Somos un conjunto de personas, agrupaciones ciudadanas y ONGs; unidas para defender nuestro derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y nuestro patrimonio natural. Hemos decidido trabajar en conjunto para enfrentar los impactos negativos del actual modelo de desarrollo energético y una visión país que sostiene que el desarrollo se reduce al incremento del Producto Interno Bruto, sin darle la misma importancia al fortalecimiento de la participación democrática en la toma de decisiones y la potenciación de las aptitudes locales y regionales, elementos indispensables para conformar una sociedad que tenga en su centro la protección y respeto de la vida humana y el entorno natural del cual ésta depende.
Sobre la base de estas convicciones, manifestamos públicamente nuestro firme rechazo al camino que se ha tomado, y que se propone potenciar en Chile, en materia de generación de energía eléctrica.
A lo largo de los últimos años, hemos sido testigos del crecimiento exponencial en número y magnitud de proyectos de generación eléctrica a base de combustibles fósiles altamente contaminantes, así como de la intervención destructiva de cuerpos de agua, su biodiversidad y paisajes asociados.
Los graves impactos de estos proyectos generan, entre otros, problemas de salud, desarticulación de las redes económicas, laborales y culturales locales, y degradación del entorno natural; los que han tenido que ser asumidos por las comunidades, resultando invariablemente en un deterioro grave de su calidad de vida y de la puesta en riesgo de su futuro y el de las nuevas generaciones.
Esta problemática se origina en el rol pasivo que han asumido los últimos gobiernos en materia de desarrollo eléctrico, habiéndose limitado este a ser un mero ente administrativo procedimental. En este contexto, la generación de electricidad es abordada netamente como un negocio, a cargo de un oligopolio de empresas privadas.
Más aún, en numerosos casos ha sido evidente la intervención de las autoridades gubernamentales para lograr que proyectos contaminantes sean aprobados independiente de si cumplen o no con la ya débil legislación ambiental vigente, ya sea a través de presiones sobre subalternos, alteración de informes u otras conductas irregulares; faltando claramente a la probidad. Sorprende la pasividad de gobiernos pasados y del actual al momento de gestar proyectos de generación eléctrica limpia y segura, en contraste con el activo apoyo a proyectos energéticos contaminantes.
En este notable abandono de sus deberes constitucionales por parte de los últimos gobiernos, las personas hemos quedado en la más absoluta indefensión frente a los intereses y abusos de particulares que se apropian del manejo de recursos que pertenecen a todos los chilenos. El Gobierno ha justificado sus acciones bajo la excusa de responder a necesidades nacionales de crecimiento y desarrollo. Sin embargo, las proyecciones en la demanda de energía se basan en el voraz crecimiento de la industria minera y no en las necesidades de la población.
Así, los distintos proyectos en carpeta se han tramitado con escasa difusión, sin participación ciudadana vinculante y con exclusión de los intereses regionales de desarrollo.
En virtud de lo expuesto, exigimos:
- Que el Gobierno congele el avance de todos los proyectos cuya aprobación ambiental y sanitaria incurrió en irregularidades, en virtud del cumplimiento del Art. 8 de la Constitución, referente al principio de probidad en el ejercicio de las funciones públicas.
- Que los grandes consumidores privados, como la industria minera, se hagan cargo de su abastecimiento eléctrico por medio de medidas de eficiencia energética y generación de ERNC (1).
- Que el Gobierno realice una Planificación Territorial a nivel nacional, mediante un proceso participativo, potenciando las cualidades e intereses de cada región.
- Que se efectúe una reforma de proporciones en la actual legislación ambiental que, entre otras aspectos: impida el ingreso de distintos componentes de un mismo proyecto de manera separada al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, incorpore instancias participativas, obligatorias y vinculantes de resolución de conflictos para proyectos controversiales, y que otorgue un rol determinante en la aprobación ambiental a los componentes técnicos y a la ciudadanía.
- Que el Gobierno elabore una Política Energética de mediano y largo plazo que refleje los intereses de la ciudadanía.
- Que se deje de incentivar el mito de los altos costos de las ERNC como un obstáculo para su implementación, puesto que existen otros impedimentos reales de mercado que fortalecen al actual oligopolio de generación, los cuales si es necesario romper.
- Que se elabore y haga público un Plan Nacional que detalle cómo se cumplirá con los compromisos asumidos en relación a la Convención “Marco de Cambio Climático”, de reducir las emisiones de CO2 en un 20% (año base 2007) y de contar con una matriz energética compuesta en un 20% de ERNC, mostrando un interés real y concreto por las tecnologías limpias y seguras del futuro.
Para concluir, deseamos que Chile tenga una matriz energética limpia, con visión de futuro y que refleje la visión de la población en su composición.
Creemos que Chile es capaz de ser un país modelo, innovador y visionario en materia energética, y al mismo tiempo dar protección adecuada a sus ecosistemas vitales en beneficio de las generaciones actuales y futuras.
(1) Rechazamos cualquier tipo de tecnología, aunque sea clasificada como ERNC, que tenga efectos negativos significativos comprobados sobre la salud humana y el entorno, como lo son los proyectos termoeléctricos que usan biomasa animal como combustible.
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