Fuente: El Ciudadano
A través de tribunales, el poder empresarial busca intimidar a los activistas y amedrentarlos para intentar silenciar sus críticas al aquellos proyectos que dañan la naturaleza y perjudican a las comunidades.
En los últimos años, en Chile se ha registrado un incremento de casos en los que los ambientalistas enfrentan procesos judiciales como una estrategia para amedrentarlos y silenciar sus críticas a los proyectos que dañan la naturaleza y perjudican a las comunidades.
A través de tribunales, se busca intimidar a los activistas y deslegitimar su lucha por la protección del medio ambiente.
De hecho, cada vez es más común el uso de demandas judiciales estratégicas, conocidas como SLAPP (Strategic Lawsuits Against Public Participation, en inglés).
Estas «demandas mordaza», son un arma jurídica que permite a empresas y corporaciones intentar silenciar a activistas, periodistas y organizaciones que denuncian injusticias ambientales, políticas y sociales.
Quienes interponen estas demandas estratégicas contra la participación pública, buscan acallar y amedrentar a quienes se oponen a sus intereses.
Demanda para callar a abogados por defender río contaminado
Cada vez se incrementa el número de defensores y defensoras ambientales, que han sido víctimas de estas acciones, que, si bien en su mayoría han sido desestimadas por los tribunales, han implicado graves consecuencias para su salud física y mental, así como daño económico al tener que dejar de lado su trabajo y financiar la defensa contra acusaciones sin fundamento.
Recientemente se conoció el caso de dos abogados ambientalistas que enfrentan una denuncia por proteger un río contaminado.
Se trata de los profesionales de la ONG Fima, Antonia Berríos y Antonio Madrid, quienes entre otros casos han representado legalmente a comunidades mapuche en la comuna de Villarrica, en la Región de la Araucanía.
La ONG FIMA es una organización que se dedica a prestar asesoría jurídica especializada a diversas comunidades que enfrentan conflictos socioambientales. Así es como llegaron a representar a la Comunidad de Chesque Alto, quienes eran víctimas de la contaminación del río producida por una empresa acuícola, que luego de operar sin autorización ambiental por casi 20 años, una vez obtenida, continuó generando daños que llevaron a la autoridad a revocar su permiso de funcionamiento solo tres años después.
La acuícola continuó operando sin autorización. Por este motivo, los abogados Madrid y Berrios, solicitaron a la Corte de Apelaciones de Temuco una orden de no innovar, la cual paralizó la obra durante 11 meses.
Sin embargo, posterior a esta situación, la empresa interpuso una demanda contra los juristas argumentando que la solicitud de la orden de paralización fue obtenida de forma dolosa y les había causado perjuicio económico, por lo que exigen una indemnización de más $400 millones de pesos.
En estos momentos, la causa se encuentra abierta y en proceso de pruebas, a pesar de la constancia del daño causado a la comunidad, así como a la evidencia de que la empresa incumplió sistemáticamente la normativa ambiental y al hecho que fue sancionada por la Superintendencia del Medio Ambiente.
“Lo que estamos enfrentando con esta acción es un típico caso de un juicio estratégicamente levantado para intimidar y limitar la participación pública. La instancia que dio la orden de paralizar las obras de la empresa fue la Corte de Apelaciones de Temuco y confirmó lo mismo la Corte Suprema. Si eso sucedió, fue porque la Corte vio que la solicitud tenía fundamentos y era necesario que se detuviera la intervención de manera inmediata para evitar posibles vulneraciones de garantías fundamentales”, explicó Antonia Berríos, abogada de ONG FIMA y demandada en este caso.
Asimismo, se refirió a la utilización de este tipo de demandas, para intentar amedrentarlos y callarlos.-
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