SANTIAGO
DE CHILE (apro).- Un aluvión de barro que cayó el 21 de enero sobre las
nacientes del río Maipo, que determinó que veintidós municipios y más de dos
millones de habitantes quedaron sin agua potable, mostró los graves riesgos que
se ciernen sobre la capital chilena y sobre el medio ambiente que le rodea, en
caso de aprobarse el Proyecto Hidroeléctrico Alto Maipo (PHAM) de la empresa estadounidense AES Gener.
El megaproyecto implica
la construcción de las centrales hidroeléctricas de pasada Alfalfal II y Las
Lajas, con 264 megavatios (mw) y 267 MW respectivamente, y requerirán una
inversión de mil 600 millones de dólares.
El Maipo, además de
abastecer de agua potable a 6 millones de personas en Santiago, riega 120 mil
hectáreas agrícolas de las más productivas del país. También aporta
aproximadamente 80% de los áridos (arena y grava) utilizados para la
construcción en la Región Metropolitana (RM).
Asimismo, el “cajón del
Maipo” es la zona turística por excelencia de la RM (Santiago).
En la tramitación de
Alto Maipo, AES Gener ha contado con el apoyo irrestricto de la actual
administración derechista, encabezada por Sebastián Piñera, así como de la
ex presidenta Michelle Bachelet (2006-2010).
Intromisión
AES Corp. es una de las
principales empresas energéticas de Estados Unidos. Está presente en 29 países
y tiene cerca de 30 mil empleados. En Chile controlan AES Gener, tercera
empresa de generación eléctrica por potencia instalada. Produce 3 mil 129 mw,
que representa 21% del total de la energía de este país.
Aes Gener cuenta con el
respaldo del gobierno de Estados Unidos. Cables de la embajada de este país en
Santiago, dados a conocer por Wikileaks en febrero de 2011, evidenciaron que la
aprobación de la termoeléctrica Campiche (2009), ubicada en el municipio de
Puchuncaví, región de Valparaíso, fue resultado de gestiones de altos
funcionarios estadounidenses.
AES Gener comenzó a
construir esta termoeléctrica en 2008 sin tener los permisos correspondientes.
Al parecer presumía de no necesitarlos. Esta empresa no consideró que la
normativa de urbanismo impedía poner en marcha industrias contaminantes en
áreas verdes. Tampoco le importó que la zona donde se emplazaría ya estaba
saturada de polución, y ni siquiera se detuvo ante una resolución de la Corte
Suprema que canceló definitivamente este proyecto en mayo de 2009 al
considerarlo ilegal.
Luego de esta decisión
judicial, el secretario de Comercio de Estados Unidos Gary Locke escribió en
octubre de 2009 una carta a diversas autoridades del gobierno de Bachelet
conminándolos a viabilizar el proyecto.
El embajador Paul Simons
se reunió con tres ministros del gobierno de Bachelet, entre ellos el de
Interior Edmundo Pérez Yoma, a quienes les planteó “los daños a la imagen
exterior” que sufriría Chile en caso de no prosperar Campiche.
Como resultado de estas
diligencias el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, liderado entonces por
Patricia Poblete, emitió el decreto supremo 68 (publicado en el Diario Oficial
el 31 de diciembre de 2009), en el que se reinterpretaba la ley de urbanismo
con la finalidad de permitir la puesta en marcha de Campiche. Fue un traje
hecho a la medida de AES Gener.
La aprobación de Alto
Maipo por parte de la Comisión Nacional de Medio Ambiente (Conama) también
estuvo plagada de irregularidades. La Comisión de Recursos Naturales, Bienes
Nacionales y Medio Ambiente de la Cámara de Diputados estudió los errores y
omisiones de este proceso. Y sus conclusiones fueron lapidarias.
El 14 de enero de 2010,
tras seis meses de trabajo, esta comisión evacuó su informe el que fue aprobado
con 50 votos a favor y sin votos en contra.
Entre las conclusiones
destaca que el permiso ambiental fue aprobado sin que Gener tuviera los
derechos de agua en los puntos de captación. Sólo este argumento debió haber
inviabilizado todo el proyecto.
La directora de la ONG
ambientalista Chile Sustentable, Sara Larraín, prestó su testimonio ante la
citada comisión de la Cámara de Diputados. Allí sintetizó las que, a su juicio,
eran las principales irregularidades que se cometieron en la aprobación del
proyecto.
Larraín –quien en 1999
fue candidata presidencial independiente– denunció que Alto Maipo este proyecto
se aprobó sin considerar que afectaría “sitios prioritarios de conservación” de
la naturaleza cuya preservación es un compromiso internacional de Chile.
Además, arguyó la
ambientalista: “Se va a intensificar la desertificación, al captar el
nacimiento de las aguas y trasvasijarlas hacia otras cuencas. Este proyecto no
es de centrales o de embalses, sino de pasada; pero hay un trasvasije de
cuencas. No es lo mismo que se tome agua en el río Maipo en este lugar y que
cincuenta metros más abajo se devuelva a este mismo río. En este caso se toma
agua en los ríos Volcán, Yeso y Colorado y se trasvasija en el río Maipo 70
kilómetros más abajo”.
En este mismo sentido,
el ingeniero hidráulico Jack Stern declaró a la mencionada comisión que los
derechos de aguas que la empresa dice poseer son mayores a los que el Maipo y
sus afluentes tienen. “Esto indica que si el proyecto se ejecuta, sacarán hasta
la última gota de las cuencas, porque –insistió– dicen tener los derechos sobre
todas esas aguas”.
Stern señaló que es
dable esperar que los ríos Yeso, Colorado y El Volcán se sequen. Y el río Maipo
disminuiría su caudal en un promedio anual de 40%, “por lo que se convertirá en
un simple zanjón, con sus riberas totalmente secas”.
Larraín subrayó que la
autoridad ambiental no observó estos impactos en la reducción de recursos
hídricos lo que, en su opinión, “constituye un abandono de funciones”.
El ingeniero Stern
definió como contradictorio el que como consecuencia de Alto Maipo se degraden
100 mil hectáreas de tierras precordilleranas, sin considerar que el nuevo Plan
de Descontaminación de Santiago (2010) establece la necesidad de forestar zonas
en la precordillera para contar con una importante masa verde que favorezca la
descontaminación de la ciudad.
Stern también señaló que
producto del cambio climático disminuirán las precipitaciones entre 14.5% y 31%
en la cuenca del Maipo. Esto, sumado a la eventual construcción del PHAM,
implicaría un escenario gravísimo de escasez de agua en el Maipo y, como
consecuencia, en el abastecimiento de agua de Santiago.
Por otra parte, el
proyecto de AES Gener prevé la corta de varias especies arbóreas protegidas por
ley, entre ellas, olivillos y guayacanes. “La ley de Bosque Nativo expresa
claramente –señaló Larraín– que la autoridad no podrá aprobar planes de manejo
que impliquen corta de especies en categoría de protección y de sus especies acompañantes,
con la sola excepción de casos de interés público. Eso particularmente referido
a proyectos del Estado”.
Por lo mismo, la
Corporación Nacional Forestal (CONAF) de la RM no dio el permiso. Sin embargo,
la directora nacional de esta institución, Catalina Bau, presionó para que se
aprobara el plan de manejo de corta de estas especies conminándolos, de esta
manera, a contravenir la Ley de Bosque Nativo en los artículos 7° y 19. Y lo
consiguió.
Otra irregularidad nace
del hecho que Alto Maipo, intervendría formaciones geológicas e hidrogeológicas
del Monumento Nacional El Morado, el glaciar y la laguna San Francisco, los
cuales están protegidos por el decreto supremo 531, de 1967, y por la ley
18.362, del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas por el Estado y la
Convención de Washington, que están vinculados.
En este caso, las
instituciones responsables de que no se haya resguardado el glaciar fueron la
Dirección General de Aguas (DGA) y el Servicio Nacional de Geología y Minería,
a pesar de que la Conaf las consultó sobre este punto.
Por otro lado, la
Dirección de Obras Hidráulicas (DOH) del Ministerio de Obras Públicas (MOP)
incurrió en otra falta que puede tener severas consecuencias. Esta dependencia
obvió el hecho de que al canalizarse los ríos Volcán, Colorado y Yeso en un
túnel de 70 kilómetros se reducirá la generación de sedimento en una cantidad
estimada de 2.3 millones de toneladas anuales, que corresponde a 27% de la
producción de sedimento de la cuenca. “Esto generará un hundimiento, dado que
las empresas areneras –señala Larraín según consta en el informe de la Comisión
investigadora– continuará con la extracción de áridos para Santiago, lo que (…)
va a generar un hundimiento del lecho del río Maipo, provocando el riesgo (…)
que los puentes de la infraestructura pública queden en peligro debido al
socavamiento de las bases”.
Se refiere
específicamente al puente Los Morros, el nuevo puente de acceso sur a Santiago
y los puente de la carretera Panamericana, tanto el destinado para vehículos
motorizados, como el de trenes. Esta erosión del río por extracción de áridos
afectaría también las bocatomas de cinco canales que riegan 107 mil hectáreas
agrícolas, lo que perjudicará a predios y a campesinos de las comunas de San
Bernardo, Calera de Tango, Padre Hurtado, Maipú, Peñaflor, Buin, Talagante,
Isla de Maipo y Paine.
La negligencia de la DOH
consistió en entregar el permiso ambiental sectorial ignorando un estudio de la
Universidad de Chile, que fue anexado al estudio de impacto ambiental, el cual
señalaba que se iba a producir una importante disminución de áridos. Como para
subsanar esta omisión, el DOH pidió que se hiciera un nuevo estudio de
sedimentos antes de la operación de las centrales.
Contrato secreto
Hasta el 21 de enero
Alto Maipo marchaba sobre ruedas. Pero el impacto provocado por el aluvión y el
corte de agua por este ocasionado –debido a que la gran cantidad de barro que
cayó sobre el río Maipo impidió que la planta potabilizadora de la empresa
Aguas Andinas pudiera funcionar– modificó el panorama.
En las últimas semanas
no sólo se han podido conocer los pormenores y riesgos que supone el PHAM.
También se comenzaron a destrabar sus secretos.
El 22 de enero, en medio
de un gran revuelo mediático, medio centenar de organizaciones reunidas en la
Coordinadora Ciudadana Ríos del Maipo emitieron una declaración denunciando la
existencia de un contrato secreto entre Aguas Andinas y AES Gener:
“En el año 2011 Aguas
Andinas firmó un contrato con AES Gener que implica ceder parte del agua limpia
para consumo humano que posee Santiago para la generación eléctrica de estas
centrales que aún no se construyen. Con esta acción Aguas Andinas amplía su
giro priorizando sus ganancias económicas por sobre su labor fundamental,
establecida por contrato con el Estado”.
Los defensores del río
Maipo llevaban un año solicitando conocer este contrato. Se lo pidieron a la
Superintendencia de Servicios Sanitarios (SSIS) pero ésta les negó el acceso
porque Aguas Andinas se opuso.
Entonces los
ambientalistas recurrieron, en mayo de 2012, al Consejo de la Transparencia
(entidad estatal autónoma encargada de velar por el acceso público a la
información). En fallo entregado en junio de 2012 esta entidad también rechazó
entregar esta información.
La Coordinadora
Ciudadana no cejó: presentó un recurso de reclamación a la Corte de Apelaciones
de Santiago, la que cuatro días después del aluvión acogió en forma unánime el
requerimiento: “Esta Corte no divisa la razón en virtud de la cual la entrega
del Convenio pueda comprometer el interés patrimonial de Aguas Andinas SA y
Gener, por el contrario, la seguridad hidrológica respecto del servicio
sanitario de la Región Metropolitana, es una materia de tal trascendencia
social y económica, que hace necesaria el conocimiento de información que en él
se contiene”, dice el fallo.
En entrevista con Apro,
la vocera de la citada coordinadora ciudadana, Marcela Mella, sostuvo que este
fallo “favorable y rápido”, tiene mucho que ver con la situación generada tras
el aluvión. Y añade: “Nosotros confiamos en la Justicia y desconfiamos del
parlamento y los gobiernos por la forma turbia con la que se han comportado. La
Concertación fue asquerosa: no hizo ningún cambio a lo obrado por la dictadura…
la ley eléctrica y la ley minera siguen teniendo una categoría mayor que el resto
de las leyes”.
Mella señala que el
objetivo de obtener el citado contrato es dejarlo sin efecto: “AES Gener
requiere de esos recursos hídricos. Si ellos dejan de contar con los recursos
hídricos que le suministraría Aguas Andinas dejarían de ganar 45 millones de
dólares al año lo que le quitaría atractivo a este proyecto”.
Cabe consignar que la
Coordinadora Ríos del Maipo está impulsando una fuerte ofensiva judicial. Está
a la espera de que la Corte de Apelaciones falle respecto de un recurso de
reclamación contra la resolución de la DGA que aprueba las obras hidráulicas de
Alto Maipo “por vicios insalvables en su aprobación” que fue entregada por el
gobierno de Piñera.
Mella afirma que si AES
Gener perdiera esta causa quedaría casi sin posibilidad de construir su central
Alto Maipo. Este recurso fue presentado con el patrocinio del abogado Gustavo
Manríquez, exdirector general de Aguas durante 1990-1994.
Ríos del Maipo también
espera el resultado de una demanda de nulidad de derecho público contra la
resolución de calificación ambiental que aprobó el proyecto en comento “por
vicios insalvables”. Esta acción está dirigida contra el Servicio de Evaluación
Ambiental (SEA) continuador legal de la Conama, contra la DOH y contra AES
Gener. Esta demanda es llevada por el abogado Jorge Reyes, que es experto en
derecho administrativo.
A modo de conclusión,
Marcela Mella señala que “cuando el Estado no hace su trabajo y actúa sólo
favoreciendo a una empresa transnacional, a una comunidad no le queda otra que
judicializar estos permisos”.
Mella señala que la
lucha de los suyos es onerosa y muy sacrificada: “No tenemos ningún tipo de
financiamiento y para organizaciones como la nuestra contratar abogados
especialistas, a pesar de la conciencia que éstos tienen, representan cifras
importantes de dinero (…) terminamos haciendo el trabajo del Estado y gastando
mucho tiempo y plata”.
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