Presentación de Programa a Jóvenes Líderes Ambientales

Por Rodrigo de la O -

Desde hace algún tiempo se ha estado desarrollando un taller denominado "Construyendo Ciudadanía Juvenil Ambiental". Este taller lo ejecuta la ONG Federico Albert Taupp de Chanco la que, a través de su presidente, nos invitó a participar con una ponencia en la que pudieramos compartir nuestra experiencia como Programa y contribuir en el desarrollo de este taller.

Como objetivo central este proyecto se orienta en potenciar a jóvenes en el manejo de herramientas y conceptos que ayuden a fortalecer a nevos "líderes y lideresas" en el ámbito del medio ambiente, su cuidado y la responsabilidad que nos compete a todos en ello. Es sumamente importante poder nutrir y compartir nuestros conocimientos para que las nuevas generaciones puedan comprender que necesitamos de ellos para conformar una ciudadanía activa y consciente que sea determinante a la hora de enfrentar los grandes desafíos que nuestras sociedades presentan hoy en día.

Cuando se nos hizo la invitación como Programa de Vigilancia Costero no pudimos más que agradecer la oportunidad y volcarnos por completo para ser un aporte real en el proceso de formación de nuestros jóvenes.

Nosotros seguimos retomando nuestras actividades habituales y, de forma paralela, proseguimos con la difusión de nuestras actividades y objetivos como así también de desarrollar y participar en todas las actividades posibles que permitan ser un aporte en la educación ambiental de nuestras comunidades.

EL AGUA ES DE LOS CHILENOS: RECHAZAMOS LA VENTA DE LAS EMPRESAS SANITARIAS.

El gobierno de Sebastian Piñera anuncio esta semana que estudia vender la participación que posee el Estado (a través de CORFO) en las empresas sanitarias Aguas Andinas, ESVAL, ESSBIO y ESSAL, cuya propiedad es de todos los chilenos.

Este anuncio, de concretarse, atenta contra los derechos ciudadanos y hace mas vulnerable el derecho de los chilenos al agua y el acceso a los servicios sanitarios.

Tal como ha informado la Superintendencia de Servicios Sanitarios, en la ultima década, entre 1998 y 2008, la privatización de las sanitarias provoco un gran aumento de las tarifas para la población, pero no mejoro sustancialmente no la cobertura de agua potable (de 99,3 a 99,8%) ni de alcantarillado (91,6 a 95,3%). Siendo la única excepción el tratamiento de aguas servidas, inversión que esta siendo pagada por los consumidores.

1.- La Central Unitaria de Trabajadores; la Federación Nacional de Sindicatos de las Empresas Sanitarias, La Federación Nacional de Agua Potable Rural; las Organizaciones de Iglesias; campesinos; indígenas y ambientalistas, rechazamos de manera enérgica, el anuncio de vender la participación del Estado en las empresas sanitarias. Profundizar la privatización generara mayores costos del servicio y una perdida patrimonial de todos los chilenos.

2.- El gobierno ha declarado que la venta de las acciones estatales de las sanitarias le reportara 1.300 millones de dólares, es decir un 13% de los 10.000 millones que dice requerir para el plan de reconstrucción de los próximos 4 años.

Pero esta medida privatizadora, para la mayoría de los chilenos significa una nueva pérdida de patrimonio y de control público sobre las aguas. Este impacto puede evitarse si el Estado conserva la participación accionaría en las 4 mayores empresas sanitarias, y utiliza la grandes utilidades anuales que le proporcionan dichas empresas para la reconstrucción del país.

3.- Así mismo, a finales del año pasado, la Superintendencia de Servicios Sanitarios manifestó su preocupación por la situación actual de las fuentes de agua y la incidencia que en esto tiene el cambio climático; el alza de las temperaturas, la disminución de las precipitaciones, y el aumento de la demanda de agua potable para el consumo humano. Adema hizo hincapié, en la urgencia de una mayor y mejor regulación y fiscalización en el uso de los derechos de agua. También, expuso la necesidad de establecer la factibilidad legal para que el consumo humano tenga prioridad frente a una eventual escasez de agua.

4.- En este contexto, la reforma Constitucional que se discute actualmente en el Congreso Nacional, y que busca consagrar el Agua como un Bien Nacional de Uso Público. En su fundamento, reconoce los desbalances y deficiencias del Código de Aguas de 1981; la situación de escasez e inequidad en el acceso al agua y la concentración desproporcionada de derechos de agua en pocas manos (3 empresas poseen el 90% de los derechos de agua para generación hidroeléctrica); y menciona la degradación ambiental y los conflictos crecientes por el agua en todo el país. Lo anterior es, totalmente contradictorio con la propuesta de venta que manifiesta el gobierno, ya que los problemas de gobernabilidad derivada de la normativa actual en materia de agua, ameritan una mirada de futuro, que no justifica enajenar lo que nos queda de este preciado bien común.

5.- Por todo lo anterior, hacemos un enérgico llamado a la ciudadanía a manifestar en todos los espacios posibles la oposición a esta medida inconsulta y arbitraria, y a los parlamentarios los instamos a comprometerse en el trabajo que permita revertir esta decisión política.

6.- Por ultimo, solicitamos al gobierno no llevar adelante esta iniciativa. Ya que la enajenación de patrimonio publico, amerita por lo menos una amplia discusión ciudadana, atendiendo que los bienes en cuestión, son de naturaleza esencial y estratégica para la vida humana.

Suscriben esta declaración:

Sr. ARTURO MARTINEZ. PRESIDENTE CUT

Sr. HUGO MATURANA. PRESIDENTE FENATRAOS

Sr. MANUEL MUNDACA. PRESIDENTE FEDERACIÓN NACIONAL DE AGUA POTABLE RURAL

Hna. CRISTINA HOAR. CONFEDERACION DE RELIGIOSOS Y RELIGIOSAS

Sra. SARA LARRAÍN. DIRECTORA PROGRAMA CHILE SUSTENTABLE

Sr. JUAN PABLO ORREGO. DIRECTOR ECOSISTEMAS

Mons. LUÍS INFANTI. VICARIATO APOSTOLICO DE AYSÉN

Sede de la CUT. Santiago 20 de mayo de 2010.

Chile, biodiversidad en peligro

por Flavia Liberona

En este sentido es muy relevante que entendamos que la vida humana depende de la sobrevivencia y sanidad de otras especies y ecosistemas y por tanto a este ritmo de destrucción, se dificulta el sustento de la humanidad, la que de acuerdo a diversas proyecciones de crecimiento pasaría de una población de 6.000 millones de personas en la actualidad, a unas 9.000 millones hacia mediados de siglo. Esto evidentemente conlleva un aumento de la contaminación y tiene incidencia directa sobre la disminución de especies. Por ello el 2010 fue designado como el Año Mundial de la Biodiversidad, momento en que deberíamos ocuparnos de tomar medidas para frenar el daño a la biodiversidad.

Dentro de las fronteras nacionales se reproduce la misma precariedad, pues la situación de las especies de flora y fauna del país, que suministran salud, riqueza, alimentos, combustible y otros servicios esenciales para el ser humano, se encuentra amenazada a lo largo y ancho de todo el territorio nacional. Es necesario consignar que Chile se caracteriza por un alto nivel de endemismo, es decir, por la presencia de un alto porcentaje de especies que surgieron y existen únicamente en el país, lo que eleva aún más su relevancia en el contexto mundial, y su necesidad de protegerla.

En 1992, en Johannesburgo, más de 100 países se comprometieron a frenar el ritmo de pérdida de especies en la década siguiente, objetivo que hoy, ad portas de la fecha límite, podemos constatar que ha fracasado rotundamente. En Chile, en particular, el país ha sido incapaz de discutir de manera seria y contundente una legislación de protección de nuestra biodiversidad. A diferencia de otros países de Latinoamérica, Chile no cuenta con una ley que proteja la diversidad biológica del país.

Uno de los escasos avances que, eventualmente, podrían exhibirse en la materia, es el compromiso del gobierno de Michelle Bachelet de enviar al Parlamento un proyecto para la protección de la biodiversidad (ley complementaria) en el contexto de la aprobación de la Ley de Bosques Nº20.283, así como otra propuesta para la creación de un Servicio de Áreas Silvestres Protegidas. Sin embargo, estos compromisos no se cumplieron. Tal como lo señala el informe de la OCDE del año 2005 sobre desempeño ambiental de Chile, estamos muy atrasados en protección y conservación de la biodiversidad. Lo que el país requiere es una legislación que apunte específicamente a proteger la biodiversidad en todas sus manifestaciones, plantas, animales, hongos, microorganismos, etc., independiente del lugar físico en que se encuentre, es decir, del tipo de ecosistema -aguas terrestres, marinas, humedales, montañas, bosques, zonas agrícolas, glaciares, etc.- o si forma parte de terrenos públicos o privados, o de un aéreas silvestre protegida.

Ya va siendo hora que las autoridades tomen cartas en el asunto y se la jueguen por poner a Chile a la misma altura de los países con mayores estándares para la protección de la biodiversidad. En el año de la biodiversidad sería deseable que el gobierno se comprometiera a sacar adelante la tan necesaria legislación para la protección y conservación de la biodiversidad, y además apoye todo aquello que signifique aumentar la alfabetización ecológica y conciencia ciudadana. La protección de las especies es una necesidad en un país en el que prevalece la mercantilización de los recursos naturales, incluyendo la diversidad biológica.

Como se ha puesto de manifiesto cada vez con más fuerza en los últimos años, la biosfera, es decir todos los ecosistemas del planeta, se encuentran en un punto de inflexión. Su situación es crítica, tal como lo han denunciado diversas instituciones incluyendo el Banco Mundial y Naciones Unidas; de hecho, para muchos, ya se ha traspasado más allá de una línea de no-retorno. Y pese a su rol y a la estrecha relación que existe entre las especies que habitan el planeta y la vida humana, resulta complejo calcular el enorme valor de los ecosistemas en términos monetarios. Pese a ello, es indispensable tomar conciencia de su importancia para la supervivencia de la especie humana. Naciones Unidas ha señalado la necesidad de poner en valor los servicios ambientales y visibilizar el coste económico de la biodiversidad. "Tanto los beneficios de la diversidad biológica como el costo de su desaparición han de ser introducidos en los sistemas económicos y en los mercados", señala el informe de la ONU.

Hoy más que nunca es indispensable abordar con seriedad este tipo de problemáticas a nivel país de manera de proteger, mientras aún sea posible, nuestro valioso patrimonio natural.

Gobierno espera retomar norma de termoeléctricas

Fuente: Gustavo Orellana V. - Diario Financiero

Ejecutivo está a la espera de que contraloría ratifique nombres para el COnsejo Consultivo de la conama

En las próximas semanas el ministerio de Medio Ambiente, encabezado por la titular María Ignacia Benítez, prevé retomar los estudios para desarrollar una norma de emisiones para las unidades generadoras termoeléctricas, proceso que comenzó el año pasado de la mano de la ex ministra de la cartera, Ana Lya Uriarte.

Según explicó ayer la ministra Benítez, por ahora se está a la espera de que Contraloría apruebe la composición del consejo consultivo de la Conama, cuyos integrantes ya están nominados. Una vez que eso ocurra, el cuerpo asesor comenzará a analizar la normativa.

La idea es generar un texto que establezca un límite a la contaminación atmosférica provocado por la combustión en unidades generadoras térmicas, especialmente aquellas que utilizan combustibles más contaminantes, diésel y carbón, y no tienen procesos eficientes para minimizar la polución. "Ese tema está en etapa de anteproyecto. Eso lo estamos viendo nosotros, lo tenemos que presentar al consejo consultivo. Estamos esperando que Contraloría, ratifique a los nuevos integrantes, porque el anterior consejo terminó sus funciones el 11 de marzo", ratificó la titular de la cartera.

Lineamientos centrales de la normativa

Según agregó Benítez, el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera mantendrá los principales lineamientos de la normativa, entre ellos, el carácter retroactivo de ésta. Es decir, las restricciones para las emisiones -que obligarán a las empresas dueñas de las centrales a invertir en tecnologías modernas para minimizar la polución- serán para las centrales nuevas y antiguas y no sólo las que se construyan después de publicada la norma.

No es el único tema al que hoy están abocados en el ministerio. La nueva institucionalidad ambiental, que considera una justicia ambiental, una superintendencia y el servicio de evaluación, están prontos a ver la luz.

"Estamos prontos a reingresar los decretos con fuerza de ley (DFL) que crean las plantas del ministerio, el servicio de evaluación y la superintendencia, entre otros estamentos. En los próximos días, cuando lo reingresemos tendremos noticias", manifestó Benítez, quien el fin de semana participó en el Foro de Cambio Climático realizado en Madrid, España.

La ministra también dio luces sobre los próximos pasos que dará el Ejecutivo respecto de la norma PM 2.5, que regulará el material particulado en la atmósfera. Benítez comentó que el texto se encuentra en Presidencia, y que en los próximos días debería regresar a la Conama. "Es un compromiso, vamos a normar el PM 2.5", dijo.