Tras el fallo de la Corte Suprema, Sara Larraín, Directora de Chile
Sustentable, resaltó la existencia de juicios civiles y penales en el caso del
proyecto hidroeléctrico, además de la vista de más de mil reclamaciones ante el
Consejo de Ministros.
Respecto del
pronunciamiento del miércoles 4 de abril de la Tercera Sala de la Corte Suprema que
decidió no acoger los recursos de protección presentados por la ciudadanía en
contra del proyecto Hidroaysen, es importante destacar ante la opinión pública que
la sentencia de la corte no fue unánime, y que al igual como ocurrió cuando el
caso se vio la corte de Apelaciones de Puerto Montt, se trató de un fallo
dividido.
“Si bien el fallo no
acogió los siete recursos de protección, la sentencia tuvo los votos en contra
de los Ministros Sonia Araneda y Haroldo
Brito, quienes sí consideraron que Hidroaysen vulnera la legalidad ambiental y
provocará daños al ecosistema de la zona que no han sido correctamente estimados”
destacó Sara Larraín, quien precisó que “esto obviamente muestra ante la
opinión pública que no hubo coincidencia entre los jueces sobre la no
vulneración de las garantías constitucionales sobre las cuales diversas
organizaciones ciudadanas y ambientalistas han recurrido a la justicia”, dijo
la directora del programa Chile Sustentable.
Por lo tanto,
indicó Larraín, “este fallo, si bien es adverso, es sólo el primer paso de acción
en la estrategia legal para evitar el desarrollo del proyecto”.
La ecologista
indicó que están en curso más juicios en lo civil, particularmente contra la Dirección General
de Aguas (DGA) del Ministerio de Obras Públicas, “por una serie de resoluciones y procedimientos
administrativos, como la resolución 1.800 del año 2010, con la que se
modificaron criterios técnicos del organismo, para facilitar el desarrollo tanto
de este proyecto como de otros megaproyectos hidroeléctricos en el sur del país”.
También Larraín
recordó que existe un juicio penal por falsificación de documento público
durante el proceso de evaluación de impacto ambiental del proyecto, en contra
de la Seremi
de Vivienda, que primero habría emitido un informe negativo al proyecto el que
fue reemplazado por otro que lo aprobaba. Y que el Consejo de defensa del
Estado evalúa la presentación de una querella criminal por las anomalías de
la Corporación
Nacional Forestal (CONAF) “debido a que dicha entidad habría
cambiado y falseado el informe presentado al SEA, al dejar fuera la opinión de los
ingenieros forestales que trabajaban en el Estudio de Impacto Ambiental,
posibilitando así la aprobación de HidroAysén”, agregó.
“No olvidemos que también
existe una causa por el perjurio y presentación de medios de prueba falsos que
dio el vicepresidente ejecutivo de Hidroaysen, el señor Daniel Fernández, al Tribunal
de la Libre Competencia,
en agosto de 2010”,
dijo Larraín.
Además, la
directora del programa Chile Sustentable puntualizó que está pendiente la vista
de más de mil reclamaciones ciudadanas ante el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad respecto
a las irregularidades y perjuicios ambientales y económicos que causará este
proyecto. “En este contexto, este pronunciamiento de la Corte es un fallo
lamentable, pero no se han terminado las instancias de acción para evitar la
realización de este proyecto”, finalizó.
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