GINEBRA (20 de agosto de 2020) – El Gobierno de Chile no debe priorizar las plantaciones de aguacate y la producción de electricidad antes que los derechos a la salud y al agua de su pueblo, y las empresas deberían abordar los efectos negativos de sus actividades sobre estos derechos, dijo hoy el Experto de la ONU.
“El Gobierno chileno no cumple sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos si da prioridad a proyectos de desarrollo económico sobre los derechos humanos al agua y a la salud,” dijo Léo Heller, Relator Especial de la ONU sobre los derechos humanos al agua y al saneamiento. Se refirió específicamente al Proyecto Hidroeléctrico Alto Maipo, al sureste de la capital, Santiago, y al negocio de aguacate en la Provincia de Valparaíso, región al norte de Santiago.
“El Gobierno está obligado a garantizar un abastecimiento de agua suficiente para toda la gente”, dijo Heller. “Estos dos proyectos económicos pueden poner en riesgo el abastecimiento, lo que es particularmente preocupante durante la pandemia de COVID-19. He pedido al Gobierno de Chile que aclare estas dos cuestiones.”
Chile es uno de los mayores exportadores de aguacate del mundo. Debido a la escasez extrema de agua, el Gobierno declaró el año pasado el estado de “emergencia de agua” en Petorca, donde un aguacatero consume tres veces más agua que la cuota reservada para los residentes, y la provincia sufre desde el año pasado una escasez extrema de agua.
Desde 2016, se han destinado para los residentes 50 litros diarios por persona. El agua es abastecida por medio de camiones cisterna no certificados que, en ocasiones, ha sido tan insalubre que ha causado casos de diarrea infantil.
“Esto no es suficiente para cubrir las necesidades domésticas usuales durante una pandemia,” dijo Heller. “El Ministerio de Salud de Chile recomienda el lavado de manos como una de las maneras más efectivas para prevenir la propagación del COVID-19, por lo que el Gobierno debe garantizar un suministro de agua adecuado para todas las personas y asegurarse de que las empresas no socaven la capacidad del Estado para cumplir con sus obligaciones.”
El 8 de abril de 2020, el Ministerio de Salud de Chile aprobó una resolución que incrementa la cuota a 100 litros diarios por persona en la Provincia de Petorca. Ocho días después, en una decisión que podría ser ilegal conforme al derecho internacional, revocaba esta resolución. Al mismo tiempo, “inimaginablemente” dijo Heller, el Gobierno sigue otorgando nuevos derechos de agua a empresas agrícolas y no ha logrado controlar el uso ilegal y excesivo de agua de las empresas aguacateras.
El otro polémico proyecto es el Proyecto Hidroeléctrico Alto Maipo (PHAM) en la Cordillera de los Andes, que genera electricidad mediante el desvió de tres principales tributarios del Río Maipo, a través de 67 km de túneles.
“Este proyecto no solo podría reducir la principal fuente de agua potable de los residentes de Santiago de Chile, sino que también podría agravar la contaminación del aire en la capital” dijo Heller, dañando el “corredor verde” de la cuenca del Río Maipo que ha ayudado a compensar la contaminación.
Durante la implementación del proyecto, que debería entrar en funcionamiento en diciembre, “a pesar de que el Gobierno ha investigado los daños ambientales, no se ha tomado ninguna medida para garantizar el derecho humano al agua de la población afectada por este megaproyecto”, dijo Heller.
FIN
El experto:
El Sr. Léo Heller (Brasil) es el Relator Especial sobre los derechos humanos al agua potable y el saneamiento, nombrado en noviembre de 2014. Actualmente, el Sr. Heller es investigador de la Fundación Oswaldo Cruz de Brasil y trabajó anteriormente como Profesor del Departamento de Ingeniería Sanitaria y Ambiental de la Universidad Federal de Minas Gerais, en Brasil entre 1990 y 2014.
Los Relatores Especiales forman parte de lo que se conoce como los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes del sistema de derechos humanos de la ONU, es el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y supervisión del Consejo que se ocupan de situaciones de países específicos o de cuestiones temáticas en todas las partes del mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de forma voluntaria; no son personal de la ONU y no reciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y prestan servicios a título individual.
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