Por Juan Carlo Cárdenas - Director de Ecoceanos
Los financiamientos ocultos a políticos y dirigentes de la pesca artesanal, constituyen la otra cara detrás de la contaminación y la destrucción sanitaria-ambiental. El abusivo comportamiento de la transnacional Marine Harvest es contraria a la legislación chilena en general, y a la Ley de Pesca. Esto ya ha comenzado a provocar sus primeras consecuencias políticas, económicas, legales y sociales. Así lo demuestra la reciente renuncia de cinco miembros del directorio del Consejo Regional de Pescadores Artesanales de Puerto Montt (Corepa), zona que está convertida en un verdadero “far west austral” del empresariado salmonero.
A la descarga de 100.000 kilos de salmones podridos de buque “Seikongen” en la comuna de Calbuco, y cuyos lodos se verterían en la vecina ciudad de Osorno, se ha sumado la entrega fraudulenta al Servicio Nacional de Pesca (Sernapesca) de un Informe de Término de Contingencia de parte de la salmonera noruega Marine Harvest, indicando la supuesta recuperación de 27% de los 900 mil salmones escapados de su centro de cultivo en la isla Huar, lo cual corresponde a un desesperado intento de desmentir las cifras oficiales entregadas por el Sernapesca, las cuales sitúan en tan sólo un 5,6% la recuperación del total de éstos ejemplares fugados.
Dicho comportamiento y mecanismo de entrega de datos de parte de la transnacional, no sólo resulta improcedente en relación a los mecanismos oficiales establecidos por el Sernapesca, sino que también es una acción corrupta, ya que el procedimiento involucró a pescadores artesanales y a sus dirigentes, para que mintieran en la notaría a cambio de 400 mil pesos. Todo esto con el fin de evitar la aplicación de sanciones que contempla la Ley de Pesca y Acuicultura, en el caso de no recuperar el 10% de los ejemplares escapados.
Además, la empresa Marine Harvest se aseguró que en el acuerdo, los pescadores renunciaran a su derecho de iniciar acciones legales contra la empresa. Este modus operandi empresarial busca generar un conflicto político entre los pescadores y el fiscalizador pesquero, de manera de desviar la atención pública sobre el gran daño sanitario, social y ambiental provocado por su irresponsable accionar.
Financiamientos a políticos y dirigentes pesqueros: La otra contaminación salmonera
Los financiamientos ocultos a políticos y dirigentes de la pesca artesanal, constituyen la otra cara detrás de la contaminación y la destrucción sanitaria-ambiental. El abusivo comportamiento de la transnacional Marine Harvest es contraria a la legislación chilena en general, y a la Ley de Pesca. Esto ya ha comenzado a provocar sus primeras consecuencias políticas, económicas, legales y sociales. Así lo demuestra la reciente renuncia de cinco miembros del directorio del Consejo Regional de Pescadores Artesanales de Puerto Montt (Corepa), zona que está convertida en un verdadero “far west austral” del empresariado salmonero.
En carta pública firmada por el vice-presidente, secretario general y dos directores de la Corepa, acusan al actual presidente Jorge Bustos Nilssen, de haber realizado malos manejos institucionales y negociaciones informales con la industria, tales como el acordar “relocalizaciones” de los centros de cultivo de salmón en zonas costeras de interés pesquero artesanal, y el haber intermediado con Marine Harvest en el caso de los pagos que la multinacional realizó para que declararan de manera falsa su participación en la recaptura de los salmones escapados.
En un comunicado público firmado por Rubén Casanova, como ex vicepresidente y vocero de la Corepa, se señala que la organización “no cuenta con su directiva activa”, al haber renunciado a sus cargos Héctor Morales, secretario general; Sergio Mayorga, primer director; Angélica Teuquil y David Maldonado, directores.
Los ex miembros del directorio de la Corepa, señalan en el comunicado que “No estamos ni participamos en los negocios de relocalización de las salmoneras, ni negocio alguno con los salmones escapados. Y no estamos de acuerdo con la venta del inmueble (Casa Corepa), situada en población Lintz, pasaje Palena 270 b”.
Casanova en la carta de desafiliación enviada el 24 de septiembre al Seremi de Economía de la región de Los Lagos, indica que renuncian a sus cargos “hasta que se elija otra directiva, o entre en receso por falta de quórum”.
Las modalidades de pago de los “favores” a Marine Harvest
El diario El Llanquihue informó el 07.10.2018 que vía intermediarios, la multinacional noruega entregó 32 millones de pesos a Jorge Bustos, quien debería repartirlos entre sus 240 asociados, siempre y cuando los pescadores aseguraran que habían capturado la cantidad de salmones fugados que le señalaba Marine Harvest, renunciando a efectuar cualquier acción legal.
Hasta la fecha, Bustos no ha entregado el documento que acredite el millonario e informal acuerdo. Sin embargo, el diario El Llanquihue publicó en sus páginas uno de los vale vista por $32 millones de pesos. Fuentes de la pesca artesanal señalan que los 240 pescadores asociados a Corepa habrían recibido sólo $100 mil pesos, lo que equivaldrían a un total de sólo $24 millones de pesos. La pregunta que ronda en las caletas es ¿Qué sucedió con los 8 millones de pesos faltantes?
La anterior situación contrasta con lo sucedido con 128 pescadores artesanales del sector de La Puntilla de Calbuco, a los cuales Marine Harvest les pagó directamente $400 mil. La empresa noruega confirmó que “suscribió diversos acuerdos relacionados con el proceso de recaptura con un conjunto de pescadores artesanales directamente y, en algunos casos, con organizaciones representativas de estos”.
Las ventas de cuotas de pesca artesanal a la industria
La venta de las cuotas pesqueras artesanales a las empresas industriales constituye otra expresión de la corrupción imperante entre algunas dirigencias pesqueras artesanales. Este es el caso de Puerto Montt, donde los pescadores artesanales tenían asignada por la Subpesca una cuota total de merluza para la temporada 2018 de 714 toneladas. Esto significaba 4.500 kg. de merluza para cada pescador.
El 9 de abril del 2018, los dirigentes artesanales acordaron vender parte de dicha cuota de merluza a los industriales pesqueros. Dirigentes de La Puntilla de Tenglo, señalan que el acuerdo fue vender 300 toneladas de las 714 asignadas. Sin embargo, la dirección de la Corepa habría vendido 500 toneladas por un valor de $300 pesos el kg. de merluza. Con posterioridad, los pescadores se enteraron que el precio final fue de $ 400 por kg. de pescado. Los documentos de este negociado no han sido entregados a los asociados de Corepa.
Frente a las consultas periodísticas sobre los detalles de la venta de estas cuotas pesqueras, su precio real de venta y quienes fueron los beneficiados, Jorge Bustos respondió “Insisto, hay temas que son de nosotros, no tengo por qué estar informando públicamente. No le voy a preguntar a ningún sector productivo a quién le vendistes. Eso se ventila internamente”.
Fundación Chinquihue: ¿Garante de la “Seikongen Connection” ?
Por su parte, el resistido vertimiento de los residuos tóxicos del well-boat “Seikongen” por las comunidades locales, también se habría transformado en una oportunidad de negocio para algunos dirigentes pesqueros. Según fuentes locales, habrían existido presiones sobre algunas autoridades regionales para que el well-boat con su carga tóxica fuese enviado desde Ancud hasta Puerto Montt, con objeto de negociar tanto su descarga, como la disposición de sus lodos finales.
En la denominada “Seikongen Connection” llamó la atención el largo período que estuvo esperando el Seikongen para descargar, como la activa participación de diversas autoridades regionales como voceros y relacionadores públicos de las empresas involucradas en esta opaca operación entre privados, así como la financiación con dineros del Estado de parte de las operaciones de transporte y vertido de los residuos tóxicos. Esto además incluyó un bonus track ya que por varias semanas la Armada prestó “protección” al buque salmonero, mediante la destinación de la patrullera “SG Chiloé” para su acompañamiento exclusivo en aguas de Puerto Montt.
A lo anterior se suma el extraño papel que está jugando la Fundación Chinquihue como “garante sanitario-ambiental” de los acuerdos logrados entre las empresas transportista y salmoneras con los dirigentes de la pesca artesanal regional.
Esta fundación privada tienen como presidente de su Directorio a Harry Jurgenssen, actual intendente de la región de Los Lagos, a Francisco Muñoz , Secretario Regional Ministerial de Economía y a Eduardo Aguilera, Director Regional Sernapesca de la región de Los Lagos. Además figuran como miembros de su directorio los dirigentes de las tres confederaciones de pescadores artesanales (Conapach, Confepach y Condepp).
¿Quiénes le asignaron el sui generis papel de “garante ambiental y sanitario” a esta fundación privada, por lo cual debe entregar a las autoridades regionales un informe institucional sobre esta opaca operación de vertimiento, con lo cual estaría suplantando el papel que legalmente tienen asignados los ministerios y seremis de salud y de medio ambiente?
Fuentes regionales indican que históricamente la Fundación Chinquihue ha jugado un papel como instancia generadora de acuerdos que se realizan entre actores políticos, gubernamentales y de las dirigencias pesqueras. Importante es señalar que la Fundación Chinquihue fue creada para apoyar el desarrollo de la pesca artesanal en el sur de Chile con el apoyo de la Agencia de Cooperación Internacional del gobierno de Japón (JICA). Actualmente existe una alianza técnica entre la JICA y la Fundación Chinquihue para asesorar en acuicultura de moluscos en la República de El Salvador, Centro América.
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