Fuente: El Ciudadano
El aumento de casos de amedrentamientos de empresas a activistas medioambientales en nuestro país ha ido de la mano con mayores demandas en tribunales. "En mi caso me trataron de anular", cuenta el defensor Rodrigo de la O.
En los últimos años, Chile ha sido escenario de un creciente número de casos en los que defensores ambientales enfrentan procesos judiciales como una estrategia para amedrentarlos y silenciar sus críticas al proyectos que dañan la naturaleza y perjudican a las comunidades.A través de tribunales, se busca intimidar a los activistas y deslegitimar su lucha por la protección del medio ambiente. Aunque en nuestro país, los casos no han escalado al nivel de México o Colombia, cada vez es más común el uso de demandas judiciales estratégicas (SLAPP por sus siglas en inglés).El escenario en Chile se ha ido agravando. Hace unas semanas, la ONG Escazú Ahora informó que durante 2024 en nuestro país las agresiones físicas hacia defensores ambientales se triplicaron.Dicho registro señala que el 48,9% de los ataques fueron de carácter físico y que fue durante el 2024 que se comenzó a diversificar la amenaza con querellas y otras herramientas legales. Una situación que llevó al Congreso Nacional a discutir y votar un proyecto de ley que proteja a los defensores ambientales.Pero el hostigamiento se ha llevado a tribunales. Una de las características más alarmantes de esta situación es la judicialización de la protesta social, especialmente en el contexto de la defensa de territorios indígenas y la oposición a proyectos extractivos, como la minería y la forestación.
El testimonio de los afectados
Las y los defensores ambientales, que lideran la resistencia a proyectos como “Dominga” o “Puerto Cruz Grande” en la Región de Coquimbo, “Chesque Alto” en la Región de la Araucanía y “Costa Calán” en la Región del Maule, enfrentan querellas por delitos como injurias, amenazas y daños, incluso cuando sus denuncias están respaldadas por la legítima defensa de los derechos humanos ambientales.
Es el caso de los abogados de la ONG Fima, Antonia Berríos y Antonio Madrid, quienes entre otros casos han representado legalmente a comunidades mapuche en la comuna de Villarrica, en la Región de la Araucanía, particularmente en el sector del río Chesque.
La principales causas que preocupaban a la comunidad eran la emisión de contaminantes en el río, la eliminación de residuos sólidos y el uso de antibióticos de parte de la empresa “Acuícola e Inversiones Nalcahue Limitada”. De esta manera, FIMA solicitó una orden de no innovar en la Corte de Apelaciones, la cual fue acogida y resultó en la paralización de las operaciones de la piscicultura por once meses. Posterior a esta situación, la empresa interpuso una demanda contra los abogados argumentando que la solicitud de la orden de paralización les había causado perjuicio económico.
“Lo que estamos enfrentando con esta demanda es un típico juicio estratégicamente levantado para intimidar y limitar la participación pública”, denunció la abogada y coordinadora de ONG Fima, Antonia Berríos, consultada por nuestro medio.
Sobre la acción de la empresa de demandar a los abogados defensores, Berríos indicó que “hace preguntarse cuáles son las verdaderas motivaciones”. “Para nosotros implica un desgaste pero nos hace pensar que, si nos sucede a nosotros abogados que estamos acostumbrados y mandatados a trabajar con la ley, qué pasa con las personas en las comunidades que solo quieren hacer valer sus derechos”, sostuvo.
Otro caso es el denunciado por Rodrigo de la O, quién en su rol de defensor medioambiental, enfrentó la problemática de “Costa Calán” en la Región del Maule. Hace cuatro años, la inmobiliaria Costa Calán adquirió terrenos cercanos al humedal costero y santuario de la naturaleza Arcos de Calán, en busca de construir un condominio.
Encabezados por él, la comunidad expresó la necesidad de tener instrumentos de planificación y gestión, incluyendo una regulación rigurosa para proyectos de alto impacto ambiental como el mencionado. Esto derivó a que en 2020 la inmobiliaria demandara al defensor por más de $200 millones, alegando daño económico y de imagen.
En diálogo con Radio y Diario Universidad de Chile, de la O sostuvo respecto del tipo de amedrentamiento que los defensores ambientales sufren que “en mi caso me trataron de anular”. “Fuera de los tribunales ha ido in crescendo, noto que es más violento. En mi caso era básicamente llamadas telefónicas y presión judicial que me quitó tiempo y desenfocó de mis actividades. Hoy en día se ha ido agravando el tema”, expuso en su experiencia.
“Me ha tocado amenazas telefónicas, nada físico. También a mi familia, se habían acercado en otros autos. Después la demanda de la inmobiliaria pretendió anularnos”, prosiguió en su relato el afectado.
De fondo, Rodrigo de la O reflexiona sobre el impacto que estas demandas tienen sobre los defensores medioambientalistas. “Uno se reconfigura muchas cosas, te hace pensar en tema de la sobreexposición, puede ser un arma de doble filo”, partió señalando al respecto.
“Los objetivos, la planificación estratégica de la organización que uno puede representar se alteran. Hay que bajar la intensidad, hay una serie de factores que perjudican la promoción y no ayudan a que se establezca protección y justicia”, continuó contando de la O a nuestro medio.
“Uno empieza a cambiar la estrategia, a bajar el perfil, seguir haciendo actividades pero no de forma tan directa o protagónica. Creo que aún falta acceso a la justicia y que el Tratado de Escazú se represente de verdad. Ni hablar de América Latina, pero en Chile ha ido incrementando la agresión y violencia hacia los defensores”, insistió de la O.
Acerca de la justicia en nuestro país en torno a estos casos, de la O lamentó que “muchos han quedado en el aire” y apuntó a que es “necesario que hubiese un respaldo judicial más efectivo”. “Creo que a pesar de todo lo que se ha avanzado, aún estamos muy desprotegidos en términos de justicia y verdad respecto de lo que pasa”, remarcó el defensor ambiental.
