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sábado, 22 de julio de 2017

Multinacionales en Chile: El irresponsable silencio de los responsables

“En Chile todos los servicios básicos y los que concierne a la extracción de los recursos naturales están privatizados y entregados a los intereses y conformidades de las transnacionales y eso explica sin preámbulos porque estamos como estamos y devuelta hacia un subdesarrollo que creíamos superado” 
Nada puede ser más antichileno, cuando la ley, la forma y el protocolo de los servicios y la explotación de los recursos naturales, se deciden en Italia, España, Noruega, Canadá, Suiza, etc. Nada puede ser más irregular y fuera de orden, que cuando los directorios de estas empresas están compuestos por chilenos elegidos a dedo y no precisamente por sus profesiones, o porque representan los intereses de la ciudadanía y del gobierno y son elegidos simplemente por sus redes familiares y de amistad con el poder empresarial y político, de relaciones que son puestas al servicio de los intereses foráneos, para sacar la mejor tajada de un Chile que es de todos y no solo de algunos como muchos creen, aunque eso signifique traicionar a miles de compatriotas. Lo que podría denominarse, como “el irresponsable silencio de los responsables”.
Estos pormenores poco conocidos hasta ahora por la masa ciudadana que no tiene tiempo para preocuparse de estos temas, explican el porqué ningún senador o diputado, haya salido en defensa de los intereses de miles de ciudadanos que se quedaron sin energía domiciliaria por la ineficiencia de Enel Italia en el sector oriente de la Región Metropolitana; o de aquellos ciudadanos que en Chiloé vieron como las salmoneras contaminaban el mar; o de esos ciudadanos que soportaron los grandes incendios de las forestales, o de aquellos pobladores que hace décadas, soportan que las empresas mineras pasen a llevar sus derechos constitucionales contaminando sus territorios.
Uno de los grandes problemas del Modelo Neoliberal chileno (único en el mundo por lo demás) es que todo está en manos del mercado y de las transnacionales, haciendo en el territorio nacional, todo lo que no pueden hacer en sus países de origen y sacar jugosas ventajas comparativas a costillas de la sustentabilidad de nuestro querido Chile; en lo que se refiere a métodos y protocolos de explotación de los recursos naturales y servicios. Somos el único país del planeta que ha privatizado el agua dulce. Incluso las leyes están diseñadas para que estas mismas transnacionales puedan financiar gobiernos, diputados y senadores en sus campañas políticas por medio de los “aportes reservados” que todos sabemos que de reservados tienen bien poco y todo para que legislen y hagan la vista gorda de una serie de irregularidades, en beneficios de sus intereses comerciales.
Por segunda vez en el año, Santiago, vivió en carne propia lo que es estar bajo la jurisdicción de una transnacional sin ética y sin moral (antes con aguas andinas y ahora con ENEL) que lo único que le interesa es invertir poco y ganar mucho, para obtener la mayor rentabilidad posible, operando sin preocupación social alguna y sin importarle las consecuencias que su proceder afecte a miles de chilenos. Esta dura realidad que muchos santiaguinos la están empezando a vivir en carne propia por primera vez, es lo que viven a diario las regiones, que sufren el escarnio de las Forestales, Salmoneras y de la empresas mineras. Que tal como sucedió en el barrio alto santiaguino (por la gran nevazón) destruyen a diario la calidad de vida de cientos de ciudadanos, que ven deslegitimada su proyección de vida y de desarrollo por las malas prácticas de estas empresas.
Las leyes relacionadas con los servicios de primera necesidad y explotación de recursos naturales, han sido diseñadas para favorecer a las transnacionales y nada para garantizar los derechos de los chilenos. Estas empresas para favorecer sus intereses, pagan suculentos sueldos a los miembros designados de los directorios y políticos en general, para garantizar la inamovilidad y la falta de fiscalización. Somos un país con escasos recursos para financiar procesos de producción y solventar la infraestructura de los servicios básicos y su operación y se puede entender que la privatización es una necesidad y una norma determinada por la globalización. Pero es indudable que los organismos competentes del estado deben fiscalizar acuciosamente la operación de estas empresas, para que no abusen de su poder y que con el tiempo no terminen coartando la proyección de desarrollo del país, por permitirles apoderarse de nuestros servicios básicos y la explotación de nuestra riqueza natural, sin las mínimas normas del sentido común, destruyendo nuestra calidad de vida y contaminando nuestros territorios.
Las transnacionales carecen de responsabilidad social y poco les importa nuestra sustentabilidad y proyección de futuro; es un dato de la causa, pero no por ello debemos aceptarlo. El seudo modelo de desarrollo ha proyectado un Estado prácticamente inexistente en temas de fiscalización y no cumple con las labores mínimas y no obliga a las transnacionales a vincularse con los procesos sociales, transformando a la ciudadanía en un ente que se estruja por todos los medios posibles, sin hacer las innovaciones productivas y tecnológicas que deben, para mejorar la competitividad de los procesos de producción, a establecer condiciones laborales positivas, proyectar el entorno con sentido social, gestionar sustentablemente los territorios y comprometerse con el entorno, cultural, medioambiental y laboral del país.
El concepto de responsabilidad social de una empresa sea cual sea su giro y origen, debe ser innegociable en un país que se respete a si mismo, exigiendo respeto por las regulaciones y no permitir el abuso. Deben respetar los acuerdos sobre prevención, no estimular la corrupción como suele suceder con las transnacionales, respetar los derechos humanos de sus trabajadores y de sus clientes en materia de servicios. Garantizar el cumplimiento de las regulaciones con los subcontratistas, socios comerciales y proveedores en general, con quien establezcan relaciones laborales y comerciales. Las multas por los malos manejos y toma de decisiones inadecuadas en contra de las comunidades y del medio ambiente, deben ser ejemplarizadoras y en los casos que sea necesario, que los responsables paguen con cárcel efectiva.
Un ejemplo del abuso lo encontramos a diario en regiones. La transnacional Marine Harvest, empresa salmonera de origen Noruego, que tiene todo el sur austral contaminado y responsable de la catástrofe ambiental del mar chilote; en Noruega está sujeta a una regulación estricta. Las concesiones en ese país se renuevan cada seis meses y si no cumplen con los procesos de carga, manejo ambiental y no hacen un uso responsable de los antibióticos, pierden los permisos, les cierran los cultivos y las multas son millonarias y los responsables paguen con cárcel y están obligados a pagar sueldos éticos a sus trabajadores. En Chile las concesiones son perpetuas, no tienen exigencia alguna y no se las fiscaliza como corresponde.
Los sucesos ocurridos en Aysén en la comuna de Chile Chico en la Mina de oro Delia II, de propiedad de la Minera Cerro Bayo (canadiense) que le costó la vida a dos trabajadores, pudo haberse evitado si se hubiera fiscalizado como corresponde. Operó por décadas sin respetar el medio ambiente y la seguridad de sus trabajadores y ningún organismo competente como Sernageomin, diputado, senador, alcalde, Gobernador o Intendente de Aysén fiscalizo. Por esta negligencia murieron dos trabajadores y pudieron haber sido muchos más. Si el accidente hubiese ocurrido en un día laboral y no en un fin de semana.
Cualquier país con sentido común, que respete su proyección de futuro, en lo que se refiere a los recursos estratégicos como el agua, la energía y todo lo relacionado con las riquezas naturales, deben tener estos intereses bajo la atenta fiscalización del Estado. En Chile todos los servicios básicos y los que concierne a la extracción de los recursos naturales están privatizados y entregados a los intereses y conformidades de las transnacionales y eso explica sin preámbulos porque estamos como estamos y devuelta hacia un subdesarrollo que creíamos superado.

martes, 4 de octubre de 2016

Obediencia Civil 2.0: Defensa Territorial versus Modelo Extractivista

Valle del Río Itata
@vigilantecosta #reporte
Partimos como programa ambiental independiente en 2009, junto a Fiscalía del Medio Ambiente, Save The Waves y Waterkeeper. Luego de un tiempo nos atrevimos y apostamos a independizarnos como organización no gubernamental manteniendo nuestros nexos o redes como representante de América Latina en el Concejo Waterkeeper Alliance.
En los últimos años, hemos sido testigos de la articulación de distintos movimientos sociales o ciudadanos, en donde muchas personas en diversos sectores, zonas o territorios del país se sienten abusados y vulnerables frente a la amenaza incesante de grandes conglomerados o corporaciones; de empresas del estado, la gran industria y la negligente administración de nuestros recursos naturales como bienes o patrimonio de todos los chilenos y chilenas.
Ducto emisario CFI Nueva Aldea Celco Arauco - Cruce Río Itata
La organización ciudadana es un mecanismo legítimo y urgente para incidir en los pequeños espacios que la democracia nos brinda para exigir respeto por todas aquellas comunidades que se han visto superadas por un sistema en donde los recursos naturales, públicos o la infraestructura social se ven visiblemente permeables, degradados, dañados y en muchos casos de manera irreversible, diluyendo responsabilidades.
Bosque Curanipe
En los últimos años, fruto de un necesario despertar de la sociedad en su conjunto, aún prevalece incólume, la esperanza. Hoy, agrupaciones ciudadanas, pescadores artesanales, profesores, camioneros, estudiantes, organizaciones de base, sociales, territoriales; la ciudadanía en movimiento reclama, marcha, propone exigiendo cambios y que los responsables de la representación popular sean probos, intachables, es un derecho y debemos ser capaces de limpiar nuestra rancia y corrupta aristocracia política. Recuperar confianzas en un país secuestrado por el mercado, por los trucos o vicios del poder, de las leyes, de la economía, es hoy más urgente que nunca. Impedir que la corrupción del sistema nos corrompa a todos es una prioridad. Exigir respeto hacia nuestras comunidades cuando (y donde) se desea invertir en un proyecto, en un territorio determinado, una obligación.
Uno de los aspectos que siempre se echa en falta es el factor geográfico como la prueba empírica de que hoy, no mañana, necesitamos como país políticas que consideren la regionalización, por ejemplo, como una medida descentralizadora eficiente capaz de conocer la realidad local junto a la adaptación al cambio climático como una variable dinámica que es preciso considerar siempre. La expansión de la sequía desde el norte y hacia el sur y su proyección, en distintos escenarios, es vital al momento de consensuar y validar aspectos esenciales que permitan una planificación en el largo plazo y que ésta pueda sustentarse en el tiempo. Conocer datos, variables o indicadores ambientales actualizados, son ineludibles a la hora de poder plantear cualquier tipo de estrategia y evitar impactos o daños de distinto tipo en nuestro contexto o entorno inmediato. Es fundamental que la adaptación de las políticas públicas incluyan la mantención y rescate del patrimonio identitario como valor único sobre el cual se construye la historia de nuestro pueblo; la cultura y tradiciones. Como así tambien, ser capaces de reconocer la importancia que implica para el espíritu colectivo y la confraternización de los individuos. Permitiendo, con esperanza, que se puedan recuperar confianzas extraviadas ante una sociedad más insegura y temerosa.

"...son nuestras comunidades las que tienen el legitimo derecho de participar en procesos que den transparencia a cualquier tipo de inversión que altere, dañe o pueda cambiar la propia visión del territorio y su calidad de vida..."


Acción Ciudadana Pro Defensa Maule Costa ha sido, y es, el Movimiento que se opuso a la Termoeléctrica a carbón (Los Robles) de AES Gener en la región del Maule (2007). Recuerdo que más de alguno dijo en su momento como frase aprendida: “no si ya está todo cocinao. No hay na que hacer”. Sin embargo, el Movimiento de organización ciudadana jamás claudico y de manera transversal pudo establecer por el imperio de la conciencia, de la suma de voces y voluntades, del sentido común que, ante todo, son nuestras comunidades las que tienen el legitimo derecho de participar en procesos que den transparencia a cualquier tipo de inversión que altere, dañe o pueda cambiar la propia visión del territorio y su calidad de vida. Se debe defender el legitimo derecho de los habitantes de un territorio a defender esa visión, desde la perspectiva local, evitando imposiciones de modelos de negocios lucrativos que a la larga terminan impactando gravemente la vida tradicional de localidades más pequeñas, rurales y que se ve afectado por la facultad que da la ley a empresas privadas de imponer su modelo de negocio de forma arbitraria, con cuantiosas utilidades o réditos particulares, dejando una carga negativa en nuestro medio o entorno. Carga de la que ni privados ni públicos se hacen cargo dividiendo a la comunidad con sus maniobras o estrategias para conseguir sus objetivos organizacionales o corporativos. No los de la comunidad.
Dicho de otro modo, hoy, las políticas públicas o estatales deben atender los descargos y propuestas planteadas por una comunidad más empoderada, informada y dispuesta a organizarse para incidir en el cambio de leyes y llamado a consulta o plebiscito ante fenómenos como el de las colusiones empresariales o carteles políticos en donde, existen casos, que hasta los mejores candidatos tienen prontuario o antecedentes corrompiendo a su propio electorado. Además de la vergüenza que implica (como país) que más de algún honorable electo y/o políticos de fuste figuren como viles empleados de corporaciones empresariales en el Parlamento y, más de alguno, ya haya pisado las sombras por financiamientos irregulares. Patético y triste.

Hoy la defensa territorial desde la organización ciudadana ha debido reaccionar frente a insistentes esfuerzos por expandir o crear nuevas zonas de sacrificio en el país y por mantener una matriz energética aletargada con un alto consumo de fósiles impidiendo dar el salto cuántico que nos extirpe la primitiva dependencia de combustibles contaminantes y que podamos desarrollar proyectos a escala humana donde la autosuficiencia energética, la generación distribuida y la doble entrada sean algunos mecanismos que eviten o mitiguen la innecesaria depredación de nuestro medio o la intervención tozuda del capital que insiste en represar nuestros ríos, quemar carbón, sobre explotar recursos de pesca, contaminando aguas, degradando territorios, sin una visión de largo plazo que involucre a las comunidades.
La educación es clave y la tecnología ha jugado un rol fundamental. Las redes sociales, el acceso a internet o a la información, hoy a la mano, dan una posibilidad antes impensada de manifestarse y organizarse frente a las injusticias y amenazas que hoy persisten en distintas zonas de nuestro país donde las grandes decisiones la toma una cúpula político empresarial. 
En nuestra zona, por años hemos convivido con empresas extractivas de masa forestal cuyo impacto o externalidades negativas terminan por dañar ecosistemas locales, interviniendo a las comunidades cercanas o erradicándolas sistemáticamente con la compra de sus propiedades afectando, por ende, a su cultura, identidad o posibilidad de rescatar, crear o construir la propia historia, dañándole o interrumpiéndola de manera arbitraria y con intereses acotados de una suerte de casta aristocrática criolla corrupta con fuertes lazos políticos.
Ya me ha tocado, por azares de la vida o porque debes seguir aprendiendo, que la defensa de nuestra zona, región o territorio no es por capricho, es por temor a que lo que hemos conocido no sea más, por decisiones obtusas de los gobernantes de turno que han caído en un espiral de corrupción y errores que no merecemos, donde el capital campea asumiendo el rol que el estado es incapaz de asumir, subyugado al poder económico o al servicio del los que mandan o gobiernan el mercado olvidando a menudo la representación popular por simple ego o vanidad.
No obstante, con esperanza hoy vemos como la ciudadanía en movimiento presenta una posición respecto de la imposición de negocios privados en su territorio. La urgente necesidad de organizarse surge de la mano de un llamado a la inclusión en donde la visión local del desarrollo es una obligación cuando los negocios se proponen en bienes nacionales y sus consecuencias absorbidas por las comunidades locales.
Por años hemos debido observar como familias vecinas al CFI Nueva Aldea en la comuna de Ranquil se han visto afectadas de manera directa, cambiando la forma de vida de aquellos que viven o vivieron en torno a esa planta y su ducto de descarga al mar. Contaminación de agua, malos olores, ruidos, accidentes, son solo algunos de los temas que han debido enfrentar las comunidades cercanas por años y tuvieron que acostumbrarse a la empresa, a su infraestructura, a su negocio, a la intervención ambiciosa de una industria altamente intensiva que antes descargaba sus desechos al río Itata y que ahora lo hace al mar en el sector de Boca Itata, con un mega ducto infernal en el océano. No se puede tolerar que una empresa predomine por sobre la autoridad local, pero, así es.
No a las Salmonera en Ñuble y Biobio
Desde fines de 2015 que se ha sabido del intento de una empresa pesquera (Pelicano S.A.) de introducir peces exóticos no nativos en balsas jaula para la cría de salmones, cojinoba y mitílidos en el borde costero de la provincia de Ñuble. Aun en evaluación en el SEA Biobio esperamos conocer las respuestas que obliguen a bajar el proyecto y evitar ingreso de esta industria en la zona. A ello se suma una decena en Biobio y otros tantos en Maule comienzan sondeo.
Recientemente, hemos conocido de que la empresa (Pelicano) pidió plazo hasta 2017 para poder responder a las observaciones y cuestionamientos del proyecto. Esto es importante porque se gana tiempo (tanto para empresa como para las comunidades locales) y demuestra que la organización ciudadana, en distintos frentes, es fundamental para la defensa del territorio y el respeto de los habitantes locales. 
Uno de los argumentos es que la empresa debió haber presentado un Estudio en vez de una Declaración de Impacto Ambiental cuestión que le permitió, en la presentación, fraccionar el proyecto. Nosotros, como muchas otras personas y organizaciones, apoyamos ese argumento porque entendemos que las unidades o proyectos individuales presentados como Declaración son prácticamente clones de las otras unidades productivas en un mismo espacio geográfico, presentados en el mismo periodo de tiempo y con el mismo titular resultando obvio que es un solo y gran proyecto.
Respecto del impacto que la Acuicultura a mar abierto puede ocasionar es bastante negativo conociendo la problemática reciente en el sur de Chile, en la isla Chiloe y Archipiélago Patagonia se produjo una alta mortandad de salmones en centros de cultivos por la super floración de algas nocivas (FAN) debido, básicamente, a que la contaminación del agua debido al exceso de alimento y residuos fecales puede contribuir a la eutrofización de los lagos, fiordos y áreas costeras.
Para controlar la calidad del agua en las áreas acuícolas también es necesario aplicar políticas para otros sectores como el forestal (ya que el potencial para el cultivo de salmones es mayor en lagos rodeados de cuencas fluviales arboladas), la agricultura cuyos escurrimientos de nutrientes afectan la calidad del agua, por lo tanto, necesita políticas globales e intersectoriales. La acuicultura chilena ha hecho un amplio uso de los antibióticos; en 2003 se establecieron normas con las que se comenzó a controlar su uso. Los escapes accidentales de salmones adultos desde las balsas jaula marinas a los ecosistemas acuáticos aun no se han evaluado. Es necesario prestar especial atención a la demanda creciente de harina de pescado para la salmonicultura, que podría ejercer presión sobre algunas poblaciones de peces marinos (anchoveta, jurel, sardina, entre otros), aun cuando estas poblaciones están sujetas a los límites máximos de captura. Han surgido conflictos locales entre el cultivo industrial del salmón y la industria turística, aunque se sigue trabajando para completar la delineación de las áreas que se consideran apropiadas para la acuicultura.
Es urgente poder ver estrategias multidisciplinarias de protección de nuestra zona para evitar que el modelo de desarrollo económico local se imponga desde afuera. Para ello la organización civil o ciudadana hoy es más urgente y necesaria que nunca para la exigencia de una visión de futuro compartida desde los habitantes de nuestro territorio.