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jueves, 13 de agosto de 2015

Después de la Tormenta queda en evidencia la vulnerabilidad de nuestras comunidades

Curanipe. 8 de agosto de 2015
@vigilantecosta
Producto de un doble sistema frontal occidental hacia el continente, recientemente en las costas de Chile se suscitaron las marejadas más grandes y destructivas de los últimos 70 años. La costa chilena fue golpeada por olas que superaron los 8 metros de altura siendo la zona más afectada el centro norte del país donde se produjeron daños en la infraestructura del borde costero y en embarcaciones de pesca de distinto tamaño. A eso se suman las altas precipitaciones que han caído provocando inundaciones y aluviones en el norte del país ante el inusual fenómeno que según las estadísticas señalan que, en algunas zonas, precipitó en un día la suma promedio de los últimos catorce años.
Si consideramos que factores de cambio climático hoy ya no son una probable sino que son una realidad, como también lo es la tendencia de las aguas oceánicas a aumentar su nivel debido al derretimiento de los hielos polares por el calentamiento del planeta por gases de efecto invernadero (que todos producimos), reconocemos que se transforma en un fenómeno que, lamentablemente, se hace más recurrente con las consecuencias ya conocidas.
Esto se menciona debido a la necesidad de que los programas de gobierno (central o regional) identifiquen como una prioridad el regular el sistema costero entregándoles mayores recursos y jurisdicción a los municipios costeros los que, hoy en día, son meros espectadores frente a intervenciones sobre cursos hídricos o la explotación eventual de zonas costeras, lacustres o cuencas hidrográficas amenazadas o en franca degradación. Se hace necesario, por ende, que se diseñe un ordenamiento de toda la costa incluyendo sistemas integrados desde las cabeceras de cuencas de todos los cursos hídricos los que son de vital importancia para las comunidades. Esto, debe involucrar a los Alcaldes y municipios, como actores relevantes del proceso y ellos son los primeros que deben por el cuidado y mantenimiento responsable del patrimonio local (material e inmaterial), como así también, incluir permanente e insistentemente a la comunidad y servicios o instituciones de gobierno que tengan opinión y/o experticia en estos temas que contribuyan a dar grados de objetividad en los procesos y renueve la confianza perdida en nuestros parlamentarios y gobernantes.
Pelluhue, Maule Sur
Al recorrer nuestra zona, y nuestro país, muchas veces observamos cómo son las ciudades, pueblos, o sectores rurales donde a veces el voto político no resulta tan atractivo para las autoridades de turno y, por consecuencia, hoy comunidades se ven desplazadas, rezagadas o sobrepasadas por modelos de negocio que acaparan los recursos naturales afectando la calidad de las aguas, el acceso a ella y su propia calidad de vida, siendo absorbidos por modelos depredadores que traen grandes utilidades para sus propietarios o accionistas de estos mega consorcios empresariales, holdings, o empresas familiares, siendo, al final de cuentas, los residentes históricos los que pagan las externalidades negativas de estos modelos de negocio, debiendo trabajar en la propuesta empresarial o, en definitiva, migrar a otros lugares debido a la escasez hídrica, la contaminación de aguas, degradación y desertificación de suelos y el cambio obligado de la calidad de vida pasando por alto aspectos naturales, culturales o históricos. 
Río Mariscadero, Pelluhue
En conclusión, la fragilidad y vulnerabilidad en distintas zonas del país frente a proyectos de alta inversión e impacto ambiental (minería, pesca, forestal, etc.) imposible de abordar si no se definen normas que respeten, desde la jurisdicción local, los espacios físicos comunales y se realicen normativas efectivas que permitan un adecuado manejo de nuestros recursos pensando en el futuro. Por ello, es vital que se generen espacios de discusión abiertos en donde todos los actores sociales puedan participar y ser escuchados. No podemos seguir permitiendo que gobiernos centrales o regionales sean los que decidan sobre inversiones en los territorios y que parezca que los municipios y ciudadanía local no tienen nada que decir o hacer relegando su participación efectiva. Por el contrario, la ciudadanía hoy más que nunca exige que se respeten sus derechos y que se evalúe en conjunto cuales son los criterios adecuados para poder desarrollarse económicamente de manera sustentable, siempre pensando en un buen vivir para todos sus habitantes con una visión clara para un mejor futuro.

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