Se trata de agua que se contaminó durante el proceso de enfriamiento de los reactores dañados, y el combustible fundido, tras el grave terremoto y tsunami que en marzo de 2011 golpeó a la nación asiática.
Según afirmó la empresa estatal Tokyo Electric Power (Tepco), propietaria de la central, el vertido es “seguro”, iniciando el proceso el jueves. Se espera que en total, el procedimiento se extienda por 30 años.
Esto ha levantado la voz de alerta no sólo en el propio Japón y sus vecinos, como China y Corea del Sur, sino que también en nuestro país, en donde ONGs como Ecoceanos han advertido sobre los potenciales riesgos de este procedimiento.
Desde Tepco, en tanto, afirman que la concentración de residuos radioactivos se encuentran dentro de lo estipulado y que no hay irregularidades en sus sistemas.
Cabe señalar que el Ejecutivo japonés decidió en 2021 llevar a cabo la descarga controlada al mar para así deshacerse del líquido contaminado que se acumula en las instalaciones nucleares, en donde se agota el espacio para los grandes tanques que lo almacenan. Esto se considera un paso fundamental para el desmantelamiento de la planta.
“El agua contaminada es tratada con el sistema ALPS, capaz de retirar por completo 62 tipos de materiales radiactivos, a excepción del tritio y del carbono-14”, detalla la Agencia EFE. Ecoceanos alza la voz por el procedimiento
En conversación con BioBioChile, Juan Carlos Cárdenas, director del Centro Ecoceanos, señala que el anuncio del gobierno japonés y de la empresa estatal Tepco sobre el vertimiento del agua radiactiva no “es un asunto unilateral donde solo priman los intereses del gobierno de Japón y esta empresa nuclear”.
“El agua contaminada radiactivamente contiene una serie de isótopos que amenazan la salud humana como el carbono 14, el yodo 131, el cesio 137, el estroncio 90, el cobalto 60 o el tritio. Y es importante señalar que el riesgo es que este vertido de un millón de toneladas incorpore estos isótopos de manera acumulativa en la cadena trófica del Pacífico, es decir, en los peces, afectando toda esta cadena y también a los consumidores, animales y humanos”, asegura.
Para Cárdenas, esto impacta sobre la seguridad alimentaria de todos los países ribereños latinoamericanos además de dañar la reputación sanitaria de las producciones pesqueras y acuícola de estos países, sector clave para la economía como la de Chile, al igual que en Japón.
En tanto, advierte que los países del Foro del Pacífico han criticado la falta de transparencia con que se ha ido manejando el gobierno japonés y el incumplimiento de los acuerdos de la Cumbre de Alto Nivel del 2011, después del desastre de Fukushima.
“No han cooperado para que los miembros del Foro del Pacífico accedan a todas las pruebas científicas independientes que les permitan verificar que la información de Japón es verídica antes de verter estas aguas contaminadas tratadas al Pacífico”, precisa.
Por su parte, Cárdenas menciona el peso y el poder que tiene la industria nuclear, tanto en Japón como a nivel internacional. “La agencia para la energía atómica de Naciones Unidas es una agencia política, la cual finalmente le dio la autorización (a Japón), señalando que este vertido no sería perjudicial y que la presencia del isótopo es muy baja y por lo tanto no tendría ningún efecto sobre la salud humana”, dice.
Sin embargo, remarca, el tema es la falta de credibilidad sobre el proceso. “En estos momentos las organizaciones de pescadores de pequeña escala del norte de Japón, que han sido las principales afectadas, dudan de la información que entrega el gobierno y los consumidores japoneses de toda esta zona están haciendo sus propios testeos sobre el alimento marino que consumen porque desconfían de la información que entrega el gobierno de Japón y la Tokio Electric Power”, puntualiza.
El director de Ecoceanos enfatiza en que el océano Pacífico “no es el vertedero de la Tokyo Electric Power o del gobierno de Japón”.
“El anuncio hecho por el país asiático es irresponsable, unilateral y tiene un corte bastante neocolonialista con el resto de los estados independientes del área. Todos los países o Estados insulares del Pacífico están reclamando a Japón por este tipo de comportamiento”, esgrime.
Frente al tema, Cárdenas reveló que entregarán al gobierno chileno una carta firmada por comunidades costeras de la pesca artesanal, comunidades indígenas y organizaciones ambientales para que presente una queja diplomática al gobierno de Japón por “su unilateral e irresponsable anuncio de vertimiento que amenaza la paz en la cuenca del Pacífico, el medio ambiente, la salud y los intereses de las comunidades pesqueras”.
“También vamos a instar a la Comisión Permanente del Pacífico Sur a que asuma un papel activo con el resto de los países ribereños de América Latina para rechazar esta abusiva medida. Apoyamos el rechazo de las comunidades costeras y de la pesca artesanal del norte de Japón”, sentencia.
Implicancias del polémico proceso
Sobre las implicancias que puede tener este vertimiento en el Pacífico de agua radiactiva, Pedro Iacobelli, director del Instituto de Historia de la Universidad de los Andes, alerta que los sentimientos antijaponeses están siendo revividos en Asia.
“Se han desarrollado manifestaciones contra el vertido del agua radioactiva pero en lo medular, son movimientos que protestan contra Japón, reviviendo odios y rencores pasados”, sostiene.
“En la práctica, se fortalece el nacionalismo en el noreste de Asia, se exacerban los discursos de odio contra Japón en China y Corea, y en Japón se permite que grupos revisionistas y patrióticos recluten nuevos integrantes para ‘defender la autonomía y grandeza’ de su nación. Es decir, el escenario es de mayor polarización”, precisa.
Iacobelli añade que desde el terremoto y tsunami de 2010, Japón ha invertido trillones de dólares en revertir las consecuencias de estas crisis, mencionando que cada iniciativa que las autoridades japonesas han tomado para controlar o mitigar el efecto del desastre nuclear ha sido recibida con críticas en Japón.
“El problema no es tanto en cómo se dispone de las toneladas de agua con radiación, sino que el gobierno japonés ha perdido la confianza de un amplio espectro de la sociedad japonesa”, dice.
A su vez, explica que si bien la Agencia Internacional de Energía Atómica de la ONU ha dicho que el plan cumple con los estándares internacionales y tendría un impacto “insignificante” en el medio ambiente, asegura que en Japón la sociedad civil desconfía de las autoridades.
“Hay varias iniciativas para monitorear los niveles de radioactividad en la región de Fukushima desde 2011 y también el mar adyacente. Finalmente, el gobierno de Japón se comprometió a comprobar los niveles de radioactividad del mar. El principal incentivo que tiene el gobierno para monitorear, es poder certificar que los productos marítimos de la industria de la pesca son confiables para su consumo. Pero como se indicó, la sociedad civil lleva sus propias cuentas”, plantea.
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