¿Acuerdo pesquero o acuerdo entre empresas pesqueras?

Por: Albert Arias Arthur en Opinión - Fuente: Ciper 

Después de más de un mes de trabajo, la mesa que formó el ministro Pablo Longueira para elaborar una nueva Ley de Pesca llegó a acuerdo: la idea inicial del gobierno de licitar el 50% de las cuotas industriales se echó atrás y el único cambio se traduce en pequeñas concesiones para los pescadores artesanales. El columnista cuestiona la validez del acuerdo afirmando que la base de la nueva legislación pesquera fue definida por los privados para que no afecte sus intereses en la industria. Arias compara el acuerdo con lo que decían de los autos Lada en su tiempo: “al único que le gusta es al dueño”.

A principios de la semana pasada el ministro de Economía, Pablo Longueira, terminó el proceso de acuerdos en la Mesa Pesquera para repartir las cuotas globales de pesca entre artesanales e industriales por los próximos 20 años. Lo curioso es que durante todo el resto de la semana partidarios del acuerdo en cuestión estaban muy nerviosos y se dedicaron a “sacarlo de gira”. Se fueron al Congreso a mostrárselo a los parlamentarios y salieron en cada uno de los medios de prensa destacando lo fantástico que es el acuerdo para todos y que, según ellos, con esto se habría evitado la licitación del 50% de la fracción industrial de las cuotas de pesca. Pero si el acuerdo es tan bueno, ¿por qué están tratando de convencer de que realmente es así? Bueno, me suena a lo que decían de los autos Lada en su tiempo: “al único que le gusta es al dueño”.

Partamos por la conformación de la “Mesa Pesquera”. Los integrantes se dividen en dos: los industriales, que no quieren que se transparente la asignación mediante licitaciones abiertas -permitiendo competencia y entrada de terceros-; y dirigentes artesanales, los que fueron convencidos de que si les aplicaban la licitación a la fracción industrial se les aplicaría a ellos también para así obligarlos a llegar a un acuerdo. En este punto muchos dirán, “pero también estuvieron presentes los trabajadores y miembros del Consejo Nacional de Pesca”. La verdad es que a ellos los incluyo en el grupo de los industriales porque o bien trabajan para ellos o persiguen los mismos intereses. Ah!, y luego de una serie de reclamos, invitaron al representante de las pymes pesqueras, al que no dejaron incluir nada en el acuerdo y al final el propio subsecretario de Pesca lo increpó por no querer firmar un acuerdo que no contenía nada para ellos.

Ahora, si el lector algo ha escuchado de este tema en la prensa se preguntará: ¿qué tiene que ver la distribución entre artesanales e industriales con no licitar la fracción correspondiente a estos últimos para romper la concentración? La verdad es que ¡nada! Es más, al leer el acuerdo, este no contiene nada sobre el no licitar parte de la cuota industrial. Es por eso que los miembros de la mesa han salido remarcando que ese era su objetivo, para darlo por hecho, pero como lo dije antes, no hay nada de eso en el acuerdo. Sin embargo, aunque así fuera, una apertura de un mercado a terceros, por definición, no puede ser decidida por aquellos que quieren que el mercado se mantenga cerrado.
Lo otro curioso es que el acuerdo no contiene nada para el sector laboral, pero los dirigentes laborales estaban en la mesa y han salido celebrando el acuerdo. Incluso lo hicieron después de que los industriales dijeran que tendrán que hacer “ajustes” (léase más despidos). Claramente, este grupo de dirigentes laborales eternos no estaba preocupado de los trabajadores, sino más bien de quedar bien con sus empleadores, lo que lograron con creces.

En resumen, el acuerdo pesquero no es más que la transferencia de pequeños porcentajes de cuota del sector industrial al artesanal, pero en cantidades mínimas que no afectan a la industria. Me permito hacer un análisis breve de esta transferencia de cuotas. En la mayoría de las pesquerías en las cuales se acordó transferir cuota a los artesanales, son pesquerías cuyas cuotas globales se han establecido por sobre lo recomendado por los científicos, e incluso, por sobre lo que es posible pescar. Entonces, entregarles más cuotas a los artesanales no tiene ningún efecto real. Es simplemente un número en un papel.
La única pesquería en la que sí existió una transferencia real fue en la de sardina y anchoveta. Sin embargo, esta pesquería -que está casi totalmente dentro de las 5 millas- debería ser totalmente artesanal. Es más, la asignación al sector industrial de parte de esa pesquería se hizo, en la ley de 2001, sobre la base de la historia de pesca de los años previos al posicionador satelital, cuando los barcos industriales pescaban dentro de las cinco millas en forma ilegal.

Entonces, ¿por qué los dirigentes de los pescadores artesanales firmaron el acuerdo? Quizá la mejor forma de responder esta pregunta sería recurrir a la historia. A finales de los ’90, cuando la industria presentó el primer proyecto que les asignaba cuotas individuales, dentro de la Confederación Nacional de Pescadores Artesanales de Chile (Conapach), existía un grupo que misteriosamente apoyó la iniciativa industrial. Como los pescadores de dicha confederación no estaban de acuerdo con esos dirigentes, y así lo defendieron, este grupo se fue y creó la Confepach (lo mismo que la otra pero ésta es de federaciones), la cual “negoció” con la industria para apoyar su proyecto. Entonces, la respuesta a la pregunta sería más o menos la misma: los dirigentes “negociaron” con la industria, claro que esta vez uno de los dirigentes también era pescador, por lo que no firmó. Esto hace pensar que hasta ahora no todo está dicho en ese acuerdo. Todavía queda ver la respuesta de los pescadores, base de las organizaciones.

Finalmente, y sumado a todo lo anterior, un acuerdo entre privados llevado por el Gobierno al Congreso para ser ley sin posibilidad de cambios estaría totalmente en contra de la razón por la cual el Parlamento existe y cuyos miembros están ahí justamente para refrendar las iniciativas como representantes del pueblo. De no ser así, se demostraría que la actual administración ha decidido cambiar de hecho lo establecido en la Constitución en su artículo 4: “Chile es una República democrática”.