Buscar este blog
viernes, 25 de junio de 2021
Más de 130 organizaciones medioambientales denuncian nuevo acto de amedrentamiento a Defensor Ambiental
jueves, 1 de abril de 2021
Organizaciones medioambientales nuevamente manifiestan su preocupación por los amedrentamientos y amenazas a líderes y profesionales que velan por el reguardo de los ecosistemas
En el primer trimestre del año en curso, hemos sido testigos de nuevos amedrantamientos y amenazas a líderes y profesionales que velan por el cuidado y la justicia en materia socioambiental, cuestión que se viene repitiendo sostenidamente, debido a la impunidad en la que han quedado los diversos casos.
La situación anterior se encuentra agravada por el delicado momento
político en el cual nos encontramos en donde la violencia estatal,
pos-estallido social ha estado presente en el último año y medio, el que además
ha sido llevado en un contexto de estado de excepción.
Los territorios y las comunidades resisten a diario ante la arremetida
del extractivismo que se hace presente en los territorios, bien saben los
defensores ambientales que el desarrollo de proyectos de gran escala en materia
energética, forestal, minera o de salmonicultura, generará la perdida de bienes
comunes, romperá el tejido social y afectará la salud de aquellos que se
encuentren cercanos a estos, por la contaminación y efectos que estos tienen en
los ecosistemas.
Lo anterior ha implicado una resistencia por años, en la que dichas
personas colocan en riesgo incluso su propia vida en la defensa de los bienes
comunes. Esta resistencia ha generado, el malestar de quienes desarrollan sus
actividades extractivas y con ello han utilizado el modus operandi de amenazar
y amedrentar a quienes defienden la naturaleza y el sostén de vida que esta
proporciona.
Es por ello que hemos visto cómo el 13 de febrero del presente año, en
las instalaciones del APR de San José en la comuna de Cabildo, se le hicieron
rayados en las paredes de la instalación, en donde se amenazaba de muerte a
Verónica Vilches, integrante de Modatima.
El 22 de marzo, el día mundial del agua, fuimos testigos del ataque y
amedrantamiento del candidato independiente a la Convención Constitucional por
el distrito 9, Uriel González, el cual fue amenazado por dos personas que
armados con cuchillo lo subieron a una camioneta azul, dejándolo abandonado en
la comuna de Conchalí, en donde sus captores lo amedrentaron diciéndole “No te
metai con el agua”.
El 28 de marzo, Michael Lieberherr, estudiante de periodismo situado en
la comuna de Choapa es amenazado, por vía telefónica en donde le dicen “que se
encontraba vigilado y que debía salir de la ciudad donde se encontraba
residiendo”, lo anterior a raíz de la investigación que se encuentra
realizando, el cual es un reportaje en el contexto de su memoria de título, en
la cual indaga la posible responsabilidad de empresas mineras en los desastres
ambientales que afectan a diferentes localidades rurales.
Los tres casos mencionados son acciones cobardes, que buscan desalentar
la protección del agua, los ecosistemas y el trabajo de investigación
periodística, en donde actividades económicas extractivas, ante la impunidad
que tienen en los territorios, a través de personas que realizan el trabajo
sucio, amedrentan a quienes defienden la vida. Hacer mención que, en todos los
casos, los afectados han realizado las respectivas denuncias.
La política de persecución es inaceptable, por lo que el Estado debiera
disponer de la búsqueda de la verdad y la protección de estos dirigentes y
profesionales, quienes ponen su vida en defensa de la naturaleza, porque tienen
la claridad de que al no protegerla es claudicar el futuro de sus familias y
quienes habitan en el territorio. Todo esto reafirma que la ciudadanía y en
particular los líderes ambientales se encuentran desprotegidos, los que
frecuentemente deben ir a estampar las denuncias respectivas contra quienes
resulten responsables, pero la justicia no se encuentra operando, debido a que
los fiscales no ordenan que haya una investigación.
Por todo lo anterior es que organizaciones sociales y no gubernamentales,
hacemos el llamado al Gobierno para que este firme el Acuerdo de Escazú, como
medida de protección a los defensores del medio ambiente, y expresamos a los 3
poderes del Estado y la opinión pública nuestra preocupación e indignación por
las graves amenazas a las que se están viendo sometidos nuestros compañeros y
compañeras de causa.
Como organizaciones de la sociedad civil, nos negamos a aceptar estas
prácticas que profundizan las grietas de nuestra democracia, manifestamos
nuestro apoyo a quienes han sido vulnerados, incluso apoyando en la
presentación de denuncias y recursos de amparo a nivel nacional, como asimismo
presentaremos sus causas a nivel internacional.
Por último, a las empresas, que utilizan estas prácticas, decirles que
nos les tenemos miedo, porque somos una gran cadena, formada con miles de
personas que a diario resisten desde las diversas trincheras, en donde la
verdad, la compresión, la cooperación y el amor por lo que hacemos, son más
fuertes que el acto cobarde de amedrentar.
Firman:
- Fundación Chile Sustentable
- SCAC Antofagasta
- Centro ProSus
- Fundación Newenko
- Corporación Programa La Caleta
- Movimiento MOVILIZANDONOS por una cultura de Derechos de NNA en Chile
- Ecosistemas
- CEUS Chile
- Fundación Geonativa
- Secretaría de Ecología y Medioambiente FECh
- FIMA
- Alerta Isla Riesco
- Defensoría Ambiental
- Greenpeace
- Territorios Colectivos
- Agrupación Aisén Reserva de Vida
- Ciudadanos y Clima
- Fundación Plantae
- Fundación La Alameda
- Fundación Multitudes
- FENAPRU Chile
- Corporación El Canelo Nos
- Coordinadora Ciudadana No Alto Maipo
- RedBioLAC
- Defendamos Chiloé
- CODEFF
- Fundación Terram
- Centro de Análisis Socioambiental
- Fundación Tantí
- OPSAL
- Fundación Mingako
- Observatorio Ciudadano
- Chile Ambiente
- SCAC Magallanes
- Fundación Glaciares Chilenos
- Fundación Otros Cruces
- Coalición Ecuménica por el Cuidado de la Creación
- Verde Nativo El Monte
- Latin American Soludarity Network (LASNET, lasnet.solidarity@gmail.com)
- Chile Solidarity Campaign-Australia
- Solidarity with Chile Melbourne
- Mapuche Australia Solidarity
- Coordinación Patagonia Sin Mineras (EQUUS OUT!)-Melbourne-Australia
- Trawunche Madrid (Coordinación de Apoyo al Pueblo Mapuche en Madrid)PEN Editions
- Violeta Rabi, investigadora de Espacio PúblicoFernanda Salinas Urzúa, Doctora en Ecología, Profesora de Sustentabilidad, Universidad de Chile
- Vigilante Costero ONG
martes, 17 de septiembre de 2019
Organizaciones instan al Gobierno a firmar Acuerdo de Escazú en próxima asamblea de la ONU
martes, 20 de agosto de 2019
Conversatorio sobre el Acuerdo Escazú se desarrolló en Derecho UdeC
El Auditorio de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales UdeC fue el lugar donde se desarrolló el conversatorio "La urgente firma del Acuerdo de Escazú en Chile", el cual contó con la presencia de las profesoras Verónica Delgado y Jeanne Simon; Marisol Ortega Aravena, presidenta del Sindicato Independiente de Trabajadoras Pescadoras y Recolectoras de Algas y Actividades Conexas de la Caleta Lo Rojas; Rodrigo de la O, Director de la ONG Vigilante Costero Maule Itata; y Constance Nagelach, abogada negociadora de Chile para el Acuerdo de Escazú.
Verónica Delgado, profesora de Derecho Ambiental de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales UdeC, brindó detalles generales del evento: "Con la organización del Departamento de Derecho Económico, donde está la cátedra de Derecho Ambiental, más la ONG Fima y el Centro Crhiam, organizamos un conversatorio sobre el Acuerdo Escazú, que es un acuerdo para América Latina y el Caribe que sube los estándares en materia de información ambiental, participación ciudadana y acceso a la justicia. Chile, a pesar de haberlo patrocinado desde el año 2012, decidió no firmar este acuerdo. Desde que Chile oficializó que no firmará el acuerdo, han habido muchas actividades a lo largo del país, lideradas en parte por Fima para discutir y conversar acerca de la conveniencia o no de firmar".
Una de las invitadas principales, Constance Nagelach, consultora internacional en sustentabilidad y negociadora por Chile para el Acuerdo de Escazú, explicó que "este es un acuerdo que nace por iniciativa de Chile el año 2012, donde se propone a la región fortalecer los derechos de acceso a la información, participación y a la justicia. Esto considerando que la situación socioplanetaria y socioambiental no ha mejorado desde que se consagraran estos derechos de acceso, que fue en la Cumbre de la Tierra del año 1992".
La destacada profesional complementó señalando que "Chile propone a la región cómo avanzar, porque si bien habían avances en los países en términos legales y en términos reglamentarios, no eran suficientes; necesitábamos una nueva forma de gobernar nuestro medioambiente y los recursos naturales, y a lo que apostó Chile fue hacerlo a través de mayor democracia, por lo tanto, es fundamental que nosotros también podamos beneficiarnos de este enfoque de derechos que promueve el Acuerdo de Escazú, que lo fundamental de su objetivo no es contar con legislación, porque ya existe, sino es garantizar la implementación plena y efectiva de estos derechos a la democracia, que además son derechos humanos".
Nagelach finalizó expresando que "hay ciertas presiones, que uno lo ve con las críticas al multilateralismo. Lo que están tratando de hacer o han hecho grandes potencias, es que los países pequeños, como el caso de nosotros, no nos unamos, porque evidentemente la única manera de contrarrestar a estas potencias es mediante la unión. Cuando hablamos de Escazú, no solamente estamos hablando de información, participación y justicia ambiental, sino también estamos hablando de tener un gobierno abierto, que rinda cuentas, transparente, que las decisiones se tomen sin que exista una corrupción, de cómo se puede combatir la asimetría de poder que existe en Chile, que es parte de esta región que es la más desigual del mundo".
Finalmente, Rodrigo de la O, Director de la ONG Vigilante Costero Maule Itata, señaló que "personalmente me interesa mucho el tema, sobre todo en lo relacionado a DD.HH. y derechos del medioambiente; tiene mucha relación con activistas que se han visto agredidos, violentados o asesinados, siendo que Latinoamérica es la región donde se han desarrollado asesinatos no solo contra dirigentes medioambientales, sino que contra líderes locales, indígenas, vecinales, etc. Este Acuerdo es vital para que se apliquen políticas públicas para proteger a las personas que estamos defendiendo patrimonio que nos pertenece a todos. Hay que entender la incidencia local y la necesidad de organizarse desde las comunidades locales frente a personas u organizaciones que intervienen el territorio de mala manera, con externalidades muy negativas que las terminan absorbiendo y costeando los mismos residentes históricos, la gente que tiene otra visión local del territorio, de futuro; se construye esa necesidad de defenderse desde la localía, desde la propia visión, entendiendo que hay recursos invaluables que están en riesgo", sentenció.