“En Chile todos los servicios básicos y los que concierne a la extracción de los recursos naturales están privatizados y entregados a los intereses y conformidades de las transnacionales y eso explica sin preámbulos porque estamos como estamos y devuelta hacia un subdesarrollo que creíamos superado”
Nada puede ser más antichileno, cuando la ley, la forma y el protocolo de los servicios y la explotación de los recursos naturales, se deciden en Italia, España, Noruega, Canadá, Suiza, etc. Nada puede ser más irregular y fuera de orden, que cuando los directorios de estas empresas están compuestos por chilenos elegidos a dedo y no precisamente por sus profesiones, o porque representan los intereses de la ciudadanía y del gobierno y son elegidos simplemente por sus redes familiares y de amistad con el poder empresarial y político, de relaciones que son puestas al servicio de los intereses foráneos, para sacar la mejor tajada de un Chile que es de todos y no solo de algunos como muchos creen, aunque eso signifique traicionar a miles de compatriotas. Lo que podría denominarse, como “el irresponsable silencio de los responsables”.
Estos pormenores poco conocidos hasta ahora por la masa ciudadana que no tiene tiempo para preocuparse de estos temas, explican el porqué ningún senador o diputado, haya salido en defensa de los intereses de miles de ciudadanos que se quedaron sin energía domiciliaria por la ineficiencia de Enel Italia en el sector oriente de la Región Metropolitana; o de aquellos ciudadanos que en Chiloé vieron como las salmoneras contaminaban el mar; o de esos ciudadanos que soportaron los grandes incendios de las forestales, o de aquellos pobladores que hace décadas, soportan que las empresas mineras pasen a llevar sus derechos constitucionales contaminando sus territorios.
Uno de los grandes problemas del Modelo Neoliberal chileno (único en el mundo por lo demás) es que todo está en manos del mercado y de las transnacionales, haciendo en el territorio nacional, todo lo que no pueden hacer en sus países de origen y sacar jugosas ventajas comparativas a costillas de la sustentabilidad de nuestro querido Chile; en lo que se refiere a métodos y protocolos de explotación de los recursos naturales y servicios. Somos el único país del planeta que ha privatizado el agua dulce. Incluso las leyes están diseñadas para que estas mismas transnacionales puedan financiar gobiernos, diputados y senadores en sus campañas políticas por medio de los “aportes reservados” que todos sabemos que de reservados tienen bien poco y todo para que legislen y hagan la vista gorda de una serie de irregularidades, en beneficios de sus intereses comerciales.
Por segunda vez en el año, Santiago, vivió en carne propia lo que es estar bajo la jurisdicción de una transnacional sin ética y sin moral (antes con aguas andinas y ahora con ENEL) que lo único que le interesa es invertir poco y ganar mucho, para obtener la mayor rentabilidad posible, operando sin preocupación social alguna y sin importarle las consecuencias que su proceder afecte a miles de chilenos. Esta dura realidad que muchos santiaguinos la están empezando a vivir en carne propia por primera vez, es lo que viven a diario las regiones, que sufren el escarnio de las Forestales, Salmoneras y de la empresas mineras. Que tal como sucedió en el barrio alto santiaguino (por la gran nevazón) destruyen a diario la calidad de vida de cientos de ciudadanos, que ven deslegitimada su proyección de vida y de desarrollo por las malas prácticas de estas empresas.
Las leyes relacionadas con los servicios de primera necesidad y explotación de recursos naturales, han sido diseñadas para favorecer a las transnacionales y nada para garantizar los derechos de los chilenos. Estas empresas para favorecer sus intereses, pagan suculentos sueldos a los miembros designados de los directorios y políticos en general, para garantizar la inamovilidad y la falta de fiscalización. Somos un país con escasos recursos para financiar procesos de producción y solventar la infraestructura de los servicios básicos y su operación y se puede entender que la privatización es una necesidad y una norma determinada por la globalización. Pero es indudable que los organismos competentes del estado deben fiscalizar acuciosamente la operación de estas empresas, para que no abusen de su poder y que con el tiempo no terminen coartando la proyección de desarrollo del país, por permitirles apoderarse de nuestros servicios básicos y la explotación de nuestra riqueza natural, sin las mínimas normas del sentido común, destruyendo nuestra calidad de vida y contaminando nuestros territorios.
Las transnacionales carecen de responsabilidad social y poco les importa nuestra sustentabilidad y proyección de futuro; es un dato de la causa, pero no por ello debemos aceptarlo. El seudo modelo de desarrollo ha proyectado un Estado prácticamente inexistente en temas de fiscalización y no cumple con las labores mínimas y no obliga a las transnacionales a vincularse con los procesos sociales, transformando a la ciudadanía en un ente que se estruja por todos los medios posibles, sin hacer las innovaciones productivas y tecnológicas que deben, para mejorar la competitividad de los procesos de producción, a establecer condiciones laborales positivas, proyectar el entorno con sentido social, gestionar sustentablemente los territorios y comprometerse con el entorno, cultural, medioambiental y laboral del país.
El concepto de responsabilidad social de una empresa sea cual sea su giro y origen, debe ser innegociable en un país que se respete a si mismo, exigiendo respeto por las regulaciones y no permitir el abuso. Deben respetar los acuerdos sobre prevención, no estimular la corrupción como suele suceder con las transnacionales, respetar los derechos humanos de sus trabajadores y de sus clientes en materia de servicios. Garantizar el cumplimiento de las regulaciones con los subcontratistas, socios comerciales y proveedores en general, con quien establezcan relaciones laborales y comerciales. Las multas por los malos manejos y toma de decisiones inadecuadas en contra de las comunidades y del medio ambiente, deben ser ejemplarizadoras y en los casos que sea necesario, que los responsables paguen con cárcel efectiva.
Un ejemplo del abuso lo encontramos a diario en regiones. La transnacional Marine Harvest, empresa salmonera de origen Noruego, que tiene todo el sur austral contaminado y responsable de la catástrofe ambiental del mar chilote; en Noruega está sujeta a una regulación estricta. Las concesiones en ese país se renuevan cada seis meses y si no cumplen con los procesos de carga, manejo ambiental y no hacen un uso responsable de los antibióticos, pierden los permisos, les cierran los cultivos y las multas son millonarias y los responsables paguen con cárcel y están obligados a pagar sueldos éticos a sus trabajadores. En Chile las concesiones son perpetuas, no tienen exigencia alguna y no se las fiscaliza como corresponde.
Los sucesos ocurridos en Aysén en la comuna de Chile Chico en la Mina de oro Delia II, de propiedad de la Minera Cerro Bayo (canadiense) que le costó la vida a dos trabajadores, pudo haberse evitado si se hubiera fiscalizado como corresponde. Operó por décadas sin respetar el medio ambiente y la seguridad de sus trabajadores y ningún organismo competente como Sernageomin, diputado, senador, alcalde, Gobernador o Intendente de Aysén fiscalizo. Por esta negligencia murieron dos trabajadores y pudieron haber sido muchos más. Si el accidente hubiese ocurrido en un día laboral y no en un fin de semana.
Cualquier país con sentido común, que respete su proyección de futuro, en lo que se refiere a los recursos estratégicos como el agua, la energía y todo lo relacionado con las riquezas naturales, deben tener estos intereses bajo la atenta fiscalización del Estado. En Chile todos los servicios básicos y los que concierne a la extracción de los recursos naturales están privatizados y entregados a los intereses y conformidades de las transnacionales y eso explica sin preámbulos porque estamos como estamos y devuelta hacia un subdesarrollo que creíamos superado.
