Gobierno aplica masiva política de privatización de bienes fiscales

Fuente: Interferencia

Según el Plan de Licitaciones del Ministerio de Bienes Nacionales, de un total de 179 inmuebles, un 76% de ellos serán vendidos este año a privados, mientras que el resto corresponde a figuras de concesión o arriendo. Ex ministros de la cartera criticaron la medida, ya que por figuras de concesión o arriendo la recaudación es superior, al ser sostenida en el tiempo y no implicar la enajenación fiscal de esos bienes.

En su edición del pasado miércoles 28 de agosto, el diario Las Últimas Noticias de El Mercurio SAP tituló con las propiedades que Bienes Nacionales puso a la venta en la Región Metropolitana, enmarcadas en el Plan de Licitaciones 2018 que está impulsando la cartera a cargo del ministro Felipe Ward.

Este plan corresponde al cuarto trimestre de 2018 y a los cuatro trimestres de 2019, y establece un cronograma de licitaciones de 179 inmuebles a lo largo del país. Al observar el detalle del cronograma, es posible extraer que 136 (76%) de estos bienes van a ser vendidos a privados bajo las modalidades de venta de obligaciones o venta a la mejor oferta económica, mientras que solo 43 (24%) van a ser arrendados o concesionados, que es lo que había venido realizando Bienes Nacionales para administrar el patrimonio inmueble del Estado.

Esta práctica de privilegiar la privatización por sobre el arriendo o la concesión parece ser una política del ministro Ward. Así lo dejó ver en diciembre de 2018 en una entrevista en Radio Duna, donde manifestó que "el territorio siempre estará mejor administrado en manos de personas que del Estado", mientras conversaba precisamente sobre el Plan de Licitaciones 2018. La frase en primera instancia fue replicada y luego borrada por la cuenta oficial de Twitter del Ministerio de Bienes Nacionales, tal como consignó en esa oportunidad El Desconcierto.

Esta política parece tener su origen en el primer gobierno de Sebastián Piñera, cuando el entonces ministro de Bienes Nacionales Rodrigo Pérez Mackenna también fue objeto de críticas por priorizar la venta de terrenos fiscales durante su administración. En su momento Pérez argumentó que las ventas tenían un propósito de estímulo de la inversión.

Las respuestas de Ward a Guillier

El 22 de enero de 2019, un oficio dirigido al ministro de Bienes Nacionales y firmado por el presidente del Senado de ese momento, el senador Carlos Montes, solicitaba al ministro informar sobre el plan de licitaciones de 179 terrenos fiscales anunciado por el Ministerio en un encuentro empresarial celebrado en el centro de convenciones Casapiedra.

La solicitud fue realizada por el senador Alejandro Guillier y consultaba sobre la individualización de los bienes fiscales considerados, y el objeto o finalidad de la licitación para cada una de estas propiedades, sea industrial, agrícola o comercial, entre otros; identificación de los bienes que se venderán, concesionarán o arrendarán, condiciones de dichas operaciones y fundamento técnico de cada una de ellas; y la calendarización del plan de licitaciones y sus fundamentos legales y de hecho. 

Dicho oficio fue respondido el 8 de febrero por el ministro Ward, en cuya respuesta el ministro aclaraba que el Plan de Licitaciones impulsado por Bienes Nacionales tiene como fundamento disponer del territorio fiscal como aporte al desarrollo sostenible, y a su vez, promover la inversión en diversos tipos de proyectos.

Ante la consulta senatorial, Ward informaba sobre los beneficios de la gestión que había llevado a cabo el ministerio, aportando ejemplos como la contribución de Bienes Nacionales en el desarrollo de las energías renovables en el norte del país, a través de concesiones de uso oneroso para el desarrollo de proyectos eólicos, fotovoltaicos o de concentración solar que han permitido diversificar la matriz energética del país.

Asimismo, se destacaba la oferta de suelos con aptitud industrial en el sector minería y los territorios que se aportan en el área de turismo de intereses especiales, potenciando el interés turístico sobre un destino como la Patagonia. Según informa el documento, los instrumentos de gestión utilizados para la oferta anunciada consideran la venta, concesión de uso de largo plazo y arriendo.

Todos respuestas estándares relativas al quehacer general de Bienes Nacionales, pero que no daban cuenta del fundamento de la estrategia actual de venta de una mayor proporción de ventas de unidades de bienes inmuebles, por sobre las modalidades de concesión o arrendamiento.

Hablan los ex ministros, Ward calla

Nivia Palma, ex ministra de Bienes Nacionales entre 2016 y 2018, al ser consultada por las cifras de ventas presentadas en este artículo, dijo que “me parece excesiva". Según Palma, "la mejor administración de una propiedad fiscal es arrendar o concesionar. Está demostrado en las cifras, si uno toma los datos de los distintos gobiernos de los últimos años, cuando aumentan los arriendos o concesiones, aumentan los ingresos para el Estado, sin desprenderse de la propiedad fiscal". 

En esa línea, la ex ministra recordó que "en 2017 hubo un incremento altísimo de los recursos que generamos para el Estado. Incluso fui felicitada por la senadora Ena Von Baer [UDI] en la comisión mixta de presupuesto. El tema es que cuando uno vende, obtiene una cantidad inmediata, pero prescinde de una cantidad de terreno fiscal que impide que puedas dedicarlo a una materia pública como ERNC u otra política pública en el futuro”. 

A su vez, Palma recordó que durante el primer gobierno de Piñera “había existido una venta notable durante ese período. En 2014 no nos quedó nada más que seguir con lo que ya estaba amarrado, pero desde 2015 subimos la cantidad de arriendos y concesiones durante el segundo gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. Antes de irme, le demostré esto con cifras al ministro Ward y le dije que había sido un gran negocio para el Estado la política de energías renovables, ya que a 30 años el Fisco iba a seguir recibiendo ingresos año a año”.

Por su parte, el ex ministro de Bienes Nacionales entre 2014 y 2016, Víctor Osorio, manifestó a INTERFERENCIA que "al margen de las circunstancias específicas de la realidad del país, siempre debiera otorgarse prioridad a la preservación del carácter social y público de la propiedad fiscal. No creo que la privatización de los bienes fiscales sea un camino apropiado o deseable, y me parece que no tiene asidero sostener que el sector privado tenga una mejor capacidad para administrar la propiedad por sobre el Estado".

En la misma idea, Osorio indicó que "la idea de que reducir el tamaño del Estado es una condición para promover el crecimiento económico, me parece que no es más que un prejuicio ideológico. Por ello, en nuestro período al frente del Ministerio de Bienes Nacionales no privilegiamos las enajenaciones y pusimos énfasis en ocupar las herramientas de gestión que no afectan el dominio del poder público sobre el territorio de todas las chilenas y chilenos".

Consultado según su experiencia como ex ministro sobre si era posible que las numerosas hectáreas a la venta para actividades de Turismo, conservación y patrimonio en Aysén y Magallanes se realizaran bajo la figura de concesión o arriendo, y de esa manera el Fisco mantuviera el terreno, Osorio dijo que “en estos casos es preferible que el Estado establezca una relación de asociatividad con el sector privado, en que los bienes fiscales no pierdan su condición pública y estatal. Para ello existen herramientas de gestión en Bienes Nacionales, como la concesión onerosa”.

Por lo mismo, Osorio agregó que "no veo razón alguna para que se considere que la privatización es condición indispensable para promover el emprendimiento o la inversión. En nuestra gestión ministerial logramos una multiplicación sin precedentes de los proyectos de energías renovables en el país, disponiendo territorio fiscal para la inversión privada, pero este territorio mantiene hasta hoy su carácter fiscal".

INTERFERENCIA intentó insistentemente obtener la postura del ministro Ward y sus argumentos para justificar -desde su punto de vista- el beneficio fiscal y/o económico de su política de privilegio de venta masiva de bienes, por sobre arrendamientos o concesiones.

Sin embargo, el equipo de comunicaciones del Ministerio de Bienes Nacionales se limitó a enviar información de protocolo institucional y las leyes que permiten la acción ministerial, negando a este periódico el acceso a una conversación con Ward, tal como se solicitó. 

Esto, en instancias en que el ministro se encontraba entonces dando varias entrevistas en canales, radios y otros periódicos, promocionando las propiedades a la venta contempladas en el plan de licitaciones, sin haberse referido a las materias que INTERFERENCIA quería consultarle.

FueNte Original: Interferencia - Se publica en este Bllog para fines de difusión e información pública

La privatización del borde costero: otro paso hacia el desalojo

Fuente: Ciper | Autor: Hernán Espinoza #opinion

La Ley General de Pesca y Acuicultura define borde costero como una franja de 80 metros entre la línea más alta de la marea y tierra adentro. Hasta hoy, el borde costero ha sido administrado por el Ministerio de Defensa a través de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas y la Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante (DIRECTEMAR, dependiente de la Armada).

Esta franja se extiende desde Arica a Tierra del Fuego y contempla todos los islotes, islas y archipiélagos, canales y fiordos del mar chileno, así como una franja estática –también de 80 metros– en los lagos navegables. El borde costero, un bien nacional de uso público (por tanto, propiedad de todos los chilenos), se extiende por 83.400 kilómetros lineales y contempla una superficie total de 6,5 millones de hectáreas. De ellas, unas 6 millones de hectáreas corresponden a la zona sur-austral del país.

Es precisamente la superficie del territorio sur-austral del país, la que ahora se pretende privatizar. Ello, a partir de la combinación de una iniciativa legal ingresada a tramitación en julio de 2012 por el Presidente Sebastián Piñera (en su primer mandato) y del plan de licitación de terrenos fiscales que presentó el Ministerio de Bienes Nacionales en diciembre de 2012. El proyecto de ley ingresado en la primera administración de Piñera no puede analizarse de manera aislada del plan de licitación de terrenos fiscales, ya que son complementarios e interdependientes entre sí. Tampoco puede ser analizado al margen del poder e influencia que ha ejercido la Cámara Chilena de la Construcción durante todo este proceso de privatización en curso.

En grueso, la iniciativa ingresada por Piñera en julio de 2012 –y que hoy es retomada– apuntó al traspaso de la jurisdicción del borde costero desde el Ministerio de Defensa al de Bienes Nacionales.

En el mensaje presidencial del 12 de julio de 2012 que contenía este proyecto de ley, se justificaba este traspaso usando el mismo discurso exitista de siempre y que nos ha dejado sin carreteras, sin generadoras eléctricas, sin puertos, aeropuertos y sin peces en el mar:

“En las últimas décadas, nuestro país ha sido destacado como un caso exitoso de desarrollo económico y social debido, entre otras cosas, a la estabilidad que generan los marcos normativos y regulatorios que han permitido el desarrollo de iniciativas particulares, garantizado por normas claras y armónicas (…).

El interés estratégico del Estado debe ser compatible con los intereses económicos que tanto el Estado como los particulares tienen en cuanto al aprovechamiento del borde costero en relación con los derechos y usos que pueda hacerse sobre los bienes nacionales y bienes fiscales, requiriéndose para ello una gestión ordenadora común e integral de esta área del territorio(…)”.

En diciembre de 2012, pocos meses después del ingreso a trámite legislativo de este proyecto, el Ministerio de Bienes Nacionales lanzó otro instrumento en pro del “desarrollo” de nuestro país: un plan de licitaciones de bienes fiscales (de los que todos los chilenos somos propietarios) el que fue presentado como un “aporte al desarrollo de Chile”.

En concreto, este plan consiste, ni más ni menos, en la venta del 27% del territorio fiscal continental. Aunque fue catalogado como un régimen de “concesiones”, el mismo plan desmiente aquello puesto que un 96% de esas propiedades fiscales estará a la venta.

En las regiones australes, la mayoría de las propiedades en licitación se inscriben bajo la modalidad de venta directa. Además, casi todas ellas tienen borde costero. Solo una de estas propiedades, precisamente la que no tiene borde costero, se licita bajo esta modalidad de “concesión”: el Ventisquero Yelcho.

La iniciativa del Presidente Piñera del año 2012 se ha retomado en esta nueva administración, sin que se altere una coma del objetivo mayor pretendido por el verdadero cerebro detrás de esta operación: la Cámara Chilena de la Construcción (CChC).

El proyecto de ley que traspasa el borde costero desde el Ministerio de Defensa al de Bienes Nacionales, no es más que la respuesta al interés del sector privado por esta franja costera para el desarrollo inmobiliario. Dos años antes de la iniciativa legal que impulsó en 2012 el Presidente Piñera, la CChC elaboró y publicó un documento titulado: “Hacia un nuevo borde costero para Chile”

¿Qué se señala en ese documento? Entre otras cosas, que la visión que existe sobre el borde costero como una zona propiedad de todos los chilenos ha inhibido el desarrollo de ese territorio.

“La visión histórica del borde costero que ha predominado en nuestro país, es una que plantea el borde costero como un territorio sumamente valioso y de propiedad de todos los chilenos. En este contexto, tanto las autoridades como la propia ciudadanía ven con desconfianza las intervenciones privadas en el borde costero. Esta visión, en la práctica, se ha traducido en una política del no desarrollo”.

En el documento de la CChC se agrega, además, que la no propiedad del suelo por parte de privados frena grandes inversiones de largo plazo en el borde costero:

“La no propiedad del suelo inhibe inversiones de mayor monto (y por lo tanto de mayor calidad) y desincentiva el adecuado mantenimiento de las inversiones. Con ellos se incentiva la materialización de inversiones temporales. No se tiene propiedad sobre las inversiones, pues una vez terminada la concesión, ellas pasan a propiedad fiscal, salvo aquellas cosas que puedan retirarse. Por lo anterior, no es posible que el inversionistas acceda a garantía bancaria”.-

Es, al menos, curioso que la visión expresada por la CChC en 2010 en el texto “Hacia un nuevo borde costero para Chile”, coincida plenamente y en varios acápites con el proyecto de ley que Sebastián Piñera envió en 2012 al Congreso. En el proyecto de ley, por ejemplo, se señala:

“Resulta criticable el régimen de concesiones marítimas por la precariedad del derecho del concesionario en relación con el título que le otorga la concesión. El Estado puede poner término anticipado a cualquier concesión sin derecho a indemnización, bastándole invocar razones de interés público”.

Es precisamente en ese texto donde se refleja el verdadero sentido de lo que se pretende con esta ley: asegurar la desaparición de la concesión marítima tradicional que mantenía el borde costero como bien nacional de uso público (es decir, de todos los chilenos), para transformarlo en propiedad privada, asegurándole a los empresarios un nuevo bien financiero para transar en el mercado.

Hernán Espinoza

Comité de Defensa Borde Costero de Puerto Montt, Patagonia Chilena

FIRMA AQUI PARA LA NO A LA PRIVATIZACIÓN DEL BORDE COSTERO, pedimos al Senado de Chile rechazar el proyecto

LEY LONGUEIRA: LOS OBJETIVOS DE UNA LEY CORRUPTA

Por Héctor Kol

Comité de Defensa del Borde Costero Puerto Montt

Fuente: Sin Represas, Sin Salmoneras

Presentación en Casa de la Cultura de Calbuco, Región de Los Lagos, el 1 de Septiembre de 2017.

Organizada por el Comité de Defensa del Borde Costero “Calbuco Emergente”

y con la participación de GERARDO DÍAZ, el Pescador Caminante.

En los tiempos del Pos-Modernismo y de los posmodernistas, es decir, en los tiempos del “Chamullo” y de los “Chamulleros”, todo comenzó en el año 2011…

Fue en ese año que “Chile cambió”, los pueblos “se empoderaron”, la gente “se indignó”, aparecieron los “movimientos sociales” e INCLUSO…fueron escuchados… Se descubrió, en esta Nueva Era, que nuestro planeta giraba en torno al Sol; que cuando llovía, lo hacía de arriba para abajo y que dos más dos son cuatro… El 2011 Colo-Colo ganó la Copa Libertadores, el Hombre llegó a la Luna, Colón a América…. Y Marine Harvest a Chile…

Así, para los “Chamulleros”, existe un Pre- 2011 y un Pos -2011…Adiós al fastidioso “Antes y Después de Cristo”, porqueantes del 2011 ni siquiera hubo un Big-Bang y sólo  después del 2011, se hizo la luz en la Tierra…

De esa manera se distorsiona la Historia más reciente de nuestro país, para justificar y para no abordar en su raíz los desastres que se acumulan en todo el territorio nacional tras 45 años de aplicación de un Modelo Económico Capitalista Neo-liberal que, entre otras cosas, es el Creador de los “pos-modernistas”, de varios de los cacareados “movimientos sociales”… y de la actual Ley de Pesca y Acuicultura: la Ley Longueira, la ley más corrupta que ha tramitado el Parlamento tras su reinstalación en el año 1990 de la Era Pre-Modernista y tras ganarle la batalla “con un lápiz” a la Dictadura Militar.

En efecto, no fue en el Gobierno de Piñera (2010-2014) donde se gestó y se pensó en cómo volver a cogotear al pueblo chileno para quitarle algo más de lo poco que habían dejado los saqueadores con uniforme y luego los que los reemplazaron, sino que fue en el Gobierno de Ricardo Lagos (2000-2006, Era Premodernista).

En el año 2002, en el marco de las negociaciones para celebrar un TLC con la Unión Europea y ante la amenaza de ser destituido de su cargo de Presidente de la República por múltiples caso de corrupción que protagonizó como Ministro de Obras Públicas del Gobierno de Frei Ruiz-Tagle (1994-2000, Era Premodernista) RICARDO LAGOS ESCOBAR recibió el apoyo incondicional de la UDI (ultraderecha) para desactivar la amenaza de destitución. A esa reunión corresponde esta foto publicada, a todo color, por el Diario El Mercurio de la época. Las dos caras de la misma moneda…

Allí, el entonces Diputado Pablo Longueira, no sólo le entregó un respaldo político, sino también ideológico al posteriormente designado, por su defensa irrestricta del medioambiente, como “Capitán Planeta” por el Diario Las Últimas Noticias, otro baluarte de la Libertad de Expresión en Chile.

Y ese apoyo ideológico se manifestó a través de la donación de un Plan de Modernización del Estado que incluía lo que se llamó la “Ley Corta de Pesca” y que, en esencia, era la misma Ley Longueira actual y que tenía el mismo propósito: entregarle la mayor parte de la biomasa pesquera en aguas nacionales a 7 familias (6 de la UDI y una de la Concertación, la familia Angelini).

Aunque la Ley tenía una duración también de 20 años renovables, la resistencia de la Confederación Nacional de Pescadores Artesanales de Chile (CONAPACH) de Cosme Caracciolo y de ECOCEANOS (la única ONG ambientalista del sector marítimo que no pertenece al Club del Ambientalismo V.I.P.) consiguió que este “cogoteo” al pueblo chileno sólo durara 10 años.

Es decir, la “Ley Corta” de Lagos duró hasta el año 2012, cuando el ahora Senador  Longueira fue investido como Ministro de Economía del Gobierno de Sebastián Piñera y en consecuencia, a cargo de elaborar una Nueva Ley de Pesca y Acuicultura: ESTA Ley, la que lleva su nombre y su prontuario, la Ley “Longueira”.

Ya insertos en la Era Pos-modernista, apareció el primer “chamullo” producto de la Ley: el pescador artesanal y el buzo mariscador que no pueden pescar ni bucear… Es decir, el taxista que no puede manejar taxis y el campesino que no puede sembrar, el médico que no puede atender enfermos y el sicólogo que no puede leer a Freud…

Y a pesar de semejante tontera, la pesca artesanal, en su inmensa mayoría, ha apoyado este cogoteo legalizado por la Ley Longueira, tal como lo hicieron Green-Peace, la WWF y OCEANA, entre otros….[1]

No le importó a los dirigentes de la Pesca Artesanal que sus “representados” tengan ahora una credencial donde se les impide pescar después de 3 mil años de estar haciéndolo; no les importó que sus buzos no puedan efectuar “maniobras de buceo” porque su credencial así lo indica… Es decir, no les importó (ni les sigue importando) que el pescador obtenga un zarpe para ir a pescar en la Capitanía de Puerto de la misma Armada de Chile que dice que NO PUEDE PESCAR ni bucear….

Ni tampoco les importa que SERNAPESCA le vise lo extraído a pesar de que es una pesca ilegal, efectuada por alguien que NO TIENE AUTORIZACIÓN para hacerlo….

El “gran logro” de la pesca artesanal (que no puede pescar) que  menciona la actual Presidenta de la CONAPACH, corresponde a que los peces fueron privatizados en el año 2002 con la Ley Corta de Pesca y se asignaron A LAS EMBARCACIONES, como ocurre hasta hoy.

Efectivamente, las cuotas de pesca se entregan a la herramienta de trabajo, a la lancha y por lo tanto su administración y PROPIEDAD es sólo de los “armadores”, es decir, de los dueños de las lanchas y buques industriales. De esa manera, la flota pesquera extranjera puede acceder, desde esa Ley Corta de pesca en adelante, a Cuotas de Pesca en Chile por la vía de la compra de barcos CON CUOTAS…  ¿Puede haber algo más “patriótico” que eso?

Un barco pesquero sin cuota no tiene valor alguno y allí están los cementerios de naves en España y en Valdivia que dejaron de tener utilidad porque no recibieron cuotas… Y allí están las “naves fantasmas” a las que SUBPESCA les sigue asignando cuotas a pesar de que no existen, para mantener la especulación financiera que rodea, también, a esta actividad.

¿Por qué la pesca artesanal apoya este sinsentido, esta eliminación de su propia actividad milenaria? Porque en el sector pesquero artesanal los “armadores” son los dirigentes. Es decir, son los dueños de las lanchas a las que se asignan las cuotas que corresponden a la pesca artesanal. El resto de los pescadores NADA TIENEN…ni un solo pescado, excepto en la Región de Aysén, donde cada pescador tiene  su cuota porque allá (y sólo allá, en Aysén) la pesca artesanal pesca y tiene, además, poder político.

Esta Ley Longueira es defendida por los “armadores” de la pesca artesanal (es decir, los dirigentes) porque les asegura, en conjunto con otro cuerpo legal que abordaremos más adelante, grandes fortunas sin tener que moverse de sus camionetas 4X4 y sin mojarse ni las pestañas y no ha sido anulada como debiera porque fue aprobada por un Parlamento Corrupto, que aunque sigue desfilando en Tribunales por múltiples casos de corrupción, no tiene el más mínimo interés de modificar la “institucionalidad pesquera” que tanto aplauden, además, la WWF, Green-Peace y OCEANA porque, según ellos, “asegura la sustentabilidad de la actividad”, de acuerdo a los argumentos que esgrimen desde sus oficinas en Santiago, completamente ajenos al desastre ambiental y social que esta institucionalidad corrupta ha creado

Las Diapos 4 y 5 muestran los “aportes” monetarios a las campañas parlamentarias de varios “próceres” del Pre-Modernismo que hicieron las 7 familias favorecidas con la Primera Ley Longueira, según los registros del Servicio Electoral (SERVEL).

Y los aportes se distribuyeron indistintamente de las “ideologías” que predicaban los favorecidos, porque para el Sistema Capitalista NO EXISTEN LAS IDEOLOGÍAS ni las religiones y porque para un barrido o un fregado, sirve tanto un Socialista como Escalona como una ultraderechista como Ena Von Baer… Da lo mismo: todo hombre (y mujer) tiene su precio…

La Región de Los Lagos no iba a ser la excepción a la regla y entre los favorecidos con la generosidad pesquera industrial  estaban el Presidente de la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados, Patricio Vallespín y el actual Director Regional de Corfo, Adolfo Alvial. Más al norte, el actual Ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, a cargo de la construcción de puertos (Diapo 5)… Todos de la Democracia Cristiana (DC). Entre los Socialistas favorecidos, el actual Subsecretario de Pesca y Acuicultura, Raúl Súnico….

Y por supuesto, entre los más favorecidos por este derroche de generosidad y de Responsabilidad Social Empresarial, el posteriormente electo SEBASTIÁN PIÑERA, que nombró a Longueira en el Ministerio de Economía para que terminara un trabajo pendiente…

Tanta generosidad no ha quedado impune y aunque no se ha tocado ni un pelo de la “sustentable institucionalidad pesquera” nacida del cohecho y del soborno, al menos ha quedado revelada en parte la institucionalidad de marras.

Unos 500 millones de pesos de CORPESCA (Grupo Angelini) se habrían repartido los 5 integrantes de la Comisión de Pesca del Senado durante la tramitación de la Ley Longueira y otros 53 diputados habrían recibido también dineros de CORPESCA a partir del año 2009, al menos.

Y la pesca industrial siguió sobornando Senadores y Diputados para evitar que prosperara cualquier modificación a esta “sustentable” Ley de Pesca que fuese inconveniente para sus intereses aún después de ser promulgada…

Pero había un inconveniente no menor respecto de la biomasa pesquera de las llamadas “aguas interiores”, a la que la pesca industrial no podía acceder porque, según la Ley de Pesca entonces vigente (la primera Ley Longueira) sólo podían efectuar extracciones los pescadores artesanales.

Para solucionar ese problema, usaron a Iván Fuentes, el primer gran dirigente de los “Movimientos Sociales” y presidente de CORFAPA, una organización dedicada a la compra y venta de pescados en la Región de Aysén, para que por su intermedio se instalara un discurso pos-modernista: que la pesca artesanal austral no podía pescar sus cuotas porque el mar era muy peligroso y debía permitirse a estos hombres en peligro que las vendieran AL SECTOR INDUSTRIAL.

Así, después de 3.500 años de pescar en canoas y con lanzas y de estar calando espineles embarcados en “Tucu-tucus”, el mar austral se puso peligroso para los pescadores en el año 2012, según el notable descubrimiento de este comerciante de pescados que inmediatamente fue electo Diputado en representación de…la Democracia Cristiana.

Y fue en el escenario de una protesta social que resultó infructuosa para todos los aiseninos, excepto para él y todos los dirigentes de la pesca artesanal austral, que se pusieron en la mesa de negociaciones del Movimiento Social de Aysén las llamadas Leyes Misceláneas, que permiten, hoy, que las cuotas asignadas a los armadores artesanales puedan ser vendidas a la pesca industrial, principalmente a GRANEROS S.A. o PESQUERA ELEFANTES y otras que abastecen de pescado…. a las fábricas de alimentos para salmones [2]

Así relata el Diario “La Tercera”  los resultados del pos-modernista descubrimiento del ahora Diputado Fuentes y las Leyes Misceláneas que infiltró en medio de un conflicto social: 

De ESO viven los dirigentes de la pesca artesanal austral desde el paralelo 42º Latitud Sur y hasta el Cabo de Hornos: de vender las cuotas que se les asignan al sector industrial, para que este pesque no para alimentar personas, sino para alimentar SALMONES…

He allí la razón de por qué, por  las barricadas que manejó la pesca artesanal en Chiloé durante el año 2016 durante las protestas sociales aún más infructuosas que las de Aysén, no podían pasar camiones con alimentos… pero SIEMPRE PASARON los camiones salmoneros y eso es porque hoy la pesca artesanal austral es un proveedor más de la Industria Salmonera.

Por lo demás, de las 7 familias favorecidas con esta cascada de corrupciones, CINCO tienen salmoneras. La Ley Longueira y las Leyes misceláneas se hicieron para eso: para asegurarle a las salmoneras la disponibilidad de pescado para fabricar sus alimentos artificiales. La pesca industrial ya no necesita un mercado externo para vender harina y aceite de pescado. Ahora tienen su propio consumo interno, esto es, sus propias salmoneras.

Y aunque tienen toda la “sustentable” institucionalidad pesquera a su favor, estas 7 familias siguen violando su propia Ley, por la que entregaron aportes legales e ilegales a los parlamentarios y dirigentes de la pesca artesanal que aspiraban a su propio “raspado de olla”.

En síntesis, hoy se pesca para alimentar salmones que se exportan y no para alimentar  personas y ese atentado a la Soberanía y Seguridad Alimentarias nacionales no sólo tiene a un Parlamento corrupto a su favor, sino también a los ambientalistas V.I.P. de Green-Peace, WWF y OCEANA y a la pesca artesanal de prácticamente toda esta Región de Los Lagos, donde se concentra más del 50% de los pescadores artesanales de Chile.

La inducción a la sobre-explotación pesquera (y a la corrupción) que genera la salmonicultura intensiva, se aprecia en los siguientes gráficos de la Organización de Ingredientes Marinos (IFFO, en inglés) que mantiene estadísticas acerca de la producción y uso de la harina/aceite de pescado que se fabrican en el mundo.

En el año 2002, como muestra la gráfica de la Diapo 11, la IFFO estimaba que al año 2010 (casi al comienzo de la Era Pos-Modernista) casi la totalidad del aceite de pescado producido en el mundo estaría destinado a la acuicultura intensiva de camarones y salmones. Es decir, ya en ese año 2010 se estaría pescando sólo para alimentar salmones y camarones… y no personas.

Las tasas de conversión de pesca silvestre a “salmones” dan una idea de cómo para mantener a esta industria tóxica en el mundo es necesario arrasar con la biomasa pesquera planetaria: para una producción salmonera de 600 mil toneladas anuales, es necesario “invertir” entre 3 y 5 MILLONES DE TONELADAS de pesca silvestre para fabricar los alimentos artificiales que necesita tamaña producción.

Ese es el propósito de la “institucionalidad pesquera”, asegurar los peces y los espacios que necesita la salmonicultura, que ocupó sin piedad las “aguas interiores” reservadas por ley a la pesca artesanal y que ahora están convertidas en “barrios salmoneros”, como muestran las Diapos 13 y 14 siguientes:

En esas aguas que le estaban “reservadas”, la pesca artesanal, la única producción orgánica masiva de alimentos que existía en este país, cultiva sus “choritos” filtradores de excremento de salmones y partículas de pellets con antibióticos, colorantes y pesticidas que se suministran a los salmones; allí mantiene sus áreas de manejo de locos y caracoles y allí captura sus merluzas australes, como la que se muestran en la Diapo 15.

Como muestra la Diapositiva, ahora la merluza austral no siempre es de carne blanca, sino naranja, por el consumo de alimentos para salmones que llevan pigmentación artificial. A la derecha de la Diapo, una prueba de color para evaluar si esta merluza puede o no ser vendida como salmón. ¿Cuál es la carga de antibióticos y pesticidas, que también se administran en los alimentos para salmones, que tienen estas “merluzas salmonídeas”?

Allí, en esas aguas interiores, existen millones de ejemplares de salmones “fugados” que los pescadores artesanales no pueden pescar y comercializar, sin que se genere escándalo alguno mientras en otros países la fuga de salmones en proporciones ínfimas comparadas a lo que sucede en Chile, es motivo de emergencia nacional, como ocurrió en Canadá por la fuga de “apenas” 330 mil ejemplares de salmón del atlántico en agosto reciente.

En las “aguas interiores” que pertenecen a todos los habitantes de este país, se arrojan al mar miles de toneladas de antibióticos todos los años, en cantidades que serían consideradas delitos en otros países productores de salmones, principalmente para combatir el Síndrome Rickettsial del Salmón (SRS) enfermedad bacteriana que genera un 30% de mortalidad entre las producciones anuales de las salmoneras en Chile.

Esta enfermedad introducida en Chile probablemente por las propias salmoneras, genera consumos de hasta 36 mil veces más antibióticos por tonelada de salmón producida que lo que se usa en otros países productores de salmónidos en cautiverio, como muestra la DIAPO 18, correspondiente a un Informe de Sustentabilidad de la empresa Marine Harvest, que reconoce consumo casi CERO de antibióticos en sus instalaciones en Noruega, mientras en Chile ocupan más de 700 gramos por tonelada de salmón producida.

Así de irracional es el uso de antibióticos en las “aguas interiores” que pertenecen a todos los chilenos y cuya gestión se reservó a la pesca artesanal.

Como muestra la DIAPO 19 siguiente, en al menos 200 puntos del Mar Interior de la Región de Los Lagos se manifestaba, al año 2015, esta enfermedad bacteriana que induce al  bombardeo químico como el reconocido por Marine Harvest.

Así se contamina, se intoxica el mar y sus recursos en la no menos cacareada “Patagonia prístina” que promueven las agencias de Turismo. De allí se obtienen los productos del mar que consumen los chilenos y sus hijos, con las consecuencias a la salud pública que sólo el Colegio Médico se ha atrevido a denunciar.

Esa es la "Salmonicultura Sustentable" que promueve el Diputado Boric, de Magallanes...

Para hacer de este mar Austral un escenario del crimen, donde no se respeta ley alguna, donde no importa la salud pública y mucho menos el impacto que tienen las operaciones salmoneras, es que se creó la Ley Longueira.

Y mientras tanto, los administradores por ley de este sistema marino único en el mundo ¿en qué están?.

La DIAPO 20 lo señala con claridad: están trabajando para las salmoneras, junto con los políticos aliados de esta, levantando las barricadas para que sigan pasando los destructores del Mar Austral, quizás si a la espera de que un nuevo desastre ambiental se produzca para que puedan seguir “pescando bonos” en el mismo lugar de siempre, sentados cómodamente en las cabinas de sus camionetas 4X4 y amparados en el fetiche predilecto de los chamulleros Pos-modernistas: el fetiche de los Movimientos Sociales.

Héctor Kol

Patagonia Sin Represas… Sin Salmoneras

Septiembre de 2017.

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Nota Editor: Este artículo ha sido publicado por su autor en sinrepresassinsalmoneras.blogspot.cl.

La presente publicación se ha hecho fiel a su original y se publica a traves de este medio para fines de difusión y colaboración para que la información sea de conocimiento público. Informar es educar.