La tarde del 18 de enero de 2014, en la
comuna de San José de la Mariquina, Región de Los Ríos, Héctor Pérez
Farías observó con detención el cuerpo de José Emanuel, su hijo de 12
años. Numerosos granos de color rojo se extendían por la zona abdominal, lumbar
y por las extremidades del niño, provocándole una picazón que lo llevó a pedir
ayuda a sus padres.
Al preguntarle qué había hecho, dónde
había estado, José Emanuel contó que por la mañana había ido a bañarse al Río
Cruces junto a unos amigos. Lo hacía de forma habitual, pero ese día le llamó
la atención la temperatura del agua, que estaba más alta de lo normal. Con el
correr de las horas los padres de José Emanuel se enteraron a través de unos
vecinos que ese día había aparecido una gran cantidad de peces muertos en el
mismo sector.
José Emanuel se había bañado en las
cercanías del Puente Rucaco, 800 metros río abajo del lugar donde descarga sus
Residuos Industriales Líquidos (RILes) la Planta Valdivia de
la empresa Celulosa Arauco y Constitución (Celco), del Grupo
Angelini. La misma planta fue condenada en 2014 con $5.200 millones de multa
por derramar residuos contaminantes en el Río Cruces, lo que derivó en la
muerte de miles de cisnes de cuello negro.
La denuncia de Héctor Pérez por las
lesiones que sufrió su hijo se sumó a las de otros vecinos y organizaciones
como Acción por los Cisnes, lo que gatilló el inicio de una investigación de la
Superintendencia de Medio Ambiente (SMA). Por esos mismos días, unos 400
kilómetros al norte, en la comuna de Ránquil, región del Biobío, se acumulaban
las denuncias de los vecinos de otra de las plantas de Celco, Nueva Aldea.
Desde 2013 acusaban derrames, malos olores y ruido excesivo, por lo que la SMA
también abrió un expediente en su contra.
Los resultados de ambas investigaciones
se dieron a conocer entre enero y febrero de este año, cuando la
superintendencia formuló cargos contra las plantas Nueva Aldea y Valdivia. Por
el tenor de las faltas –calificadas de graves y gravísimas, respectivamente-
además de millonarias multas ambas plantas arriesgan perder su Resolución de
Calificación Ambiental (RCA), lo que las obligaría a dejar de funcionar. Sería
otro duro golpe para este gigante forestal que en 2014 obtuvo utilidades por
US$ 437 millones y desde la muerte de los cisnes es uno de los símbolos de la
magnitud del daño ecológico que puede producir la industria de la celulosa.
Además de los cuestionamientos
ambientales, el Grupo Angelini está actualmente en el ojo de dos
investigaciones penales por el financiamiento irregular de la política. Celco,
junto a Copec, Siemel, Cruz del Sur y Corpesca entregaron fondos a la pre-campaña
electoral de Michelle Bachelet por fuera de las normas del Servel (ver
reportaje: La mano
derecha de Angelini que entregó los fondos para la pre-campaña de Bachelet).
Además, Corpesca es la protagonista de una investigación en que se indagan los
delitos de cohecho y fraude al fisco, por los pagos realizados a la ex diputada Marta
Isasi (ver reportaje)
y al senador Jaime Orpis (ver reportaje)
en momentos en que se tramitaba la Ley de Pesca
PLANTA VALDIVIA OTRA VEZ BAJO LA MIRA
A raíz de los daños que sufrió el
pequeño José Emanuel, el 12 de febrero de 2014 su padre interpuso una querella
por lesiones menos graves contra Celco en la Fiscalía Local de Mariquina,
a la que se sumaron dos adultos y un niño que también sufrieron las
consecuencias de bañarse en el río (ver querella).
Un año después, la Superintendencia de
Medio Ambiente solicitó los antecedentes del caso en Fiscalía y en octubre de
2015 citó a declarar a siete trabajadores de la empresa, que ya habían prestado
su testimonio ante el Ministerio Público.
La fiscal instructora de la SMA a cargo
de las preguntas era Carolina Silva Santelices. Frente a ella, los
trabajadores –junto a sus abogados– negaron reiteradamente recordar los hechos,
hasta que la fiscal los enfrentó a las declaraciones que ellos mismos prestaron
en la causa penal que lleva la Fiscalía Local de Mariquina.
Uno de los últimos en declarar fue Mauricio
Ceverio Hidalgo, operador que estuvo a cargo de los residuos
líquidos de la empresa un día antes de las lesiones de los bañistas y la
aparición de los peces muertos, el 17 de enero de 2014.
Ese día un peligroso líquido, conocido
en la industria de la celulosa como licor
verde, llegó a la zona de tratamiento de efluentes de la planta. En
este lugar, los trabajadores se encargan de recibir, controlar y tratar los
residuos líquidos del proceso de producción y verterlos al Río Cruces una vez
que estén dentro de los parámetros que exige la normativa chilena.
Este líquido de color verde es una
solución corrosiva que al contacto con la piel puede causar quemaduras químicas
o daños en los pulmones si se inhala. Los trabajadores que estuvieron a cargo
del tratamiento de efluentes ese día reconocieron la presencia de licor verde
en el flujo de RILes, pero las declaraciones se contradicen al momento de
responder cómo procedieron.
El operador de efluentes Mauricio
Ceverio aseguró ante la Fiscalía que cuando se percató de la presencia del líquido,
le ordenó realizar una “inspección visual” y mediciones al volante de efluentes Juan
Echeparreborde. Según Ceverio, los controles indicaron que los parámetros
estaban dentro del rango exigido, por lo que no fue necesario derivar el flujo
a la laguna de derrames, un sector donde es enviada el agua para tratarla
cuando hay parámetros alterados.
Para terminar, el trabajador abrió el
estanque TK 15.000, que contiene agua de río, para “aumentar el caudal” de los
residuos y el resto del proceso siguió normalmente, enviando el flujo hacia el
Río Cruces.
La declaración se contradice con la
versión que entregó el aludido, Juan Echeparreborde. En su testimonio el
trabajador reconoce la llegada del licor verde, pero asegura que no realizó
ninguna medición, ya que no recibió ninguna instrucción al respecto (ver declaraciones).
Este hecho es la acusación más grave y
lidera las 11 infracciones que detalló la SMA en la formulación de cargos que
realizó el 8 de enero de este año contra la planta (ver documento).
Según la normativa que regula el
funcionamiento de la planta, la empresa debió activar sus sistemas internos
para controlar el derrame de licor verde e informar inmediatamente, en un
máximo de 24 horas desde que ocurrió el accidente, a la autoridad ambiental, lo
que habría podido mitigar el daño.
Ninguna de esas cosas ocurrió y la SMA
catalogó ambas infracciones como “gravísimas”. Además de las acusaciones de dos
adultos y dos niños de haber sufrido lesiones en la piel, entre los miles de
peces que murieron ese día había dos especies en conservación, catalogadas como
vulnerables desde 2008.
La empresa ya presentó sus descargos
ante la SMA, alegando vicios formales en el procedimiento y negando cada una de
las acusaciones. Respecto a la más grave, la empresa asegura que no debía
reportar el derrame del licor verde porque no afectó al efluente, ya que se
trató sólo de una contingencia operacional y se recuperó prácticamente la
totalidad de la sustancia, cumpliéndose los límites de descarga permitidos.
Las infracciones detectadas por la SMA
vuelven a poner sobre la mesa los daños ambientales que ha provocado Celco en
Valdivia, luego de que en 2004 las descargas de la planta provocaran la muerte
de miles de peces y cisnes de cuello negro en el humedal del Santuario de la
Naturaleza Carlos Anwandter, ubicado en el Río Cruces.
Tras ese episodio, la RCA de esta
planta fue modificada incluyendo nuevos requisitos. En la investigación actual, la SMA acusó que Celco todavía
no cumple algunas de esas exigencias, como el programa de monitoreo ambiental,
la construcción de una nueva bocatoma y una planta de osmosis inversa, además
de la instalación de un sistema lavador de gases, entre otras medidas.
La SMA también consideró que la planta
cometió infracciones al superar el límite de descargas de algunos parámetros,
además de cuestionar la forma en que se realizan las muestras. Este punto es crítico para Celco, pues
actualmente se encuentra enfrentada con el Ministerio de Medio Ambiente en el
Tribunal Ambiental de Valdivia, intentando
detener la nueva norma de la calidad del agua que rige sobre el Río Cruces. Según la empresa, con los nuevos
parámetros es imposible que una planta opere en la zona (ver reportaje de CIPER: Celco vuelve a
tribunales por planta Valdivia: intenta eliminar norma de calidad del agua).
Ahora, con las faltas graves y
gravísimas de las que la acusa la SMA, la empresa arriesga la revocación de la
RCA, la clausura o una multa de hasta 10.000 unidades tributarias anuales
(UTA), unos $5.400 millones. El dictamen de la superintendencia debiera
conocerse antes de seis meses, tras lo cual tanto la autoridad como la empresa
pueden recurrir al Tribunal Ambiental.
EL OTRO FOCO CRÍTICO
Más al norte, Celco mantiene abierto
otro foco de acusaciones graves por daños medioambientales. A 50 kms. de
Chillán, en la comuna de Ránquil, provincia de Ñuble, se encuentra otra de sus
plantas más importantes: el complejo
Nueva Aldea, que produce más de 1 millón de toneladas de celulosa kraft al
año.
En octubre de 2013, la oficina de la
SMA en la Región del Biobío recibió numerosas denuncias de los habitantes del
sector donde se encuentra emplazado el complejo por derrames en el ducto que
transporta los residuos líquidos de la empresa hasta el mar. Los vecinos acusaron pestilencia, dolores de cabeza y animales
enfermos por consumir el líquido, el que terminó cayendo en un estero del
lugar, además de posibles filtraciones en tierras agrícolas y contaminación de
napas subterráneas.
Funcionarios de la Seremi de Salud, de
la Gobernación Marítima de Talcahuano y de la Capitanía de Puerto Lirquén
realizaron inspecciones ambientales a raíz de las denuncias, con las que se
pudo verificar dos derrames -el 9 de octubre y el 14 de noviembre de 2013- y fallas en
los sistemas de alerta instalados en el ducto para reaccionar a tiempo frente a
este tipo de emergencias.
En las mismas pericias se comprobó que
la temperatura de los residuos líquidos depositados por la empresa en el mar
superaba en más del doble a la temperatura que debe tener el efluente al entrar
en contacto con el medio marino según la norma vigente. Además de otras
infracciones a la Resolución de Calificación Ambiental (RCA), como inexistencia
de cerco vegetal que aísle el perímetro del depósito de residuos industriales
no peligrosos y la deficiente construcción del ducto de descarga al mar, que es
visible desde la playa a pesar de que la norma exige que no lo sea.
Con el paso de los meses las denuncias
continuaron, esta vez por permanentes ruidos molestos en las inmediaciones de
la empresa y malos olores en el sector de Quillón y Ñipas, donde los vecinos
manifestaron dolores estomacales, dolor de cabeza, náuseas e irritación en ojos
y nariz. Además se detectó contaminación atmosférica producto de la disposición
no autorizada de cal.
La SMA recopiló e investigó las
denuncias que se extendieron hasta 2015 y el 17 de febrero de este año formuló
cargos contra Nueva Aldea, resumiendo en ocho puntos las graves falencias que
descubrió en el funcionamiento de la planta (ver documento).
Además de los derrames, la empresa fue
acusada de emitir en septiembre de 2015 una cantidad indeterminada de dióxido
de cloro sin tratamiento, el que al contacto con el aire se transforma en cloro
gaseoso, catalogado como gas tóxico según la normativa chilena.
Otra de las acusaciones apunta al
origen de los malos olores denunciados por los vecinos. La SMA determinó que la
emisión de gases pestilentes sin tratamiento -gases TRS- directamente a la
atmósfera supera los límites impuestos por la norma, que permite estos
“venteos” solo en situaciones de emergencia.
Para tener una idea, solo en enero de
2015 la empresa informó 85 venteos, alcanzando un promedio de 38 venteos
mensuales entre enero y septiembre de ese año. La SMA calificó estas emisiones
como “condiciones operacionales que se reiteran numerosa y temporalmente
y que van más allá de una situación de emergencia”.
Los hechos son catalogados como
“graves” por la superintendencia, debido al daño que implican para la población
aledaña, ubicada a menos de un kilómetro, y por el incumplimiento de las
medidas que exige la RCA para minimizar y reparar estos problemas.
El proceso sancionatorio está recién
comenzando, pero al igual que en Valdivia, podría implicar la revocación de la
RCA, la clausura o la multa de hasta 5.000 unidades tributarias anuales, casi
$2.700 millones. Celco tiene hasta el 2 de marzo para presentar un programa de
cumplimiento y hasta el 9 de marzo para presentar sus descargos, para luego
seguir el mismo camino que la investigación en Valdivia.
