Miembros ecologistas expresaron hoy que la aprobación unánime del proyecto “muestra consenso político para avanzar en la institucionalidad ambiental y cumplir las recomendaciones de la OECD”.
Sara Larrain, directora de Chile Sustentable, recordó que “en 2005, tanto el programa de gobierno de Bachelet, como el de Piñera incorporaron la necesidad de mejorar la institucionalidad ambiental; ahora, después de 4 años es importante que ambos sectores políticos muestren coherencia con lo comprometido”.
Sin embargo, la ecologista agregó que el despacho de la Ley puede retrasarse debido a 3 temas: “la postergación de la creación de un Servicio de Parques Nacionales y Biodiversidad, que si bien esta en el Articulo 8 transitorio, no deja conforme ni a los senadores ni a los ecologistas, y por ello se espera que el gobierno pueda presentar una indicación para incluir un compromiso más concreto en los próximos días”.
Por otro lado, la reticencia de la Sofofa, la Sonami y el Consejo Minero a incluir la participación ciudadana en las Declaraciones de Impacto Ambiental y su rechazo a las sanciones administrativas que puede establecer la Superintendencia de Medioambiente y su solicitud de crear tribunales ambientales”.
Larraín declaró que “nadie se opone a la creación de tribunales ambientales, pero como hoy no existen, lo que el sector empresarial quiere es que todos los casos de sanción vayan a tribunales. Esto significa, tal como ocurre hoy día, la dilatación de las sanciones y la famosa “judicialización” que ellos mismos critican”.
La ecologista concluyo señalando que todas las Superintendencias en Chile (de Salud, de Electricidad, de Valores, de Agricultura (SAG)) tienen facultad para sancionar administrativamente; y si el sancionado no esta de acuerdo puede recurrir a tribunales.
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