Ecocéanos: «El océano Pacífico no es el vertedero de Japón»

Fuente Biobio

Se trata de agua que se contaminó durante el proceso de enfriamiento de los reactores dañados, y el combustible fundido, tras el grave terremoto y tsunami que en marzo de 2011 golpeó a la nación asiática.

Según afirmó la empresa estatal Tokyo Electric Power (Tepco), propietaria de la central, el vertido es “seguro”, iniciando el proceso el jueves. Se espera que en total, el procedimiento se extienda por 30 años.

Esto ha levantado la voz de alerta no sólo en el propio Japón y sus vecinos, como China y Corea del Sur, sino que también en nuestro país, en donde ONGs como Ecoceanos han advertido sobre los potenciales riesgos de este procedimiento.

Desde Tepco, en tanto, afirman que la concentración de residuos radioactivos se encuentran dentro de lo estipulado y que no hay irregularidades en sus sistemas.

Cabe señalar que el Ejecutivo japonés decidió en 2021 llevar a cabo la descarga controlada al mar para así deshacerse del líquido contaminado que se acumula en las instalaciones nucleares, en donde se agota el espacio para los grandes tanques que lo almacenan. Esto se considera un paso fundamental para el desmantelamiento de la planta.

“El agua contaminada es tratada con el sistema ALPS, capaz de retirar por completo 62 tipos de materiales radiactivos, a excepción del tritio y del carbono-14”, detalla la Agencia EFE. 

Ecoceanos alza la voz por el procedimiento

En conversación con BioBioChile, Juan Carlos Cárdenas, director del Centro Ecoceanos, señala que el anuncio del gobierno japonés y de la empresa estatal Tepco sobre el vertimiento del agua radiactiva no “es un asunto unilateral donde solo priman los intereses del gobierno de Japón y esta empresa nuclear”.

“El agua contaminada radiactivamente contiene una serie de isótopos que amenazan la salud humana como el carbono 14, el yodo 131, el cesio 137, el estroncio 90, el cobalto 60 o el tritio. Y es importante señalar que el riesgo es que este vertido de un millón de toneladas incorpore estos isótopos de manera acumulativa en la cadena trófica del Pacífico, es decir, en los peces, afectando toda esta cadena y también a los consumidores, animales y humanos”, asegura.

Para Cárdenas, esto impacta sobre la seguridad alimentaria de todos los países ribereños latinoamericanos además de dañar la reputación sanitaria de las producciones pesqueras y acuícola de estos países, sector clave para la economía como la de Chile, al igual que en Japón.

En tanto, advierte que los países del Foro del Pacífico han criticado la falta de transparencia con que se ha ido manejando el gobierno japonés y el incumplimiento de los acuerdos de la Cumbre de Alto Nivel del 2011, después del desastre de Fukushima.

“No han cooperado para que los miembros del Foro del Pacífico accedan a todas las pruebas científicas independientes que les permitan verificar que la información de Japón es verídica antes de verter estas aguas contaminadas tratadas al Pacífico”, precisa.

Por su parte, Cárdenas menciona el peso y el poder que tiene la industria nuclear, tanto en Japón como a nivel internacional. “La agencia para la energía atómica de Naciones Unidas es una agencia política, la cual finalmente le dio la autorización (a Japón), señalando que este vertido no sería perjudicial y que la presencia del isótopo es muy baja y por lo tanto no tendría ningún efecto sobre la salud humana”, dice.

Sin embargo, remarca, el tema es la falta de credibilidad sobre el proceso. “En estos momentos las organizaciones de pescadores de pequeña escala del norte de Japón, que han sido las principales afectadas, dudan de la información que entrega el gobierno y los consumidores japoneses de toda esta zona están haciendo sus propios testeos sobre el alimento marino que consumen porque desconfían de la información que entrega el gobierno de Japón y la Tokio Electric Power”, puntualiza.

El director de Ecoceanos enfatiza en que el océano Pacífico “no es el vertedero de la Tokyo Electric Power o del gobierno de Japón”.

“El anuncio hecho por el país asiático es irresponsable, unilateral y tiene un corte bastante neocolonialista con el resto de los estados independientes del área. Todos los países o Estados insulares del Pacífico están reclamando a Japón por este tipo de comportamiento”, esgrime.

Frente al tema, Cárdenas reveló que entregarán al gobierno chileno una carta firmada por comunidades costeras de la pesca artesanal, comunidades indígenas y organizaciones ambientales para que presente una queja diplomática al gobierno de Japón por “su unilateral e irresponsable anuncio de vertimiento que amenaza la paz en la cuenca del Pacífico, el medio ambiente, la salud y los intereses de las comunidades pesqueras”.

“También vamos a instar a la Comisión Permanente del Pacífico Sur a que asuma un papel activo con el resto de los países ribereños de América Latina para rechazar esta abusiva medida. Apoyamos el rechazo de las comunidades costeras y de la pesca artesanal del norte de Japón”, sentencia.

Implicancias del polémico proceso

Sobre las implicancias que puede tener este vertimiento en el Pacífico de agua radiactiva, Pedro Iacobelli, director del Instituto de Historia de la Universidad de los Andes, alerta que los sentimientos antijaponeses están siendo revividos en Asia.

“Se han desarrollado manifestaciones contra el vertido del agua radioactiva pero en lo medular, son movimientos que protestan contra Japón, reviviendo odios y rencores pasados”, sostiene.

“En la práctica, se fortalece el nacionalismo en el noreste de Asia, se exacerban los discursos de odio contra Japón en China y Corea, y en Japón se permite que grupos revisionistas y patrióticos recluten nuevos integrantes para ‘defender la autonomía y grandeza’ de su nación. Es decir, el escenario es de mayor polarización”, precisa.

Iacobelli añade que desde el terremoto y tsunami de 2010, Japón ha invertido trillones de dólares en revertir las consecuencias de estas crisis, mencionando que cada iniciativa que las autoridades japonesas han tomado para controlar o mitigar el efecto del desastre nuclear ha sido recibida con críticas en Japón.

“El problema no es tanto en cómo se dispone de las toneladas de agua con radiación, sino que el gobierno japonés ha perdido la confianza de un amplio espectro de la sociedad japonesa”, dice.

A su vez, explica que si bien la Agencia Internacional de Energía Atómica de la ONU ha dicho que el plan cumple con los estándares internacionales y tendría un impacto “insignificante” en el medio ambiente, asegura que en Japón la sociedad civil desconfía de las autoridades.

“Hay varias iniciativas para monitorear los niveles de radioactividad en la región de Fukushima desde 2011 y también el mar adyacente. Finalmente, el gobierno de Japón se comprometió a comprobar los niveles de radioactividad del mar. El principal incentivo que tiene el gobierno para monitorear, es poder certificar que los productos marítimos de la industria de la pesca son confiables para su consumo. Pero como se indicó, la sociedad civil lleva sus propias cuentas”, plantea.

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Relacionado: Declaración pública: Solicitan al gobierno de Chile presentar un reclamo diplomático a Japón por vertimiento de agua radioactiva de central nuclear de Fukushima al Océano Pacífico

Con olor a salmón: Reyes de Noruega visitarán Chile

Fuente: Centro Ecoceanos

El Centro Ecocéanos advirtió que la visita de los reyes noruegos debe abrir la discusión sobre los dobles estándares de la inversión salmonera en Chile y su expansión en la Patagonia sudamericana.

Santiago de Chile, 21 de febrero 2019 (Ecoceanos News).- El rey Harald V y la reina Sonia de Noruega realizarán una visita de Estado a Chile, respondiendo a una invitación cursada por el Presidente de la República Sebastián Piñera. El viaje, que se enmarca en la celebración de los 100 años de relaciones diplomáticas entre Chile y Noruega, se llevará a cabo entre los días 26 y 31 de marzo.

“Sus majestades serán acompañados por autoridades de gobierno y por una delegación empresarial”, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, Roberto Ampuero, según consigna el portal de Aqua.cl.

El canciller chileno informó que el programa oficial incluye una ceremonia de bienvenida en el Palacio de La Moneda, seguida de una audiencia y cena con el Presidente Piñera. Los reyes también sostendrán encuentros en el Congreso Nacional, la Corte Suprema y la Municipalidad de Santiago.

Chile representa el segundo mayor mercado para Noruega en Sudamérica, por lo que una delegación de empresarios del país nórdico acompañará esta visita de Estado.

El rey Harald V ofrecerá el discurso inaugural en un seminario dirigido a empresarios chilenos y noruegos, donde abordará los temas de desarrollo de negocios futuros en acuicultura/salmonicultura, energías renovables y ciudades inteligentes.

En la actualidad, las producciones de salmónidos de cultivo industrial intensivo de Noruega y Chile representan el 70% de la oferta mundial. Las empresas salmoneras transnacionales y el sector financiero noruego juegan un papel central en las inversiones, producciones y actual expansión de la industria salmonera en las áreas costeras en Chile.

Dobles estándares de la inversión salmonera noruega en Chile y su expansión en la Patagonia sudamericana

“Esperamos que la visita de los reyes de Noruega a nuestro país abra la discusión sobre los aspectos de la aplicación de dobles estándares ambientales, sanitarios, laborales y sociales de las empresas e inversión noruega en Chile, y poder reflexionar sobre la estrategia de expansión y control territorial y de recursos naturales en la Patagonia sudamericana”, señaló el médico veterinario Juan Carlos Cárdenas, director del Centro Ecocéanos.

Cárdenas se refirió al permanente mal comportamiento corporativo, ambiental y sanitario de la transnacional salmonera noruega Marine Harvest/Mowi en Chile, ejemplificado en el reciente escape de 700.000 salmones en la Región de Los Lagos, donde no sólo no cumplió con sus obligaciones legales, si no que intentó engañar a las autoridades del Servicio Nacional de Pesca, con cifras falsas avaladas por declaraciones falsas de dirigentes y pescadores artesanales de Puerto Montt, efectuadas previo pago de 32 millones de pesos, situación que se encuentra en investigación.

La otra arista: La expansión noruega en la Patagonia sudamericana

En marzo de 2018, los reyes nórdicos Harald V y Sonia visitaron al presidente argentino Mauricio Macri en la Casa Rosada, siendo el fruto de ese encuentro la firma con Noruega de un convenio de cooperación para el desarrollo del cultivo industrial de salmones en el canal de Beagle y el litoral de Santa Cruz, Patagonia argentina.

Como parte del acuerdo firmado por la Gobernación de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional (AAICI) el 9 de marzo de 2018, el gobierno provincial se comprometió a destinar US$95.000 y soporte operativo para que Innovation Norway, agencia gubernamental y empresarial que aportará US$25.000 del total a invertir, realice los estudios de factibilidad técnica de cargas y posiciones para el establecimiento de la salmonicultura en el canal Beagle.

Este acuerdo está generando polémica en el país sudamericano y es rechazado por amplios sectores políticos, sociales, ambientalistas, chefs y científicos, los que advierten que el salmón es una especie carnívora exótica y que el modelo de producción es altamente contaminante en lo químico y orgánico.

La visita de los reyes y empresarios noruegos finalizará en Punta Arenas y Puerto Williams, Región de Magallanes, Patagonia chilena, donde abordarán aspectos de cooperación en temas oceánicos y antárticos, áreas clave en la estrategia noruega en el cono sur latinoamericano. 

Ricardo Lagos y Michelle Bachelet han sido los verdaderos padres benefactores de la industria salmonera

En esta segunda parte, Juan Carlos Cárdenas, director del centro Ecocéanos, aborda la afabilidad de la institucionalidad ambiental con la industria salmonera y la colonización de este mercado sobre un sistema político corrupto que opera cómplice y silente ante los desastres ecológicos derivados de la industria. 

"La industria del salmón tiene relación con la ultraderecha. Gran parte de los directorios de empresas pesqueras de harina de pescado son ex miembros de Patria y Libertad".

Por Juan Carlos Cardenas

"La industria del salmón en Chile sostiene gran parte de su negocio sobre la figura de las “concesiones acuícolas”, que sella vínculos de propiedad y uso del borde costero. La industria monopoliza gran parte del borde costero del Archipiélago de Chiloé, en su vertiente oriental, lo que genera conflictos con pescadores artesanales, comunidades indígenas y operadores turísticos".

• Así es. La industria genera una situación de desposesión a otros usuarios del borde costero mediante las concesiones acuícolas. En Chile, 6 compañías controlan más del 50% de las concesiones salmoneras en Chile. Y del total de las concesiones otorgadas, sólo están utilizando el 30%. ¿Qué pasa con el otro 70%? Están guardadas para especular. Cuando haya más demandas de otros actores, ellos especularán con estos recursos. La presidenta Bachelet, en el primer gobierno, semanas antes de irse, firmó un decreto que le entrega, en propiedad, las concesiones costeras a las empresas salmoneras. Ya son parte de su patrimonio ahora. Conforme a eso, las dueñas de concesiones pueden transarlas, venderlas, arrendarlas, heredarlas. Pueden hacer todo lo que se puede hacer con un bien privado. Ha habido un proceso de expropiación silenciosa de bienes nacionales de uso público, y en este caso, todo lo que es borde costero. Entonces, hay una alta concentración de la propiedad en las concesiones acuícolas, y las que no se utilizan, son para dos cosas: una para la especulación; y la otra función es que están entregadas como concesión por créditos que se han solicitado al sistema financiero, nacional e internacional. Ha habido concesiones que no se han utilizado más de 5 o 6 años. La ley dice que, si una concesión no se utiliza durante una temporada, se señala eso y luego pasa a ser parte del Estado, para que este pueda ofertar la concesión disponible a nuevos capitales. Hay concesiones que llevan 6 años y nunca se le ha aplicado a ley, pues esas concesiones están prendadas con bancos, y ahí aparecen todos los funcionarios de SUBPESCA y del Servicio Nacional de Pesca para mover sus engranajes para violar la ley. El anterior director de SERNAPESCA inventó un concepto: “No es que las concesiones no estén siendo utilizadas, sino que están en reposo productivo”. O sea, él dice que están produciendo, pero en descanso, por lo que no se les aplica la ley. ¿Entiendes como estos tipos interpretan la ley a su favor?

Podría hacer referencia al pago de patentes salmoneras, que, por una parte, deberían pagarse en los territorios donde la industria se emplaza. Por otra parte, entiendo que las patentes las pagan por centímetros cuadrados, o por hectárea marina, y no en centímetros cúbicos, como debería ser, dado que se utiliza toda la “columna de agua” y el fondo marino en el proceso de cultivo del salmón.

• Un ciudadano común y corriente, como tú y como yo, pagamos por metro cúbico de agua, los que se ve reflejado en la cuenta a final de mes. Mientras tanto, la industria salmonera paga por hectárea, que es una unidad de superficie marina. Y todo lo que está abajo, en la columna de agua, es gratis para las salmoneras. Hace poco, aumentaron el pago de las patentes por hectárea de agua, que son 70 dólares la hectárea, que es una cifra irrisoria para todas las utilidades que percibe la industria. La ocupación del maritorio es casi gratis para las grandes compañías salmoneras. Hay compañías como Marine Harvest, que tiene centros de cultivo en Estados Unidos, en Canadá, en Escocia, en Islas Feroe, pero el 26% de las ganancias netas las obtienen de Chile. Chile es como la gran vaca lechera para este empresariado.

Otro tema es que gran parte de las patentes ni siquiera se pagan en las comunas con producción salmonera, sino que en las casas matrices que están en Santiago. Y por ello, los municipios tienen una escasa capacidad de absorber los beneficios de que en su comuna se instalen centros de cultivo y plantas de procesamientos de salmones.

• Efectivamente. Se ha peleado para que las patentes se paguen en las municipalidades, pero eso va asociado a un elemento nuevo, que es la corrupción: la industria del salmón tiene una alta capacidad de influencia en los gobiernos locales: alcaldes, intendentes, diputados y senadores. Eso es vox populi. En el último tiempo, los empresarios salmoneros se han dado cuenta de la mala relación que tienen con las comunidades locales. Ante esto, y con la nueva presidencia de SalmónChile, es la organización gremial de la industria salmonera, se está colocando dinero, pero no mucho, en las comunidades locales: campesinos, indígenas, juntas de vecinos, centros de madres, clubes deportivos.

Para poder legitimarse socialmente, sobre todo pensando en que el vínculo entre las empresas con las comunidades ha estado bien descompuesto por las crisis económicas de la industria y las crisis ambientales que ha generado, como el vertimiento de salmones podridos en las costas de Chiloé el 2016.

• Así es. Esa legitimación social la realizan mediante donaciones de dinero. En Magallanes, por ejemplo, algunas empresas dan becas a estudiantes en las comunidades donde ellos están operando.

Lo que, además, funciona como un mecanismo de contención de posibles movilizaciones sociales

• Totalmente. Entonces, corrupción política y vínculo asistencialista con las comunidades son modus operandi habituales en la industria salmonera. La industria salmonera opera como un ejército de ocupación, con la complicidad de las autoridades locales y nacionales. Así funciona todo ejército de ocupación: territorio, control, presión, disciplinamiento social.

Redes de poder y tráficos de influencia dentro de la industria del salmón

Hablemos de las redes de poder y los tráficos de influencia dentro de la industria.  Qué actores han sido esenciales en su promoción, quiénes se benefician de este negociado, etc.

• Como mencioné anteriormente (ver Parte 1), la salmonicultura en Chile se instaló en dictadura, donde se le proporcionó todo lo que necesitó para su crecimiento y expansión. Luego vienen los gobiernos de la Concertación, en los cuales se establece un fuerte vínculo con la industria. Ricardo Lagos y Michelle Bachelet han sido los verdaderos padres benefactores de la industria salmonera. Durante sus gobiernos, se modificaron todos los reglamentos y las regulaciones ambientales, con miras a garantizar su expansión libre. El presidente Ricardo Lagos señaló en una ocasión, que se retiraba orgulloso de su gobierno, pues 1 de cada 3 salmones que se comía en el mundo provenía de Chile. Su gobierno se jactaba de que pudo coordinar al capital internacional, la tecnología y trabajo nacional.
• Resultado de todo esto: la industria salmonera es esencial en el ordenamiento de los territorios como Chiloé, y ahora Aysén y Magallanes. La industria define cómo utilizar el agua dulce, cómo utilizar los recursos pesqueros para alimentar salmones, qué mano de obra local requerirá, qué vocación tendrá el territorio, sin soberanía de las comunidades mismas. La salmonicultura es una industria poderosísima, junto con la industria minera y forestal, por las relaciones de poder que posee. Los vínculos son variados.
• En primer lugar, en el Senado y Cámara de Diputados, existe una suerte de “bancada salmonera”. Si tú me preguntas, ¿Quiénes son? Tienes que ver qué tipos están acusados de corrupción por la Ley de Pesca. Todos los diputados y senadores de las regiones salmoneras son ultra funcionales a las demandas gremiales de la industria. Otra área de tráfico de influencias de la industria del salmón es la Marina de Chile. La Marina controla el territorio marino, y por ello, la industria del salmón, en sus centros de cultivos y transporte de salmón, está sujeta a ella. Gran parte de los altos funcionarios de la Marina, luego son parte de los directorios de las empresas salmoneras y pesqueras, por lo que ahí se da toda una relación de administración y control costero. De todos los accidentes que les han ocurrido a los buzos y de todos los hundimientos de wellboats, hay cero investigaciones. El Seikongen es un ejemplo. La Marina lo que ha hecho es evitar que ocurran investigaciones y dilucidar responsabilidades. En tercer lugar, la industria tiene relación con la ultraderecha. Gran parte de los directorios de empresas pesqueras de harina de pescado, que luego se han transformado en empresas salmoneras, son ex miembros de Patria y Libertad. Destaca ahí Roberto Izquierdo Menéndez. Es un tipo muy activo que está involucrado en Salmón Chile, en la Sociedad Nacional de Pesca, y también se involucra con grupos ultraconservadores en la región sur-austral.
• Yo considero que, en esta red política, hay que meter también a las universidades. Las empresas salmoneras se han encargado de financiar a las universidades regionales, y también a la Universidad Católica y la Universidad de Chile, para estudiar áreas del conocimiento afines a sus intereses de productividad. Han financiado programas, capacitaciones, etc. También financian a muchos grupos de investigadores.

Esto se hizo patente durante la crisis socioambiental de Chiloé en el año 2016, donde el establishment científico fue bastante deslegitimado por exculpar de responsabilidad a la industria del salmón y el vertimiento de salmones podridos que esta realizó con SERNAPESCA en los mares de Ancud.

• De todas maneras. Cuando ocurre el tema del florecimiento algar en Chiloé en el año 2016, la primera declaración fue la del Colegio de Biólogos de Chile, que inmediatamente cerró filas con la industria, al decir que “estas son condiciones naturales, vinculadas al cambio climático, y la industria del salmón no tiene nada que ver”. Luego viene la Asociación de Ciencias del Mar, en donde hay muchos científicos de gran nivel. Ellos sacan una declaración, que era como redactada por la industria. También está el IFOP, el Instituto de Fomento Pesquero, que también se cuadró con la idea de exculpar de responsabilidad a la industria salmonera. El Estado, más tarde, nombra una comisión de científicos “independientes”. ¿Cómo van a haber científicos independientes, si todos dependen del financiamiento ya sea del Estado o de la industria salmonera-pesquera? Esta comisión investigadora, obviamente ratificó todo lo que habían dicho sus colegas. De esta manera, podríamos decir que otro de los muertos tras las crisis cíclicas de la industria salmonera, es la credibilidad de la comunidad científica, que está alineado con la gran industria salmonera. Y aquí, las voces disonantes son mínimas y están silenciadas.

Institucionalidad ambiental

Hablemos sobre la institucionalidad ambiental que permite la insustentabilidad de la industria del salmón, rubro que dista bastante en materias de regulación, con las normas de Noruega, el primer productor mundial. Aunque, por otro lado, los empresarios que desarrollan la salmonicultura en Chile se adaptan a nuestras permisivas reglas del juego.

• Es interesante el caso de los noruegos, pues vienen de una sociedad igualitaria, con valores de protección ambiental, y una de las pocas sociedades de “feminismo real” (risas). Yo trabajé ahí y a algunas personas les decía esto: ustedes tienen los dos espíritus fundamentales de Noruega. Por un lado, tiene un progresismo civilizado, amable, con valores ambientales, pues hay un fuerte control social sobre ustedes. Y luego, llegan a Chile, miran a los lados y se dan cuenta de que no hay control de ninguna cuestión, que llegan con mucho dinero, en una situación de ocupación empresarial. Al cabo de un tiempo, cambian su comportamiento, y se transforman en unos energúmenos, en donde sólo les importa la rentabilidad económica y el producir cada vez más salmones, a costa del medio ambiente y las comunidades. Y, ¿por qué pasa eso en Chile? Por la institucionalidad ambiental, la que está hecha a la medida de algo muy claro: permitir la inversión en megaproyectos productivos. Y todo esto en función de recursos naturales, pues el 80% de la economía de este país depende de recursos con bajo valor agregado. ¿Cuánto es la “nueva economía del conocimiento”? Con suerte 5%.

Seguimos siendo un enclave colonial exportador de materias primas.

• Así es. Es urgente cambiar los marcos políticos y jurídicos que nos rigen. El sistema chileno está hecho para aprobar las inversiones, mayoritariamente. Si deseas ver esto gráficamente, anda a Magallanes. El Sistema de Evaluación Ambiental (SEA) es una especie de tubo engrasado en que tu metes un proyecto, y sale aprobado rápidamente. Y todo esto realizado con independencia de las oposiciones de las comunidades locales. Hoy por hoy, el presidente Sebastián Piñera quiere eliminar el Concejo de Ministros por la Sustentabilidad. ¿Qué hace ese Concejo? Es una burla kafkiana, pues está conformado por los principales ministerios extractivistas: economía, hacienda, obras públicas, minería y agricultura. Este es el único concejo que está por sobre ministerios. ¿Qué sucede con este Concejo? Cualquier decisión importante tenía que estar aprobada por este organismo, pero ya estaba previamente la orden de aprobar proyectos, casi de manera estalinista. Faltaba que el presidente de los servicios de evaluación ambiental dijera: “levanten la mano los que se oponen”. Esto no es para nada democrático, y las comunidades y la sociedad civil no tienen ninguna oportunidad de entrar en este sistema de toma de decisiones. Ahora están intentando eliminar este Concejo de Ministros por la Sustentabilidad, para delegar las decisiones a las regiones. ¿Cuál es el problema de esto? Que, en las regiones, es mucho más cercano el vínculo entre las autoridades regionales y los funcionarios con las empresas extractivas. Además, hay que considerar un nuevo elemento. El Estado le va a pedir a los inversionistas o empresarios que, antes de presentarle los proyectos a las autoridades regionales, estos ya hayan sido negociados (léase “coimeados”) con las comunidades locales donde ellos van a instalar el proyecto. Es decir, que ya hayan conversado, acordado compensaciones, lo que significa dividir a las comunidades. El Estado, en el fondo, les pide a las empresas que sus proyectos ya hayan sido negociados con los posibles opositores, para que el mismo Estado y los sistemas de evaluación no se tengan que hacer cargo del proceso y de los conflictos.

Fuente nota original: Revista Entorno

Industria salmonera ¿Un nuevo agente corruptor de la pesca artesanal?

Por Juan Carlo Cárdenas - Director de Ecoceanos

Los financiamientos ocultos a políticos y dirigentes de la pesca artesanal, constituyen la otra cara detrás de la contaminación y la destrucción sanitaria-ambiental. El abusivo comportamiento de la transnacional Marine Harvest es contraria a la legislación chilena en general, y a la Ley de Pesca. Esto ya ha comenzado a provocar sus primeras consecuencias políticas, económicas, legales y sociales. Así lo demuestra la reciente renuncia de cinco miembros del directorio del Consejo Regional de Pescadores Artesanales de Puerto Montt (Corepa), zona que está convertida en un verdadero “far west austral” del empresariado salmonero.

A la descarga de 100.000 kilos de salmones podridos de buque “Seikongen” en la comuna de Calbuco, y cuyos lodos se verterían en la vecina ciudad de Osorno, se ha sumado la entrega fraudulenta al Servicio Nacional de Pesca (Sernapesca) de un Informe de Término de Contingencia de parte de la salmonera noruega Marine Harvest, indicando la supuesta recuperación de 27% de los 900 mil salmones escapados de su centro de cultivo en la isla Huar, lo cual corresponde a un desesperado intento de desmentir las cifras oficiales entregadas por el Sernapesca, las cuales sitúan en tan sólo un 5,6% la recuperación del total de éstos ejemplares fugados.

Dicho comportamiento y mecanismo de entrega de datos de parte de la transnacional, no sólo resulta improcedente en relación a los mecanismos oficiales establecidos por el Sernapesca, sino que también es una acción corrupta, ya que el procedimiento involucró a pescadores artesanales y a sus dirigentes, para que mintieran en la notaría a cambio de 400 mil pesos. Todo esto con el fin de evitar la aplicación de sanciones que contempla la Ley de Pesca y Acuicultura, en el caso de no recuperar el 10% de los ejemplares escapados.

Además, la empresa Marine Harvest se aseguró que en el acuerdo, los pescadores renunciaran a su derecho de iniciar acciones legales contra la empresa. Este modus operandi empresarial busca generar un conflicto político entre los pescadores y el fiscalizador pesquero, de manera de desviar la atención pública sobre el gran daño sanitario, social y ambiental provocado por su irresponsable accionar.

Financiamientos a políticos y dirigentes pesqueros: La otra contaminación salmonera

Los financiamientos ocultos a políticos y dirigentes de la pesca artesanal, constituyen la otra cara detrás de la contaminación y la destrucción sanitaria-ambiental. El abusivo comportamiento de la transnacional Marine Harvest es contraria a la legislación chilena en general, y a la Ley de Pesca. Esto ya ha comenzado a provocar sus primeras consecuencias políticas, económicas, legales y sociales. Así lo demuestra la reciente renuncia de cinco miembros del directorio del Consejo Regional de Pescadores Artesanales de Puerto Montt (Corepa), zona que está convertida en un verdadero “far west austral” del empresariado salmonero.

En carta pública firmada por el vice-presidente, secretario general y dos directores de la Corepa, acusan al actual presidente Jorge Bustos Nilssen, de haber realizado malos manejos institucionales y negociaciones informales con la industria, tales como el acordar “relocalizaciones” de los centros de cultivo de salmón en zonas costeras de interés pesquero artesanal, y el haber intermediado con Marine Harvest en el caso de los pagos que la multinacional realizó para que declararan de manera falsa su participación en la recaptura de los salmones escapados.

En un comunicado público firmado por Rubén Casanova, como ex vicepresidente y vocero de la Corepa, se señala que la organización “no cuenta con su directiva activa”, al haber renunciado a sus cargos Héctor Morales, secretario general; Sergio Mayorga, primer director; Angélica Teuquil y David Maldonado, directores.

Los ex miembros del directorio de la Corepa, señalan en el comunicado que “No estamos ni participamos en los negocios de relocalización de las salmoneras, ni negocio alguno con los salmones escapados. Y no estamos de acuerdo con la venta del inmueble (Casa Corepa), situada en población Lintz, pasaje Palena 270 b”.

Casanova en la carta de desafiliación enviada el 24 de septiembre al Seremi de Economía de la región de Los Lagos, indica que renuncian a sus cargos “hasta que se elija otra directiva, o entre en receso por falta de quórum”.

Las modalidades de pago de los “favores” a Marine Harvest

El diario El Llanquihue informó el 07.10.2018 que vía intermediarios, la multinacional noruega entregó 32 millones de pesos a Jorge Bustos, quien debería repartirlos entre sus 240 asociados, siempre y cuando los pescadores aseguraran que habían capturado la cantidad de salmones fugados que le señalaba Marine Harvest, renunciando a efectuar cualquier acción legal.

Hasta la fecha, Bustos no ha entregado el documento que acredite el millonario e informal acuerdo. Sin embargo, el diario El Llanquihue publicó en sus páginas uno de los vale vista por $32 millones de pesos. Fuentes de la pesca artesanal señalan que los 240 pescadores asociados a Corepa habrían recibido sólo $100 mil pesos, lo que equivaldrían a un total de sólo $24 millones de pesos. La pregunta que ronda en las caletas es ¿Qué sucedió con los 8 millones de pesos faltantes?

La anterior situación contrasta con lo sucedido con 128 pescadores artesanales del sector de La Puntilla de Calbuco, a los cuales Marine Harvest les pagó directamente $400 mil. La empresa noruega confirmó que “suscribió diversos acuerdos relacionados con el proceso de recaptura con un conjunto de pescadores artesanales directamente y, en algunos casos, con organizaciones representativas de estos”.

Las ventas de cuotas de pesca artesanal a la industria

La venta de las cuotas pesqueras artesanales a las empresas industriales constituye otra expresión de la corrupción imperante entre algunas dirigencias pesqueras artesanales. Este es el caso de Puerto Montt, donde los pescadores artesanales tenían asignada por la Subpesca una cuota total de merluza para la temporada 2018 de 714 toneladas. Esto significaba 4.500 kg. de merluza para cada pescador.

El 9 de abril del 2018, los dirigentes artesanales acordaron vender parte de dicha cuota de merluza a los industriales pesqueros. Dirigentes de La Puntilla de Tenglo, señalan que el acuerdo fue vender 300 toneladas de las 714 asignadas. Sin embargo, la dirección de la Corepa habría vendido 500 toneladas por un valor de $300 pesos el kg. de merluza. Con posterioridad, los pescadores se enteraron que el precio final fue de $ 400 por kg. de pescado. Los documentos de este negociado no han sido entregados a los asociados de Corepa.

Frente a las consultas periodísticas sobre los detalles de la venta de estas cuotas pesqueras, su precio real de venta y quienes fueron los beneficiados, Jorge Bustos respondió “Insisto, hay temas que son de nosotros, no tengo por qué estar informando públicamente. No le voy a preguntar a ningún sector productivo a quién le vendistes. Eso se ventila internamente”.

Fundación Chinquihue: ¿Garante de la “Seikongen Connection” ?

Por su parte, el resistido vertimiento de los residuos tóxicos del well-boat “Seikongen” por las comunidades locales, también se habría transformado en una oportunidad de negocio para algunos dirigentes pesqueros. Según fuentes locales, habrían existido presiones sobre algunas autoridades regionales para que el well-boat con su carga tóxica fuese enviado desde Ancud hasta Puerto Montt, con objeto de negociar tanto su descarga, como la disposición de sus lodos finales.

En la denominada “Seikongen Connection” llamó la atención el largo período que estuvo esperando el Seikongen para descargar, como la activa participación de diversas autoridades regionales como voceros y relacionadores públicos de las empresas involucradas en esta opaca operación entre privados, así como la financiación con dineros del Estado de parte de las operaciones de transporte y vertido de los residuos tóxicos. Esto además incluyó un bonus track ya que por varias semanas la Armada prestó “protección” al buque salmonero, mediante la destinación de la patrullera “SG Chiloé” para su acompañamiento exclusivo en aguas de Puerto Montt.

A lo anterior se suma el extraño papel que está jugando la Fundación Chinquihue como “garante sanitario-ambiental” de los acuerdos logrados entre las empresas transportista y salmoneras con los dirigentes de la pesca artesanal regional.

Esta fundación privada tienen como presidente de su Directorio a Harry Jurgenssen, actual intendente de la región de Los Lagos, a Francisco Muñoz , Secretario Regional Ministerial de Economía y a Eduardo Aguilera, Director Regional Sernapesca de la región de Los Lagos. Además figuran como miembros de su directorio los dirigentes de las tres confederaciones de pescadores artesanales (Conapach, Confepach y Condepp).

¿Quiénes le asignaron el sui generis papel de “garante ambiental y sanitario” a esta fundación privada, por lo cual debe entregar a las autoridades regionales un informe institucional sobre esta opaca operación de vertimiento, con lo cual estaría suplantando el papel que legalmente tienen asignados los ministerios y seremis de salud y de medio ambiente?

Fuentes regionales indican que históricamente la Fundación Chinquihue ha jugado un papel como instancia generadora de acuerdos que se realizan entre actores políticos, gubernamentales y de las dirigencias pesqueras. Importante es señalar que la Fundación Chinquihue fue creada para apoyar el desarrollo de la pesca artesanal en el sur de Chile con el apoyo de la Agencia de Cooperación Internacional del gobierno de Japón (JICA). Actualmente existe una alianza técnica entre la JICA y la Fundación Chinquihue para asesorar en acuicultura de moluscos en la República de El Salvador, Centro América.

The Seikongen Connection: Protección militar, dinero público y corrupción en el vertido de salmones tóxicos en Chile

El barco “Seikongen”, cargado con basura salmonera, se ha convertido en una versión neoliberal del “Caleuche”, barco fantasma de la mitología Chilota, condenado a vagar por los mares del sur de Chile con su cargamento de muerte y sin ningún puerto que lo reciba.

Seis comunas costeras entre las regiones de Los Lagos y Bío Bío han interpuesto recursos de protección para impedir su arribo. El Seikongen transporta una carga de 100 toneladas de lo que fueron salmones que se iban a exportar a Estados Unidos, Europa, Japón, Brasil o Argentina, pero que finalmente ahora son una masa tóxica, una basura química que ninguna ciudad puerto quiere recibir.

Los alcaldes de Puerto Montt, Calbuco, Ancud, Talcahuano y Paillaco, han rechazado al barco salmonero y a su carga de salmones muertos.

El Seikongen se hundió frente a la costas de Chonchi, en Chiloé central, en octubre de 2017 mientras transportaba salmones de la compañía Camanchaca, para ser fileteados y exportados desde Puerto Montt a los mercados internacionales.

Luego de 9 meses, en Julio de 2018, fue reflotado y las empresas involucradas, junto a la Armada, anunciaron que el barco de basura salmonera recalaría en Talcahuano. Sin embargo, todo se complicó…

Región de Los Lagos: El vertedero de residuos tóxicos de la industria salmonera

Las operaciones de reflotamiento del Seikongen, las faenas de sacar la basura tóxica de su interior, y luego su traslado a algún puerto para su reparación es un caso en que han estado involucradas diversas empresas, la armada y funcionarios de gobierno. La Empresa CTP Marítima S.A., –dueña de esta embarcación-, la transnacional holandesa Ardent, contratada para reflotar la nave, y la compañía Camanchaca, dueña de los salmones, están en el lado empresarial. Y todas intentan, otra vez, transferir al Estado de Chile y al medio ambiente regional los costos financieros y ambientales de este nuevo desastre sanitario-ambiental.

Para ello, están implementando el mismo modus operandi del anterior vertido de casi 9.000 toneladas de mortalidad de salmones descompuestos en las aguas adyacentes a Chiloé, que se efectuó con una masiva oposición ciudadana en Mayo del 2016, cuando se generaron las masivas protestas en Chiloé.

La responsabilidad del Estado en la destrucción del mar de Chiloé

Durante más 10 meses la carga tóxica en las bodegas del Seikongen permaneció hundida en la bahía de Pilpilehue, comuna de Chonchi, sin que las autoridades de pesca, salud y medio ambiente, se alarmaran o tomaran cartas en el asunto. Así, han privilegiado los intereses corporativos, mientras las empresas responsables se desligaban de toda responsabilidad.

Según las normas del Sernapesca, las 200 toneladas de salmones que transportaba el barco siniestrado, debieron comenzar a ser retirados en 48 horas. Sin embargo, éstos han permanecidos descomponiéndose dentro del well-boat por casi un año, sin que exista investigación alguna sobre las responsabilidades por éste no cumplimiento de la normativa vigente y los plazos legales.

La Armada de Chile: ¿Guardián de nuestro mar o de los intereses salmoneros?

Es llamativo que la Armada de Chile continúe manteniendo en secreto los planes para el traslado y descarga final de los desechos salmoneros tóxicos. Tanto es así, que el Sernapesca señaló haberse enterado a última hora de las maniobras de traslado desde Chiloé a Puerto Montt, mientras la Secretaría regional de salud del Bio-Bio afirmó que no registraba permiso alguno en la eventualidad que el well-boat intentara atracar en el puerto de Talcahuano, y el vertimiento de su carga orgánica contaminante.

Mientras el Seikongen navegaba entre la bahía de Quetalmahue, en Ancud, hasta Puerto Montt, con una protección dada por la patrullera “SG Chiloé”, la Armada de Chile entregó un sui generis comunicado en el cual repite el mantra de que “la nave no reviste peligrosidad hacia el medio ambiente y las personas”.

De paso, advierte, que “se hace presente a la comunidad que la autoridad marítima mantendrá una constante vigilancia y control durante la permanencia de la nave en el punto de fondeo asignado al sur de la Isla Tenglo, mientras la empresa evalúa las alternativas para la descarga y disposición final de los residuos que se encuentran a bordo (sic)”

Seikongen: Resultado del desregulado negocio de los well-boats salmoneros en Chile

Evidenciando las deficientes condiciones de seguridad en las que se desarrolla el billonario negocio del transporte marino de la industria salmonera, en los últimos cinco años se han hundido en las costas de Chiloé, Aysén y Magallanes tres mega well boats (“Seikongen”, “Amadeo” y “Orca.-Yagan”), junto a la barcaza “Valentina”, quienes transportaban toneladas de salmones, petróleo y pellets para alimentar peces.

También existe un grave problema de concentración económica que impide la libre competencia en aguas australes, situación evidenciada en la medida prejudicial interpuesta por la naviera Solvtrans Chile contra la asociación gremial Armasur, que fue acogida por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia.   

Esto anticipa que los problemas se agudizarán, ya que compañías trasnacionales como Johnson Marine están invirtiendo en nuevos y mas grandes well-boats para expandir sus operaciones en Chile, al igual que la compañía Grip Ship, la que actualmente opera dos well-boat en Puerto Montt, dando servicios a las transnacionales salmoneras Cermaq/ Mitsubishi (Japón) y Marine Harvest (Noruega).

Seikongen : Un caso que el parlamento debe investigar

Antes de zarpar el Seikongen hacia Chile proveniente de un astillero en Hong Kong, República Popular China, presentaba deficiencias en aspectos de navegación, eléctricos y de las puertas contra el fuego.

A pesar de ésta situación irregular, obtuvo la aprobación de las autoridades marítimas chilenas para navegar con pabellón nacional, arribando el 7 de diciembre del 2016. Una semana después realizó su primer viaje comercial. Sin embargo, debió ser retirado por problemas de en la seguridad, siendo revisado por personal chino en el astillero de Oxxean en Puerto Montt, región de Los Lagos.

En su segundo viaje, transportando salmones por encargo de la empresa Camanchaca, se hundió frente a las costas de Chonchi, Chiloé, desconociéndose hasta el momento las causas y responsabilidades administrativas en esta oscura situación de transporte marítimo. 

Dirigentes pesqueros: Negociando la complicidad y el silencio con el Estado y la industria salmonera

El resistido vertimiento final de los residuos tóxicos del Seikongen se ha transformado en una oportunidad de negocio para algunos dirigentes pesqueros regionales. Según fuentes locales, se habría presionado para que el wellboat fuese enviado desde Ancud hacia Puerto Montt, con el fin de negociar con las empresas involucradas, su arribo y descarga local, sin que existiese oposición social y de los pescadores.

Con ello, se estarían anticipando a un acuerdo similar entre salmoneros y dirigentes pesqueros de la región del Bio Bio, ante la posibilidad que el Seikongen tuviese que descargar en la bahía de Talcahuano.

Lo llamativo de ésta impresentable negociación, es que en el caso de Puerto Montt, la Fundación Chinquihue operaría como “garante sanitario y ambiental” del posible desembarque del cargamento tóxico del Seikongen y su posterior vertimiento e incineración .

Cabe preguntarse, ¿Qué expertise o atribución legal tiene esta fundación privada que opera con fondos públicos para asumir un papel que constitucionalmente le corresponde a los ministerios de salud y medio ambiente?

Más llamativo aún, es el hecho que el directorio de la Fundación Chinquihue, está presidido por el actual Intendente de la región de Los Lagos, y cuenta como directores al director regional de Sernapesca, los Seremis de desarrollo social y economía, así como representantes de los mitilicultores y de las tres confederaciones de la pesca artesanal.

La “Seikongen Connection”, después del reciente escape de 900.000 salmones al medio marino y la masiva contaminación con pintura tóxica del río Trainel y lago Huillinco en los últimos dos meses, dejan en evidencia la impunidad y desregulación con que opera la actual fase de expansión salmonera industrial, así como el hecho que el medio ambiente marino-costero, la salud pública y los derechos de las comunidades costeras del sur de Chile, son quienes finalmente asumen los costos del modelo neoliberal exportador chileno.

Frente a la complicidad y corrupción de las autoridades gubernamentales y el empresariado pesquero y acuícola industrial, las organizaciones ciudadanas, movimientos sociales, comunidades costeras e indígenas están llamando a nivel nacional e internacional a boicotear el consumo de salmón químico industrial, de manera de impedir su expansión en las regiones de Ñuble, Bío Bío, Araucanía, Los Ríos, Los Lagos y en la Patagonia chilena, para impedir que el mar siga siendo utilizado como el vertedero de la industria salmonera de exportación.

Por Juan Carlos Cárdenas N.

Médico Veterinario y Director Ejecutivo de Centro Ecocéanos

Escape masivo de salmones: naturalizando el abuso sanitario-ambiental en nuestro mar

Escrito por Juan Carlos Cardenas | Director Centro Ecoceanos | Fuente: El Mostrador

Lo que está ocurriendo en Chile con el escape de 690 mil ejemplares de salmón Atlántico de la empresa Marine Harvest contrasta con lo que sucedió en los Estados Unidos, donde frente al escape de 300 mil ejemplares de salmón del Atlántico desde un centro de cultivo de la transnacional canadiense Cooke Aquaculture, en el área de Puget Sound, el Congreso de Washington decidió en marzo de 2018 prohibir las operaciones de los centros de cultivo industrial de salmón en aguas estatales, por considerar “insoportables” sus impactos ambientales y sanitarios sobre las poblaciones de peces silvestres.

El escape de 690 mil ejemplares de salmón Atlántico (Salmo salar) desde el centro de cultivo de Punta Redonda, Comuna de Calbuco, de propiedad de la transnacional noruega Marine Harvest, evidencia los destructivos impactos que genera esta industria exportadora en el medio ambiente, la salud pública y los derechos de las comunidades costeras del sur de Chile.

A casi un mes del gran escape, Marine Harvest solo ha recuperado el 5,7% de estos voraces carnívoros. Con ello evidencia la inefectividad del plan de contingencia del centro de cultivo. Los 652 mil salmones restantes se encuentran generando un triple efecto combinado sobre los ecosistemas y la biodiversidad acuática regional: depredación, transmisión de enfermedades, y competencia por espacio y fuentes de alimentación.

Entre las principales especies afectadas están el endémico puye (Galaxia maculatus), y los ejemplares juveniles de merluza, sardina y/o pejerreyes, todos de gran importancia para la cadena trófica, la alimentación local, y la economía de las comunidades costeras, pueblos originarios y pescadores artesanales.

Se estima que 1 millón de salmones y truchas de cultivo se fugan anualmente hacia los ríos, lagos y áreas marino-costeras del sur de Chile.  El escape del centro de cultivo de Punta Redonda supera ampliamente los 165 mil salmones fugados durante la temporada 2017.

Para Marine Harvest estas situaciones no son una excepción, ya que en su memoria anual mundial reconoce que tuvieron 15 incidentes de escapes el 2017, con 23.223 peces fugados, duplicando los escapes del 2016, con 12.790 salmones fugados.

“Durante los últimos ocho años –según el Ministerio de Economía– más de 2 millones de salmones han escapado desde los centros de cultivos de la transnacional noruega Marine Harvest. Estos peces carnívoros, introducidos en aguas chilenas, están contaminando y depredando la biodiversidad acuática, bajo el amparo de una legislación permisiva y la complicidad de altos funcionarios estatales”.

El “cáncer de las costas” chilenas

En el sur de Chile existen 1.021 centros de cultivo intensivos de salmónidos en agua de mar, los que constituyen la principal amenaza para la biota acuática y los derechos de las comunidades costeras. El Ministerio de Economía informó que durante los últimos ocho años han escapado más de 2 millones de peces desde los diversos centros de cultivo de Marine Harvest. Solo un pequeño porcentaje fue recuperado.

Como plaga invasora, el salmón Atlántico tiene la capacidad de remontar los estuarios de ríos, pudiendo desarrollar procesos de adaptación y naturalización, tal como ya ha ocurrido con el salmón Chinook, Coho y la trucha café.

Lo catastrófico de esta situación es que en los ríos y lagos chilenos existen 45 especies de peces nativos, de los cuales un 80% son endémicos (especies cuya distribución es exclusiva de un área geográfica), encontrándose la mayoría en la categoría de “especies amenazadas”.

Además, la industria salmonera ha introducido durante las últimas décadas más de 20 enfermedades virales, bacterianas y parasitarias en los ecosistemas acuáticos de Chile.

La Republiketa salmonera de Chile

Marine Harvest tiene hasta el 5 de agosto para recuperar al menos el 10% de los 690 mil salmones escapados. De lo contrario, Sernapesca presumirá que existe un daño ambiental, arriesgándose la empresa a multas de hasta 3 mil UTM y la posibilidad de perder su concesión salmonera de Punta Redonda.

La recuperación del 10% de los peces escapados es tan solo una cifra testimonial, no proporcional a la gravedad de este nuevo desastre sanitario-ambiental. Esto demuestra que las regulaciones de acuicultura están hechas a la medida de los intereses corporativos y que para el Estado chileno no son prioritarios los graves daños acumulativos que provienen de la expansión salmonera.

El Estado chileno ha sido reactivo frente a este nuevo escape, dejado la iniciativa en manos de Marine Harvest, teniendo en cuenta que la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) de la concesión de Punta Redonda no contempla medidas de reparación, compensación y/o mitigación de los diversos impactos que deriven de la fuga de salmones Atlántico.

Salmoneras en Chile: un mensaje desde USA

Lo que está ocurriendo en Chile contrasta con lo que sucedió en los Estados Unidos, donde frente al escape de 300 mil ejemplares de salmón del Atlántico desde un centro de cultivo de la transnacional canadiense Cooke Aquaculture, en el área de Puget Sound, el Congreso de Washington decidió en marzo de 2018 prohibir las operaciones de los centros de cultivo industrial de salmón en aguas estatales, por considerar “insoportables” sus impactos ambientales y sanitarios sobre las poblaciones de peces silvestres.

La decisión del Congreso de Washington constituye una poderosa señal internacional, de incalculables implicancias políticas y comerciales para el Estado chileno y la subestándar industria salmonera exportadora del sur del país. También constituye un precedente que fortalecerá las exigencias del movimiento de ciudadanos(as) y comunidades costeras que luchan contra la expansión de esta industria exportadora que espera producir en aguas chilenas 1,2 millones de toneladas anuales para el 2030.

Una industria adicta a los antibióticos

Extraña la falta de acciones de las autoridades del Ministerio de Salud frente a los riesgos que implica la comercialización y el consumo de una cantidad desconocida de salmones escapados medicados con florfenicol por lo tanto, no   aptos para la alimentación humana, especialmente niños y embarazadas. A pesar de que el ministro de Salud, Emilio Santelices, señaló que “no se ha establecido si los niveles de antibióticos en los salmones puedan ser de riesgo para la población” (sic),  la industria del “salmón químico chileno” es la que emplea más antibióticos por tonelada de salmón producido a nivel global (700 veces más que las producciones noruegas).

Tan solo el 2017 se utilizaron 394 mil kg de antibióticos, los que en un 95% fueron administrados preventivamente a los peces en la fase de agua de mar. Se estima que entre un 40% a 90% de los antimicrobianos suministrados no son absorbidos por los peces, siendo liberados al medio acuático a través de la orina y las fecas, generando condiciones para la creación de cepas bacterianas resistentes a los antibióticos de uso común, tanto en seres humanos, salmones, como en los ecosistemas terrestres y acuáticos.

A lo anterior se debe agregar que la alimentación intensiva de salmónidos se basa en el empleo de harina de pescado de origen industrial, los que presentan contaminantes orgánicos persistentes, tan tóxicos como dioxinas y bifenilos policlorado.

Los malos antecedentes sanitarios del centro Punta Redonda

La aprobación de la solicitud de Marine Harvest para obtener la concesión del centro Punta Redonda en isla Guar, la efectuó el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), a través de una simple Declaración de Impacto Ambiental (DIA), asumiendo que no generaría daños ambientales relevantes. Por ello, mediante otra RCA se autorizó el 2011 aumentar cinco veces  su producción, pasando de 1.020 tons a 6.500 toneladas de salmones por ciclo productivo. El 2016, el centro de cultivo de Punta Redonda fue sancionado por el Sernapesca por no cumplir con el Reglamento Ambiental para la Acuicultura (RAMA).

El costo real para Marine Harvest de este desastroso evento es tan solo de imagen corporativa, pues la empresa cuenta con seguros comprometidos contra los escapes masivos de peces. Por lo tanto, los únicos afectados serán los maltratados ecosistemas y la biodiversidad acuática, así como la salud pública y las comunidades locales de la Región de Los Lagos.

Es evidente que Marine Harvest aplica una política de “dobles estándares” en Chile, ya que su irresponsable comportamiento sanitario y ambiental no sería permitido en Noruega o en los Estados Unidos.

La ciudadanía y comunidades interpelan al Estado chileno

Las organizaciones ciudadanas, movimientos sociales y comunidades de pueblos originales exigen:

1. Caducar la concesión del centro de cultivo de Punta Redonda por reiteradas violaciones a las regulaciones de acuicultura y grave daño ambiental y a la salud pública.
2. Establecer un plan de monitoreo y fiscalización del área de escape y de los ríos y estuarios adyacentes, de al menos 3 años.
3. Crear una pesquería artesanal de salmón escapado, categorizándolos como una plaga invasora que pone en riesgo a los ecosistemas acuáticos.
4. Prohibir el empleo profiláctico de antibióticos en salmones sanos por parte de la industria salmonera, por constituir una práctica aberrante y de alto riesgo sanitario.
5. Implementar un programa de vigilancia epidemiológica de la resistencia bacteriana en las regiones productoras de salmónidos de cultivo.
6. Cumplir los compromisos del Estado chileno con la campaña internacional “Una Salud”, de la Organización Mundial de la Salud, para el control del empleo abusivo de los antimicrobianos y la resistencia bacteriana.
7. Establecer una moratoria indefinida a la expansión de la industria salmonera en Chile.

La campaña ciudadana www.salmonquimicochileno.cl, llama a no consumir salmón de cultivo por su riesgo para la salud y el  medio ambiente, y a los chefs, restaurantes y sushi-bares a excluir el salmón industrial de sus menús.