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sábado, 29 de julio de 2017

Video explica indicaciones del Ejecutivo que pretenden debilitar aplicación de caudal ecológico aprobado por la Cámara de Diputados

Ver video en: https://www.youtube.com/watch?v=prBJCP93yjk
En discusión de reforma al Código de Aguas en el Senado
Junto con las “aguas del minero”, el martes 1 de agosto se votará la norma  que exige  mantener un caudal  de agua mínimo para asegurar la preservación de los acuíferos y ecosistemas que sostienen las actividades de subsistencia y las economías asociadas a los ríos.
Con un video viral, la campaña ciudadana “¿De qué lado estarás tú?” inició esta semana una ofensiva para revertir los intentos del Ejecutivo de recortar en el Senado lo aprobado por la Cámara de Diputados en el contexto de la reforma al Código de Aguas, específicamente en lo relativo a caudal ecológico para los derechos ya otorgados. La votación en la Comisión de Recursos Hídricos de la Cámara Alta se realizará el martes 1 de agosto, a partir de las 10:30 horas, ocasión en que se también se zanjará la figura de las aguas del minero.
Bajo el título “Caudal ecológico para todos los ríos de Chile”, la pieza audiovisual alerta sobre la presión que gremios energéticos como la Asociación de Penqueñas y Mediana Centrales Hidroeléctricas (APEMEC) han realizado sobre  la administración de Michelle Bachelet, para  liberar plantas de hasta 20 megawatts de la obligación de cumplir con el caudal ecológico, incluso en áreas protegidas.  Esta excepción constituiría un factor de dumping ambiental que privilegiaría a empresas con capacidad de inversión de hasta unos de 60 millones de dólares, (es decir unos 40 mil millones de pesos),  permitiéndoles en los hechos  secar ríos y sacrificar cuencas en pos de grandes intereses económicos.
La reforma aprobada en la Cámara de Diputados también estableció que en el caso de los derechos ya otorgados, el caudal ecológico se aplicará con relación a las áreas silvestres protegidas (parques, reservas nacionales, reservas de región virgen), sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad, humedales incluidos en la Convención Ramsar y áreas amenazadas y degradadas. El gobierno, mediante indicación, intenta eliminar esta posibilidad en los sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad y las áreas amenazadas y degradadas.
La importancia del caudal ecológico es que permite asegurar la preservación de las cuencas hidrográficas y la integridad de los ecosistemas  que sostienen  todas las actividades  que requieren del agua, como la agricultura, la industria y las ciudades.
Ese día, además, se resolverá uno de los principales privilegios de la minería, las llamadas “aguas halladas” o "aguas del minero". En esta votación en particular se pondrá a prueba la independencia del senador DC Jorge Pizarro, quien será próximamente formalizado por recibir aportes ilegales de SQM, compañía minera que ha demostrado un particular interés en incidir en la regulación hídrica del país.
La Comisión de Recursos Hídricos del Senado está integrada, además de Pizarro, por Adriana Muñoz (PPD, quien la preside), Isabel Allende (PS), Víctor Pérez (UDI) y Francisco Chahuan (RN).

jueves, 11 de mayo de 2017

En Comisión de Recursos Hídricos del Senado: Nueva Mayoría se une a la Derecha para mantener figura propietarista de “derechos de aprovechamiento” de agua

  • Haciéndose eco de las acusaciones de la derecha sobre la inconstitucionalidad de la figura de concesiones, legisladores votaron a favor de revertir lo aprobado por la Cámara de Diputados.
  • PPD Adriana Muñoz, aunque aportó a la unanimidad, argumentó en contra señalando que esto era “no solo un cambio de nombre, sino lo que se busca es ir asimilando cada vez más los nuevos derechos que se otorgarán a los ya otorgados”. 
A pesar de las diferencias públicas de la Nueva Mayoría con la Derecha respecto de las reformas al Código de Aguas, en la Comisión de Recursos Hídricos del Senado aún persisten ciertas coincidencias. Durante la votación de las indicaciones del Ejecutivo que revierten varios avances alcanzados en la Cámara de Diputados, sus legisladores estuvieron a favor de mantener la visión propietarista del Código de Aguas al rechazar cambiar la figura de “derechos de aprovechamiento” por la de “concesiones”. 
Fue este martes que se inició la votación de las propuestas del gobierno, digitadas por un Ministerio de Hacienda que se hizo eco de las demandas del gran empresariado.
Entre otras, aumenta el plazo para quienes acaparan el agua sin usarla, los que podrán seguir especulando por cinco y diez años (derechos consuntivos y no consuntivos, respectivamente), sin que se extingan dichos otorgamientos.
Asimismo desliga a las empresas mineras de pedir autorización para el uso de las aguas que afloren en sus faenas y elimina la exigencia de mantener caudales ecológicos en áreas degradadas, amenazadas y sitios prioritarios para la biodiversidad cuyas fuentes estén siendo afectadas, entre otras materias.
La comisión está integrada por Adriana Muñoz (PPD), Jorge Pizarro (DC), Isabel Allende (PS), Francisco Chahuan (RN) y Víctor Pérez (UDI). 
“La reforma al Código de Aguas ha tenido graves problemas al ingresar al Senado, en la medida en que por presión del Ministerio de Hacienda, haciéndose eco de los distintos sectores productivos, la Presidenta Bachelet ha ingresado una indicación que elimina muchos de los avances que se lograron en la Cámara” señaló luego de la votación la directora de Chile Sustentable Sara Larraín. 
Durante la sesión cada uno de los legisladores, con excepción de Pizarro, entregó sus argumentos, votando unánimemente a favor de eliminar el concepto de “derechos de aprovechamiento”, aunque por distintos motivos. En el caso del RN Francisco Chahuan apeló a la “coherencia normativa” ya en su opinión debe usarse la misma figura para todos los tipos de autorizaciones, luego de amenazar insistentemente con recurrir al Tribunal Constitucional de aprobarse la figura de concesiones.
Por la Nueva Mayoría, Adriana Muñoz (PPD y presidenta de la comisión), aunque votó a favor, dejó establecida su postura critica, en el sentido que “esto no es solo un cambio de nombre, sino lo que se busca es ir asimilando cada vez más, y es la propuesta que han hecho los colegas de la oposición, los nuevos derechos -que se otorgarán sobre el 10 % de las aguas superficiales de las cuencas y el 50 % de las subterráneas- a los ya otorgados, y ese es el tema central”.
Otra de las indicaciones discutidas fue la de Pizarro, quien proponía eliminar dentro de los usos prioritarios el “doméstico de subsistencia”, debido a los riesgos que una amplia interpretación podía conllevar (el mejor ejemplo, lavado del auto). Sin embargo, varios senadores insistieron en mantener la frase “actividades de subsistencia” dentro de los usos prioritarios del agua, además del agua potable, el saneamiento y la preservación de los ecosistemas. 
Asimismo se aprobó la posibilidad de que el gobierno pueda establecer reservas de agua, lo cual implica que habrá un decreto del Ejecutivo que establece reservas de agua para usos prioritarios, y esas permitirán denegar derechos para usos productivos, para que así el Estado las cautele para consumo humano y protección de los ecosistemas.
La próxima semana –martes 16 de mayo- continuará la votación en particular sobre reformas fundamentales: la temporalidad de 30 años máximo en el otorgamiento de los nuevos derechos; y las causales para denegar la prórroga de estos, entre ellas si los recursos hídricos son destinados a usos distintos a los que se establecieron en su otorgamiento. También se resolverá sobre la obligación de las empresas mineras a informar sobre las aguas halladas en el área de su concesión y pedir autorización para su uso, tal como se le exige a todos los sectores productivos. Actualmente las así llamadas “aguas del minero” no se informan ni se solicitan, lo cual ha generado una distorsión a favor de un sector productivo particular.

lunes, 1 de mayo de 2017

Viral sintetiza los “goles” que pretende pasar el gobierno en reforma al Código de Aguas

  • La próxima semana se iniciará la votación en la Comisión Especial de Recursos Hídricos del Senado, que ha sido presionada fuertemente por sectores empresariales de la energía, minería  y agricultura, para desmantelar el proyecto que busca garantizar el acceso humano al agua y proteger las fuentes naturales.
  • Propuesta del Ejecutivo ha concitado rechazo entre organizaciones de la sociedad civil, además de parlamentarios del propio oficialismo y la oposición.
Con un video lanzado durante esta semana, el programa Chile Sustentable denunció los cambios que el gobierno está proponiendo a la reforma del Código de Aguas en el Senado. La iniciativa, aprobada en noviembre del año pasado por el pleno de la Cámara de Diputados, busca avanzar en garantizar el acceso humano al agua y proteger las fuentes naturales.
La ofensiva audiovisual, ue solo en facebook ya lleva más de 80 mil reproducciones, se suma a los cuestionamientos que, desde las propias filas oficialistas, la oposición y la sociedad civil, se han planteado frente a las indicaciones ingresadas recientemente por el Ejecutivo y que fueran coordinadas por el Ministerio de Hacienda. Esto llevó a la directora de Chile Sustentable, la ambientalista Sara Larraín, a señalar que este gobierno claudicó ante los intereses de los empresarios y la mirada mercantil de la sociedad.
Con el títuloPeligro de gol a la reforma del Código de Aguas, la pieza da cuenta de los principales cambios propuestos por la administración Bachelet para desmantelar el sentido profundo de la reforma, que va en la línea de ir instituyendo el derecho humano al agua como uno fundamental.
Es así que el gobierno plantea eliminar la figura de las concesiones temporales de agua para los futuros otorgamientos, oncepto que fuera aprobado por los diputados, manteniendo el de derecho de aprovechamiento. Esto es una distorsión con respecto a la forma en que se utilizan los demás bienes públicos, como las concesiones pesqueras o mineras, que en última instancia se reconocen como propiedad el Estado.   También aumenta el plazo  para quienes acaparan el agua sin usarla, los que podrán seguir especulando por cinco y diez años (derechos consuntivos y no consuntivos, respectivamente), sin que se extingan estos.
Además exime a las empresas mineras de solicitar autorización para utilizar las aguas halladas en el área de la concesión y elimina la exigencia de mantener caudales ecológicos en áreas degradadas, amenazadas y sitios prioritarios para la biodiversidad cuyas fuentes estén siendo afectadas.  Asimismo, libera a los inversionistas en hidroeléctricas de hasta 20 megawatts de la exigencia de dejar caudal ecológico, lo cual es una excepción que hoy solo opera para los pequeños campesinos, beneficiarios de INDAP, y los usos de subsistencia.
Por último, permite cambiar los puntos de  extracción de aguas de una cuenca a otra sin evaluar los posibles perjuicios al medioambiente y a las comunidades locales.
A las indicaciones del Ejecutivo se sumó una del senador DC Jorge Pizarro que va en la misma línea (y que originalmente tenía pensado impulsar La Moneda) al proponer eliminar la priorización del agua para “uso doméstico de subsistencia, lo cual perjudica a comunidades agrícolas, indígenas y campesinos.
Todos estos cambios van en sintonía con el lobby de sectores empresariales de la energía, minería  y agricultura, con el objetivo de revertir las reformas.
Reacciones
Desde el oficialismo han cuestionado fuertemente las indicaciones del gobierno.  Según consignó El Pulso, el propio presidente de la Cámara de Diputados, Aldo Cornejo, señaló que nos preocupa que se quiera modificar el tema de los derechos indefinidos con el objetivo de ‘eliminar ruidos’ como ha señalado el ministro de Hacienda”. Sabemos que desde la derecha se ha intentado desinformar y que se ha hablado hasta de expropiación, lo que absolutamente falso. Esperamos que el Senado no dé luz verde a estos cambios y se respete el sentido de lo aprobado en primer trámite constitucional explicó el legislador DC. Su correligionario Mario Venegas indicó que la fuerza de los grupos de presión y del lobby está llevando a que se distorsione la idea apoyada en la Cámara. Si el Senado las aprueba tendremos que irnos a Comisión Mixta”, al tiempo que dio cuenta de la molestia de las bancadas de la Nueva Mayoría con la propuesta del Ejecutivo.
Desde el PPD, la presidenta de la Comisión de Recursos Hídricos de la Cámara de Diputados, Cristina Girardi, anunció una ofensiva con los senadores para evitar que sean apoyadas las indicaciones. Hay una contradicción porque si hablamos del agua como un bien nacional de uso público, no puede convertirse en propiedad privada y que se pueda disponer de ella como si fueran acciones. En cualquier lógica de sobrevivencia el recurso no puede ser apropiado por unos pocos, ni siquiera con equidad porque está concentrado donde hay más plata señaló.

Desde el Senado, el independiente Antonio Horvath también criticó la propuesta: Es un paso atrás respecto de lo que originalmente se había aprobado indicó al canal aysenino Santa María TV, con lo que concordó el presidente de la Corporación Privada par el Desarrollo de Aysén (Codesa), Patricio Segura, quien puntualizó que estas indicaciones están planteando revertir, en alguna medida, todos los logros” alcanzados en la Cámara de Diputados. Recordó el dirigente que este tema es particularmente sensible para la zona austral, al existir impactos en el acceso al agua para comunidades que están aguas arriba de los derechos entregados, particularmente en el caso del río Baker, porque se tiene que asegurar el caudal para que las potenciales hidroeléctricas deban operar. Entonces, la discusión sobre energía y agua es muy importante para la región de Aysén”.
El martes 2 de mayo, a partir de las 10:30 horas, la Comisión Especial de Recursos Hídricos comenzará la votación de todas las indicaciones que se presenten, sesión que podrá ser seguida online a través del portal de televisión del Senado.  Integran la comisión Adriana Muñoz (PPD, quien la preside), Víctor Pérez (UDI), Jorge Pizarro (DC), Isabel Allende (PS) y Francisco Chahuan (RN).
Revisa el video acá:
Facebook: https://www.facebook.com/chilesustentable/videos/1386815904689782/
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=p-6xL33LaYI

jueves, 10 de noviembre de 2011

Comision Ciudadana de Energia entrega a Presidente del Senado Propuesta para reformular sector eléctrico chileno

Comisión Ciudadana Técnico Parlamentaria para la Política y la Matriz Eléctrica entregó al Presidente del Senado, Guido Girardi documento que sistematiza  propuestas legislativas necesarias para impulsar una reforma al mercado eléctrico, fomento a las Energías Renovables No Convencionales (ERNC), Eficiencia Energética y la internalización de los costos ambientales de la generación termoeléctrica en Chile.
La acción se orientó a destacar la necesidad de llevar las iniciativas propuestas en el documento “Chile Necesita una Gran Reforma Energética” a la práctica,  ya que es en el poder legislativo donde se pueden implementar gran parte de las recomendaciones hechas por la Comisión Ciudadana Técnico Parlamentaria (CCTP).
Durante la entrega del texto, el Senador Carlos Cantero, presidente de la comisión de minería y energía de la Cámara Alta y miembro activo de la CCTP, destacó la calidad técnica de las propuestas, y el compromiso con el futuro del país por parte de sus integrantes. “El documento de la comisión es el inicio de una nueva forma de trabajo del parlamento con la ciudadanía, es una nueva manera de hacer política donde no se imponen ideas por la fuerza sino que prima la fuerza de las ideas”, explicó.
En representación de las organizaciones ciudadanas, Sara Larraín valoró el trabajo llevado a cabo por los integrantes de la comisión, destacando que “el texto representa un acuerdo transversal para un cambio estructural”.
Al recibir el libro, el senador Guido Girardi recordó la génesis de la CCTP, indicando que mientras la comisión ciudadano técnico parlamentaria tomó la representación del bien común y del interés del país, “la comisión asesora del presidente representa la defensa del modelo neoliberal. Hoy Chile es rehén de intereses monopólicos, donde las decisiones eléctricas ni siquiera pasan por los gobiernos de turno, sino que por empresarios que funcionan pensando en la rentabilidad de su negocio y no en el bien del país”, indicó el presidente del senado, añadiendo que “sin duda este documento es un punto de partida para cambiar la situación, y parte importante de las propuestas ya están en el Congreso en alguna etapa “, dijo.
AVANCES LEY 20/20
Durante la entrega, Larraín además criticó la reducción de 26% en el presupuesto para ERNC y de un 13% para Eficiencia energética “mientras que el presupuesto 2012 para la comisión de energía nuclear bordea los 9 mil millones de dólares, casi 8 veces más que el 2011, esto es incongruente con lo que ha declarado el Gobierno”, indicó.
Girardi, en tanto, llamó a democratizar el modelo energético chileno, “apostando por energía más limpia y con generación distribuida. Chile tiene un altísimo potencial mareomotriz, eólico y solar y ni siquiera hay planes pilotos en ejecución: estamos muy atrasados” sentenció.
A pesar de las críticas, el senador Cantero concluyó la conferencia destacando un avance positivo: la comisión minería y energía de la Cámara Alta terminó de recoger indicaciones sobre la Ley 20/20, y que el próximo miércoles 16 iniciará su votación en particular. “Estimo que a fines de noviembre el proyecto estará en condiciones de ser votado en la sala para ser despachado en primer trámite constitucional”, puntualizó.
LAS INICIATIVAS LEGALES
El libro sistematiza las iniciativas energéticas ya existentes, pero incluye además nuevas propuestas de ley sobre reformas al mercado eléctrico; para el fomento a las Energías Renovables No Convencionales (ERNC); para la creación de una institucionalidad pública y metas de largo plazo sobre Eficiencia Energética; para fomentar la Generación Residencial y para la internalización de los costos ambientales de la generación termoeléctrica, mediante normativas e impuestos ambientales.
Destaca la propuesta para reformar la Ley General de Servicios Eléctricos (LGSE), con el objeto de modificar los procedimientos para la energía de respaldo (punta y falla) y el precio de potencia. Esta reforma apuesta a incluir, por una parte, la licitación separada de bloques de energía para respaldar los sistemas eléctricos en demanda de “punta” y por otra, una nueva regulación para el cálculo del precio de “punta” y el pago de potencia.
Se hace énfasis además en la necesidad de reformar la institucionalidad de los CDEC, para establecer una institucionalidad independiente de las generadoras. La idea es crear Centros de Operación Independiente (COI) de los sistemas eléctricos interconectados, con profesionales especializados y un directorio con representación del estado, los clientes libres y regulados y los consumidores residenciales y comerciales; e información pública sobre despachos y desempeño del parque generador.
También se llama a reformular el mecanismo y procedimientos de licitación para facilitar la desconcentración del mercado y reducir barreras al ingreso de las ERNC, lo que implica una reforma a la LGSE que contempla plazos que permitan competencia, bloques de energía menores y discriminación positiva para nuevos actores, junto a licitaciones separadas para los bloques ERNC, que deberán ser acreditados en virtud de la Ley 20.257. Adicionalmente propone licitaciones de energía con tecnología y localización (considerando restricciones territoriales y ambientales) determinada por la autoridad para nuevos inversionistas.
Otras iniciativas incluyen procedimientos de cierre y /o repotenciación de centrales generadoras termoeléctricas ineficientes y contaminantes; considerar a la leña oficialmente como combustible, traspasando su fiscalización a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) y dar urgencia al Proyecto de ley que “Modifica los procedimientos tarifarlos de la Ley General de Servicios Eléctricos", eliminando distorsiones y otros problemas asociados a la tarifa eléctrica.
La comisión además pide una reforma a la Ley que crea el Ministerio de Energía con el objeto de incluir en su mandato la formulación e implementación de una “Política Nacional de Seguridad Energética Estratégica”, en coincidencia con las exigencias de la OECD para el ingreso de Chile a la Agencia Internacional de Energía (AIE).
IMPUESTO AMBIENTAL: Uno de los principales planteamientos de la comisión ha sido la necesidad de sincerar las externalidad negativas que producen a la salud de las personas y al medio ambiente la generación eléctrica a partir de combustibles tradicionales, especialmente el carbón y el diesel.
En se sentido, la comisión llamó a diseñar un proyecto de Ley que incorpore en la LGSE un cargo de beneficio fiscal a la generación termoeléctrica o ECO-impuesto, con el objeto de internalizar parte de los costos que causan a la salud de la población y al medioambiente, además del cumplimiento de las normas de emisión correspondiente. Este cargo deberá aplicarse a la energía realmente ingresada a los sistemas eléctricos procedentes de este tipo de centrales, y tener un monto diferenciado para el caso de centrales a gas (menor impacto y menor cargo) y centrales a petróleo y carbón (mayor impacto y mayor cargo). Los montos recaudados por este cargo fiscal serán utilizados para la restauración ambiental en áreas afectadas por termoeléctricas y para la promoción de generación limpia, mediante ERNC.
Además pidió la dictación de una norma que limite las emisiones de metales pesados de las centrales termoeléctricas, para así corregir la distorsión que excluyó normar las emisiones de Mercurio (Ug), Vanadio (Va) y Níquel(Ni) en la dictación de la “Norma de emisión para termoeléctricas” el año 2010.
Se llamó también al diseño de una norma que determine condiciones para los procesos y tecnologías de enfriamiento de las centrales termoeléctricas, con el fin de evitar los graves impactos sobre los ecosistemas marinos y el borde costero, tales como mortalidad de fito y zooplancton en el proceso de succión de agua de mar y el efecto del sistema anti-foulin (anti- algas), por incrustación en los sistemas de filtro, el shock térmico y el proceso de desulfurización.
FOMENTO A LAS ERNC: Para ampliar la matriz energética a fuentes renovables no convencionales, se pide aumentar a un 20% en 2020 la obligación de retirar energía eléctrica en los sistemas interconectados generada con ERNC. Lo que se propone es denominar a esta futura ley “2020/20.000”, lo que significa que al año 2020 la generación de electricidad por medios ERNC no deberá ser menor a 20.000 GWh.
En el mismo sentido se propone realizar licitaciones separadas para la adjudicación de los bloques de energía correspondientes al cumplimiento de las cuotas ERNC (que mandata la Ley 20.257) que deben retirar las comercializadoras y distribuidoras; diferenciando condiciones de licitación por tecnología, para incentivar la diversificación de la matriz; e imponer condiciones para el ingreso prioritario de nuevos actores al mercado eléctrico, para disminuir la excesiva concentración existente y tender hacia una verdadera economía de mercado en el sector.
EFICIENCIA ENERGÉTICA: Entre otras propuestas de eficiencia energética (EE), la Comisión pide iniciar el diseño de una propuesta de Ley de Eficiencia Energética para el país que institucionalice las metas, instrumentos e institucionalidad publica de la Agencia Chilena de Eficiencia Energética (ACHEE) y restablecer el carácter público del Programa Nacional de Eficiencia Energética, actual Agencia Chilena de Eficiencia Energética, junto con asegurar un presupuesto incremental anual de dicho órgano que asegure su continuidad y acción estratégica de largo plazo.
Establecer normas básicas que deberán cumplir las empresas energo-intensivas (EEI) así como el límite de consumo que actualmente se define a nivel internacional para las empresas EEI, y para los escenarios futuros. Las metas deberían establecerse por Ley y los requerimientos específicos definirse en el reglamento de la ley de EE.
Implementar los compromisos presidenciales de Política de Calefacción y del Programa de Recambio de Refrigeradores, haciendo efectivos los anuncios de: Política Nacional de Calefacción, Programa Nacional de Recambio Masivo de Refrigeradores de la Cuenta Pública del Gobierno, en Enero de 2011.
GENERACIÓN RESIDENCIAL: El libro además propone suma urgencia para la tramitación del Proyecto de Ley Regula el pago de las tarifas eléctricas de las generadoras residenciales”, conocido también como “Proyecto de Medición Neta” y su respectivo reglamento, acogiendo la propuesta de aumentar de 100 a 300 kW la capacidad de las instalaciones que podrán acogerse a la Ley. Esto permitirá integrar a cooperativas agrícolas, asociaciones de pescadores, locales comerciales, centros de salud, hospitales y establecimientos educacionales, entre otros.
Prensa Instituto de Ecología Política IEP – Fuente Comunicado -  Publicado jueves 10 noviembre 2011