Bachelet ordenó a la Comisión de
Agricultura de la Cámara de Diputados tramitar con urgencia el proyecto que
busca la extensión del Decreto Ley Nº 701, el que favorece el subsidio a las
plantaciones forestales de especies exóticas. El proyecto hoy se encuentra para
votación en la Comisión de Hacienda, para luego ser votado en la sala de la
Cámara, antes de pasar al Senado.
Esta
acumulación de riqueza de grupos que a su vez han sido beneficiarios directos a
lo largo de 40 años de subsidios estatales, hace al menos cuestionable la
decisión del gobierno de continuar apoyando al sector forestal por medio de
subsidios estatales (con impuestos de toda la población chilena) para su
desarrollo.
La
economía neoliberal promovida por el Estado chileno, la cual se centra en la
apropiación de territorios para la promoción y multiplicación del capital, como
bien lo detalla David Harvey en su “Breve Historia del Neoliberalismo” (2007),
ha actuado permanentemente por medio de legislaciones que son funcionales a la
lógica del DL 701, es decir, subsidios a la inversión privada buscando una
“externalidad positiva” para la población. Sin embargo, este tipo de políticas
ha permitido que aquellos territorios “beneficiados” por la inversión vean
alteradas sus propias dinámicas territoriales (productivas, sociales,
recreacionales, ecológicas, entre otras).
Es
en este contexto que académicos de la Universidad Austral de Chile (1) han
manifestado su preocupación por los impactos ambientales y sociales que el
fomento a las plantaciones forestales ha generado.
Entre
los impactos más destacados se mencionan: 1) la pérdida en la provisión de agua
de calidad en sectores donde se sitúan las plantaciones; 2) la disminución de
la biodiversidad en zonas donde existen grandes extensiones de plantación; y 3)
la fragmentación y sustitución de especias nativas por exóticas, generando una
importante disminución del valor para la conservación de la biodiversidad.
Son
estos impactos el mayor reflejo de una intencionada mercantilización de los
recursos naturales del país, por medio de políticas y programas estatales. Es
así como se ha fomentado el asentamiento de industrias (capital) en los
territorios, permitiendo al sector empresarial forestal capturar dichos
territorios, donde la población local pasa a ser la principal afectada con la
promesa incumplida de la llegada de la tecnología, nuevas oportunidades
laborales y un mayor crecimiento económico local.
Así,
es justamente en estos territorios donde se han presentado condiciones de
características socio-económicas contrarias a lo que podrían ser “polos de
desarrollo”, a saber: 1) mayores índices de migración rural-urbana, 2)
establecimiento de empleos precarios, 3) altos índices de pobreza en
comparación con el resto del país, 4) pérdida de la diversificación de la
matriz productiva (menor agricultura, por ejemplo), 5) entre otras.
Estas
dinámicas, para ser resueltas, requieren de un sector forestal más sustentable
e integrado a las diferentes realidades presentes en los territorios, a partir
de una institucionalidad pública que resguarde el interés de todas y todos los
chilenos, velando por una gestión sustentable de sus recursos naturales, con
respeto y consideración de las distintas visiones sobre el sector, consultando
a los pueblos indígenas por medio de la aplicación del Convenio 169 de la OIT,
y promoviendo el encuentro entre los diversos actores territoriales.
Hoy
en día el país se encuentra en quizás el periodo político más complejo luego
del regreso a la democracia. Fuertes presiones de los grupos de poder sobre las
denominadas “amenazas reformistas” ponen al gobierno en la necesidad de
re-establecer un orden económico que ha beneficiado, en demasiadas ocasiones, a
unos pocos (por ejemplo en el caso del sector forestal). En este escenario es
donde la urgencia por la aprobación del DL 701 se está presentando, con la
promesa de una reactivación económica y la llegada de las anheladas inversiones
que supuestamente reactivarían una dañada economía.
En
este contexto, se hace más necesario que nunca estar atentos y ser activos
participantes de la discusión y difusión de proyectos como el de extensión del
DL 701. Nuestra preocupación debe ser el resguardo de nuestros territorios y
nuestras culturas, instalando el debate al más alto nivel. El sector forestal es
importante, pero requiere de un cambio relevante en el modelo gestión de sus
recursos naturales. Los esfuerzos deben centrarse en políticas que promuevan el
fomento forestal en todas sus áreas (bosque nativo, plantaciones, conservación
y fomento), de forma participativa, sustentable y que permitan un mejor
entendimiento de las dinámicas territoriales como esenciales en la relación
sociedad naturaleza.
Es
ahora el momento en que nuestra definición como agentes políticos debe jugar un
rol preponderante, sentando las bases de una nueva sociedad justa, ecológica y
democrática.
Por Raúl Contreras D., Ingeniero
Agrónomo.
[1] http://noticias.uach.cl/principal.php?pag=noticia-externo&cod=84582
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