El talón de Aquiles de la seguridad del país es la energía. Chile está a la cabeza de los países sudamericanos dependientes de la importación de insumos para mover industrias y su transporte. Las importaciones alcanzan a 97 por ciento del consumo de petróleo, 84 por ciento del carbón y 70 por ciento del gas. Cualquier interrupción del flujo de crudo tendría efectos devastadores para la economía nacional pues paralizaría el grueso del transporte. Además golpearía el precio de la electricidad ya que doce por ciento de la generación se hace con diesel. Baste con ver lo ocurrido desde el año pasado en que el megavatio hora (MWh) subió desde 135 dólares a 228 en el primer semestre del año en curso. Con seguridad la mayoría de los consumidores han notado la diferencia en sus cuentas.
La recién formada Comisión Ciudadana Técnica Parlamentaria de Energía, integrada por parlamentarios de todo el espectro político y diversas organizaciones no gubernamentales, sostiene que el modelo energético chileno es disfuncional para los intereses nacionales y el de los consumidores. La ley general de servicios eléctricos fija dos objetivos prioritarios. El primero es garantizar la operación más económica. Está a la vista que esta meta no solo no se cumple sino que, por el contrario, el país tiene uno de los precios más altos de venta de la energía eléctrica en la región. El segundo objetivo es preservar la seguridad del servicio. Algo que tampoco es logrado a satisfacción pues el país depende de importaciones que pueden verse interrumpidas. Bastaría un conflicto con Irán, por citar un caso, para que los mercados dejen de operar como tales. El asunto de fondo es que sucesivos gobiernos han hecho poco y nada para incrementar la seguridad y autonomía energética nacional. Algo que es posible aumentar mediante un desarrollo decidido de las energías renovables no convencionales (ERNC). Apenas el tres por ciento de la energía eléctrica producida corresponde a fuentes de ERNC: un uno por ciento es eólica, otro uno por ciento es hidroeléctrica (centrales de menos de 20 MW) y el uno por ciento restante corresponde a biomasa. De acuerdo a la Asociación Chilena de Energías Renovables (ACERA) los precios de venta de las ERNC oscilan entre 60 dólares MWh para la biomasa y los 180 dólares el MWh para la energía termo solar. Más económicas que los 220 dólares el MWh de las centrales diesel que se han multiplicado en el último tiempo.
La irracionalidad económica y las desventajas sociales del sistema eléctrico chileno son evidentes. La razón para su continuidad descansa en los intereses creados de las tres empresas generadoras que controlan 84 por ciento de la energía del Sistema Interconectado Central que cubre desde Taltal a Chilóe, en el norte del país la concentración es aún mayor. La Comisión Ciudadana postula que es urgente invertir en las ERNC que bajarán el precio de la electricidad que consume cada chileno, hará más competitivas a las empresas que contarán con energía más económica y contribuirá a descontaminar el aire que se respira en el país.
