Entender el todo: Una nueva mirada sobre el mundo y la política

Por: Fernando Salinas | 17.05.2025

Lo que necesitamos hoy no es más control sobre las partes, sino más comprensión del todo. Una política del cuidado, no del dominio. Una forma de vivir que no divida, sino que reconecte. Porque al final, no somos piezas sueltas. Somos parte de una trama que nos sostiene, aunque muchas veces no la veamos. Y es esa trama -ese todo vivo- lo que vale la pena defender.

Vivimos en un mundo que ha sido pensado, desde hace siglos, en base a partes: partes del cuerpo, partes de la naturaleza, partes del conocimiento, partes del territorio, partes del poder. Esta forma de ver las cosas ha sido útil para desarrollar la ciencia, organizar gobiernos o diseñar tecnologías. Pero también nos ha hecho perder de vista algo fundamental: que la realidad no está hecha de partes aisladas, sino de relaciones, de redes, de totalidades vivas.

Este énfasis en la parte tiene una raíz filosófica reconocible en el pensamiento de René Descartes, quien propuso que para entender algo complejo era mejor dividirlo en partes más simples. Este método analítico permitió grandes avances científicos, pero también reforzó una visión fragmentada del mundo. Frente a esta perspectiva, corrientes como la psicología de la Gestalt afirmaron que "el todo es más que la suma de las partes", recordándonos que hay estructuras y significados que no pueden entenderse si solo miramos los elementos por separado.

Cuando analizamos un río como “agua”, un bosque como “biomasa”, o una comunidad como “población”, estamos usando una forma de pensar que separa para entender. Es lo que los griegos llamaban logos: la razón, el lenguaje, la lógica. El logos nos ayuda a construir modelos, teorías y conceptos que nos permiten explicar el mundo. Pero tiene un límite: no puede captar el todo tal como es. Puede analizar fragmentos, pero no puede vivir la totalidad de lo real.

La filosofía, desde distintas tradiciones, ha advertido esto muchas veces. En el budismo, por ejemplo, se dice que nada tiene existencia propia: todo depende de todo. En la filosofía ecológica, como la de Arne Naess o Félix Guattari, se insiste en que el ser humano es parte de una red de relaciones -con la tierra, con los demás, consigo mismo- y que no puede pensarse como una unidad separada. La idea de que somos individuos autosuficientes es una ilusión moderna que ya no nos sirve.

Este problema no es solo teórico. Tiene consecuencias directas en la forma en que organizamos nuestras sociedades. Las políticas públicas suelen tratar los temas como si fueran independientes: salud, medio ambiente, economía, seguridad. Pero en la práctica, todo está conectado. Si se contamina un río, afecta la salud, la economía local, la biodiversidad, e incluso la identidad de una comunidad. Si se construye una carretera en un bosque, cambia todo un sistema de relaciones que tal vez no alcanzamos a ver.

Por eso, distintas experiencias en el mundo están mostrando caminos alternativos. El municipalismo ecológico, por ejemplo, propone que las decisiones se tomen a nivel local, con participación directa de las personas, y teniendo en cuenta la ecología del territorio. En algunos pueblos de Europa y América Latina ya se está practicando este tipo de organización, donde lo importante no es el poder desde arriba, sino el cuidado desde abajo.

En América del Sur, los pueblos indígenas originarios han propuesto nuevos paradigmas, una forma de vida basada en el equilibrio con la naturaleza, la comunidad y la espiritualidad. Aquí, la tierra no es un recurso, sino una madre: Ñuke Mapu (mapuche) y la Pachamama (andina). La política no se reduce a elecciones y leyes, sino que se expresa en la forma de sembrar, de compartir, de hablar con respeto, de recordar a los antepasados.

No luchan solo por tierras, sino por formas de vida que reconozcan al territorio como un ser vivo, no como una propiedad. En esas luchas hay una sabiduría que el mundo moderno necesita urgentemente: no todo se puede medir, dividir o administrar. Algunas cosas solo se pueden cuidar.

El filósofo Edgar Morin, uno de los pensadores más influyentes del pensamiento complejo, dice que necesitamos una nueva forma de hacer política. Una política que entienda que todo está relacionado: la mente con el cuerpo, el individuo con la sociedad, el ser humano con la Tierra. No se trata de rechazar la razón, sino de complementarla con sensibilidad, intuición y conciencia relacional.

Lo que necesitamos hoy no es más control sobre las partes, sino más comprensión del todo. Una política del cuidado, no del dominio. Una forma de vivir que no divida, sino que reconecte. Porque al final, no somos piezas sueltas. Somos parte de una trama que nos sostiene, aunque muchas veces no la veamos. Y es esa trama -ese todo vivo- lo que vale la pena defender.

¿Cómo valorar la vida? Tres caminos para pensar más allá del dinero

Fuente: El Desconcierto / Fernando Salinas

Tal vez el futuro no dependa de una sola idea revolucionaria, sino de unir lo mejor del pensamiento crítico, la ciencia consciente y la sabiduría ancestral. Aprender a valorar desde la vida, no desde el precio, puede ser el primer paso hacia una nueva forma de habitar el mundo.

En un mundo donde casi todo se mide en dinero, cada vez más voces cuestionan esa forma única de valorar. ¿Qué pasaría si en vez de preguntarnos cuánto cuesta algo, nos peguntáramos cuánto cuida la vida, cuánta energía útil emplea o cuán profundamente se relaciona con el mundo que lo rodea?

Félix Guattari, filósofo y psicoanalista, en su libro “Las tres ecologías”, propuso pensar la ecología no solo como cuidado del medioambiente, sino también como una transformación de nuestras relaciones sociales y de nuestra vida mental. Llamó a esto ecosofía: una forma de sabiduría que nos ayuda a reconectar con la Tierra, con los otros y con nosotros mismos. Para él, la crisis ecológica también es una crisis del deseo y de la sensibilidad.

Lo que realmente tiene valor no es lo que genera ganancias, sino lo que sostiene la vida, despierta la creatividad y fortalece los vínculos. Esta idea dialoga con el pensamiento del filósofo noruego Arne Naess, quien desarrolló la ecología profunda, y también, de manera independiente, el concepto de ecosofía.

La ecología profunda sostiene que la solución ecológica planetaria implica un cambio en el sistema de vida que llevamos actualmente los humanos, no teniendo como objetivo alcanzar el bienestar a través del desarrollo material que trae el crecimiento económico, sino en una visión holística que reconozca la interdependencia de toda la vida en el planeta y que las sociedades humanas no desaten el vínculo existencial que tienen con la Naturaleza.

Según Naess, todos los seres vivos tienen un valor intrínseco, independiente de su utilidad para los humanos. El ser humano debe ampliar su sentido del “yo” hasta incluir el mundo natural, entendiendo que lo que le hacemos al planeta nos lo hacemos a nosotros mismos. Guattari y Naess, aunque diferentes, coinciden en algo sustancial: valorar la vida es vivir en conexión con ella. No como dueños, sino como parte de un todo.

En un plano distinto, pero complementario, Nicholas Georgescu-Roegen fue uno de los primeros economistas en advertir que la economía ignora las leyes fundamentales de la física. En su obra principal, “La ley de la entropía y el proceso económico”, sostuvo que todo proceso económico implica una pérdida de energía útil, un aumento de entropía, y que si seguimos ignorando ese costo invisible, agotaremos los recursos del planeta.

Inspirados por esta visión, los ingenieros Antonio y Alicia Valero, en su libro “Thanatia: Los límites minerales del planeta” proponen una forma de medir el verdadero costo físico de nuestras actividades: la exergía. Esta no se pregunta solo cuánto producimos, sino cuánto esfuerzo energético requiere y cuánta energía útil perdemos en el camino. Desde esta mirada, el valor real de las cosas está en su eficiencia energética, en su capacidad de respetar los límites de la naturaleza.

En países como Chile, donde la economía depende fuertemente de la minería del cobre y el litio, el enfoque de la exergía permite ver un aspecto oculto por los precios internacionales: el alto costo energético y termodinámico de extraer recursos cada vez más diluidos en la corteza terrestre. Según Antonio y Alicia Valero, aunque estos minerales tienen gran valor económico, su procesamiento implica una pérdida significativa de exergía -es decir, de energía útil-, especialmente cuando se recurre a yacimientos de menor ley.

Esta perspectiva muestra que, más allá de su rentabilidad inmediata, estas actividades tienen un costo físico irreversible que debería ser parte de cualquier política de sostenibilidad. Medir ese deterioro no solo en dólares, sino en energía útil perdida, permite revalorizar el territorio desde los límites biofísicos que lo sostienen.

Pero mucho antes que estas ideas modernas, los pueblos originarios de América ya vivían según otra forma de comprender el valor. Para ellos, la Tierra no es un recurso, sino una madre viva. En sus cosmovisiones, la vida se organiza por principios de reciprocidad, equilibrio y respeto.

Conceptos como el sumak kawsay (buen vivir) en los Andes o el küme mongen (vida buena) en el mundo mapuche, expresan la idea de que la riqueza no está en tener más, sino en vivir en armonía con la comunidad y con la naturaleza. No se trata de dominar, sino de corresponder. Estos saberes no están en los libros de economía, pero contienen una de las claves más profundas para enfrentar el colapso ecológico: volver a sentir que somos parte del planeta Tierra, no sus dueños.

A pesar de provenir de mundos tan distintos, estos tres enfoques comparten una idea fundamental: el valor no se encuentra en el mercado, sino en aquello que sostiene la vida. Guattari y Naess nos enseñan a pensar la vida como relación; Georgescu-Roegen y los Valero, como sistema físico con límites; los pueblos originarios, como un entramado sagrado. Frente a un modelo económico que agota los cuerpos, la energía y los territorios, estas visiones nos ofrecen otras brújulas: más éticas, más sensibles, más respetuosas.

Tal vez el futuro no dependa de una sola idea revolucionaria, sino de unir lo mejor del pensamiento crítico, la ciencia consciente y la sabiduría ancestral. Aprender a valorar desde la vida, no desde el precio, puede ser el primer paso hacia una nueva forma de habitar el mundo.

Demanda para callarlos: abogados ambientalistas enfrentan juicio por proteger un río contaminado

Fuente: El Ciudadano

A través de tribunales, el poder empresarial busca intimidar a los activistas y amedrentarlos para intentar silenciar sus críticas al aquellos proyectos que dañan la naturaleza y perjudican a las comunidades.

En los últimos años, en Chile se ha registrado un incremento de casos en los que los ambientalistas enfrentan procesos judiciales como una estrategia para amedrentarlos y silenciar sus críticas a los proyectos que dañan la naturaleza y perjudican a las comunidades.

A través de tribunales, se busca intimidar a los activistas y deslegitimar su lucha por la protección del medio ambiente.

De hecho, cada vez es más común el uso de demandas judiciales estratégicas, conocidas como SLAPP (Strategic Lawsuits Against Public Participation, en inglés).

Estas «demandas mordaza», son un arma jurídica que permite a empresas y corporaciones intentar silenciar a activistas, periodistas y organizaciones que denuncian injusticias ambientales, políticas y sociales.

Quienes interponen estas demandas estratégicas contra la participación pública, buscan acallar y amedrentar a quienes se oponen a sus intereses.

Demanda para callar a abogados por defender río contaminado

Cada vez se incrementa el número de defensores y defensoras ambientales, que han sido víctimas de estas acciones, que, si bien en su mayoría han sido desestimadas por los tribunales, han implicado graves consecuencias para su salud física y mental, así como daño económico al tener que dejar de lado su trabajo y financiar la defensa contra acusaciones sin fundamento.

Recientemente se conoció el caso de dos abogados ambientalistas que enfrentan una denuncia por proteger un río contaminado.

Se trata de los profesionales de la ONG Fima, Antonia Berríos y Antonio Madrid, quienes entre otros casos han representado legalmente a comunidades mapuche en la comuna de Villarrica, en la Región de la Araucanía.

La ONG FIMA es una organización que se dedica a prestar asesoría jurídica especializada a diversas comunidades que enfrentan conflictos socioambientales. Así es como llegaron a representar a la Comunidad de Chesque Alto, quienes eran víctimas de la contaminación del río producida por una empresa acuícola, que luego de operar sin autorización ambiental por casi 20 años, una vez obtenida, continuó generando daños que llevaron a la autoridad a revocar su permiso de funcionamiento solo tres años después.

La acuícola continuó operando sin autorización. Por este motivo, los abogados Madrid y Berrios, solicitaron a la Corte de Apelaciones de Temuco una orden de no innovar, la cual paralizó la obra durante 11 meses.

Sin embargo, posterior a esta situación, la empresa interpuso una demanda contra los juristas argumentando que la solicitud de la orden de paralización fue obtenida de forma dolosa y les había causado perjuicio económico, por lo que exigen una indemnización de más $400 millones de pesos.

En estos momentos, la causa se encuentra abierta y en proceso de pruebas, a pesar de la constancia del daño causado a la comunidad, así como a la evidencia de que la empresa incumplió sistemáticamente la normativa ambiental y al hecho que fue sancionada por la Superintendencia del Medio Ambiente.

“Lo que estamos enfrentando con esta acción es un típico caso de un juicio estratégicamente levantado para intimidar y limitar la participación pública. La instancia que dio la orden de paralizar las obras de la empresa fue la Corte de Apelaciones de Temuco y confirmó lo mismo la Corte Suprema. Si eso sucedió, fue porque la Corte vio que la solicitud tenía fundamentos y era necesario que se detuviera la intervención de manera inmediata para evitar posibles vulneraciones de garantías fundamentales”, explicó Antonia Berríos, abogada de ONG FIMA y demandada en este caso.

Asimismo, se refirió a la utilización de este tipo de demandas, para intentar amedrentarlos y callarlos.-

La persecución judicial a defensores ambientales en Chile: un juego peligroso para la libertad de expresión

Fuente: El Ciudadano

El aumento de casos de amedrentamientos de empresas a activistas medioambientales en nuestro país ha ido de la mano con mayores demandas en tribunales. "En mi caso me trataron de anular", cuenta el defensor Rodrigo de la O.

En los últimos años, Chile ha sido escenario de un creciente número de casos en los que defensores ambientales enfrentan procesos judiciales como una estrategia para amedrentarlos y silenciar sus críticas al proyectos que dañan la naturaleza y perjudican a las comunidades.A través de tribunales, se busca intimidar a los activistas y deslegitimar su lucha por la protección del medio ambiente. Aunque en nuestro país, los casos no han escalado al nivel de México o Colombia, cada vez es más común el uso de demandas judiciales estratégicas (SLAPP por sus siglas en inglés).El escenario en Chile se ha ido agravando. Hace unas semanas, la ONG Escazú Ahora informó que durante 2024 en nuestro país las agresiones físicas hacia defensores ambientales se triplicaron.Dicho registro señala que el 48,9% de los ataques fueron de carácter físico y que fue durante el 2024 que se comenzó a diversificar la amenaza con querellas y otras herramientas legales. Una situación que llevó al Congreso Nacional a discutir y votar un proyecto de ley que proteja a los defensores ambientales.

Pero el hostigamiento se ha llevado a tribunales. Una de las características más alarmantes de esta situación es la judicialización de la protesta social, especialmente en el contexto de la defensa de territorios indígenas y la oposición a proyectos extractivos, como la minería y la forestación.

El testimonio de los afectados

Las y los defensores ambientales, que lideran la resistencia a proyectos como “Dominga” o “Puerto Cruz Grande” en la Región de Coquimbo, “Chesque Alto” en la Región de la Araucanía y “Costa Calán” en la Región del Maule, enfrentan querellas por delitos como injurias, amenazas y daños, incluso cuando sus denuncias están respaldadas por la legítima defensa de los derechos humanos ambientales.

Es el caso de los abogados de la ONG Fima, Antonia Berríos y Antonio Madrid, quienes entre otros casos han representado legalmente a comunidades mapuche en la comuna de Villarrica, en la Región de la Araucanía, particularmente en el sector del río Chesque.

La principales causas que preocupaban a la comunidad eran la emisión de contaminantes en el río, la eliminación de residuos sólidos y el uso de antibióticos de parte de la empresa “Acuícola e Inversiones Nalcahue Limitada”. De esta manera, FIMA solicitó una orden de no innovar en la Corte de Apelaciones, la cual fue acogida y resultó en la paralización de las operaciones de la piscicultura por once meses. Posterior a esta situación, la empresa interpuso una demanda contra los abogados argumentando que la solicitud de la orden de paralización les había causado perjuicio económico.

“Lo que estamos enfrentando con esta demanda es un típico juicio estratégicamente levantado para intimidar y limitar la participación pública”, denunció la abogada y coordinadora de ONG Fima, Antonia Berríos, consultada por nuestro medio.

Sobre la acción de la empresa de demandar a los abogados defensores, Berríos indicó que “hace preguntarse cuáles son las verdaderas motivaciones”. “Para nosotros implica un desgaste pero nos hace pensar que, si nos sucede a nosotros abogados que estamos acostumbrados y mandatados a trabajar con la ley, qué pasa con las personas en las comunidades que solo quieren hacer valer sus derechos”, sostuvo.

Otro caso es el denunciado por Rodrigo de la O, quién en su rol de defensor medioambiental, enfrentó la problemática de “Costa Calán” en la Región del Maule. Hace cuatro años, la inmobiliaria Costa Calán adquirió terrenos cercanos al humedal costero y santuario de la naturaleza Arcos de Calán, en busca de construir un condominio.

Encabezados por él, la comunidad expresó la necesidad de tener instrumentos de planificación y gestión, incluyendo una regulación rigurosa para proyectos de alto impacto ambiental como el mencionado. Esto derivó a que en 2020 la inmobiliaria demandara al defensor por más de $200 millones, alegando daño económico y de imagen.

En diálogo con Radio y Diario Universidad de Chile, de la O sostuvo respecto del tipo de amedrentamiento que los defensores ambientales sufren que “en mi caso me trataron de anular”. “Fuera de los tribunales ha ido in crescendo, noto que es más violento. En mi caso era básicamente llamadas telefónicas y presión judicial que me quitó tiempo y desenfocó de mis actividades. Hoy en día se ha ido agravando el tema”, expuso en su experiencia.

“Me ha tocado amenazas telefónicas, nada físico. También a mi familia, se habían acercado en otros autos. Después la demanda de la inmobiliaria pretendió anularnos”, prosiguió en su relato el afectado.

De fondo, Rodrigo de la O reflexiona sobre el impacto que estas demandas tienen sobre los defensores medioambientalistas. “Uno se reconfigura muchas cosas, te hace pensar en tema de la sobreexposición, puede ser un arma de doble filo”, partió señalando al respecto.

“Los objetivos, la planificación estratégica de la organización que uno puede representar se alteran. Hay que bajar la intensidad, hay una serie de factores que perjudican la promoción y no ayudan a que se establezca protección y justicia”, continuó contando de la O a nuestro medio.

“Uno empieza a cambiar la estrategia, a bajar el perfil, seguir haciendo actividades pero no de forma tan directa o protagónica. Creo que aún falta acceso a la justicia y que el Tratado de Escazú se represente de verdad. Ni hablar de América Latina, pero en Chile ha ido incrementando la agresión y violencia hacia los defensores”, insistió de la O.

Acerca de la justicia en nuestro país en torno a estos casos, de la O lamentó que “muchos han quedado en el aire” y apuntó a que es “necesario que hubiese un respaldo judicial más efectivo”. “Creo que a pesar de todo lo que se ha avanzado, aún estamos muy desprotegidos en términos de justicia y verdad respecto de lo que pasa”, remarcó el defensor ambiental.