Fuente: Ciper | Autor: Hernán Espinoza #opinion
La Ley General de Pesca y Acuicultura define borde
costero como una franja de 80 metros entre la línea más
alta de la marea y tierra adentro. Hasta hoy, el borde costero ha sido
administrado por el Ministerio de Defensa a través de
la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas y la Dirección General del Territorio
Marítimo y Marina Mercante (DIRECTEMAR, dependiente de la Armada).
Esta franja se extiende desde
Arica a Tierra del Fuego y contempla todos los islotes, islas y archipiélagos,
canales y fiordos del mar chileno, así como una franja estática –también de 80
metros– en los lagos navegables. El borde costero, un bien nacional de uso
público (por tanto, propiedad de todos los chilenos), se extiende por 83.400
kilómetros lineales y
contempla una superficie total de 6,5 millones de hectáreas. De ellas,
unas 6 millones de hectáreas corresponden a la zona sur-austral del país.
Es precisamente la superficie
del territorio sur-austral del país, la que ahora se pretende privatizar. Ello,
a partir de la combinación de una iniciativa legal ingresada a tramitación en
julio de 2012 por el Presidente Sebastián Piñera (en su primer mandato) y del plan de
licitación de terrenos fiscales que presentó el Ministerio
de Bienes Nacionales en diciembre de 2012. El proyecto
de ley ingresado en la primera administración de Piñera no puede analizarse de
manera aislada del plan de licitación de terrenos fiscales, ya que son
complementarios e interdependientes entre sí. Tampoco puede ser analizado al
margen del poder e influencia que ha ejercido la Cámara
Chilena de la Construcción durante todo este proceso de
privatización en curso.
En grueso, la iniciativa
ingresada por Piñera en julio de 2012 –y que hoy es retomada– apuntó al traspaso
de la jurisdicción del borde costero desde el Ministerio de Defensa al de
Bienes Nacionales.
En el mensaje presidencial
del 12 de julio de 2012 que contenía este proyecto de ley, se justificaba este
traspaso usando el mismo discurso exitista de siempre y que nos ha dejado sin
carreteras, sin generadoras eléctricas, sin puertos, aeropuertos y sin peces en
el mar:
“En las últimas décadas, nuestro país ha sido destacado como un
caso exitoso de desarrollo económico y social debido, entre otras cosas, a la
estabilidad que generan los marcos normativos y regulatorios que han permitido
el desarrollo de iniciativas particulares, garantizado por normas claras y
armónicas (…).
El interés estratégico del Estado
debe ser compatible con los intereses económicos que tanto
el Estado como los particulares tienen en cuanto al aprovechamiento del borde
costero en relación con los derechos y usos que pueda hacerse sobre los bienes
nacionales y bienes fiscales, requiriéndose para ello una gestión ordenadora
común e integral de esta área del territorio(…)”.
En diciembre de 2012, pocos meses después del ingreso a trámite
legislativo de este proyecto, el Ministerio
de Bienes Nacionales lanzó otro instrumento en pro del
“desarrollo” de nuestro país: un plan
de licitaciones de bienes fiscales (de los que todos los
chilenos somos propietarios) el que fue presentado como un “aporte al desarrollo de Chile”.
En concreto, este plan
consiste, ni más ni menos, en la venta
del 27% del territorio fiscal continental. Aunque fue catalogado
como un régimen de “concesiones”, el mismo plan desmiente aquello puesto que un 96% de esas propiedades
fiscales estará a la venta.
En las regiones australes, la
mayoría de las propiedades en licitación se inscriben bajo la modalidad de
venta directa. Además, casi todas ellas tienen borde costero. Solo una de estas
propiedades, precisamente la que no tiene borde costero, se licita bajo esta
modalidad de “concesión”: el Ventisquero Yelcho.
La iniciativa del Presidente
Piñera del año 2012 se ha retomado en esta nueva administración, sin que se
altere una coma del objetivo mayor pretendido por el verdadero cerebro detrás
de esta operación: la Cámara
Chilena de la Construcción (CChC).
El proyecto de ley que
traspasa el borde costero desde el Ministerio de Defensa al de Bienes
Nacionales, no es más que la respuesta al interés del sector privado por esta
franja costera para el desarrollo inmobiliario. Dos años antes de la iniciativa
legal que impulsó en 2012 el Presidente Piñera, la CChC elaboró y publicó un documento
titulado: “Hacia un nuevo borde costero
para Chile”
¿Qué se señala en ese
documento? Entre otras cosas, que la visión que existe sobre el borde costero
como una zona propiedad de todos los chilenos ha inhibido el desarrollo de ese
territorio.
“La visión histórica del borde costero que ha
predominado en nuestro país, es una que plantea el borde costero como un
territorio sumamente valioso y de propiedad de todos los chilenos. En este
contexto, tanto las
autoridades como la propia ciudadanía ven con desconfianza las intervenciones
privadas en el borde costero. Esta visión, en la práctica, se ha traducido en una política del no desarrollo”.
En el documento de la CChC se agrega, además,
que la no propiedad del suelo por parte de privados frena grandes inversiones
de largo plazo en el borde costero:
“La no propiedad del suelo
inhibe inversiones de mayor monto (y por lo tanto de mayor calidad) y desincentiva el adecuado
mantenimiento de las inversiones. Con ellos se incentiva la materialización de inversiones
temporales. No se tiene propiedad sobre las inversiones, pues una vez terminada
la concesión, ellas pasan a propiedad fiscal, salvo aquellas cosas que puedan
retirarse. Por lo anterior, no es posible que el inversionistas acceda a
garantía bancaria”.-
Es, al menos, curioso que la visión expresada por la CChC en
2010 en el texto “Hacia un nuevo borde costero para Chile”, coincida plenamente
y en varios acápites con el proyecto de ley que Sebastián Piñera envió en 2012
al Congreso. En el proyecto de ley, por ejemplo, se señala:
“Resulta
criticable el régimen de concesiones marítimas por la precariedad del derecho
del concesionario en relación con el título que le otorga la concesión. El
Estado puede poner término anticipado a cualquier concesión sin derecho a
indemnización, bastándole invocar razones de interés público”.
Es
precisamente en ese texto donde se refleja el verdadero sentido de lo que se
pretende con esta ley: asegurar la desaparición de la concesión marítima
tradicional que mantenía el borde costero
como bien nacional de uso público (es decir, de todos los
chilenos), para transformarlo en propiedad privada, asegurándole a los
empresarios un nuevo bien financiero para transar en el mercado.
Hernán Espinoza
