Emgesa S. A. en Colombia, concesionaria del proyecto El Quimbo, es filial de Endesa y Enel en Europa. (N. de la R.)
España — El Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) ha reclamado esta mañana en su sentencia la paralización cautelar del proyecto de Endesa y Enel para construir cinco mega-represas hidroeléctricas en la Patagonia de Chile. También se ha pedido que queden sin efecto proyectos y megaproyectos de inversión de empresas europeas en América Latina que están ahora en proceso de desarrollo y que, como los de Endesa, “van a tener impactos negativos enormes sobre la vida de las personas y el medio ambiente, sin contrapartidas significativas para el desarrollo de las comunidades afectadas”.
El Consejo de Defensa de la Patagonia (CDP), CODESA-Chile, Ecosistemas y Greenpeace presentaron ante el Tribunal el caso de Endesa (España) y Enel (Italia), por su proyecto de construcción de cinco mega-represas hidroeléctricas en la Patagonia chilena, que degradarían esta bio-región única de un valor cultural y ambiental incalculable.
Después de conocer la sentencia, han expresado su satisfacción por la misma y reclaman a las empresas involucradas, y al Gobierno de Chile, que tengan en cuenta esta condena moral y ética y hagan lo que el tribunal claramente ha indicado: paralizar estos proyectos, que son innecesarios para el abastecimiento energético, degradarían un ecosistema prácticamente virgen y consolidarían el monopolio de estas compañías sobre los sistemas energético y de aguas en Chile, poniendo en grave riesgo la propia democracia en el país.
El Tribunal Permanente de los Pueblos se reunió en Madrid los días 14 y 15 de mayo para juzgar los abusos que las multinacionales españolas y europeas cometen en América Latina, y la complicidad de los Estados y de la propia Unión Europea en sus actuaciones. El Tribunal está compuesto por personalidades de gran prestigio moral y ético, asesorados a su vez por un comité jurídico. Se basa en el precedente de los Tribunales Russell, que juzgaron desde la guerra de Vietnam hasta la dictadura de Pinochet en Chile o la construcción del muro en Palestina. Sus dictámenes no son vinculantes pero tienen un elevado valor ético y moral, además de estar sustentados sobre argumento jurídicos.
El jurado estaba compuesto por 14 personalidades muy reconocidas como el presidente del jurado, Perfecto Ibáñez, vocal del Consejo General del Poder Judicial; Blanca Chancoso, ex dirigente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador; Judith Brown Chomsky, abogada en el juicio estadounidense a Shell por sus crímenes en Nigeria; Carlos Taibo, profesor titular de Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Madrid, y el Secretario General del TPP, Gianni Tognoni, entre otros.
En el acto donde se ha dado a conocer la sentencia, el jurado ha denunciado un modelo de progreso y de desarrollo que camina en dirección contraria al interés de los seres humanos y ha denunciado la impunidad de las grandes empresas multinacionales frente a la ley y a sus cómplices necesarios en el ámbito político, que permiten que la situación se perpetúe.
El miembro del tribunal Carlos Taibo, catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid, ha denunciado las políticas de la Unión Europea “por su apoyo incondicional a la expansión de las empresas europeas en América Latina, pasando por encima de los intereses de las comunidades y del medio ambiente”. La ecuatoriana Blanca Chancoso ha reclamado a la sociedad civil que se apropie de la sentencia, y que la utilice “como un precedente que pueda servir para lograr instrumentos con los que hacer justicia”.
Alirio Uribe, presidente del Colectivo de Abogados de Colombia, ha resaltado en su exposición cómo la sociedad civil puede utilizar esta sentencia. El tribunal, en este sentido, ha instado a la ciudadanía europea a “usar mecanismos como la iniciativa legislativa incluida en el Tratado de Lisboa, que requiere sólo un millón de firmas en toda la UE para proponer iniciativas concretas de legislación para el control de las multinacionales”.
“Esta sentencia es un gran paso para la verdad y la justicia. Los estados y las empresas europeas deben escuchar las recomendaciones de este tribunal”, ha señalado Mabel González, portavoz de Greenpeace. “En cuanto a Endesa y Enel, les pedimos que acaten sus términos y paralicen los proyectos para construir represas e inundar la Patagonia de Chile. Al rechazo, ampliamente manifestado de los ciudadanos de Chile, se suma ahora una condena del Tribunal de los Pueblos. Ese proyecto debe ser abandonado con carácter inmediato”, afirma.
El Tribunal se ha celebrado en el marco de la cumbre de movimientos sociales “Enlazando Alternativas IV”, con el telón de fondo de la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno UE-América Latina. La sesión de Madrid es la cuarta en un proceso que pretende dar visibilidad a los movimientos sociales y luchas ciudadanas contra los abusos de las multinacionales en aquel continente, y coordinar las resistencias frente al poder antidemocrático de estos poderosos actores.
