Comisión Ciudadana Técnico Parlamentaria para
la Política y la Matriz Eléctrica entregó al Presidente del Senado, Guido
Girardi documento que sistematiza propuestas legislativas necesarias para
impulsar una reforma al mercado eléctrico, fomento a las Energías Renovables No
Convencionales (ERNC), Eficiencia Energética y la internalización de los costos
ambientales de la generación termoeléctrica en Chile.
La acción se orientó a destacar la necesidad de
llevar las iniciativas propuestas en el documento “Chile Necesita una Gran
Reforma Energética” a la práctica, ya que es en el poder legislativo
donde se pueden implementar gran parte de las recomendaciones hechas por la
Comisión Ciudadana Técnico Parlamentaria (CCTP).
Durante la entrega del texto, el Senador Carlos Cantero, presidente de la comisión de minería
y energía de la Cámara Alta y miembro activo de la CCTP, destacó la calidad técnica de las propuestas, y
el compromiso con el futuro del país por parte de sus integrantes. “El documento de la comisión es el inicio de una nueva forma
de trabajo del parlamento con la ciudadanía, es una nueva manera de hacer
política donde no se imponen ideas por la fuerza sino que prima la fuerza de
las ideas”, explicó.
En representación de las organizaciones
ciudadanas, Sara Larraín valoró el trabajo llevado a cabo por los integrantes de la
comisión, destacando que “el texto representa un acuerdo transversal para un cambio
estructural”.
Al recibir el libro, el senador Guido Girardi recordó la génesis de la CCTP, indicando que mientras la
comisión ciudadano técnico parlamentaria tomó la representación del bien común
y del interés del país, “la comisión asesora del presidente representa la defensa del
modelo neoliberal. Hoy Chile es rehén de intereses monopólicos, donde las
decisiones eléctricas ni siquiera pasan por los gobiernos de turno, sino que
por empresarios que funcionan pensando en la rentabilidad de su negocio y no en
el bien del país”, indicó el presidente del senado, añadiendo que “sin duda este documento es un punto de partida para cambiar
la situación, y parte importante de las propuestas ya están en el Congreso en
alguna etapa “, dijo.
AVANCES LEY
20/20
Durante la entrega, Larraín además criticó la
reducción de 26% en el presupuesto para ERNC y de un 13% para Eficiencia
energética “mientras que el presupuesto 2012 para la comisión de energía
nuclear bordea los 9 mil millones de dólares, casi 8 veces más que el 2011,
esto es incongruente con lo que ha declarado el Gobierno”, indicó.
Girardi, en tanto, llamó a democratizar el modelo energético chileno, “apostando por energía más limpia y con generación
distribuida. Chile tiene un altísimo potencial mareomotriz, eólico y solar y ni
siquiera hay planes pilotos en ejecución: estamos muy atrasados” sentenció.
A pesar de las críticas, el senador Cantero
concluyó la conferencia destacando un avance positivo: la comisión minería y energía de la Cámara Alta terminó de
recoger indicaciones sobre la Ley 20/20, y que el próximo miércoles 16 iniciará
su votación en particular. “Estimo que a fines de noviembre el proyecto estará en
condiciones de ser votado en la sala para ser despachado en primer trámite
constitucional”, puntualizó.
LAS
INICIATIVAS LEGALES
El libro sistematiza las iniciativas energéticas
ya existentes, pero incluye además nuevas propuestas de ley sobre reformas al mercado eléctrico; para el fomento a las Energías Renovables No Convencionales (ERNC); para la creación de una institucionalidad pública y metas de largo plazo sobre Eficiencia Energética; para fomentar la Generación Residencial y para la internalización de los costos ambientales de la generación
termoeléctrica, mediante normativas e impuestos ambientales.
Destaca la propuesta para reformar la Ley General
de Servicios Eléctricos (LGSE), con el objeto de modificar los procedimientos para la energía de respaldo
(punta y falla) y el precio de potencia. Esta reforma apuesta a incluir, por una parte, la licitación separada de bloques de energía para respaldar los
sistemas eléctricos en demanda de “punta” y por otra, una nueva regulación para el cálculo del precio de “punta” y
el pago de potencia.
Se hace énfasis además en la necesidad de reformar
la institucionalidad de los CDEC, para establecer una institucionalidad independiente de las generadoras. La idea es crear Centros de Operación Independiente (COI) de los
sistemas eléctricos interconectados, con profesionales especializados y un directorio con
representación del estado, los clientes libres y regulados y los consumidores
residenciales y comerciales; e información pública sobre despachos y desempeño
del parque generador.
También se llama a reformular el mecanismo y procedimientos de licitación para
facilitar la desconcentración del mercado y reducir barreras al ingreso de las ERNC, lo que implica una reforma a la LGSE que contempla plazos que permitan competencia, bloques de
energía menores y discriminación positiva para nuevos actores, junto a licitaciones separadas para los bloques ERNC, que deberán ser acreditados en virtud de la Ley
20.257. Adicionalmente propone licitaciones de energía con tecnología y localización (considerando restricciones territoriales y ambientales)
determinada por la autoridad para nuevos inversionistas.
Otras iniciativas incluyen procedimientos de cierre y /o repotenciación de centrales generadoras termoeléctricas
ineficientes y contaminantes; considerar a la leña oficialmente como combustible, traspasando su fiscalización a la
Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) y dar urgencia al Proyecto de ley que “Modifica los procedimientos tarifarlos
de la Ley General de Servicios Eléctricos", eliminando distorsiones y
otros problemas asociados a la tarifa eléctrica.
La comisión además pide una reforma a la Ley que
crea el Ministerio de Energía con el objeto de incluir en su mandato la
formulación e implementación de una “Política Nacional de Seguridad Energética
Estratégica”, en coincidencia con las exigencias de la OECD para el
ingreso de Chile a la Agencia Internacional de Energía (AIE).
IMPUESTO
AMBIENTAL: Uno de los principales planteamientos de la comisión ha sido
la necesidad de sincerar las externalidad negativas
que producen a la salud de las personas y al medio ambiente la generación
eléctrica a partir de combustibles tradicionales, especialmente el carbón y el
diesel.
En se sentido, la comisión llamó a diseñar un proyecto de Ley que incorpore en la LGSE un cargo
de beneficio fiscal a la generación termoeléctrica o ECO-impuesto, con el objeto de internalizar parte de los costos que causan
a la salud de la población y al medioambiente, además del cumplimiento de las normas de
emisión correspondiente. Este cargo deberá aplicarse a la energía realmente ingresada
a los sistemas eléctricos procedentes de este tipo de centrales, y tener un monto diferenciado para el caso de centrales a
gas (menor impacto y menor cargo) y centrales a petróleo y carbón (mayor impacto y mayor cargo). Los montos recaudados por este
cargo fiscal serán utilizados para la restauración ambiental en áreas
afectadas por termoeléctricas y para la promoción de generación limpia,
mediante ERNC.
Además pidió la dictación de una norma que limite las emisiones de metales pesados
de las centrales termoeléctricas, para así corregir la distorsión que excluyó normar las emisiones de
Mercurio (Ug), Vanadio (Va) y Níquel(Ni) en la dictación de la “Norma de emisión para
termoeléctricas” el año 2010.
Se llamó también al diseño de una norma que determine condiciones para los
procesos y tecnologías de enfriamiento de las centrales termoeléctricas, con el fin de evitar los graves impactos sobre los
ecosistemas marinos y el borde costero, tales como mortalidad de fito y zooplancton en el proceso de succión de
agua de mar y el efecto del sistema anti-foulin (anti- algas), por incrustación en los sistemas de filtro, el shock térmico
y el proceso de desulfurización.
FOMENTO A LAS
ERNC: Para
ampliar la matriz energética a fuentes renovables no convencionales, se pide aumentar a un 20% en 2020 la obligación de
retirar energía eléctrica en los sistemas interconectados generada con ERNC. Lo que se propone es denominar a esta futura ley “2020/20.000”, lo que significa que al año 2020 la generación de electricidad por
medios ERNC no deberá ser menor a 20.000 GWh.
En el mismo sentido se propone realizar licitaciones separadas para la
adjudicación de los bloques de energía correspondientes al cumplimiento de las
cuotas ERNC (que mandata la Ley 20.257) que deben retirar las comercializadoras y
distribuidoras; diferenciando condiciones de licitación por tecnología, para incentivar la diversificación de la matriz; e imponer condiciones para el ingreso prioritario de nuevos
actores al mercado eléctrico, para disminuir la excesiva concentración existente y tender hacia una verdadera economía de mercado en el sector.
EFICIENCIA
ENERGÉTICA: Entre otras propuestas de eficiencia energética (EE), la Comisión pide iniciar el diseño de una propuesta de Ley de
Eficiencia Energética para el país que institucionalice las metas, instrumentos e institucionalidad
publica de la Agencia Chilena de Eficiencia Energética (ACHEE) y restablecer el carácter público del Programa Nacional de
Eficiencia Energética, actual Agencia Chilena de Eficiencia Energética, junto con asegurar un presupuesto incremental anual de dicho órgano que
asegure su continuidad y acción estratégica de largo plazo.
Establecer normas básicas que deberán cumplir las
empresas energo-intensivas (EEI) así como el límite de consumo que actualmente se define a
nivel internacional para las empresas EEI, y para los escenarios futuros. Las metas deberían establecerse por Ley y los requerimientos
específicos definirse en el reglamento de la ley de EE.
Implementar los compromisos presidenciales de
Política de Calefacción y del Programa de Recambio de Refrigeradores, haciendo efectivos los anuncios de: Política Nacional de Calefacción, Programa Nacional de
Recambio Masivo de Refrigeradores de la Cuenta Pública del Gobierno, en Enero
de 2011.
GENERACIÓN
RESIDENCIAL: El libro además propone suma urgencia para la tramitación del Proyecto de Ley
Regula el pago de las tarifas eléctricas de las generadoras residenciales”, conocido también como “Proyecto de Medición Neta” y su respectivo reglamento, acogiendo la propuesta de
aumentar de 100 a 300 kW la capacidad de las instalaciones que podrán acogerse
a la Ley. Esto permitirá integrar a cooperativas agrícolas,
asociaciones de pescadores, locales comerciales, centros de salud, hospitales y
establecimientos educacionales, entre otros.
Prensa Instituto de Ecología Política IEP – Fuente Comunicado
- Publicado jueves 10 noviembre 2011