Esta semana comenzó en la ciudad de Copenhague la 15º Conferencia de las Partes de la Convención de Cambio Climático, donde la comunidad internacional debe llegar a un compromiso político para reducir emisiones de CO2, con el propósito de frenar en 2 grados promedio adicionales el calentamiento del planeta y así evitar aumentos de 4 ó más grados, como advierte la comunidad científica.
En el marco de esta cumbre “El gobierno chileno comparte la posición de los países en desarrollo (bloque del G-77) de que los países industrializados asuman su responsabilidad histórica, se comprometan a reducciones absolutas en sus territorios y creen un fondo para la adaptación de los países en desarrollo”, comenta Sara Larraín, directora de Chile Sustentable, en una carta publicada hoy por el periódico electrónico El Mostrador.
Chile además ha declarado que se comprometerá a reducciones voluntarias para cooperar con esta tarea global, y “sí estos compromisos voluntarios son financiados internacionalmente, podrían ser verificables y reportables a la Convención”, agrega Larraín.
Sin embargo, y si bien celebra la posición proactiva del gobierno, la directora de la ONG ambientalista es categórica al afirmar “que esa posición es contradictoria con la política sectorial, particularmente en la generación eléctrica, donde 83% (2.500 MW) de los proyectos en construcción entre 2009 y 2010 son a carbón y petróleo con altísimas emisiones”. Ello, resalta Larraín, “en un país que aún no tiene norma para termoeléctricas; donde la norma preliminar tiene un retraso de un año; y donde el Ministro de Energía y las empresas presionan por un mayor retraso”.
Por lo mismo, cataloga de “incoherente” la posición de Chile en Copenhague en relación a lo que obra en la política interna. Situación, que a juicio de Sara Larraín, “resta credibilidad a Chile frente a la comunidad internacional y frente a los chilenos”.
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