La privatización del borde costero: otro paso hacia el desalojo

Fuente: Ciper | Autor: Hernán Espinoza #opinion

La Ley General de Pesca y Acuicultura define borde costero como una franja de 80 metros entre la línea más alta de la marea y tierra adentro. Hasta hoy, el borde costero ha sido administrado por el Ministerio de Defensa a través de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas y la Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante (DIRECTEMAR, dependiente de la Armada).

Esta franja se extiende desde Arica a Tierra del Fuego y contempla todos los islotes, islas y archipiélagos, canales y fiordos del mar chileno, así como una franja estática –también de 80 metros– en los lagos navegables. El borde costero, un bien nacional de uso público (por tanto, propiedad de todos los chilenos), se extiende por 83.400 kilómetros lineales y contempla una superficie total de 6,5 millones de hectáreas. De ellas, unas 6 millones de hectáreas corresponden a la zona sur-austral del país.

Es precisamente la superficie del territorio sur-austral del país, la que ahora se pretende privatizar. Ello, a partir de la combinación de una iniciativa legal ingresada a tramitación en julio de 2012 por el Presidente Sebastián Piñera (en su primer mandato) y del plan de licitación de terrenos fiscales que presentó el Ministerio de Bienes Nacionales en diciembre de 2012. El proyecto de ley ingresado en la primera administración de Piñera no puede analizarse de manera aislada del plan de licitación de terrenos fiscales, ya que son complementarios e interdependientes entre sí. Tampoco puede ser analizado al margen del poder e influencia que ha ejercido la Cámara Chilena de la Construcción durante todo este proceso de privatización en curso.

En grueso, la iniciativa ingresada por Piñera en julio de 2012 –y que hoy es retomada– apuntó al traspaso de la jurisdicción del borde costero desde el Ministerio de Defensa al de Bienes Nacionales.

En el mensaje presidencial del 12 de julio de 2012 que contenía este proyecto de ley, se justificaba este traspaso usando el mismo discurso exitista de siempre y que nos ha dejado sin carreteras, sin generadoras eléctricas, sin puertos, aeropuertos y sin peces en el mar:

“En las últimas décadas, nuestro país ha sido destacado como un caso exitoso de desarrollo económico y social debido, entre otras cosas, a la estabilidad que generan los marcos normativos y regulatorios que han permitido el desarrollo de iniciativas particulares, garantizado por normas claras y armónicas (…).

El interés estratégico del Estado debe ser compatible con los intereses económicos que tanto el Estado como los particulares tienen en cuanto al aprovechamiento del borde costero en relación con los derechos y usos que pueda hacerse sobre los bienes nacionales y bienes fiscales, requiriéndose para ello una gestión ordenadora común e integral de esta área del territorio(…)”.

En diciembre de 2012, pocos meses después del ingreso a trámite legislativo de este proyecto, el Ministerio de Bienes Nacionales lanzó otro instrumento en pro del “desarrollo” de nuestro país: un plan de licitaciones de bienes fiscales (de los que todos los chilenos somos propietarios) el que fue presentado como un “aporte al desarrollo de Chile”.

En concreto, este plan consiste, ni más ni menos, en la venta del 27% del territorio fiscal continental. Aunque fue catalogado como un régimen de “concesiones”, el mismo plan desmiente aquello puesto que un 96% de esas propiedades fiscales estará a la venta.

En las regiones australes, la mayoría de las propiedades en licitación se inscriben bajo la modalidad de venta directa. Además, casi todas ellas tienen borde costero. Solo una de estas propiedades, precisamente la que no tiene borde costero, se licita bajo esta modalidad de “concesión”: el Ventisquero Yelcho.

La iniciativa del Presidente Piñera del año 2012 se ha retomado en esta nueva administración, sin que se altere una coma del objetivo mayor pretendido por el verdadero cerebro detrás de esta operación: la Cámara Chilena de la Construcción (CChC).

El proyecto de ley que traspasa el borde costero desde el Ministerio de Defensa al de Bienes Nacionales, no es más que la respuesta al interés del sector privado por esta franja costera para el desarrollo inmobiliario. Dos años antes de la iniciativa legal que impulsó en 2012 el Presidente Piñera, la CChC elaboró y publicó un documento titulado: “Hacia un nuevo borde costero para Chile”

¿Qué se señala en ese documento? Entre otras cosas, que la visión que existe sobre el borde costero como una zona propiedad de todos los chilenos ha inhibido el desarrollo de ese territorio.

“La visión histórica del borde costero que ha predominado en nuestro país, es una que plantea el borde costero como un territorio sumamente valioso y de propiedad de todos los chilenos. En este contexto, tanto las autoridades como la propia ciudadanía ven con desconfianza las intervenciones privadas en el borde costero. Esta visión, en la práctica, se ha traducido en una política del no desarrollo”.

En el documento de la CChC se agrega, además, que la no propiedad del suelo por parte de privados frena grandes inversiones de largo plazo en el borde costero:

“La no propiedad del suelo inhibe inversiones de mayor monto (y por lo tanto de mayor calidad) y desincentiva el adecuado mantenimiento de las inversiones. Con ellos se incentiva la materialización de inversiones temporales. No se tiene propiedad sobre las inversiones, pues una vez terminada la concesión, ellas pasan a propiedad fiscal, salvo aquellas cosas que puedan retirarse. Por lo anterior, no es posible que el inversionistas acceda a garantía bancaria”.-

Es, al menos, curioso que la visión expresada por la CChC en 2010 en el texto “Hacia un nuevo borde costero para Chile”, coincida plenamente y en varios acápites con el proyecto de ley que Sebastián Piñera envió en 2012 al Congreso. En el proyecto de ley, por ejemplo, se señala:

“Resulta criticable el régimen de concesiones marítimas por la precariedad del derecho del concesionario en relación con el título que le otorga la concesión. El Estado puede poner término anticipado a cualquier concesión sin derecho a indemnización, bastándole invocar razones de interés público”.

Es precisamente en ese texto donde se refleja el verdadero sentido de lo que se pretende con esta ley: asegurar la desaparición de la concesión marítima tradicional que mantenía el borde costero como bien nacional de uso público (es decir, de todos los chilenos), para transformarlo en propiedad privada, asegurándole a los empresarios un nuevo bien financiero para transar en el mercado.

Hernán Espinoza

Comité de Defensa Borde Costero de Puerto Montt, Patagonia Chilena

FIRMA AQUI PARA LA NO A LA PRIVATIZACIÓN DEL BORDE COSTERO, pedimos al Senado de Chile rechazar el proyecto

Carta Abierta al Consejo de Ministros

Fuente: http://movimientoporladefensadelmar.wordpress.com/2012/07/19/carta-abierta-al-comite-de-ministros/

Señores del Consejo de Ministros

Gobierno del Presidente Sebastián Piñera

Presente

Reciban nuestro saludo. Nosotros y nosotras, los defensores y defensoras del mar, quienes hemos protegido y resguardado nuestro territorio y fuente de vida por casi dos décadas ante la amenaza de contaminación por parte de la empresa Celulosa Arauco (Grupo Angelini) que ha pretendido construir un sistema de desechos tóxicos al mar. Quienes hemos estado expuestos a la violencia, las amenazas y la división social en nuestras comunidades y nuestras propias familias producto de la intromisión de esta empresa en complicidad con las autoridades de Gobierno que antecedieron al de vuestro presidente  Sebastian Piñera, nos dirigimos a ustedes por lo siguiente:

Primero. Hemos seguido de cerca la campaña mediática que diversos actores del actual Gobierno –entre los que se encuentra el actual Intendente de la Región de los Ríos- y el empresariado, han realizado para difundir en la ciudadanía la visión de que nosotros y nosotras, los defensores y defensoras del mar, entre los cuales se encuentras miembros de comunidades mapuche lafkenche, nos encontramos “entorpeciendo”, “bloqueando” e “hipotecando” el desarrollo que supuestamente representa la materialización del ducto de CELCO en la Bahía de Mehuín. Dentro de este contexto mediático, recientemente se ha hecho pública a través de medios de comunicación, la reunión que durante el presente mes de julio tendría un Consejo de Ministros para “resolver” la construcción del ducto de la planta Valdivia de Celulosa Arauco.

Segundo. Sabemos que entre otras materias a discutir, a puertas cerradas, de espaldas a la ciudadanía y pasando por alto el derecho a consulta y participación establecido en el Convenio 169 de la OIT, se encuentra la situación del espacio ritual y sociocultural representado en el Ngillatuwe ubicado en el Lof Puringue. Frente a ello, queremos decirles, que más allá de las resoluciones que adopten y que seguramente pasarán por alto una vez más los derechos del pueblo mapuche, nuestra posición como defensores y defensoras del mar, es de un total apoyo a las comunidades mapuche que integran el Lof Puringue. Específicamente, en el ejercicio de sus derechos frente al rechazo categórico que han manifestado respecto al paso del ducto por sus espacios sagrados y el territorio que comprende su Lof mapu. Esta es la decisión de los defensores y defensoras del mar, quienes nos comprometemos en nuestro apoyo al Lof Puringue, en caso de que su Consejo de Ministros decidiera romper, quebrantar y violar la espiritualidad mapuche ejercida en dicho espacio sagrado y Lof. Decisión que está respaldada y fundamentada, en el respeto de los derechos del pueblo mapuche, reconocidos por el Estado chileno y que las propias comunidades del Lof Puringue hicieron llegar al Director Nacional de CONADI, fundamentando su posición.

Asimismo, desde ya, convocaremos a otros territorios para dar una defensa masiva de dicho espacio sagrado y Lof Mapu, de la misma forma y con la misma fuerza y convicción en que se ha hecho por casi dos décadas la defensa del mar ante los intentos de contaminación por Celulosa Arauco.

Tercero. En relación al trazado terrestre del ducto, sabemos que Arauco se ha propuesto blindar y despejar su paso mediante la compra de tierras o la tramitación de servidumbres de paso en tierras de las familias de nuestro territorio, a cambio de la entrega de dinero y aprovechando las necesidades económicas en algunos casos, y en otros la ambición de unas pocas personas. Además de la complicidad con que CONADI ha actuado en todo este proceso violando la propia legalidad que la sustenta, como lo es aquella que protege los derechos de los pueblos indígenas, sus territorios, espacios sagrados. A pesar de las denuncias e información que ha presentado ante su Director Nacional, el Lof Puringue.

En esta estrategia de verdadera corrupción que emplea Arauco, de la misma forma en que muchas familias del sector han sucumbido, la mayor parte se ha negado, pues sabemos que por más dinero que entreguen, por más migajas, o por más que hablen de “trabajo” y “desarrollo”, la empresa contamina, destruye, viola, saquea y representa muerte. Basta conocer el repertorio ambiental que tiene en Chile, para corroborar lo que venimos diciendo. La construcción de un sistema de descarga de desechos tóxicos al mar, no sería una excepción. Frente a ello, las familias, se han negado a los ofrecimientos de la empresa, no han aceptado el dinero a cambio de compras de tierras o servidumbres de paso. Lo cual hace que el ducto de CELCO sea inviable, no tenga salida ni espacio en el cual instalarse, pues no se trata de predios de propiedad fiscal y no existe obligación de venta ni menos expropiación ya que no es un proyecto del Estado de chile, aun cuando es evidente la complicidad entre el Gobierno y las grandes empresas  como celulosa Arauco del Grupo Angelini.

Cuarto. El  Comité Defensa del Mar ha sido explícito en señalar y reafirmar, que aunque se haya votado favorablemente la resolución de calificación ambiental, la empresa está obligada a la solicitud de concesión marítima para la construcción del ducto en la zona de Mehuin. En efecto, quedando establecida la obligación, queda descubierta la debilidad del sistema de evaluación ambiental que no considera los permisos sectoriales, dando pauta a las presiones que éste tipo de empresas  realiza en  los poderes del Estado para lograr concretar por la fuerza uno de los más terribles proyectos que se pretenden concretar en Chile, como lo es el ducto al mar.

En la actualidad, una de las causas que impiden la salida al mar del ducto, es  la situación en que se encuentra el borde costero, particularmente en lo que respecta a la ausencia de un espacio que permita una concesión marítima por parte de CELCO para tener salida al mar e instalar su ducto. La ley general de pesca y acuicultura señala que la franja de las 5 millas es de uso exclusivo de la pesca artesanal, estableciéndose por decreto supremo  del Ministerio de Economía a las áreas de manejo para la explotación de los recursos bentónicos, a las que podrán acceder solo las organizaciones de pescadores artesanales –no las empresas- puesto que la razón de su existencia es la explotación de los recursos bentónicos. Es decir, la presentación que hizo CELCO del trazado del ducto ante la COREMA de Los Ríos y la consiguiente autorización de ésta última a favor de la empresa,  constituye un acto ilegal porque no se consideró la existencia del área de manejo de los pescadores artesanales. Lo que significa, que las RCA son estrictamente del ámbito ambiental y no sectorial.

De la misma forma, la eventual aprobación de una concesión marítima a favor de CELCO en el espacio solicitado, sería, otro acto ilegal que vulnera el propio Estado de Derecho que ustedes declaran respetar. En efecto, de existir un respeto al Estado de Derecho, es imposible la materialización de un ducto al mar.

Quinto. El Comité Defensa del Mar, considera fuera de todo entendimiento o raciocinio los ataques en contra de la Ley Lafquenche (20.249) en la Región de los Ríos. En especial, porque éstas declaraciones realizadas por autoridades de gobierno en la región, demuestran una sistemática colaboración con Celulosa Arauco. En ellas, se nos acusa de “hipotecar” el mar, de “bloquear” el desarrollo, de “estorbo” al trabajo y la economía local. Graves acusaciones que expresan un racismo abierto e institucionalizado que practican autoridades de gobierno y el empresariado en un Gobierno que se declara democrático. Estas declaraciones, una vez más, tratan de presentarnos ante la opinión pública, como verdaderos enemigos del desarrollo del país, cuando, a fin de cuentas, hemos sido nosotros y nosotras quienes hemos vivido y viviremos aquí por siempre, los que hemos protegido el mar, cuidado de sus recursos y mantenido libre de contaminación, permitiendo que no sólo las comunidades locales vivan de esta fuente de trabajo, entre las que se encuentran las comunidades mapuche lafkenche para quienes posee un sentido cultural más profundo; sino también, miles de visitantes y turistas que acuden a la zona para disfrutar de su belleza y productos marinos. Por ello, este tipo de declaraciones, no son otra cosa que racismo y reacciones desesperadas frente a la imposibilidad que tiene CELCO de construir su ducto. Pues, no es solo la Ley Lafquenche (20.249) lo que impide que se materialice la construcción del ducto, sino las dos leyes en el mar, esto es la Ley general de pesca y acuicultura y la ley lafkenche.

Respecto a ésta última, indica expresamente que se debe dar preferencia a la tramitación hecha por las comunidades indígenas solicitantes (art. 10), quedando suspendida cualquier otra tramitación en el mismo espacio. Y en el caso de la Bahía de Mehuín, se encuentran en trámite todos los espacios fiscales, lo cual aplica a los espacios que están bajo la supervigilancia de la Armada de Chile, esto es, las playas y terrenos de playas fiscales, porción de agua, fondo de mar, rocas, golfos, bahías, ríos y lagos navegables por buques de más de 100 toneladas, etc. Quedando libres, sólo las áreas de manejo de los pescadores artesanales y dos concesiones de acuicultura en el rio Lingue o Mehuin.

Por lo tanto, se resume que no existe espacio para construir el ducto, puesto que su emplazamiento está en franca sobreposición, siendo ilegal cualquier permiso de construcción, aunque éste venga del Consejo de Ministros.

Sexto. Dadas las facultades del Consejo de Ministros, nos queda vigilar cual será la estrategia del gobierno empresarial para dar facilidades a la forestal Arauco y su ducto. Aunque, les recordamos, que en esta tarea de vigilancia, denunciaremos ante la opinión pública nacional e internacional, cualquier otra violación del Estado de Derecho que ustedes dicen respetar, entre lo que se incluye, las violaciones a los derechos indígenas reconocidos en instrumentos jurídicos vigentes en Chile, como lo es el Convenio 169 o la propia Ley Lafkenche (20.249), además de las propias leyes sectoriales. Nos imaginamos, que seguir colaborando con CELCO, que significa violar el propio Estado de Derecho para concretar el proyecto de ducto al mar, no es precisamente, el mejor paso que puede dar vuestro Gobierno que, quiéranlo o no, posee un débil y frágil apoyo ciudadano, más aún, en un año electoral.

Séptimo. Les recordamos que estamos alerta, que estamos de pie, con la frente en alto y firmes en nuestra dignidad y convicción por defender el mar y defender nuestros derechos (aunque ustedes decidan no respetarlos). Que seguiremos sumando a todos aquellos y aquellas personas, organizaciones, comunidades mapuche y no mapuche, dispuestos a defender el mar, a defender la vida, frente a las amenazas de empresarios o de todos aquellos y aquellas que pretendan contaminar o saquear el mar.

En todos estos años, a pesar de la violencia con que se ha actuado contra nosotros, a pesar de la desintegración de nuestras familias y comunidades, de los embates de las instituciones y autoridades estatales y su complicidad con CELCO, hemos recorrido un largo trayecto, de aprendizajes, hemos reconstruido lazos de confianza en el tejido social local, hemos ampliado éstos en el ámbito regional, nacional e internacional y nuestra dignidad y fortaleza sigue aún más firme que al inicio de este conflicto que originó CELCO. En todo este camino, nuestra posición y convicción por defender un mar que es de todos y de todas, se mantiene y tiene larga vida.

Señores del Consejo de Ministros, esperamos que tengan una buena jornada  –aunque sea a puertas cerradas, de espaldas a la ciudadanía y obviando los derechos del pueblo mapuche-. También, aprovechamos de reiterarles desde ya que para nosotros el mar no se vende y la defensa no se transa, pues desde que comenzamos nuestra defensa, nuestro compromiso es por la vida, por el futuro de nuestros hijos e hijas, de nuestros nietos y nietas, y a fin de cuentas, por la vida, incluso por la de quienes no la respetan, por la de aquellos que nos han causado tanta violencia a nosotros y a nuestras familias o por la de quienes han sido y serán cómplices de lo que pueda o no pasar.

Atentamente,

Comité de Defensa del Mar