En una nueva conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos, como Nuevo Pacto Social, articulación de un total de nueves redes de organizaciones de sociedad civil, conformada en octubre de 2019, declaramos lo siguiente:
Bajo el convencimiento de que la igualdad, la libertad, la justicia y la paz tienen por base el reconocimiento de la dignidad y de los derechos que son inherentes a todo ser humano, es que consideramos esencial avanzar en su garantía como un pilar fundamental en la construcción y reparación de la confianza social. En tal sentido, adherimos plenamente al respeto irrestricto de los Derechos Humanos, de sus principios, aspiraciones éticas y sus traducciones normativas.
Asimismo, comprendemos que el Estado de Derecho es esencial para una organización política y social del país basada en la protección, promoción, respeto, satisfacción y garantía de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política de la República y en los tratados internacionales ratificados y vigentes en la materia.
Lo anterior es particularmente relevante teniendo en consideración que desde el denominado estallido social de octubre de 2019, se registran una serie de hechos cuyo manejo por parte de los órganos encargados del orden y la seguridad, así como por las Fuerzas Armadas, han generado gran preocupación desde la sociedad civil y organismos internacionales de Derechos Humanos, los que han señalado vulneraciones a estos derechos en el marco de la protesta social.
Ante esta situación, han sido seis las misiones de observación que han visitado el país para constatar estos hechos, incluidas las del Alto Comisionado de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, cuyos informes presentados al Gobierno, con el uso de diferentes metodologías de verificación, concluyen todos que ha existido violación grave a los Derechos Humanos por parte del Estado de Chile, a través de sus policías y Fuerzas Armadas.
Por lo mismo, valoramos que durante los últimos días, diferentes autoridades de Gobierno hayan hecho reconocimiento de la existencia de estas vulneraciones por parte de instituciones del Estado en respuesta a las movilizaciones que se suceden desde octubre del año pasado, pues dicho reconocimiento abre la posibilidad al diálogo y la creación de espacios de trabajo para dar respuesta a las recomendaciones formuladas por las distintas misiones. Esperamos además, que dicho reconocimiento se traduzca en acciones concretas al más breve plazo para avanzar en verdad, justicia, reparación integral, memoria y garantías de no repetición para las víctimas y sus familias.
Finalmente, consideramos una oportunidad y por lo mismo confiamos en que el proceso constituyente y la nueva Constitución que de éste surja, permitan fortalecer los Derechos Humanos en el país y hacia la sociedad toda, sentando las bases de un nuevo pacto social.
10 de diciembre de 2020