El Auditorio de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales UdeC fue el lugar donde se desarrolló el conversatorio "La urgente firma del Acuerdo de Escazú en Chile", el cual contó con la presencia de las profesoras Verónica Delgado y Jeanne Simon; Marisol Ortega Aravena, presidenta del Sindicato Independiente de Trabajadoras Pescadoras y Recolectoras de Algas y Actividades Conexas de la Caleta Lo Rojas; Rodrigo de la O, Director de la ONG Vigilante Costero Maule Itata; y Constance Nagelach, abogada negociadora de Chile para el Acuerdo de Escazú.
Verónica Delgado, profesora de Derecho Ambiental de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales UdeC, brindó detalles generales del evento: "Con la organización del Departamento de Derecho Económico, donde está la cátedra de Derecho Ambiental, más la ONG Fima y el Centro Crhiam, organizamos un conversatorio sobre el Acuerdo Escazú, que es un acuerdo para América Latina y el Caribe que sube los estándares en materia de información ambiental, participación ciudadana y acceso a la justicia. Chile, a pesar de haberlo patrocinado desde el año 2012, decidió no firmar este acuerdo. Desde que Chile oficializó que no firmará el acuerdo, han habido muchas actividades a lo largo del país, lideradas en parte por Fima para discutir y conversar acerca de la conveniencia o no de firmar".
Una de las invitadas principales, Constance Nagelach, consultora internacional en sustentabilidad y negociadora por Chile para el Acuerdo de Escazú, explicó que "este es un acuerdo que nace por iniciativa de Chile el año 2012, donde se propone a la región fortalecer los derechos de acceso a la información, participación y a la justicia. Esto considerando que la situación socioplanetaria y socioambiental no ha mejorado desde que se consagraran estos derechos de acceso, que fue en la Cumbre de la Tierra del año 1992".
La destacada profesional complementó señalando que "Chile propone a la región cómo avanzar, porque si bien habían avances en los países en términos legales y en términos reglamentarios, no eran suficientes; necesitábamos una nueva forma de gobernar nuestro medioambiente y los recursos naturales, y a lo que apostó Chile fue hacerlo a través de mayor democracia, por lo tanto, es fundamental que nosotros también podamos beneficiarnos de este enfoque de derechos que promueve el Acuerdo de Escazú, que lo fundamental de su objetivo no es contar con legislación, porque ya existe, sino es garantizar la implementación plena y efectiva de estos derechos a la democracia, que además son derechos humanos".
Nagelach finalizó expresando que "hay ciertas presiones, que uno lo ve con las críticas al multilateralismo. Lo que están tratando de hacer o han hecho grandes potencias, es que los países pequeños, como el caso de nosotros, no nos unamos, porque evidentemente la única manera de contrarrestar a estas potencias es mediante la unión. Cuando hablamos de Escazú, no solamente estamos hablando de información, participación y justicia ambiental, sino también estamos hablando de tener un gobierno abierto, que rinda cuentas, transparente, que las decisiones se tomen sin que exista una corrupción, de cómo se puede combatir la asimetría de poder que existe en Chile, que es parte de esta región que es la más desigual del mundo".
Finalmente, Rodrigo de la O, Director de la ONG Vigilante Costero Maule Itata, señaló que "personalmente me interesa mucho el tema, sobre todo en lo relacionado a DD.HH. y derechos del medioambiente; tiene mucha relación con activistas que se han visto agredidos, violentados o asesinados, siendo que Latinoamérica es la región donde se han desarrollado asesinatos no solo contra dirigentes medioambientales, sino que contra líderes locales, indígenas, vecinales, etc. Este Acuerdo es vital para que se apliquen políticas públicas para proteger a las personas que estamos defendiendo patrimonio que nos pertenece a todos. Hay que entender la incidencia local y la necesidad de organizarse desde las comunidades locales frente a personas u organizaciones que intervienen el territorio de mala manera, con externalidades muy negativas que las terminan absorbiendo y costeando los mismos residentes históricos, la gente que tiene otra visión local del territorio, de futuro; se construye esa necesidad de defenderse desde la localía, desde la propia visión, entendiendo que hay recursos invaluables que están en riesgo", sentenció.
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