Juzgado de Chanco condena a Inmobiliaria Costa Calán al pago de costas en juicio contra defensor ambiental Rodrigo de la O

Comunicaciones FIMA

El Juzgado de Letras y Garantías de Chanco acogió este 28 de agosto el desistimiento de la demanda presentada por la Inmobiliaria Costa Calán contra Rodrigo de la O Guerrero en el 2020, condenando a la empresa a cubrir los gastos del juicio. Este caso es un ejemplo de lo que se conoce como SLAPP (Demandas Estratégicas contra la Participación Pública, por sus siglas en inglés), un mecanismo utilizado para silenciar y amedrentar a defensores ambientales y de derechos humanos.

La historia se remonta a hace 4 años, cuando la empresa adquirió un terreno en las inmediaciones del humedal costero, y hoy Santuario de la Naturaleza, Arcos de Calán para la creación de un condominio con 48 parcelas de media hectárea cada una. El proyecto levantó la oposición de la comunidad, entre ellos, del representante de la ONG Vigilante Costero, Rodrigo de la O, quien manifestó en medios públicos su preocupación por el impacto ambiental del proyecto emplazado en un lugar de gran biodiversidad y valor paisajístico. En concreto, se refirió a promover una regulación más rigurosa para proyectos de gran magnitud y de alto impacto ambiental, a través de una mejora en los instrumentos de gestión y planificación, así como fomentar la participación activa de la ciudadanía en dichos procesos. “Lo que uno busca es que se respete un poco la vocación natural de la zona, y también se involucre a la comunidad en este tipo de proyectos (…). Hemos trabajado mucho tiempo en la declaración de santuario y de repente nos sorprenden eventos de motos en la zona circundante, o ahora un proyecto inmobiliario, entonces básicamente es poder ver de qué manera estos proyectos se abren al debate y la zona se considera como lo que es, una zona de conservación y que permita una planificación más responsable (…)”, comentó en esa época.

Estas críticas no fueron bien recibidas por la inmobiliaria, quien demandó a de la O por más de $200 millones debido al presunto daño económico y a su imagen.

Durante el transcurso del juicio, que se inició en octubre de 2020, la demandante no presentó pruebas que acrediten los daños reclamados, y finalmente, dos días antes del cierre del período probatorio, decidió desistir de la demanda. Este desistimiento da cuenta del uso instrumental de la acción judicial con el único fin de intimidar a un defensor ambiental, como es Rodrigo de la O, y disuadir el ejercicio de su libertad de expresión y de defensa territorial.

“La conducta de Costa Calán de desistimiento, luego de la tramitación casi completa de un juicio de responsabilidad extracontractual da cuenta de la instrumentalización de la acción con el objetivo de amedrentar al defensor de derechos humanos ambientales”, indica Tamara Navia, abogada de ONG FIMA, organización que representó a Rodrigo de la O.

SLAPP

Las Demandas Estratégicas contra la Participación Pública, conocidas como SLAPPs por sus siglas en inglés (Strategic Lawsuits Against Public Participation), son demandas que se disfrazan de litigios ordinarios, pero que en vez de tener como objetivo ganar, realmente buscan restringir la discusión y debilitar el trabajo de quienes defienden un interés público. Una de las consecuencias que tienen este tipo de estrategias es el efecto paralizante en el ejercicio de la libertad de expresión, y en el caso concreto de Rodrigo de la O, perjuicios personales significativos, tanto en su salud física y mental, como en su vida familiar profesional, provocados por la millonaria demanda.

Otra de las consecuencias de estas acciones es que generan un ambiente que desalienta la participación ciudadana activa de quienes buscan defender los derechos humanos ambientales. Al igual que Rodrigo de la O, ven limitada su capacidad de defensa ambiental por miedo a posibles represalias.

“La resolución del Juzgado de Chanco, que condenó a la inmobiliaria al pago de costas, es un paso importante para desalentar este tipo de demandas abusivas, y destaca la necesidad urgente de regular y prevenir el uso de SLAPPs en el país, garantizando así el derecho a la participación pública y la protección del medio ambiente”, puntualiza la abogada.