@vigilantecosta
Desde hace años que se hace referencia al potencial de nuestro
territorio (Maule Sur, Ñuble, Biobio Norte) como un lugar que posee condiciones, características y un tipo de desarrollo que se proyecta en base a su economía
local; sumando a la teoría estrategias o mecanismos de preservación como incentivos para la inversión, permitiendo justificar el apalancar recursos destacando las virtudes de la zona y, ante todo, poder evitar su degradación, contaminación o impacto, precisamente, por la falta de un ordenamiento fundado en capacidades de carga posibles, proyecciones actuales, conectividad presente, tipos de modelo y visión del territorio, entre otras cosas. Evitando, de paso, las responsabilidades administrativas que procesos negligentes a menudo deben, o han debido, enfrentar.
Instrumentos, convenios o proyectos existentes; como la Zona de Interés Turístico Chanco-Pelluhue (ZOIT); la Certificación Ambiental de los Municipios, sus estrategias (SCAM) y objetivos; los beneficios que traen consigo los programas para atacar las mal llamadas zonas de rezago en la planificación turística estratégica. Las evidentes consecuencias que se deben enfrentar de aquí hacia adelante respecto de la conectividad actual de las regiones séptima y octava costa; con la congestión ya observada en temporada de alta demanda de visitantes en la comuna de Pelluhue.
La Planificación y ordenamiento territorial desde las comunidades, nos permite plantearnos un desafío mayor en el que todos puedan aportar sintiéndose parte de los sueños compartidos y de llegar a un consenso claro de qué es lo que más conviene al territorio, su gente e identidad local, en el largo plazo. Es por eso que resulta válido poder considerar en nuestras regiones o territorios; pueblos, ciudades, campos o sectores rurales; estrategias de desarrollo acordes a las esas realidades particulares, con una clara tendencia a la descentralización; apuntando al potencial
desarrollo existente y que éste, como norma, sea sostenible en el tiempo y amigable con su entorno.
Esto contribuye y permite dirigir esfuerzos en la
valorización de las costumbres y tradiciones locales. Desde el rescate típico de nuestras comunidades y su lícita (y lúcida) visión local del territorio, ayudando a impedir, desde ahí, desde el sentido más básico de vivir en sociedad, desde la familia, la comunidad, el individuo y su propia y única visión de la vida, que debemos respetar.
Imposiciones de modelos de negocio de lucro privado de alta intensidad en mar abierto de Ñuble, por ejemplo, son una amenaza latente que aún mantiene en vilo y en permanente estado de alerta a comunidades costeras desde el Maule hasta el Biobio, en donde las acciones, de aquí a septiembre-octubre, serán claves y decisivas para argumentar los motivos del rechazo actual al ingreso de la Acuicultura de gran escala, en mar de Ñuble, conocida la experiencia de la industria pesquera en regiones del sur del país.
Un modelo con un enfoque en mantener el equilibrio entre los
atributos ligados a la oferta de servicios existentes, o en formación, es lo que necesitamos; y una
dinámica armónica entre la carga de la potencial demanda (inmobiliaria,
industrial, turística, acceso agua, servicios básicos, etc.) nos permite de manera objetiva, justa y veraz poder acceder a las herramientas o instrumentos de apoyo a la gestión de forma más inclusiva y transversal en el mediano y largo plazo. Las pautas administrativas para la gestión deben superar diferencias ideológico-partidistas y centrarse en estructurar políticas de largo plazo pensando en acortar trámites burocráticos para que, de verdad, existan más oportunidades.
Es responsabilidad de la organización civil poder respaldar procesos de fiscalización y denuncia en la gestión pública. La participación e incidencia ciudadana en ello es, al mismo tiempo, fundamental y un deber.
Y, más allá de la legalidad posible, existe la
ética que proviene de valores de familia y el círculo más íntimo en donde tocó crecer (azares de la vida); de la
educación y su calidad, obviamente. También existe el honor y un principio básico
inherente al género humano de poder hacer el bien como consecuencia de sus
acciones. Lo contrario, además de ser inmoral o ilícito, no es correcto, convirtiéndose en el camino fácil hacia el pensado éxito.
Desde ese contexto, es en extremo grave que corporaciones
políticas y/o empresariales actúen, prácticamente, de manera coordinada para
percibir recaudos de sus negocios beneficiándose de manera sustantiva
de gestiones político-estratégicas de la nación atentando gravemente la
probidad y el sentido de convicción que implica el servicio público; desvirtuando, de manera grosera, el real significado de la palabra democracia y de lo que implica ese servicio
público.
Quisiera, con el permiso que me da la libertad y vivir en
democracia (que es algo no menor que se nos olvida defender), no ser objetivo esta vez. Inclinar mi opinión y someterla al debate,
siendo crítico con el sistema; ese creado por sus creadores: nosotros (en parte). Esta falta
de objetividad, confesada de antemano, la dicta la rabia y la
esperanza que proviene de un clamor ciudadano que por años ya va haciendo carne la necesidad de cambios reales, más allá de llamados de campaña o simples eslóganes político partidistas. Esa creciente sangre renovada que exige la idea de una
sociedad más justa, participativa, capaz de construir, de verdad, los grandes
cambios en forma abierta, en paz que el Chile de hoy requiere y merece. Reconociendo desde la ciudadanía la auto critica de la inacción,
pasividad o palco respecto de la toma de decisiones en el ámbito político y/o
empresarial, en desmedro de regiones, territorios y comunidades quienes son, al
fin del día, los que absorben los aspectos negativos del negocio privado en
bienes públicos o nacionales debiendo someterse a
aletargadores procesos que terminan por bajarle el perfil al verdadero impacto
que, empresas e industrias de distintos rubros, realizan en pro de sus
utilidades y beneficios comunicando virtudes asociadas al las rentabilidades, mas, no los relativos a sus
efectos en los lugares donde este tipo de proyectos son emplazados y las
responsabilidades administrativas asociadas a la aprobación de proyectos son
nulas desde los aparatos del estado.
Hoy, más que nunca, requerimos de autoridades locales comprometidas que comprendan que la única manera de recuperar la confianza en nuestro sistema político y sus incumbentes es que la política seria, de fondo; y que supone ser los cimientos de nuestra república, se abra a la ciudadanía y que a través de una conciencia colectiva, de una revolución tecnológica e intelectual , el poder ciudadano sea la manera de recuperar nuestra distraída democracia y ser un verdadero ejemplo para América Latina.
Rodrigo de la O
Maule Itata Coastkeeper | Alianza Internacional Waterkeeper | Chile |
Vigilante Costero Maule Itata ONG | Director Ejecutivo
Representante Latinoamericano en Concejo Waterkeeper (Waterkeeper Council)
