Columna de opinión de Flavia Liberona, Directora Ejecutiva de Fundación Terram publicada en diario La Nación el 25 de enero de 2011. - Fuente: Terram
El Presidente Sebastián Piñera puso recientemente su firma en la norma sobre emisiones al aire de contaminantes para termoeléctricas, con lo que ha dado un paso importante y largamente postergado en el camino de establecer algunos estándares mínimos para este tipo de generadoras eléctricas. Sin embargo, no se debe confundir a la ciudadanía, pues con esto no se solucionan los problemas relacionados con las termoeléctricas en Chile, las que se han caracterizado precisamente por generar profundos impactos ambientales y sociales en las zonas en las que se han instalado.
Establecer rangos y límites máximos de emisiones contaminantes evidentemente es un avance que es necesario destacar. Lamentablemente, este logro queda relativizado al considerar que la propuesta de norma para emisión al aire de termoeléctricas anunciada por el Ejecutivo es más permisiva que el texto propuesto a fines del gobierno anterior y que el nuevo gobierno reformuló. Así, además de la larga espera por esta norma (cerca de 12 años), debemos lamentar un aumento de los límites máximos permitidos en las emisiones de material particulado (MP2,5), dióxido de azufre y óxido de nitrógeno, diferenciado para las centrales térmicas antiguas y las nuevas.
Dicho en forma simple, en comparación al anteproyecto de Bachelet, la norma rubricada por el Presidente Piñera le permite a las centrales térmicas –incluidas las que funcionan a carbón y petcoke- contaminar más y por un tiempo más prolongado. Así, se aumentó el plazo máximo para la adecuación a la norma para las centrales antiguas (que pasó de 3 a 5 años) dependiendo del contaminante, y de si la zona en que se emplaza tiene la condición de saturada o latente.
Además, esta norma no establece parámetros para otros contaminantes considerados tóxicos, como el cadmio, el níquel y el vadanio. Pese a que trascendidos aparecidos en la prensa señalaban que Piñera se estaba “jugando” por una norma más exigente, lo cierto es que claramente las presiones del sector empresarial fueron lo suficientemente fuertes para incidir en rebajar la calidad de esta norma.
Junto con ello, es importante destacar que el problema generado por las termoeléctricas no se agota con esta normativa, pues quedan pendientes un conjunto de temas no abordados y que son materia de política pública. Es el caso del retiro de las centrales termoeléctricas más antiguas, que funcionan con tecnología obsoleta y por lo tanto son más contaminantes y menos eficientes, o la necesidad de regularizar la situación de decenas de centrales que no han sido sometidas a Evaluación de Impacto Ambiental, por estar construidas desde antes de la entrada en vigencia de la ley respectiva y su reglamento.
Queda también pendiente la elaboración y aprobación de una norma de emisión de aguas, ya que el parque termoeléctrico nacional utiliza enormes volúmenes de este vital elemento para su funcionamiento, la que después devuelve a sus cursos naturales a altas temperatura y con su composición alterada. Este es uno de los grandes problemas que reclama la pesca artesanal, pues las termoeléctricas toman agua del borde costero, alterando de manera drástica la flora y fauna.
Es también necesario fijar procedimientos estándares para el monitoreo de la salud de la población en las zonas aledañas a las centrales. Otros ámbitos en los cuales se hace necesario avanzar, es la regulación de los combustibles sólidos, exigir la mejor tecnología disponible para este tipo de centrales, así como contar lo más pronto posible con el mapa que el Presidente le encargó a la ministra de Bienes Nacionales.
Con estos antecedentes, resulta indiscutible que esta norma no representa una solución para los problemas de fondo relacionados con la generación termoeléctrica en Chile y que se han multiplicado en los últimos años, en paralelo al sostenido incremento del número de proyectos de este tipo aprobados y construidos en distintas regiones del país. La reacción del mercado frente a la crisis del gas argentino en 2004 fue un explosivo aumento de proyectos termoeléctricos a carbón, que se plantearon incluso para zonas ya saturadas por contaminación, como la bahía de Quinteros o ciertas zonas del centro-sur del país, los que se han venido desarrollando al margen de todo planteamiento estratégico de política de generación eléctrica de mediano o largo plazo por parte de la autoridad.
Frente a esta realidad, urge discutir y establecer políticas públicas en materia energética eléctrica que sean claras y al servicio de toda la comunidad, de manera de evitar que sean los privados quienes tomen decisiones claves para el país en esta materia, pensando únicamente en el beneficio económico particular y de corto plazo, y no en el bienestar de toda la comunidad.
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