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sábado, 15 de junio de 2019

Declaración pública: Por la presente declaración, manifestamos nuestro tajante rechazo al engañoso y manipulador llamado a la comunidad a manifestarse por parte de las autodenominadas “Organizaciones Sindicales y Gremiales de Magallanes”...

Por la presente declaración, manifestamos nuestro tajante rechazo al engañoso y manipulador llamado a la comunidad a manifestarse por parte de las autodenominadas “Organizaciones Sindicales y Gremiales de Magallanes” y que no representan a todas y todos los magallánicos.
Sabemos que los dirigentes sindicales, están siendo utilizados por los intereses de las grandes empresas nacionales y extranjeras de los sectores industriales pesquero, salmonero y minero, al chantajear a los trabajadores de Nova Austral y de Mina Invierno,  incitándolos a asistir junto a sus familias este domingo 16 de junio a una manifestación en Punta Arenas y Puerto Natales, organizada y financiada por Nova Austral.
Alertamos a la comunidad, ante el confuso comunicado difundido en medios de comunicación regionales y redes sociales que utiliza imágenes de la gran protesta ante el alza del gas del 2011, aprovechándose del sentido de “República Independiente” que nos caracteriza en Magallanes e intentando maquillar las verdaderas intenciones de este movimiento de las patronales salmoneras y mineras. En dicho comunicado se señala que sus operaciones tienen como característica el “respetar la naturaleza” y “cuidar del medio ambiente”, cuando en verdad intentan oponerse a la propuesta de modificar las actuales normas de otorgamiento, ampliación y distribución de concesiones marítimas a la industria salmonera, especialmente enfocada en aguas territoriales australes, a fin de garantizar un efectivo cuidado y protección del medio ambiente marino en el territorio, o, en el caso de Mina Invierno, rechazar la medida cautelar del Tribunal Ambiental de Valdivia, que busca asegurar la protección del patrimonio cultural en Isla Riesco.
Las empresa Nova Austral se encuentra extorsionando a sus trabajadores y trabajadoras con despedir a más de 1.000 personas en diciembre próximo, mientras Mina Invierno ya ha despedido a 95 operarios y amenaza con cerrar faenas en los próximos meses, como señales de un accionar patronal irresponsable si no se les permite continuar con su expansión territorial y productiva en Magallanes.
Magallánicas y magallánicos, nuestro planeta hoy se encuentra en una situación delicada. Esto no es una especulación ni una fantasía, es una preocupación respaldada por los múltiples estudios de organismos internacionales y por la comunidad científica mundial, la cual ya definió que sólo nos quedan 12 años para que lleguemos a un momento mundial de no retorno, donde ya no podremos generar acciones de “mitigación” y sólo deberemos “adaptarnos” al caos medioambiental. El cambio climático está manifestando efectos que fueron pronosticados hace décadas, en forma de fenómenos climáticos extremos, que ya están provocando cambios profundos en las precipitaciones, temperaturas y vientos (así como proliferación de zonas desérticas) y la aceleración exponencial de estos efectos ha sido incrementada por la acción humana directa.
Como organizaciones ciudadanas, movimientos sociales y comunidades locales patagónicas, señalamos que si se sigue permitiendo la expansión salmonera en la región, generará los mismos efectos devastadores que esta industria ha provocado durante 25 años en el Archipiélago de Chiloé, cuyo mar y playas se encuentran convertidos en un basurero industrial, sujetos a periódicas crisis sanitarias, sociales y laborales (despidos, cesantía crónica y pobreza). Asimismo, si continuamos con la explotación y uso del carbón, seguiremos permitiendo la destrucción de nuestra tierra, generando mayores emisiones de CO2, principal responsable del calentamiento global, desestimando el impacto socio-ambiental y la violación de los derechos humanos en las llamadas “zonas de sacrificio ambiental” en el norte de Chile.
La protección de nuestro territorio y maritorio es lo que nos ha motivado a pronunciarnos y es lo que como ciudadanía debiéramos cuidar y respetar, siendo la garantía de un desarrollo que aprovecha nuestro mayor tesoro regional. Hacemos un llamado a la unidad como habitantes y vecinos (as), desarrollemos nuestra región, estamos de acuerdo con el crecimiento, pero a partir de ese recurso, no a expensas de él (no queremos pan para hoy y hambre para mañana). Somos nosotros (as) los que debemos decidir nuestro desarrollo, nuestro futuro y la forma de vida que queremos tener hoy y mañana para nuestros hijos (as) y nietos (as).
  • Iniciativa I Coloquio Binacional de Cambio Climático en Tierra del Fuego
  • Alerta Isla Riesco
  • Asamblea Ciudadana de Última Esperanza
  • Asociación de Guías de Turismo Locales de Puerto Natales
  • Asociación Gremial de Hostels y Afines de Puerto Natales
  • Unión Comunal de Junta de Vecinos de Puerto Natales
  • Frente de Defensa Ecológico Austral
  • Coordinadora Magallánica de Territorios en Resistencia
  • ONG RealChile
  • Fridays for Future Punta Arenas
  • Movimiento No Salmoneras en el Canal Beagle Chile Argentina
  • Comité Cultural de Puerto Williams
  • Comunidad Yagán de Bahía Mejillones
  • Asociación de Guías de Turismo de Magallanes y Antártica Chilena
  • Comunicado.-

jueves, 13 de junio de 2019

Estado Salmonero: Una verdad Inevitable #Doc

@vigilantecosta #Bitacora #reporte

El Sábado 8 de Junio, por la tarde, pudimos estar presentes en el Salón Municipal de Cobquecura en la proyección itinerante del potente Documental “Estado Salmonero” del gran surfista chileno Ramón Navarro.

La película documental es una adaptación chilena del documental Artifishall de Patagonia que cuenta el impacto de la industria acuícola en el hemisferio norte. La adaptación local es dirigida por Daniel Casado Bissone y cuenta con el patrocinio de Patagonia.
Con la presencia del Alcalde de Cobquecura, Don Julio Fuentes, vecinos y vecinas, organizaciones locales como Todos Somos Cobquecura y Comités de Defensa del Borde Costero locales, se hizo una breve presentación del documental a través del surfista chileno de categoría mundial Ramón Navarro acerca de su experiencia de hacer el documental en el sur de Chile y en otros lugares del mundo, presentando un impresionante seguimiento al ciclo y proceso completo del salmón, generando un enfoque amplio que entrega un mensaje claro y objetivo respecto de la multidimensionalidad del los impactos de esta industria en el sur de Chile y el mundo. Muchos de ellos que se empeña en invisibilizar.
Ramón Navarro, Surfrider. Activista Global Patagonia
En la oportunidad se dió la instancia de conversar y debatir respecto de la problemática local y de qué manera seguir articulando estrategias y redes que fortalezcan el movimiento local organizado que, desde 2015, se opone a la imposición de la Salmonicultura intensiva en las costas de la región de Ñuble, Maule y Biobío. 
Enhorabuena por la alcaldía local que esta trabajando codo a codo junto a la comunidad en oposición al ingreso de la salmonicultura privada en el mar de Ñuble. 
Estado Salmonero, se convierte en una pieza audiovisual obligatoria para todas las comunidades costeras de Chile.
Durante la mañana del mismo sabado 8 de junio, se desarrolló en el Polideportivo de la localidad costera de Curanipe la Quinta versión del TRAFKINTU (ceremonia de intercambio ancestral de semillas) >> Ver Nota aparte AQUÏ



viernes, 6 de julio de 2018

La privatización del borde costero: otro paso hacia el desalojo

Fuente: Ciper | Autor: Hernán Espinoza #opinion
La Ley General de Pesca y Acuicultura define borde costero como una franja de 80 metros entre la línea más alta de la marea y tierra adentro. Hasta hoy, el borde costero ha sido administrado por el Ministerio de Defensa a través de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas y la Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante (DIRECTEMAR, dependiente de la Armada).
Esta franja se extiende desde Arica a Tierra del Fuego y contempla todos los islotes, islas y archipiélagos, canales y fiordos del mar chileno, así como una franja estática –también de 80 metros– en los lagos navegables. El borde costero, un bien nacional de uso público (por tanto, propiedad de todos los chilenos), se extiende por 83.400 kilómetros lineales y contempla una superficie total de 6,5 millones de hectáreas. De ellas, unas 6 millones de hectáreas corresponden a la zona sur-austral del país.
Es precisamente la superficie del territorio sur-austral del país, la que ahora se pretende privatizar. Ello, a partir de la combinación de una iniciativa legal ingresada a tramitación en julio de 2012 por el Presidente Sebastián Piñera (en su primer mandato) y del plan de licitación de terrenos fiscales que presentó el Ministerio de Bienes Nacionales en diciembre de 2012. El proyecto de ley ingresado en la primera administración de Piñera no puede analizarse de manera aislada del plan de licitación de terrenos fiscales, ya que son complementarios e interdependientes entre sí. Tampoco puede ser analizado al margen del poder e influencia que ha ejercido la Cámara Chilena de la Construcción durante todo este proceso de privatización en curso.
En grueso, la iniciativa ingresada por Piñera en julio de 2012 –y que hoy es retomada– apuntó al traspaso de la jurisdicción del borde costero desde el Ministerio de Defensa al de Bienes Nacionales.
En el mensaje presidencial del 12 de julio de 2012 que contenía este proyecto de ley, se justificaba este traspaso usando el mismo discurso exitista de siempre y que nos ha dejado sin carreteras, sin generadoras eléctricas, sin puertos, aeropuertos y sin peces en el mar:
“En las últimas décadas, nuestro país ha sido destacado como un caso exitoso de desarrollo económico y social debido, entre otras cosas, a la estabilidad que generan los marcos normativos y regulatorios que han permitido el desarrollo de iniciativas particulares, garantizado por normas claras y armónicas (…).
El interés estratégico del Estado debe ser compatible con los intereses económicos que tanto el Estado como los particulares tienen en cuanto al aprovechamiento del borde costero en relación con los derechos y usos que pueda hacerse sobre los bienes nacionales y bienes fiscales, requiriéndose para ello una gestión ordenadora común e integral de esta área del territorio(…)”.
En diciembre de 2012, pocos meses después del ingreso a trámite legislativo de este proyecto, el Ministerio de Bienes Nacionales lanzó otro instrumento en pro del “desarrollo” de nuestro país: un plan de licitaciones de bienes fiscales (de los que todos los chilenos somos propietarios) el que fue presentado como un “aporte al desarrollo de Chile”.
En concreto, este plan consiste, ni más ni menos, en la venta del 27% del territorio fiscal continental. Aunque fue catalogado como un régimen de “concesiones”, el mismo plan desmiente aquello puesto que un 96% de esas propiedades fiscales estará a la venta.
En las regiones australes, la mayoría de las propiedades en licitación se inscriben bajo la modalidad de venta directa. Además, casi todas ellas tienen borde costero. Solo una de estas propiedades, precisamente la que no tiene borde costero, se licita bajo esta modalidad de “concesión”: el Ventisquero Yelcho.
La iniciativa del Presidente Piñera del año 2012 se ha retomado en esta nueva administración, sin que se altere una coma del objetivo mayor pretendido por el verdadero cerebro detrás de esta operación: la Cámara Chilena de la Construcción (CChC).
El proyecto de ley que traspasa el borde costero desde el Ministerio de Defensa al de Bienes Nacionales, no es más que la respuesta al interés del sector privado por esta franja costera para el desarrollo inmobiliario. Dos años antes de la iniciativa legal que impulsó en 2012 el Presidente Piñera, la CChC elaboró y publicó un documento titulado: “Hacia un nuevo borde costero para Chile
¿Qué se señala en ese documento? Entre otras cosas, que la visión que existe sobre el borde costero como una zona propiedad de todos los chilenos ha inhibido el desarrollo de ese territorio.
“La visión histórica del borde costero que ha predominado en nuestro país, es una que plantea el borde costero como un territorio sumamente valioso y de propiedad de todos los chilenos. En este contexto, tanto las autoridades como la propia ciudadanía ven con desconfianza las intervenciones privadas en el borde costero. Esta visión, en la práctica, se ha traducido en una política del no desarrollo.
En el documento de la CChC se agrega, además, que la no propiedad del suelo por parte de privados frena grandes inversiones de largo plazo en el borde costero:
La no propiedad del suelo inhibe inversiones de mayor monto (y por lo tanto de mayor calidad) y desincentiva el adecuado mantenimiento de las inversiones. Con ellos se incentiva la materialización de inversiones temporales. No se tiene propiedad sobre las inversiones, pues una vez terminada la concesión, ellas pasan a propiedad fiscal, salvo aquellas cosas que puedan retirarse. Por lo anterior, no es posible que el inversionistas acceda a garantía bancaria”.-
Es, al menos, curioso que la visión expresada por la CChC en 2010 en el texto “Hacia un nuevo borde costero para Chile”, coincida plenamente y en varios acápites con el proyecto de ley que Sebastián Piñera envió en 2012 al Congreso. En el proyecto de ley, por ejemplo, se señala:
“Resulta criticable el régimen de concesiones marítimas por la precariedad del derecho del concesionario en relación con el título que le otorga la concesión. El Estado puede poner término anticipado a cualquier concesión sin derecho a indemnización, bastándole invocar razones de interés público”.
Es precisamente en ese texto donde se refleja el verdadero sentido de lo que se pretende con esta ley: asegurar la desaparición de la concesión marítima tradicional que mantenía el borde costero como bien nacional de uso público (es decir, de todos los chilenos), para transformarlo en propiedad privada, asegurándole a los empresarios un nuevo bien financiero para transar en el mercado.
Hernán Espinoza
Comité de Defensa Borde Costero de Puerto Montt, Patagonia Chilena

FIRMA AQUI PARA LA NO A LA PRIVATIZACIÓN DEL BORDE COSTERO, pedimos al Senado de Chile rechazar el proyecto

martes, 20 de marzo de 2018

Autoridad ambiental niega participación ciudadana en evaluación de 300 plataformas mineras porque estas "no generan beneficios sociales” para las comunidades aledañas

Insólito argumento del Servicio de Evaluación Ambiental de Aysén.
  • Director regional Claudio Aguirre emitió tres oficios donde rechaza las solicitudes realizadas por la Agrupación Aysén Reserva de Vida, la Corporación Costa Carrera y la Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén con relación a las prospecciones mineras Terrazas, Katterfeld y Santa Teresa
Un insólito argumento utilizó el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de Aysén para rechazar una solicitud de participación ciudadana en el marco de la evaluación de tres declaraciones de impacto ambiental (DIA) que buscan la instalación de 300 plataformas de exploración minera en tres comunas de la región. Los requerimientos fueron presentados el 15 de febrero por la Agrupación Aysén Reserva de Vida (ARV), la Corporación Costa Carrera y la Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén (Codesa).
Se trata de las DIAs de la prospección “Terrazas” de la compañía Red Hill en la comuna de Río Ibáñez, que junto a “Santa Teresa” en Lago Verde y “Katterfeld” en Coyhaique, ambas de El Toqui, representa una nueva ofensiva minera en la Patagonia.
En un oficio fechado el 8 de marzo, a solo tres días del término del gobierno de Michelle Bachelet, el director regional del SEA, Claudio Aguirre Ramírez, notificó el rechazo de las peticiones, siendo esta una posibilidad establecida en el reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. El motivo esgrimido fue que la instalación de plataformas en las zonas señaladas no generarían “cargas ambientales, las cuales se entenderían como “beneficio social” y “gravámenes a los habitantes de la localidad donde se realiza”, debiendo en su interpretación ocurrir obligatoriamente ambas condiciones.
Para justificar esta medida el funcionario señala que el concepto de beneficio social es la utilidad directa que un determinado proyecto o actividad le entrega a la sociedad, utilidad que se debe analizar a la luz del objetivo particular de cada proyecto o actividad, confrontado con las necesidades básicas de la comunidad o localidad próxima afectada, es decir, uno de los objetivos del proyecto debe ser, satisfacer necesidades de carácter colectivo que se traduzcan en una mejora del nivel de bienestar social o condiciones de vida de las comunidades próximas. En este sentido, no se trata de la generación de cualquier beneficio, ni de un beneficio económico para un titular o para una determinada persona o grupo, o de la generación de empleos, sino que de una característica inherente a determinadas obras y actividades que satisfacen directamente dichas necesidades básicas de la sociedad. Y como cada uno de los proyectos sobre los cuales se solicitó participación ciudadana no genera beneficios sociales para las comunidades próximas, al ser perforaciones en el suelo para sondajes mineros, no se satisfarían necesidades básicas de la comunidad. Por ende, procedió al rechazo del requerimiento.
Llama la atención la forma en que interpreta el director regional el concepto de cargas ambientales, donde la comunidad no puede participar en la evaluación de una iniciativa que impacta el territorio simplemente porque no conlleva beneficio alguno para ella. No solo es insólito, sino además irresponsable expresó el presidente de la Agrupación ARV, Peter Hartmann.
Por su parte, el presidente de Codesa Patricio Segura señaló que “sería muy grave que esta forma de leer la norma, con una mirada pro empresa y no pro ciudadanía ni cuidado del medio ambiente, que es el mandato del Servicio de Evaluación Ambiental, se esté aplicando en todo el país. Es, en realidad, una vergüenza”.
De esta forma, las comunidades que viven en sectores aledaños a estas exploraciones no podrán informarse, participar, realizar observaciones en el proceso de evaluación. Es decir, seguirá el desarrollo de este tipo de iniciativas a espaldas de la comunidad. Parece que no hemos aprendido mucho de los conflictos socioambientales de los últimos años.
El jueves 16 de marzo, las organizaciones presentaron un recurso de reposición para revertir la medida.
¿Gobierno en Aysén pro minería extractiva?
Esta decisión se suma a la negativa de la Comisión de Evaluación Ambiental (CEA) de Aysén de paralizar el proceso de evaluación de la DIA de un proyecto de la cuestionada Compañía Cerro Bayo que busca rehabilitar los túneles de mina Javiera, abandonada en 2008. La faena, ubicada a pocos kilómetros de Bahía Jara y de la costa del Lago General Carrera, hoy se encuentra completamente inundada, contemplando la iniciativa la extracción de 580 mil m3 de agua para depositarlos en la laguna Salitrosa (conocida en el sector como Salmonosa o Escondida), cuyo volumen actual es de 330 mil m3.  
El 27 de septiembre de 2017 la Agrupación ARV, Codesa y Costa Carrera ingresaron un recurso de invalidación en contra de la tramitación ambiental, argumentando que por afectarse humedales y áreas bajo protección ambiental oficial procedía exigir estudio de impacto ambiental y no solo una declaración. Sin embargo, en un oficio del 30 de enero, la CEA (presidida por la ex intendenta Karina Acevedo) argumentó, sin entrar al fondo de la solicitud, que dichas organizaciones no tendrían la calidad de interesados -a pesar de ser entidades que por estatutos buscan proteger la integridad ambiental de Aysén- por tanto no podrían hacer tal exigencia.
Ante esto, se presentó un recurso de reposición, el cual aún no ha sido resuelto.
El proyecto mina Javiera está en proceso de evaluación, teniendo plazo hasta el 9 de octubre de 2018 para responder las observaciones que le hicieran los servicios públicos. Esto luego que el SEA de Aysén aceptara una solicitud de prórroga de Cerro Bayo, con lo cual será el gobierno de Sebastián Piñera el que dirimirá su viabilidad ambiental.
La iniciativa se ubicaría al interior del Sitio Prioritario de Conservación de la Biodiversidad Estepa Jeinimeni-Lagunas de Bahía Jara, considerado un área con valor ambiental relevante cuyos cuerpos hídricos como la mayoría de los humedales, corresponden a sistemas frágiles de carácter temporal, muy sensibles a cualquier intervención antrópica, al poder provocar desequilibrios en el ecosistema”.  Esto ha llevado a la ciudadanía a requerir la realización de un estudio de impacto ambiental y no solo una declaración.
Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén

domingo, 28 de mayo de 2017

DECLARACIÓN PÚBLICA: Ante el proyecto argentino-chino de central nuclear en la Patagonia

El 17 de mayo de este año, el presidente de Argentina Mauricio Macri junto a su homólogo chino Xi Jinping, firmaron un acuerdo comercial para financiar la construcción de dos centrales nucleares. Una de ellas Atucha III, de una capacidad instalada de 745 MW, en la provincia de Buenos Aires. La otra, de 1.150 MW, localizada en el sector de Sierra Grande en Río Negro, en el límite con Chubut, cerca del Golfo de San Matías y la Península Valdés, Patrimonio Mundial Natural UNESCO.  Para el caso chileno, a 550 kilómetros del límite con Chile y 600 kilómetros de la región de Aysén.
A la luz de esta ofensiva, en conjunto la Unión de Asambleas Patagónicas (UAP), la Unión de Asambleas de Chubut (UACH) y la Unión de Asambleas del Kurru Leufu (Río Negro), hicieron pública una carta dirigida al Embajador de China en Argentina, Yang Wanming, bajo el título “En la Patagonia NO”.
Desde la Región de Aysén, Reserva de Vida, en la Patagonia Chilena, nos sumamos y adherimos a los planteamientos y oposición de las uniones de asambleas Patagónicas, de Chubut y del Kurru Leufu (Río Negro), en su categórica oposición a la instalación de cualquier tipo de central nuclear en territorio patagónico. Asimismo, en todo lo que se refiere a impedir por los más diversos medios no violentos la concreción de dichas instalaciones.
Rechazamos esta decisión inconsulta, arbitraria e ilegal por parte del gobierno argentino aliado a los intereses imperalistas chinos, lo cual nos afecta como habitantes de un vecino país, tanto en lo ambiental como en lo concerniente a la negativa imagen que se genera, por ser esta fuente de energía sucia, peligrosa y de alto costo. 
Rechazamos, también, el circuito completo del uranio, desde la prospección hasta los residuos, por el peligro de radioactividad que perdura por siglos. La advertencia que dejan las catástrofes de Chernobyl y Fukushima debiera tomarse en serio.
La Patagonia no es territorio para ninguna “externalidad” económica y exigimos respeto a sus cualidades y a sus habitantes.
Por último, hacemos un llamado a nuestro gobierno, el gobierno chileno, a no proseguir con acuerdos energéticos con Argentina mientras este país insista en poner en peligro tanto a su población como a quienes vivimos en las cercanías de dicha potencial central nuclear. Esto, considerando que el último estudio de opinión realizado al respecto en nuestro país da cuenta que diversos líderes de opinión, al igual que la sociedad chilena, considera esta tecnología como una “amenaza, evaluándola con un alto riesgo económico, social, político y geográfico”.

COALICIÓN CIUDADANA POR AYSÉN RESERVA DE VIDA Coyhaique, Comuna “No Nuclear”,  28 de mayo de 2017
Contactos:
Peter Hartmann (Codeff Aysén/Agrupación Reserva de Vida) /aisenrv@gmail.com +56 98 8185273
Patricio Segura (Corporación Privada par el Desarrollo de Aysén) / psegura@gmail.com +56 99 9699780