Escrito por Sara Larraín - Fuente: http://bit.ly/sTD5xy
Hay consenso en afirmar que en
nuestro país pagamos uno de los precios más altos por la electricidad, tanto de
Latinoamérica como del mundo, atribuyéndolo siempre a nuestra natural
escasez de combustibles fósiles como petróleo, carbón y gas natural; o la ocurrencia
de años secos.
Pero esta falta local de
combustible no es la causa relevante, sino que es debido a que las empresas
generadoras están marginando más de un 50% de sobre utilidad en el sector de
los consumidores residenciales, por encima del 10% aplicado sobre su costo
incluida la generación, teniendo presente que dicha tasa de rentabilidad es la
estipulada en la regulación para los segmentos de transmisión y distribución.
Para llegar a eso, hay que
partir por aclarar que el negocio de la generación eléctrica en Chile es un
mercado libre, y que su comercialización es través de contratos bilaterales
entre las empresas generadoras que retiran electricidad de los sistemas
interconectados con los clientes libres o las empresas distribuidoras.
Debido a ello, el precio final
para el consumidor queda determinado por el precio establecido en dichos
contratos, más el valor por los servicios de transmisión y distribución de la
electricidad.
En términos generales, lo que
cuesta en la actualidad producir una unidad de energía eléctrica –es decir, un
Mega Watt Hora (MWh)- para un cliente domiciliario (lo que se denomina en jerga
eléctrica un “cliente regulado”) o de un cliente libre, es del orden de 110
dólares, monto que al tipo de cambio de agosto de 2011 es de $52 pesos por
KiloWat-hora (mil kilowats es un MegaWat).
Los clientes libres, es decir,
empresas grandes como mineras, celulosas y otras del SIC y SING, en promedio,
pagan un valor de entre 117 y 135 dólares por cada MW/h, produciendo un margen
de sobreutilidad de casi un 15% a las empresas eléctricas comercializadoras
(generadoras que retiran electricidad de los sistemas interconectados).
La cifra aumenta
sustancialmente al observar el valor que pagamos los clientes regulados,
que es entre 160 y 190 dólares el MWh, lo que implica que en nuestras cuentas
de luz las empresas están marginando más de un de 50% sobre utilidad. Es decir,
recuperan lo invertido en la generación, se llevan un 10% de ganancia por la
generación, transmisión y además un 50% adicional de ingresos!
¿No lo cree? Sumemos:
Costos de inversión asociado a
cada uno de los diferentes medios de generación (y ya amortizado gran parte del
parque generador)= 17 US$/MWh. Costo de operación, mantención,
administración y comercialización= 48 US$/MWh
A esto se debe agregar el costo
aproximados por los servicios regulados de transmisión 10 US$/MWh, y
distribución, 12 US$/MWh. Esto suma 87 US$/MWh
Si se consideran además
pérdidas en el sistema completo (Generación, Transmisión y Distribución) del
orden del 10%, se obtiene un costo de la electricidad igual a: 97 US$/MWh. Y si
se aplica una rentabilidad del 10% en el negocio, se infiere que el valor de
compraventa de la electricidad debería ser del orden de los 107 US$/MWh, lo que
en cifras macro podría “redondearse” a 110 US$/MWh, ó $51.260 pesos
chilenos (tipo de cambio de agosto: 1 US$ = $ 473 pesos)
El tema es que en cualquier
cuenta de electricidad en Santiago se puede apreciar que el valor del kilowat
hora es mayor a $76 pesos. Esto resulta de sumar lo indicado en su cuenta
mensual como: cargo fijo, cargo único por uso del sistema troncal y energía
base, y dividir dicha suma por los KWh consumidos en el mes.
En términos monetarios,
equivale a $76.000 pesos por MWh, es decir, 160 dólares, versus los 97
que salía generar cada MW/h. Resultado que muestra una rentabilidad mayor al
60%, dado que el consumidor regulado está haciendo rentar el sector eléctrico
más del 50% de sobre utilidad como adicional al 10% señalado en la normativa
para los sectores de transmisión y distribución.
Multiplíquelo luego por los
millones de clientes domiciliarios de Santiago y las regiones que integran el
SIC y del SING y podrá tener una idea de las ganancias de cada empresa; montos
verificables, por lo demás, cada año en los balances públicos de las empresas
eléctricas y sus compañías relacionadas.
Quizás lo más singular es que
esta situación no es una ilegalidad. Al contrario: la regulación actual
lo permite conforme a lo señalado en la Ley General de Servicios
Eléctricos (LGSE: DFL 4/año 2006 ex DFL 1/año 1982) y en su normativa
complementaria (Reglamento de la LGSE y procedimientos complementarios).
Dicho de otro modo, la culpa
del alto precio de la electricidad no es responsabilidad de los actores que
ofrecen el suministro en el mercado (principalmente concentrado en tres
empresas generadoras que poseen más del 85% de participación en el mercado:
Endesa, Gener y Colbún; y sus filiales) si no que, simplemente, es el resultado
de la aplicación de la normativa vigente y por lo tanto la
responsabilidad es de los encargados de gobernar y de legislar en la materia, y
que después de 30 años no han siquiera intentado modificar.
Por eso es que, cuando se creó
en mayo la Comisión Asesora Eléctrica Presidencial, un grupo de técnicos,
parlamentarios, organizaciones ciudadanas y ambientales sabíamos que sería más
de lo mismo y en respuesta conformamos la Comisión Ciudadano Técnico
Parlamentaria por la Matriz Eléctrica (CCTP), con la que hemos trabajado
durante estos meses por hacer una propuesta país destinada a cambiar esta
situación.
Es que el sistema eléctrico
nacional está haciendo crisis, y lo que corresponde es una reforma estructural
al mercado eléctrico mediante la inclusión de condiciones de
equidad social, sustentabilidad ambiental y reglas de transparencia para el
desarrollo eléctrico.
Es mucho lo que se puede hacer:
priorizar la generación eléctrica con tecnologías limpias, basadas en energías
renovables no convencionales, de bajo costo operacional; regular el segmento de
generación; incorporar el concepto de reserva estratégica, una reforma del
modelo marginalista, llevar a cabo licitaciones separadas para la adjudicación
de los bloques de energía para el cumplimiento de las cuotas de ERNC, licitar
en forma separada los bloques de energía destinados a respaldar los sistemas
eléctricos en demanda “de punta” y un cambio de la estructura corporativa del
CEDEC, para su transparencia e independencia, entre otras.
Si se conjugan dichas
variables, seríamos capaces como país de tener un mínimo costo eléctrico tanto
para clientes libres como para los clientes regulados, resultado de una
planificación estratégica consensuada, que nos permitiría ayudar en forma
importante a la disminución de la extrema pobreza y al crecimiento del país, y
también de forma más limpia y sustentable.
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