos de democracia directa.

Es necesario garantizar la independencia externa e interna del Poder Judicial, así como realizar una revisión profunda de los mecanismos destinados a velar por el respeto de la Constitución, lo que implica una nueva visión sobre el control de constitucionalidad que podría estar radicada en una sala especializada de una nueva Corte Suprema en el contexto de una sociedad que promueve la responsabilidad de todas las autoridades.

Asimismo, es necesario una república que supere las falencias del actual Estado unitario centralizado y discriminador, bajo mecanismos que incorporen a las regiones y los pueblos originarios. Esta tarea parte con un reconocimiento a nuestro defecto de ser un país racista y clasista, característica social que debe ser combatida y superada.

Fortalecimiento de las regiones

Asimismo, tenemos una opción descentralizadora y regionalista. Promoveremos una revisión del actual sistema de regionalización e impulsaremos la desconcentración del país. Nos parece que deben explorarse las posibilidades de concebir una macrozona norte, centro y sur que supere la actual organización regional y combine equilibradamente las potencialidades de los territorios y fortalezca al mismo tiempo al Estado de Chile.

Estado y Mercado

Para enfrentar los desafíos del futuro no cabe la disyuntiva entre el mercado y el Estado, ambos son pilares del desarrollo, sin embargo, el abuso de los oligopolios y monopolios, las penumbras del mercado y la inexactitud de las leyes y teorías económicas que se sostienen sobre la base de creencias inaceptables como el egoísmo humano y la mano invisible, nos indican que no se justifica socialmente una defensa dogmática del mercado y la competencia. El mercado sólo debe ser visto como uno más de los instrumentos que operan en la actividad económica.

Concebimos un modelo de desarrollo que supere las injusticias de la concentración del poder económico y que aspire a superar el techo de crecimiento que nos impida avanzar en la generación de valor agregado. Debemos aspirar a un real fortalecimiento de la productividad, mucho más allá de la tradicional explotación de nuestros recursos naturales. Consideramos que la ciencia económica debe enfocarse en determinar cómo avanzamos hacia un modelo económico que supere la actual cuestión social y ponga en el centro al trabajo humano como el gran productor de riqueza, y por ende como el primero en ser beneficiado: necesitamos de una nueva economía y de una nueva ciencia económica.

Esta nueva economía debe ser ejecutada siempre pensando en la disminución del impacto negativo sobre la naturaleza y los seres humanos, considerando la gravedad del cambio climático y su impacto en la transformación del medio ambiente. Esta nueva economía social debe anticiparse a las consecuencias negativas sobre el trabajo que ha traído la revolución tecnológica. Ante la automatización y robótica de los procesos productivos, comerciales y financieros, se debe comprometer con el cambio y adaptación cultural que comenzamos a experimentar las personas ante la denominada “cuarta revolución industrial”.

El Estado y la sociedad debe asumir el desempleo que acarreará la sustitución de mano de obra como consecuencia de estas transformaciones. También es necesario establecer apoyos eficientes para pequeñas y medianas empresas que se desenvuelvan en mercados poco transparentes y en que operen grandes oferentes. Desde el punto de vista empresarial daremos incentivos para la formación y consolidación de las llamada empresas B por su compromiso con la transparencia y el medio ambiente.

El silencio de los pobres y el drama de la pobreza

Promoveremos un Estado activo en el enfrentamiento de la pobreza, de modo tal que la misma no sea invisibilizada por el enfrentamiento de otros problemas sociales.

La pobreza azota a millones de chilenas y chilenos, daña severamente las posibilidades de las niñas y niños, de las jovencitas y de los jóvenes de alcanzar el pleno ejercicio de su libertad. La desigualdad que los azota daña severamente su dignidad y por ende su autoestima, y los condena a aceptar su condición de inferioridad como un hecho casi natural. Denunciamos como inhumana toda forma de organización que, bajo el pretexto de enfrentar los cambios culturales, desplaza a la lucha contra la pobreza a una tarea de segundo orden.

Estado integrado internacionalmente y Administración Pública virtuosa

Las relaciones internacionales de los gobiernos deben inspirarse en una concepción del Estado de Chile como artífice y promotor de la paz regional, continental y mundial. Un Estado que privilegia la diplomacia y fortalece la institucionalidad internacional democrática y protectora de los derechos humanos. Un Estado abierto al mundo y al mismo tiempo protector de su derecho a autodeterminación en materia económica y política en el contexto de una sociedad democrática.

Las Fuerzas Armadas deben contribuir al fortalecimiento de la cultura democrática y de derechos humanos que deben inspiran toda la actividad estatal, lo que implica una profunda revisión de la doctrina de la seguridad nacional por su carácter antidemocrático, y su reemplazo por una concepción coherente con los valores que se promueven democráticamente en la sociedad civil.

Las fuerzas de Orden y Seguridad deben ser reorganizadas de forma tal que la sociedad civil las reconozca como un legítimo brazo armado del Derecho y como respetuosas de los derechos civiles y políticos de la población, así como instituciones eficaces y respetadas en el combate de las nuevas formas de delincuencia que amenazan con destruir la familia, la propiedad fiscal y privada, la paz y la seguridad de la vida cotidiana. El combate al narcotráfico y a la corrupción deben ser prioridad, por el severo daño que provoca a las personas, familias, los colectivos y al país en general.

Pensamos que el rol activo del Estado implica superar la visión del mismo como una estructura burocrática capturada por los partidos políticos de turno en el Gobierno. Procuraremos que el personal estatal sea elegido por concurso público, y que los funcionarios públicos sean entrenados en la solución de los problemas que genera la actividad burocrática y se empapen de una nueva cultura de gestión.

El Estado debe ser parte de la solución de los problemas, no uno de los problemas. Ello implica una profunda transformación de la cultura del funcionario público. Un Estado activo y fuerte solo es legítimo si la ciudadanía experimenta su actuación como una contribución eficiente y eficaz al quehacer de la sociedad civil. Hay que superar la creencia de ser el Estado parte del botín de los partidos políticos.

La normativa constitucional debe prohibir expresamente que la administración pública viole los derechos de las trabajadoras y trabajadores del Estado, privándolos del derecho de sindicalización y de los derechos propios de la relación jurídico-laboral al recurrir de manera usual a la fórmula de la contratación a honorarios.

Sociedad y familia

Queremos consagrar en la nueva Constitución lo social y comunitario de manera tal que los gobiernos diseñen políticas públicas que fortalezcan a las familias, respetando su amplia diversidad, y resuelvan las falencias de protección de sus miembros.

Es imperativo que el Estado se ocupe activa y directamente del sistema de pensiones, natalidad, educación, salud, vivienda, discapacidad, vejez.

El envejecimiento digno supone necesariamente una pensión digna. Aquí el rol del Estado y la sociedad es central para alcanzar una justa solución. El derecho a una justa remuneración y el fortalecimiento de la actividad sindical son componentes básicos de esta solución.

En términos de salud y bienestar, la salud pública y otros servicios relacionados deben generar todas las condiciones que permitan una estrategia de atención digna, a tiempo y de calidad para las enfermas y enfermos y en especial las personas mayores.

Necesitamos brindar un mejor acceso a alimentos saludables, políticas específicas y estructurales para incrementar el tiempo que todos dedican al ejercicio físico, y para hacer efectiva la participación de los distintos tipos de familia en la crianza. 

Debemos aumentar el acceso a áreas verdes, brindar una educación que enseñe a niños y niñas a desarrollar su propio bienestar y a aprender a convivir y a vivir plenamente.

Necesitamos ampliar la protección que reciben los sectores vulnerables, brindando más acceso a viviendas dignas e integradas socialmente, haciendo universal el acceso gratuito a la educación superior.

Educación, ciencia, humanidades y tecnología

La Educación Pública debe aspirar a ser la mejor del país en todos los niveles. La revolución tecnológica tiene implicancias en nuestra vida cotidiana por ello consideramos urgente el acceso universal a las nuevas tecnologías en todos los rincones de nuestro país. Creemos que el Estado debe destinar al menos el 4% del PIB para investigación aplicada y ciencia básica, en favor de todas las ciencias, y también de las artes y las humanidades.

-

Fuente:

https://www.emol.com/especiales/2021/nacional/elecciones/guia_candidatos.asp#6018

https://repodocacto.blob.core.windows.net/public/CCG/D18_FERNANDO_SALINAS_MANFREDINI.pdf

-

El potente mensaje de Quintero y Puchuncaví a la reforma del SEIA

Fuente: Diario Clever - Por Fernando Salinas Manfredini - #opinion

¿Reaccionará el gobierno respecto de su proyecto de modificación del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) a la luz de la crisis en Quintero y Puchuncaví?

La grave situación que está viviendo esa zona es la “crónica de una muerte anunciada”, producto de una legislación tardía, insuficiente e incompleta, y que hoy el gobierno quiere modificar. Uno podría decir ¡qué bueno!, por fin vamos a poner al medioambiente y a la salud de las personas por sobre los intereses económicos de las corporaciones. Pero lamentablemente no es así, el proceso de calificación será aún más frágil de lo que tenemos actualmente.

Hay muchas razones que explican el desmejoramiento en que quedaría el SEIA con el nuevo proyecto, pero me basta mencionar una de ellas para mostrar las nefastas consecuencias medioambientales y sanitarias que tendría. La he elegido por la importancia que tendría en el resultado de las calificaciones ambientales y porque me parece evidente su carácter extemporáneo. Me refiero al reemplazo de la Comisión de Evaluación Ambiental Regional que opera en cada región de nuestro país, por tres Comisiones Macrozonales: Norte (Antofagasta), Centro (Santiago) y Sur (Valdivia). Con ello se elimina la focalización regional de la evaluación. Por ejemplo, un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) en Cauquenes se gestionará en la Comisión Macrozonal Centro, ubicada en Santiago. Ello no sólo es contradictorio con la anhelada y legítima mayor autonomía de las regiones –supuestamente celebrada por todos los sectores, toda vez que en un tiempo más se elegirán los Gobernadores Regionales-, sino que se cercena la capacidad técnica-profesional ambiental que se ha ido desarrollando en las regiones a través de los años. Por lo tanto, la consecuencia directa de esta medida es quitarle a las regiones el control de los problemas ambientales locales que, finalmente, afectan a sus ciudadanos. Obviamente, ello se traduce en un traspaso de poder decisional regional al gobierno central que controla la gestión de las macrozonas, sin la afectación política que la ciudadanía tendría a través de las autoridades regionales elegidas por votación popular. Dicho de otra manera, las personas no tendrán la posibilidad concreta de exigir a esas autoridades que se cumpla “en forma y espíritu” la legislación ambiental.

La crisis de Quintero y Puchuncaví nos está enviando un mensaje muy potente: una correcta evaluación ambiental no puede estar supeditada a las decisiones de las empresas y a la supremacía de los gobiernos centrales. Son las regiones, con sus autoridades locales, sus científicos, sus técnicos, los que, junto a la ciudadanía, están en condiciones de hacer la mejor evaluación ambiental. Ello no significa que se prescinda del gobierno central, sobre todo en proyectos que impactan más allá de la región, pero debe ser en coordinación con ella.

No  es difícil deducir cuál es el verdadero objetivo del gobierno al enviar el proyecto de modificación del SEIA, ya que fue manifestado públicamente el lunes 14 de mayo de 2018 por el Presidente Sebastián Piñera acompañado por el Ministro de Hacienda Felipe Larraín y el Ministro de Economía José Ramón Valente. Este sería “destrabar” los proyectos de inversión que están siendo calificados ambientalmente y que no han tenido luz verde para su realización y, por otra parte, incentivar la inversión en futuros proyectos. Sí, es indudable que al relajar el dominio del SEIA y minimizar la presión social en las regiones se va a producir más inversión, pero al costo de repetir lo que estamos viviendo ahora en Quintero y Puchuncaví.

Lo que está sucediendo en esta zona de sacrificio nos está “gritando muy fuerte” y si el gobierno no es capaz de percibirlo y se empecina con ese incongruente y sesgado proyecto de ley del SEIA las consecuencias serán enormes.