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martes, 10 de septiembre de 2024

Empresa demandó a ambientalista por $200 millones y luego retiró la causa: Acusan fin de intimidar


Por daño a la imagen, una inmobiliaria demandó a un defensor ambiental que se oponía a un loteo al lado del santuario Arcos de Calán. Pero sin presentar pruebas acreditarán el daño, los titulares retiraron la demanda. Abogados acusan que se usó la acción judicial para intimidar al activista.


En 2020, una empresa inmobiliaria compró un terreno al lado del humedal costero y hoy Santuario de la Naturaleza Arcos de Calán, para crear un condominio de 48 parcelas. Un defensor que se opuso al proyecto fue demandado por la empresa por $200 millones.

Luego de que la empresa retirara la demanda, tras la tramitación casi completa del juicio y sin haber presentado pruebas sobre los daños aludidos, el Juzgado de Garantías de Chanco condenó a la inmobiliaria a pagar los costos del proceso judicial.

“La conducta de Costa Calán de desistimiento, luego de la tramitación casi completa de un juicio de responsabilidad extracontractual da cuenta de la instrumentalización de la acción con el objetivo de amedrentar al defensor de derechos humanos ambientales, indica Tamara Navia, abogada de ONG FIMA, organización de derecho ambiental que representó al defensor.

La empresa inmobiliaria Costa Calán habría demandado al representante de la ONG Vigilante Costero por daño a la imagen y daño económico, luego de que el activista manifestara cuestionamientos al proyecto en medios de comunicación.

“Este desistimiento de la inmobiliaria da cuenta del uso instrumental de la acción judicial con el único fin de intimidar a un defensor ambiental y disuadir el ejercicio de su libertad de expresión y de defensa territorial”, comentan desde FIMA.

Esta práctica tiene un nombre en el mundo jurídico: Demanda Estratégica contra la Participación Pública (o SLAPP por sus siglas en inglés), y se trata de demandas que se disfrazan de litigios ordinarios, pero que en vez de tener como objetivo ganar, buscan restringir la discusión y debilitar el trabajo de quienes defienden un interés público.

Para el caso del defensor en cuestión, desde FIMA afirman que el proceso tuvo consecuencias en su salud mental y física, así como en su vida familiar y profesional, además de desalentar su labor como defensor ambiental.

Además, abogados y abogadas de la organización han identificado al menos otros cuatro casos donde grandes empresas demandan a defensores y defensoras ambientales que se manifestaron en contra de sus proyectos.

miércoles, 4 de septiembre de 2024

SLAPP: Demanda estratégica contra la participación pública

 ¡Conversemos de SLAPP 💡!



🗓️El 28 de agosto, el Juzgado de Chanco acogió el desistimiento de la demanda de la Inmobiliaria Costa Calán contra Rodrigo de la O, un defensor ambiental que se opuso a un proyecto inmobiliario en las inmediaciones del actual Santuario de la Naturaleza Arcos de Calán.
🚨Esta demanda es un ejemplo de SLAPP (Demanda Estratégica contra la Participación Pública), una táctica utilizada para intimidar y silenciar a quienes defienden el medio ambiente y los derechos humanos.
➡️La resolución del Juzgado, que obliga a la empresa a cubrir los gastos del juicio, es un paso importante en la lucha contra estas prácticas abusivas.
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Notas Relacionadas:

sábado, 18 de junio de 2022

Aguas, bien común

Por Ezio Costa, director ejecutivo ONG FIMA
No hay dudas de que una de las urgencias de nuestro país se relaciona con la escasez hídrica y siendo así, parece razonable que un instrumento normativo tan importante como la nueva Constitución, se haga cargo del asunto. La reciente reforma al Código de aguas hizo una parte de la tarea, por ejemplo, reconociendo el derecho humano al agua y al saneamiento, pero la propuesta constitucional viene a complementar y completar ese avance en las diversas dimensiones del problema hídrico.
Una primera dimensión tiene que ver con la gestión, donde se concentra sobre el 40% de la brecha y del riesgo hídrico, de acuerdo a los estudios de la Fundación Chile. Lo institucional, en este respecto, ha sido también relevado por informes del Banco Mundial e intentado solucionar sin éxito por todos los gobiernos de la última década. La propuesta de nueva Constitución lo aborda cumpliendo las recomendaciones de expertos e informes internacionales, creando una Agencia Nacional del Agua que será autónoma y por lo tanto fuera de los intereses políticos y también los consejos de cuenca que regularán desde la realidad local e integrando a los diversos usuarios del agua.
Una segunda dimensión se relaciona con la protección del ciclo hídrico, para protegerlo en base a la evidencia científica y asegurarnos que siga habiendo agua en las cuencas. Eso requiere conservar los ecosistemas de los que depende ese ciclo, y en este sentido se establece una protección especial para glaciares y cabeceras de cuenca, así como un deber de custodia del Estado respecto de los cuerpos de agua y los bosques.
Este deber de custodia se extiende a todos los bienes naturales comunes, entre los que se categoriza al agua. Haciendo eco de la demanda por terminar con la propiedad sobre las aguas y reconociendo que ellas son de la comunidad que constituye a Chile, esta nueva categoría hace más posible a los organismos pertinentes regular el uso del agua, de forma de asegurar que se cumpla con los objetivos públicos que dependen de ella. Entre estos objetivos se encuentran los usos productivos del agua como la agricultura, la minería y la industria, pero también la protección de la naturaleza y de los derechos de las personas.
Como a veces parece confundirse, que deje de existir propiedad sobre las aguas no significa que deje de poder usarse para sus distintos fines. En la inmensa mayoría de los países del mundo no existe propiedad sobre las aguas, como tampoco la había en el Chile previo a la dictadura, y por supuesto eso no impide el desarrollo de actividades. Lo que sí hace es reconocer que en dichas actividades se está usando un bien que es común y sobre el que, por lo tanto, pesan deberes de cuidado especiales que deberá definir la ley. Por último, las normas transitorias vinieron a aclarar que se mantiene la vigencia de los derechos -ahora autorizaciones- de aguas y que dichas autorizaciones pueden ser transferidas y heredadas.
A pesar de la grave crisis hídrica que atravesamos, la tardanza de soluciones ha sido considerable, lo que está relacionado con resistencias institucionales y privadas que se apoyan en el diseño normativo de la Constitución de 1980 y sus barreras de contención contra los cambios. Un gran aporte de la propuesta de nueva Constitución es derribar esas barreras, devolviendo al agua a su calidad de bien común y propiciando una regulación que proteja su ciclo, asegure el disfrute del derecho humano al agua y permita su uso en actividades productivas para el bienestar del país.
Fuente:La Tercera

sábado, 6 de junio de 2020

Declaración Pública Organizaciones Ambientalistas y de Salud

La pandemia que durante estos últimos meses ha vivido la humanidad en su conjunto nos ha obligado a replantear y poner en discusión varios de los aspectos más elementales que implica la vida en comunidad: la solidaridad con las y los demás, lo importante que es el trabajo en equipo y lo mucho que podemos lograr cuando ciencia y política trabajan de la mano.
Aprendimos que ningún país, por poderoso que sea, puede lograr salir adelante si su política no es poner las vidas de sus ciudadanos por sobre todo lo demás. Aprendimos que, como bien han dicho nuestros pueblos originarios, debemos respetar la naturaleza porque somos parte de ella y alterarla trae consecuencias como ésta. También aprendimos que solxs no superaremos esta crisis y que únicamente trabajando en equipo e incluyendo en la conversación a todos los actores, los países y sus gobiernos podrán superar esta pandemia.
Hoy, organizaciones del área de la salud, la academia, las comunidades indígenas y movimientos ambientales nos unimos bajo un lema común: la ciudadanía debe ser parte de la conversación, y para eso, los gobiernos deben dejar de ocultarnos la información.
Cuando se debe enfrentar una amenaza a la salud pública que pone en riesgo la vida de las personas, tenemos derecho a saber qué está pasando exactamente y cómo podemos ayudar a detenerla.
Esta premisa, que para muchos parece tan obvia, queda consagrada expresamente en el Acuerdo de Escazú1, un inédito tratado internacional de América Latina y el Caribe que obliga a los gobiernos de la región a ser transparentes e incluir a la ciudadanía en la toma de decisiones respecto a aquellas materias que nos afectan.
Inexplicablemente, y a pesar de haber sido su promotor, Chile ha optado por no suscribir el Acuerdo, situación que ha implicado la continuación de dinámicas problemáticas, tales como la poca transparencia en torno a los datos de contaminación en territorios críticos como Quintero y Puchuncavío, como también, en la gestión de esta crisis sanitaria, entregando cifras con un nivel de desagregación y periodicidad que impide hacer análisis más profundos de los efectos y proyecciones de la pandemia3 y, en muchos de los casos, excluyendo de las discusiones a organizaciones del área de la salud, las que sin lugar a dudas hubieran sido un aporte con recomendaciones expertas que podrían haber salvado vidas. La situación que estamos viviendo hoy es un claro ejemplo de como la transparencia de la información permite que más actores estén regulando el actuar del gobierno, y cómo la falta de datos o información puede repercutir directamente en salvar vidas.
Este mismo caso lo vemos en el mundo académico, donde mientras las y los expertos han intentado dar con algunas soluciones para esta crisis, su trabajo ha sido dificultado por la falta de información y transparencia en torno a la crisis, al tener como respuesta por parte de la Subsecretaría de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación que "hoy no es el momento para exigir ese tipo de información"4. Estamos ante una crisis, y debemos tratar todas las crisis con seriedad. Las organizaciones ambientalistas llevamos años advirtiendo sobre las consecuencias de no abordar con seriedad los riesgos aparejados a la crisis climática y ecológica de la misma forma que las organizaciones de la salud llevábamos años advirtiendo sobre la precariedad de nuestro sistema de salud. ¿Nuevamente vamos a esperar otra gran crisis para actuar? No volvamos a repetir los mismos errores que hemos tenido con el Coronavirus, con la crisis climática e hídrica. Aún estamos a tiempo de actuar, pero no solxs ni a puertas cerradas: debemos actuar coordinados política, ciencia y ciudadanía.
De esta crisis, y de las que vienen, sólo saldremos con unidad, dialogando y actuando. No permitiremos que nos sigan dejando fuera de la discusión, hagamos del diálogo y de la transparencia elementos indispensables para nuestra democracia. Las organizaciones aquí firmantes, en unidad, emplazamos al gobierno de Sebastián Piñera a firmar el Acuerdo de Escazú ahora, a dejarse de excusas y a actuar escuchando a sus ciudadanos.
_______________
  1. Específicamente en su Artículo 6, párrafo 5, donde se señala que ante una amenaza inminente a la salud pública , la autoridad debe liberar toda la información relevante que se encuentre en su pode r y que le permita a la ciudadanía tomar medidas para prevenir o limitar eventuales daños.
  2. Y que ha quedado en evidencia en la sentencia de la Corte Suprema referida a la situación de dicha zona, donde se expresa que existe una vulneración a los DDHH y hay una falta de transparencia relativa a los datos.
  3. Fuente en los estudios de Espacio Público sobre la “Evolución del contagio de COVID-19: Chile y resto del mundo en fechas comparables”.
Otras organizaciones:
  • SCAC Magallanes
  • ONG CEUS
  • Instituto de Ecología Política
  • Fundación Relaves
  • Patrimonio vivo costa
  • Centro Ecológico Cultural de Logaví
  • Fundación Ingeniería Sin Fronteras
  • junta de vecino población ultima hora Huechuraba La Pincoya
  • Organización de Estudiantes por el Reciclaje y Sustentabilidad de la Universidad Alberto Hurtado
Ver nota de la Tercera aquí

viernes, 22 de mayo de 2020

Diversidad biológica y sostenibilidad

Por Fernanda Salinas | Investigadora FIMA | Nota Original CodeXVerde
Chile ratificó en 1994 el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), que tiene como objetivo principal la conservación y uso sostenible de la diversidad biológica. Al año 2010, las partes en el convenio aprobaron el Plan Estratégico para la Diversidad Biológica, incluyendo las veinte Metas de Aichi para la Biodiversidad para el período 2011-2020.
Los objetivos de este plan eran abordar las causas de la pérdida de la biodiversidad incorporándola en todos los ámbitos gubernamentales y de la sociedad, reducir las presiones directas sobre la biodiversidad y promover el uso sostenible, mejorar la situación de la diversidad biológica protegiendo los ecosistemas, las especies y la diversidad genética, aumentar los beneficios de la biodiversidad y los servicios de los ecosistemas para todos y mejorar la aplicación a través de planificación participativa, gestión de conocimientos y creación de capacidad.
Entre las Metas de Aichi se encuentra, por ejemplo, la eliminación de subsidios perjudiciales y la implementación de incentivos para la conservación y uso sostenible de la biodiversidad, reducir a cerca de cero la pérdida, degradación y fragmentación de los hábitats naturales, y conservar un 17% de los ecosistemas terrestres y aguas continentales y un 10% de las zonas marinas y costeras, restaurar y proteger ecosistemas que proveen agua y contribuyen a la salud, bienestar y medios de vida, considerando especialmente mujeres, comunidades indígenas y locales, pobres y vulnerables, restaurar al menos un 15% de las tierras degradadas y respetar los conocimientos, las innovaciones y las prácticas tradicionales de las comunidades indígenas y locales pertinentes para la conservación y la utilización sostenible de la biodiversidad y los usos tradicionales.
El fracaso del cumplimiento de los objetivos del Plan Estratégico para la Diversidad Biológica queda de manifiesto en Sexto Informe Nacional de Biodiversidad de Chile. En este informe se reconoce que la pérdida, degradación y fragmentación de los ecosistemas sigue siendo la principal amenaza para la biodiversidad, y que el cambio de uso de suelo, impulsado por la industria agrícola y forestal y la urbanización, es uno de los principales factores causantes del deterioro y pérdida de ecosistemas terrestres del país. Además, reconoce que la minería afecta ecosistemas frágiles por la extracción de aguas subterráneas, la contaminación de los acuíferos, las faenas abandonadas, paralizadas y sus residuos, incluyendo los relaves, que representan un riesgo para la vida y salud de las personas y los ecosistemas.
Identificadas las principales causas de la pérdida de ecosistemas naturales, se esperaría que se tomaran medidas urgentes para limitar el cambio de uso de suelo, proteger ecosistemas amenazados, restringir la afectación de ecosistemas frágiles y limitar la urbanización, al mismo tiempo que se promoviera la restauración ecológica de ecosistemas que proveen agua, salud, bienestar y medios de vida. A pesar de la urgencia ecológica y social que nos apremia, se continúa priorizando la visión economicista por encima del cuidado de la naturaleza y de las personas, como se refleja en el Plan Nacional de Restauración de Paisajes (2020-2030) sometido a consulta pública hasta el 14 de Febrero 2020 y en el Proyecto de Ley que crea el Ministerio de Agricultura, Alimentos y Desarrollo Rural, que busca convertir al país en una potencia agroalimentaria, pesquera, acuícola y forestal, cuando la industria agrícola y forestal son responsables de un 96% del consumo de agua a nivel nacional, y los ecosistemas naturales, las personas más desposeídas, los campesinos y los crianceros sufren las consecuencias.
Aunque Chile no ha cumplido con su compromiso internacional, el Convenio sobre la Diversidad Biológica, el  Plan Estratégico para la Diversidad Biológica y las Metas de Aichi se mantienen como un referente para que las políticas públicas se orienten a la sostenibilidad.

jueves, 16 de abril de 2020

Coronavirus, sequía, contaminación y zonas de sacrificio

Por Ezio Costa Cordella - Director FIMA - Publicado en El Mostrador
Cualquiera sea el caso, es un hecho que la situación actual agudiza la urgencia de descontaminar las ciudades. Los planes de prevención y descontaminación (PPDA) son los encargados de esta misión, pero están planteados sobre supuestos que desconocían la existencia de este nuevo virus y en plazos que no son adecuados a la contingencia. Al menos se deberían revisar los análisis de impacto económicos y sociales, para determinar su validez en el nuevo escenario y modificar los PPDA en lo que corresponda.
La crisis por COVID-19 tiene numerosas aristas ambientales. No en vano, la protección del medio ambiente está tan cercana a la protección de la vida y la salud. Nuestra relación destructiva con la naturaleza nos ha puesto nuevamente en una situación de gran riesgo y, a propósito de ello, debemos observar ciertas urgencias.
La sequía permanente, el cambio climático y las fallas de la regulación del agua, son una realidad de la que no nos estamos haciendo cargo adecuadamente. Mientras las modificaciones normativas se han discutido por años en una tensa batalla ideológica, en el mundo más de 1,5 millones de personas no tienen acceso a agua potable o reciben exiguas cantidades mediante camiones aljibe.
Actualmente, las condiciones de higiene se han vuelto una variable prioritaria para evitar la propagación del virus, junto con soluciones gubernamentales de largo plazo en la materia. Por ello, es urgente que toda la población pueda tener acceso al agua. Esto puede abordarse de múltiples maneras en las zonas más vulnerables. Quizás se requiera la liberación de algunos ríos, hacer obras de emergencia o forzar conexiones en ciertas locaciones, mientras que en otras solo podrá aumentarse la cantidad y regularidad en la repartición de camiones. Cualesquiera sean esas soluciones, hay que tomarlas por la vía más eficiente posible.
Los expertos han repetido hasta el cansancio que el mayor riesgo por COVID-19 en Chile se presentará en invierno. Parte de eso tiene que ver con las enfermedades estacionales y otros factores. A esto se suma la contaminación atmosférica, pues las concentraciones de material particulado (MP) 2,5 y 10 generan patologías respiratorias, empeorando la situación de la población de riesgo y generando mayor presión sobre la red asistencial.
Adicionalmente, mientras hay ciencia suficiente, nuevos estudios sugieren que el virus podría transmitirse por el aire conjuntamente con el MP, por lo que la polución de las ciudades también tendría efectos en su propagación.
Cualquiera sea el caso, es un hecho que la situación actual agudiza la urgencia de descontaminar las ciudades. Los planes de prevención y descontaminación (PPDA) son los encargados de esta misión, pero están planteados sobre supuestos que desconocían la existencia de este nuevo virus y en plazos que no son adecuados a la contingencia. Al menos se deberían revisar los análisis de impacto económicos y sociales, para determinar su validez en el nuevo escenario y modificar los PPDA en lo que corresponda.
Quizás no haya suficiente tiempo para llevar a cabo todo este procedimiento, pero el Ministerio de Medio Ambiente y los demás organismos encargados de los PPDA, pueden acelerar parte de sus medidas y avanzar con otras análogas, aunque estén fuera de los planes actuales.
Esto debe darse sin dudas en las zonas de sacrificio, donde el riesgo de enfermedades respiratorias y otras similares es considerablemente mayor y la capacidad hospitalaria está permanentemente en duda. En esas locaciones, urge acelerar el fin de la era del carbón, sin perder de vista otras fuentes contaminantes que requieran medidas especiales en este momento.
En otras zonas del país, el riesgo más masivo está en la leña y la falta de aislamiento de los hogares. La mantención de una salud adecuada requiere de una calefacción apropiada, pero no es posible permitir los niveles de contaminación habituales del centro-sur de Chile, sin que se produzca un colapso. Existen dos medidas que pueden tomarse de inmediato. Primero, acelerar el recambio de calefactores, entregándolos gratis en algunos sectores y teniendo en cuenta que subsidiar la energía será necesario. En segundo lugar, la certificación y fiscalización del uso de leña. La prohibición de este elemento, junto con acelerar su certificación, son pasos que debieran tomarse desde ya. Además, los cordones sanitarios podrían controlar este tipo de carga y generar un cambio inmediato de una conducta que ya no es tolerable.
Mejorar la falta de aislamiento en hogares puede significar beneficios sociales muy importantes en el mediano plazo. Es posible que no pueda realizarse de manera inmediata, dadas las restricciones propias de la pandemia, pero incentivarlo una vez que termine esta temporada sería una forma de estimular el empleo en el sector de la construcción, propendiendo a una reactivación sustentable de la economía y mejorando las condiciones no solo para soportar este virus, sino la calidad de vida en general.
Esto nos lleva al último punto. Es el momento perfecto y necesario para cambiar el rumbo de la economía, mediante una reactivación sustentable y ecológica. Seguir en el modelo extractivo que nos tiene en medio de una crisis climática y una pandemia, no puede ser aceptable. Así, al menos se esperaría que el mayor gasto del Estado estuviera puesto en actividades que contribuyan en ese camino, condicionando los salvatajes y créditos hacia un mejoramiento de los escenarios ambientales, laborales y sociales. De ninguna manera deben aceptarse los discursos que querrán disminuir las salvaguardas ambientales y sociales con el pretexto de acelerar la inversión.
Varias de las medidas que acá se proponen deberían tomarse de manera inmediata y con regulaciones posibles de realizar en el marco del Estado de Catástrofe, la emergencia sanitaria y en uso de presupuesto extraordinario. Requerirán esfuerzo local de coordinación con las comunidades y cierta flexibilidad en su aplicación, mientras se delinean regulaciones de largo plazo que las mantengan.
Entre las cosas que podemos terminar aprendiendo de esta crisis, está el valor y la necesidad del cuidado. El cuidado de la vida, la salud y el medio ambiente que, en este caso, requiere de medidas extraordinarias.

jueves, 2 de abril de 2020

Pandemia y crisis climática, desafíos para un nuevo pacto social #SCAC

Declaración de SCAC ante postergación de la COP 26 

A causa de la pandemia Covid-19 se ha anunciado la postergación de la Conferencia de las Partes de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC), que debía ocurrir en noviembre de este año. Desde la Sociedad Civil por la Acción Climática (SCAC) apoyamos esta decisión y consideramos que está a la altura de la crisis sanitaria que enfrentamos. Pero ¿Estaremos a la altura para enfrentar la crisis climática y ecológica?
Esta postergación, no es sinónimo de que los Estados puedan dejar de lado sus compromisos climáticos ni ambientales. La vulnerabilidad frente al cambio climático y la contaminación atmosférica nos hace más sensibles a este tipo de emergencias: Comunidades sin agua, como La Ligua y Petorca, no pueden cumplir con los mínimos de higiene necesarios y las personas que viven en zonas de sacrificio ambiental, como Coronel, Quintero, Puchuncaví y Ventanas, por mencionar solo algunas, se verán afectadas más gravemente al ser más susceptibles a padecer problemas respiratorios.
Esta crisis sanitaria está relacionada con la destrucción de la naturaleza y la pérdida de hábitats naturales de las otras especies; con la forma en la que nos alimentamos y conseguimos ese alimento y también en cómo nos entendemos como sociedad. Es por eso que hay que abordarla desde todos esos lugares.
Así mismo, las medidas de reactivación económica que pensemos, deben reconocer la oportunidad para acelerar la transición económica hacia un modelo centrado en el cuidado de las personas, la preservación de la vida y la una relación armónica entre la sociedad y el medio ambiente, avanzando hacia una sociedad más justa y equitativa. Es por ello que el proceso que enfrentamos no puede sacrificar los compromisos climáticos ni vulnerar los derechos humanos, debe enraizarse en ellos y utilizarlos como punto de partida.
Sería una enorme contradicción, en medio de esta crisis sanitaria así como en un futuro escenario de reactivación económica, que el Estado rescate empresas contaminantes, que dañen el medioambiente o vulneren derechos. Los recursos estatales se deben invertir en apoyar emprendimientos limpios, generar empleos en sectores compatibles con la salud y compromisos climáticos, en fomentar la investigación aplicada sobre los efectos antrópicos en nuestro territorio, con transferencia educativa hacia nuestras comunidades.
Este año no habrá COP 26, pero es el momento para que las naciones del mundo se replanteen sus compromisos y tal vez el mecanismo que se está utilizando para alcanzarlo, ya que en 26 años de negociaciones, seguimos estando muy atrás en lo que se requiere para mantener el calentamiento global por debajo de los 1,5ºC. Esta crisis marcará un nuevo comienzo, en el que tenemos la oportunidad de acelerar las medidas para la preservación ambiental, el cuidado de la naturaleza y de las personas, lo cual será clave para seguir escribiendo la historia de la humanidad. 
Descargar declaración AQUÏ

domingo, 28 de julio de 2019

La ruta de los incendios: Planes y propuestas retrógradas

Fernanda Salinas Urzúa
Doctora en Ciencias m. Ecología y Evolución / Investigadora Asociada – ONG FIMA
Los incendios tienen larga data en Chile. Entre 1870 y 1910, los colonos europeos, replicando las prácticas del viejo continente, arrasaron los bosques nativos entre Talca y Concepción y los del valle central entre el río Malleco y el Bío Bío, con incendios intencionales para ‘limpiar’ el territorio y así poder practicar la agricultura y la ganadería. Consecuencia de estas prácticas, provincias enteras, como la de Malleco, quedaron erosionadas. Años más tarde, Pablo Neruda, conmovido por la transformación de su tierra natal, escribió la Oda a la Erosión de la Provincia de Malleco: “Volví a mi tierra verde y ya no estaba, ya no estaba la tierra, se había ido. Con el agua hacia el mar se había marchado (…). Rozó con fuego el alto nivel de los mañíos, el baluarte del roble, la ciudad del raulí, la rumorosa colmena de los ulmos, y ahora desde las raíces quemadas, se va la tierra, nada la defiende, bruscos socavones, heridas que ya nada ni nadie puede borrar del suelo: asesinada fue la tierra mía, quemada fue la copa, originaria (…)”. Ciertamente, si no fuera por la capacidad de regeneración natural de la vegetación de nuestros bosques, nuestro país tendría un paisaje completamente desolador. Muchas especies nativas arbóreas, arbustivas, trepadoras y herbáceas son capaces de rebrotar desde las raíces después de los incendios, mientras las semillas de otras especies pueden encontrar un suelo con humedad, sombra y nutrientes alrededor de los troncos y ramas que han caído. Los troncos de los árboles quemados que permanecen en pie, y los restos que quedan dispersos en el suelo, además de otorgar sombra y protección del viento y la desecación a las plantas que se regeneran, sustentan la compleja vida del suelo que permite el reciclaje de nutrientes, protegen el suelo de la erosión, retienen humedad, proveen de hábitat, refugio y alimento a aves, anfibios, reptiles, insectos y pequeños mamíferos del bosque. A pesar de la importancia que representan los restos de material leñoso para la regeneración de la vegetación después de los incendios, una práctica común en Chile y en el mundo es cosechar este material para usarlo como leña. Sin embargo, crecientes investigaciones han documentado las consecuencias ecológicas y ecosistémicas de esta práctica, entre los que se cuentan la erosión del suelo, la alteración del ciclo hidrológico y el ciclo de nutrientes, la pérdida de hábitat para fauna y la colonización de especies exóticas invasoras. No obstante los antecedentes científicos disponibles, el año 2015 CONAF abrió una licitación para remover el material leñoso en el área incendiada el año 2002 en la Reserva Nacional Malleco de una superficie de más de 780 hectáreas, sin considerar la abundante colonización de especies invasoras en sectores previamente licitados en la Reserva (Salinas & Armesto, datos no publicados). A raíz de esa licitación, se cuestionó a CONAF el incentivo perverso que representaba esa licitación a incendios deliberados que podrían ser replicados en otras áreas protegidas del país, y el desincentivo a las medidas de control de incendios accidentales en las mismas. No hubo postulantes a esta licitación y se declaró desierta. A mediados de Enero del 2017 se desataron en Chile central los incendios más grandes de su historia. Las cifras oficiales de CONAF registran entre Valparaíso y Bío Bío una superficie incendiada de 594.783 hectáreas, de las cuales un 57,2% correspondería a plantaciones forestales, un 21,8% a matorrales, 18,3% a bosques nativos, 2,5 a suelos con uso agrícola y 0,2% a suelos con uso industrial o ciudades. La simultaneidad de 120 incendios activos al 26 de enero, facilitó la propagación a gran velocidad e intensidad, alcanzando una extensión, que lo transformó en un incendio de sexta generación, la más alta definida en la escala de la Unión Europea, y nunca antes registrada en el mundo.

Sin embargo, las advertencias respecto a las características de los incendios venideros habían sido previstas. El 3 de enero 2017 Michel De L’Herbe adelantó en la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados, que la temporada de incendios 2017 sería altamente destructiva, que afectaría a las comunidades rodeadas por plantaciones forestales, señaló la insuficiencia del equipamiento de CONAF para controlar los incendios y la importancia de contar con ayuda internacional en caso de emergencias. A esta instancia se excusaron de asistir el Ministro de Agricultura, Carlos Furche, el Director Ejecutivo de CONAF, Aarón Caviares, el Director de la ONEMI, Ricardo Toro y el Presidente de la Junta Nacional de Bomberos, Miguel Reyes.

De acuerdo a la información proporcionada por la ONEMI, ya desde el 17 de Enero 2017 la tasa de superficie afectada por incendios comenzó su ascenso. El 18 de Enero la ONEMI declaró alerta roja en un total de 14 comunas entre las regiones de Valparaíso y el Maule, que ascienden a 16 comunas y la provincia de Colchagua al 19 de enero. El 20 de Enero, la región de O’Higgins y 17 comunas entre la región de Valparaíso y el Maule son decretadas con Alerta Roja. Recién el 21 de Enero se decreta Estado de Excepción Constitucional, Estado de Catástrofe y Zona de Catástrofe para las provincias de Colchagua y Cardenal Caro en O’Higgins y las comunas de Vichuquén y Cauquenes en Maule. Actualmente, el Ministerio Público lleva a cabo un proceso de investigación, donde se ha considerado la responsabilidad penal de funcionarios de la Compañía General de Electricidad de la Sexta Región por no cumplir con el mantenimiento y limpieza de las servidumbres de paso y las franjas cortafuego que deben existir en los tramos con tendido eléctrico. Así mismo, la Cámara de Diputados creó una Comisión Investigadora de incendios, donde se evalúa el rol de CONAF, la Intendencia y los Consejeros Regionales en la prevención de los incendios y en evitar su propagación mediante cortafuegos. Mientras tanto, la ONG Red por la Defensa de los Territorios señala que es fundamental investigar la correlación entre las plantaciones infectadas por Sirex Noctilio, avispa taladora de pino, detectada en Chile desde el 2001 que seca los bosques y se expande muy rápidamente y la intencionalidad de los incendios forestales con el fin de sanitizar el suelo de manera económica. Antes de los incendios, este insecto afectaba decenas de predios forestales desde la región de Valparaíso hasta la Araucanía, que estaban con orden de raleo o tala. De acuerdo a la Ley 20.326, las pérdidas de la forestación frente a un siniestro climático o de un incendio serían subsidiadas por CONAF. Además, el Ministerio Público y la PDI en el mes de Febrero realizaron incautaciones, tanto en CONAF como en ONEMI, para revisar los contratos de prestación de servicios en combate de incendios con las empresas españolas acusadas de sobornos, tráfico de influencias y cohecho internacional en España. A lo anterior se suma que el 29 de Enero la Presidenta Michelle Bachelet informó de 43 personas detenidas por su eventual responsabilidad en 38 incendios forestales, con 27 formalizados en distintas Fiscalías. A raíz de los incendios, numerosos académicos e investigadores reflexionaron de manera pública respecto a la oportunidad generada por este catastrófico escenario, de replantear el modelo forestal imperante en el país, indicando la importancia del diseño de paisajes heterogéneos y diversificados; resilientes frente al cambio climático global, la situación de escasez hídrica a la que están sujetas las comunidades aledañas a las plantaciones forestales, como a los mismos incendios forestales. Sólo el Ministerio del Medio Ambiente acusó recibo de la desusada participación de la comunidad científica en el debate y constituyó el Comité Nacional de Restauración Ecológica, al cual, en la reunión realizada en marzo, se sumaron representantes del mundo privado, como el presidente de la CORMA y delegados de CMPC y Arauco. Mientras tanto, con una velocidad asombrosa, el Ministerio de Agricultura, a través del Consejo de Política Forestal, presentó en marzo 2017 una Propuesta de Restauración Ecológica y Recuperación del Patrimonio Forestal Productivo, en la que se indica como acción prioritaria la ‘limpieza’ de los sitios incendiados, indicando apoyo técnico y económico para la remoción del material leñoso “de tal forma que se minimice el impacto en los suelos” con el fin de ser utilizado como leña. El documento continúa, diciendo que “el aprovechamiento de maderas debe realizarse lo antes posible a fin de evitar un mayor deterioro de las mismas”. Además, los Ministerios de Agricultura, Economía, Fomento y Turismo, Hacienda y Medio Ambiente, presentaron en el mismo mes, un Plan de Acción para la Recuperación de Patrimonio Natural y Productivo afectado por los incendios de 2017, sin distinguir propietarios de bosques nativos y plantaciones, donde “se fomentará la corta y limpieza de los sitios afectados por los incendios.” Tanto el informe de la OCDE 2016, como el Informe País 2016, y el Informe del Estado del Medio Ambiente, reconocen la contaminación atmosférica como el principal riesgo para la salud de la población y calidad de vida. En las principales ciudades del sur de Chile, entre abril y agosto principalmente, la principal razón de los altos niveles de superación frecuente de los valores límites de las normas diarias de material particulado es el consumo de leña para calefacción domiciliaria. Por esta razón, el MMA ha declarado numerosas comunas del sur como zonas saturadas por material particulado respirable y ha establecido Planes de Descontaminación Atmosférica. A la luz de los hechos, se esperaría que las investigaciones en relación a las causas de los incendios forestales recientes y la claridad respecto a las responsabilidades llegaran a fin antes de eliminar posibles evidencias mediante, por ejemplo, la remoción del material leñoso de los sectores quemados. Deseable sería, además, después de la catástrofe, contar con una planificación territorial en el que la infraestructura ecológica fuera considerada para diseñar paisajes sostenibles y resilientes. Nuestras autoridades, sin embargo, como las del siglo XIX, incentivan y financian la práctica de la ‘limpieza’ de los territorios, en desmedro de la erosión de los suelos y fomentan la calefacción con leña en las ciudades saturadas en el sur de Chile.
Fuente: FIMA

viernes, 16 de junio de 2017

La Ruta de los Incendios: Planes y propuestas retrógradas

Fuente: FIMA
Los incendios tienen larga data en Chile. Entre 1870 y 1910, los colonos europeos, replicando las prácticas del viejo continente, arrasaron los bosques nativos entre Talca y Concepción y los del valle central entre el río Malleco y el Bío Bío, con incendios intencionales para ‘limpiar’ el territorio y así poder practicar la agricultura y la ganadería. Consecuencia de estas prácticas, provincias enteras, como la de Malleco, quedaron erosionadas. Años más tarde, Pablo Neruda, conmovido por la transformación de su tierra natal, escribió la Oda a la Erosión de la Provincia de Malleco: “Volví a mi tierra verde y ya no estaba, ya no estaba la tierra, se había ido. Con el agua hacia el mar se había marchado (…). Rozó con fuego el alto nivel de los mañíos, el baluarte del roble, la ciudad del raulí, la rumorosa colmena de los ulmos, y ahora desde las raíces quemadas, se va la tierra, nada la defiende, bruscos socavones, heridas que ya nada ni nadie puede borrar del suelo: asesinada fue la tierra mía, quemada fue la copa, originaria (…)”.
Ciertamente, si no fuera por la capacidad de regeneración natural de la vegetación de nuestros bosques, nuestro país tendría un paisaje completamente desolador. Muchas especies nativas arbóreas, arbustivas, trepadoras y herbáceas son capaces de rebrotar desde las raíces después de los incendios, mientras las semillas de otras especies pueden encontrar un suelo con humedad, sombra y nutrientes alrededor de los troncos y ramas que han caído. Los troncos de los árboles quemados que permanecen en pie, y los restos que quedan dispersos en el suelo, además de otorgar sombra y protección del viento y la desecación a las plantas que se regeneran, sustentan la compleja vida del suelo que permite el reciclaje de nutrientes, protegen el suelo de la erosión, retienen humedad, proveen de hábitat, refugio y alimento a aves, anfibios, reptiles, insectos y pequeños mamíferos del bosque. 
A pesar de la importancia que representan los restos de material leñoso para la regeneración de la vegetación después de los incendios, una práctica común en Chile y en el mundo es cosechar este material para usarlo como leña. Sin embargo, crecientes investigaciones han documentado las consecuencias ecológicas y ecosistémicas de esta práctica, entre los que se cuentan la erosión del suelo, la alteración del ciclo hidrológico y el ciclo de nutrientes, la pérdida de hábitat para fauna y la colonización de especies exóticas invasoras. No obstante los antecedentes científicos disponibles, el año 2015 CONAF abrió una licitación para remover el material leñoso en el área incendiada el año 2002 en la Reserva Nacional Malleco de una superficie de más de 780 hectáreas, sin considerar la abundante colonización de especies invasoras en sectores previamente licitados en la Reserva (Salinas & Armesto, datos no publicados). A raíz de esa licitación, se cuestionó a CONAF el incentivo perverso que representaba esa licitación a incendios deliberados que podrían ser replicados en otras áreas protegidas del país, y el desincentivo a las medidas de control de incendios accidentales en las mismas. No hubo postulantes a esta licitación y se declaró desierta.
A mediados de Enero del 2017 se desataron en Chile central los incendios más grandes de su historia. Las cifras oficiales de CONAF registran entre Valparaíso y Bío Bío una superficie incendiada de 594.783 hectáreas, de las cuales un 57,2% correspondería a plantaciones forestales, un 21,8% a matorrales, 18,3% a bosques nativos, 2,5 a suelos con uso agrícola y 0,2% a suelos con uso industrial o ciudades. La simultaneidad de 120 incendios activos al 26 de enero, facilitó la propagación a gran velocidad e intensidad, alcanzando una extensión, que lo transformó en un incendio de sexta generación, la más alta definida en la escala de la Unión Europea, y nunca antes registrada en el mundo.
Sin embargo, las advertencias respecto a las características de los incendios venideros habían sido previstas. El 3 de enero 2017 Michel De L’Herbe adelantó en la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados, que la temporada de incendios 2017 sería altamente destructiva, que afectaría a las comunidades rodeadas por plantaciones forestales, señaló la insuficiencia del equipamiento de CONAF para controlar los incendios y la importancia de contar con ayuda internacional en caso de emergencias. A esta instancia se excusaron de asistir el Ministro de Agricultura, Carlos Furche, el Director Ejecutivo de CONAF, Aarón Caviares, el Director de la ONEMI, Ricardo Toro y el Presidente de la Junta Nacional de Bomberos, Miguel Reyes.
De acuerdo a la información proporcionada por la ONEMI, ya desde el 17 de Enero 2017 la tasa de superficie afectada por incendios comenzó su ascenso. El 18 de Enero la ONEMI declaró alerta roja en un total de 14 comunas entre las regiones de Valparaíso y el Maule, que ascienden a 16 comunas y la provincia de Colchagua al 19 de enero. El 20 de Enero, la región de O’Higgins y 17 comunas entre la región de Valparaíso y el Maule son decretadas con Alerta Roja. Recién el 21 de Enero se decreta Estado de Excepción Constitucional, Estado de Catástrofe y Zona de Catástrofe para las provincias de Colchagua y Cardenal Caro en O’Higgins y las comunas de Vichuquén y Cauquenes en Maule.
Actualmente, el Ministerio Público lleva a cabo un proceso de investigación, donde se ha considerado la responsabilidad penal de funcionarios de la Compañía General de Electricidad de la Sexta Región por no cumplir con el mantenimiento y limpieza de las servidumbres de paso y las franjas cortafuego que deben existir en los tramos con tendido eléctrico. Así mismo, la Cámara de Diputados creó una Comisión Investigadora de incendios, donde se evalúa el rol de CONAF, la Intendencia y los Consejeros Regionales en la prevención de los incendios y en evitar su propagación mediante cortafuegos. Mientras tanto, la ONG Red por la Defensa de los Territorios señala que es fundamental investigar la correlación entre las plantaciones infectadas por Sirex Noctilio, avispa taladora de pino, detectada en Chile desde el 2001 que seca los bosques y se expande muy rápidamente y la intencionalidad de los incendios forestales con el fin de sanitizar el suelo de manera económica. Antes de los incendios, este insecto afectaba decenas de predios forestales desde la región de Valparaíso hasta la Araucanía, que estaban con orden de raleo o tala. De acuerdo a la Ley 20.326, las pérdidas de la forestación frente a un siniestro climático o de un incendio serían subsidiadas por CONAF. Además, el Ministerio Público y la PDI en el mes de Febrero realizaron incautaciones, tanto en CONAF como en ONEMI, para revisar los contratos de prestación de servicios en combate de incendios con las empresas españolas acusadas de sobornos, tráfico de influencias y cohecho internacional en España. A lo anterior se suma que el 29 de Enero la Presidenta Michelle Bachelet informó de 43 personas detenidas por su eventual responsabilidad en 38 incendios forestales, con 27 formalizados en distintas Fiscalías.
A raíz de los incendios, numerosos académicos e investigadores reflexionaron de manera pública respecto a la oportunidad generada por este catastrófico escenario, de replantear el modelo forestal imperante en el país, indicando la importancia del diseño de paisajes heterogéneos y diversificados; resilientes frente al cambio climático global, la situación de escasez hídrica a la que están sujetas las comunidades aledañas a las plantaciones forestales, como a los mismos incendios forestales. Sólo el Ministerio del Medio Ambiente acusó recibo de la desusada participación de la comunidad científica en el debate y constituyó el Comité Nacional de Restauración Ecológica, al cual, en la reunión realizada en marzo, se sumaron representantes del mundo privado, como el presidente de la CORMA y delegados de CMPC y Arauco.
Mientras tanto, con una velocidad asombrosa, el Ministerio de Agricultura, a través del Consejo de Política Forestal, presentó en marzo 2017 una Propuesta de Restauración Ecológica y Recuperación del Patrimonio Forestal Productivo, en la que se indica como acción prioritaria la ‘limpieza’ de los sitios incendiados, indicando apoyo técnico y económico para la remoción del material leñoso “de tal forma que se minimice el impacto en los suelos” con el fin de ser utilizado como leña. El documento continúa, diciendo que “el aprovechamiento de maderas debe realizarse lo antes posible a fin de evitar un mayor deterioro de las mismas”. Además, los Ministerios de Agricultura, Economía, Fomento y Turismo, Hacienda y Medio Ambiente, presentaron en el mismo mes, un Plan de Acción para la Recuperación de Patrimonio Natural y Productivo afectado por los incendios de 2017, sin distinguir propietarios de bosques nativos y plantaciones, donde “se fomentará la corta y limpieza de los sitios afectados por los incendios.”
Tanto el informe de la OCDE 2016, como el Informe País 2016, y el Informe del Estado del Medio Ambiente, reconocen la contaminación atmosférica como el principal riesgo para la salud de la población y calidad de vida. En las principales ciudades del sur de Chile, entre abril y agosto principalmente, la principal razón de los altos niveles de superación frecuente de los valores límites de las normas diarias de material particulado es el consumo de leña para calefacción domiciliaria. Por esta razón, el MMA ha declarado numerosas comunas del sur como zonas saturadas por material particulado respirable y ha establecido Planes de Descontaminación Atmosférica.
A la luz de los hechos, se esperaría que las investigaciones en relación a las causas de los incendios forestales recientes y la claridad respecto a las responsabilidades llegaran a fin antes de eliminar posibles evidencias mediante, por ejemplo, la remoción del material leñoso de los sectores quemados. Deseable sería, además, después de la catástrofe, contar con una planificación territorial en el que la infraestructura ecológica fuera considerada para diseñar paisajes sostenibles y resilientes. Nuestras autoridades, sin embargo, como las del siglo XIX, incentivan y financian la práctica de la ‘limpieza’ de los territorios, en desmedro de la erosión de los suelos y fomentan la calefacción con leña en las ciudades saturadas en el sur de Chile.

miércoles, 1 de marzo de 2017

Unidos por Aguas Limpias 2017, ¿quieres participar y coordinar un Punto de Limpieza?

Afiche Actualizado | Campaña 2017
¿No podrás asistir el próximo 25 de marzo a tu lugar de siempre porque estas lejos o no alcanzas a llegar? 
No te preocupes, puedes unirte a nuestro movimiento y decir Fuerza Chile Unidos por Aguas Limpia (ver origen) en donde te encuentres! Súmate a alguno de los puntos de limpieza 2016 o propone un coordinador para un punto de limpieza nuevo ayúdanos a difundir nuestro mensaje de campaña a través de las redes sociales.
Protocolo de Campaña Unidos por Aguas Limpias
Establecer sitio o punto de limpieza con anticipación: 
1. Escoja un lugar que requiere atención (playa, río, humedal, etc.)
2.Contáctenos por correo electrónico a: vigilantecostero@gmail.com informándonos formalmente respecto de vuestro interés de llevar a cabo una limpieza el día del evento para envío de datos de contacto, apoyo posible y detalles.
3. Preguntar sobre permisos que pueden ser necesarios con los servicios e instituciones correspondientes.
Antes del evento:
1. Conseguir materiales como bolsas de basura, bolsas de reciclaje, guantes, estadística (opcional), una báscula o pesa para pesar la basura, agua, alimentos, bloqueador solar, sombreros, etc. (incluir a municipios, comercio, empresa privada local, idealmente.)
2. Pasar la voz. Informa e invita a tus amigos, familia, grupos comunitarios, escuelas, etc. al evento de limpieza.
3. Distribuir las cartas de exenciones de responsabilidad voluntarias a todos los que van a participar.
Día del evento:
1. Haga que cada voluntario se inscriba en la lista de participantes para poder tener un registro y balance general de la campaña.
2. Recalcar importancia de la seguridad de participantes, no exponerse a riesgos, ni recoger basura peligrosa (pedir ayuda a coordinador), participar con calzado seguro, hidratación y protección solar (sobretodo tener cuidado y precaución con niños pequeños).
3. Agradecer a todos por participar y explicar la importancia de la limpieza de la playa destacando el esfuerzo voluntario y llamado desde la ciudadanía frente a problemática de contaminación de playas, río y océano. 
4. Revisar reglas de seguridad / limpieza con los voluntarios:
  • Los adultos deben supervisar a los niños en todo momento.
  • Asegúrese de evitar las zonas ambientalmente sensibles.
  • No recoger agujas, jeringas, vidrios rotos, u otros artículos peligrosos. Comunicar a una persona encargada (salvavidas, personal municipal, etc.)
  • No tocar a los animales heridos o muertos.
  • No dar la espalda al océano, calle u otros peligros.
  • Asegúrese de que fogatas de fuego que estén apagadas antes de tocar.
  • Madera, conchas, algas y elementos orgánicos no son basura. Por favor, déjelos en la playa.
  • Lo que pueda ser separado y reciclado. Ideal.
  • Lo más importante: Que se diviertan!
5. Dividir al grupo en equipos de dos o tres, con una bolsa de basura y una bolsa de reciclaje por cada grupo y un guante por persona.
6. Asignar un tiempo y lugar para acopio de basura que sea fácil de recolectar por el municipio.

Después del evento:
1. Depósito de basura en los contenedores de basura y reciclaje en los contenedores si está disponible en el sitio, o según las instrucciones de las autoridades locales. Puede que tenga que tomar sus materiales reciclables a un centro de reciclaje cerca de casa o ser puestos para su recolección en la acera.
2. Mantener un registro de todas las cartas y datos recogidos en la limpieza de la playa: el número de voluntarios, horas dedicadas a la limpieza, kilos de basura y materiales reciclables (aprox.)
3. Envíenos los datos de su limpieza incluyendo el numero de voluntarios y la cantidad de basura recogida, así como fotos y videos de la limpieza.
Recordar que información de campaña se puede ver en evento Facebook Unidos por Aguas Limpias donde iremos subiendo información de los distintos puntos de limpieza que han ido sumando la que se estará actualizando de manera permanente.
#UxAL2017 - #UNIDOSPORAGUALIMPIAS - vigilantecostero@gmail.com - @vigilantecosta