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A propósito de la realización de vigésimo quinta versión de la Conferencia de las Partes, desde la Cumbre Social por la Acción Climática estimamos que la mayoría de los Estados Parte, así como el gobierno de Chile en su calidad de presidencia de la actual COP 25, no han manifestado una voluntad real de escuchar y considerar las voces de la sociedad civil en la agenda climática global. Es más, la indiferencia de los tomadores de decisiones ante las urgentes demandas socioambientales y climáticas ha tenido como respuesta masivas movilizaciones alrededor del mundo exigiendo profundas reformas sociales, entre las cuales las demandas por justicia ambiental ha tomado gran protagonismo, en razón de su directa relación con la necesidad de un cambio radical en modelo de desarrollo imperante.
Como Sociedad Civil por la Acción Climática, plataforma de organizaciones de una región que históricamente ha sido vulnerada por políticas extractivistas occidentales, manifestamos que no será posible pensar una política climática ambiciosa y transformadora mientras no se integren en su creación y ejecución las voces de todas y todos aquellos quienes habitamos este planeta, con especial atención respecto de aquellos afectados cotidianamente en sus territorios por las consecuencias de la crisis climática; de los pueblos originarios, indígenas, tribales y afrodescendientes, que cargan en su historia valiosos saberes y; de los niños, niñas y adolescentes (NNA) que deberán cargar con las decisiones de los agentes políticos del presente, muchos de los cuales aún se niegan a escuchar a la ciencia, y que no han sido capaces de tomar las medidas que ha exigido en reiteradas ocasiones el panel de expertos de la ONU de Cambio Climático (IPCC).
La decisión unilateral del Gobierno de Chile de suspender la COP 25 y trasladarla a España, es solo un ejemplo más de la actitud displicente con que los tomadores de decisiones se han aproximado a la sociedad civil durante las últimas décadas, lógica que hemos visto repetida a lo largo de América Latina y el Caribe en la aprobación de políticas y proyectos que amenazan el futuro de nuestros ecosistemas y territorios. Ahora, la COP que prometía ser una nueva oportunidad para poner el énfasis en las urgentes demandas climáticas de nuestra región, corre el riesgo de perder su espíritu latinoamericano y de ver alteradas sus negociaciones, priorizando la comodidad de los principales contribuyentes al aumento global de las temperaturas.
Casos como los incendios forestales en Amazonia y Chiquitania; la extracción desmedida de litio en territorios de Bolivia y Chile; el creciente fracking en Argentina; la precarización y vulneración transversal de los derechos de soberanía de nuestros pueblos originarios; y la progresiva privatización de nuestros bienes comunes, la muerte de cientos de defensores y defensoras de la Madre Tierra de la mano de compañías criminales; son casos que, si bien aquejan a nuestra región desde hace años, el sistema imperante ha consolidado y legitimado a niveles simplemente insostenibles.
Porque estamos seguros de que las decisiones se deben tomar en los territorios y no en los escritorios, decimos fuerte y claro: nunca más sin nosotros. Como sociedad civil de América Latina tenemos el derecho a participar en la toma de decisiones frente a temas que conciernen nuestra capacidad de tener una vida digna, incluso si las instancias institucionales de deliberación son trasladadas fuera de nuestro continente. En un momento de alta efervescencia social para nuestra región, manifestamos en este documento ciertos temas que, desde la Cumbre Social por la Acción Climática, creemos deben orientar el espíritu de las negociaciones, y recalcamos la necesidad de una acción climática organizada desde los territorios del Sur Global frente a la crisis climática y ecológica.
1. Agua
El agua es el componente fundamental para cualquier forma de vida en el planeta, ya sea animal, vegetal, microbiana o ecosistémica. En un contexto de crisis climática global y escasez hídrica regional, es imperativo y urgente priorizar el uso del agua hacia la protección de la vida y los ecosistemas, así como el consumo humano con especial énfasis en el uso de comunidades campesinas, por sobre cualquier otro tipo de actividad económica. Junto con esto, se debe priorizar una distribución bajo criterios democráticos y asegurar que la calidad de las aguas sea optima de acuerdo con su uso. De igual modo, el cuidado y recuperación de los suelos y bosques devastados por la sobreexplotación y desertificación es una condición necesaria para asegurar la provisión de alimentos, la circulación del agua y la reducción de gases de efecto invernadero.
Casos paradigmáticos como el de Chile, en el cual a través de un dictadura militar se instauró un mercado del agua, desconocen la importancia de este vital elemento para los ecosistemas, y la importancia de su acceso como un derecho humano. Esta y otras situaciones de comodificación de bienes comunes requieren de cambios profundos y estructurales en las regulaciones constitucionales y legales, además del fortalecimiento de la participación efectiva de las comunidades, pueblos y territorios en la gestión de la distribución y saneamiento de este elemento. De la misma manera es urgente que nuestros gobiernos garanticen la protección inmediata a todas las reservas agua dulce incluyendo acuíferos, glaciares y humedales.
2. Naturaleza
Todo sistema vivo requiere de un intercambio esencial y dinámico con el medio que habita y las partes que lo componen. Estas relaciones ecosistémicas dependen de dimensiones incomprensibles en su totalidad por la humanidad, sin embargo, hemos logrado afectar de forma significativa los procesos biofísicos a escala planetaria, que hoy amenazan la mantención de las condiciones mínimas que permiten la vida en la Tierra. El desafío que nos impone la crisis climática no puede restringirse exclusivamente a reducir nuestras emisiones, sino que debe involucrar la construcción de un nuevo relacionamiento con la Madre Tierra, que ponga en el centro el respeto íntegro de toda la vida como un principio fundante de nuestros pueblos, culturas y territorios.
La descolonización de nuestra relación con la Pachamama comienza por comprender que la biodiversidad de nuestro planeta, incluyéndonos, requiere de la protección de elementos que no hemos considerado hasta ahora vivos, pero que son esenciales para el desarrollo la vida, entendiendo que lo trascendental de su protección debe ir por sobre su eventual utilidad para la humanidad. En ese sentido, es necesario que los Estados, en particular los de Latinoamérica y el Caribe, definan marcos regulatorios para la protección de los ecosistemas, por sobre los intereses mercantiles del capitalismo global, sobre todo aquellos considerados de relevancia internacional como Amazonas, Sistema Altoandino y Criosfera.
3. Transición energética
El bienestar de la Madre Tierra y de sus bienes comunes están puestos en entredicho, producto de un modelo de generación energética basado en combustibles fósiles, impuesto por Europa desde la Revolución Industrial. Dicho modelo trajo consigo una contaminación sistemática de nuestros territorios, y es la causa principal del aumento de la temperatura global que hoy pone en riesgo la mantención de los ecosistemas. Como pueblos Latinoamericanos somos herederos de una larga historia de explotación, que en materia energética se expresa en un sistema de generación y distribución mercantil, antidemocrático y destructivo.
Es imperante cambiar nuestro paradigma energético actual por uno que reconozca el valor de nuestros territorios como reservorio de vida planetaria. Ante esto, es necesario que los actores públicos y privados responsables de la crisis climática (cuyos protagonistas provienen del Norte Global) comiencen cuanto antes un proceso de transformación de su matriz energética, junto a un profundo cambio cultural de sus hábitos de consumo y producción de energía, asegurando una transición justa desde una perspectiva ambiental, social y económica. Para lograr la libre determinación de nuestros pueblos y su autonomía energética, demandamos el cierre de plantas de energía en base a combustibles fósiles para el 2030, el congelamiento inmediato de las emisiones GEI y la inversión en el desarrollo de ERNC, con base descentralizada y prioridad en la eficiencia energética.
4. Nuevo modelo de desarrollo
La profundidad de la crisis climática provocada por el modelo de desarrollo impuesto violentamente por el capitalismo global, nos obliga a cuestionar sus fundamentos. La búsqueda del crecimiento económico sostenido nos tiene al límite de las posibilidades de mantención de la vida, y provoca desigualdades sociales insostenibles. El desarrollo de los países del Norte Global se ha consolidado a través de un proceso de industrialización avasallador, basado en la colonización y el extractivismo en los territorios de Latinoamérica y el Caribe. En consecuencia, se nos impuso un modelo neoliberal que permite la acumulación de capital por parte de unos pocos a través del abuso, usurpación y explotación de los ecosistemas, territorios y personas.
Para asegurar la vida digna de todos los seres vivos, es necesario redefinir las estructuras económicas y sus marcos legales institucionales, que limitan las transformaciones radicales que requiere el sostenimiento de la vida en el planeta, y que combinen de una vez por todas la justicia social con la integridad ecológica. En concreto urge transformar nuestros patrones de producción y consumo, y reconfigurar la economía hacia espacios solidarios, locales y diversos. Con este objetivo, exigimos que los poderes económicos globales, incluyendo instituciones como el FMI y el Banco Mundial, se comprometan a eliminar inmediatamente la subvención de empresas y proyectos contaminantes, la desmercantilización por parte de todos los Estados de los bienes comunes, y la redistribución de recursos y reestructuración del sistema financiero por uno que priorice el resguardo los ecosistemas y la protección de la vida.
5. Mujeres
El patriarcado capitalista está asentado no sólo en la explotación de la naturaleza, sino también en una estructura heteronormativa que históricamente ha generado violencias y desventajas estructurales contra las mujeres, las niñas y las disidencias sexuales. La crisis ecológica y climática acentúa las brechas económicas, sociales y políticas derivadas de este modelo. Frente a estas brechas y violencias, las mujeres organizadas a lo largo de nuestra región han ejercido un rol activo y movilizador en el resguardo y la defensa de los cuerpos, las comunidades y los territorios, interpelando el modelo de desarrollo vigente e implementando sistemas alternativos que combinen el desarrollo comunitario con la protección medioambiental.
Abordar la crisis climática desde una perspectiva de género no sólo precisa la adopción de medidas que se hagan cargo de los impactos diferenciados del modelo vigente sobre mujeres, hombres y disidencias sexuales. Desde una perspectiva feminista y latinoamericana, es urgente transitar hacia la erradicación de toda forma de violencia y discriminación contra las mujeres y disidentes sexuales; la reducción de las brechas económicas, sociales y políticas vinculadas al modelo patriarcal; la promoción de nuevas masculinidades; la visibilización y valoración de las tareas reproductivas y de cuidado como labores que competen a todos los miembros de la sociedad; y la visibilización de la actoría política y social que ejercen las mujeres tanto en la promoción de alternativas al modelo vigente, como en la defensa de sus territorios.
6. Pueblos originarios, indígenas, étnicos y tribales, y afrodescendientes.
Los pueblos originarios, indígenas, étnicos y tribales, y afrodescendientes son parte fundamental de la identidad cultural mestiza que compartimos como Latinoamérica, además de ser defensores ambientales de nuestros territorios desde la llegada del extractivismo a nuestro continente. Estos pueblos han debido soportar durante siglos desigualdades que los han excluido de las gobernanzas que administran los territorios y los bienes comunes. Estos pueblos continúan siendo uno de los grupos socio-políticos más empobrecidos, injustamente criminalizados y sistemáticamente vulnerados desde la colonización. Hoy la crisis climática ha devenido en una confirmación y profundización de estas injusticias. A pesar de que estos pueblos han demostrado una resistencia ejemplar frente a la dinámica de violencia y extractivismo, son uno de los grupos que más resienten los efectos negativos del cambio climático. Además, la actitud de los gobiernos Latinoamericanos los someten a incrementados niveles de conflictividad socio-ambiental, solo por el hecho de habitar en regiones geográficas altamente requeridas por proyectos de inversión extractiva.
Para acabar con la exclusión política y social que perpetúa la sistemática vulneración de su estado de derecho; reconocer su derecho a la autonomía, la consulta vinculante y al consentimiento previo, libre e informado; es necesario avanzar a una plurinacionalidad centrada en la multiculturalidad, acompañada de un reconocimiento en las legislaciones nacionales e internacionales, junto con una integración definitiva en la gobernanza climática, los sistemas de producción del conocimiento y en las decisiones de gestión y cuidado de ecosistemas y territorios. Por otro lado, es necesario que los Estados Parte terminen con sus políticas negligentes y el grave abandono frente al saqueo y destrucción de territorios, dentro de los cuales se encuentran, por ejemplo, la Amazonía y Chiquitania.
Finalmente es necesario crear marcos legales que permitan responsabilizar a los actores perpetradores de dicha destrucción ya sea con acciones políticas y/o judiciales.
7. Derechos humanos y cambio climático
El preámbulo del Acuerdo de París recuerda a los Estados Parte el deber de tomar en consideración sus obligaciones de respetar y proteger los derechos humanos a la hora de implementar acciones o medidas para enfrentar el cambio climático. Esto implica abordar los impactos que el extractivismo han causado en nuestras comunidades y territorios, vulnerando nuestros derechos fundamentales y llevándonos a un estado de crisis climática. Los impactos de esta crisis se profundizan particularmente en América Latina y el Caribe, en razón de las brutales desigualdades que soportan los grupos más vulnerados de nuestra región, tales como, pueblos indígenas; comunidades locales; migrantes; mujeres; NNAA; personas en situación de discapacidad y; habitantes de las “fronteras climáticas”.
Los marcos jurídicos internacionales y así como los compromisos adoptados por los gobiernos nacionales, han demostrado ser insuficientes para solventar esta situación.
Con el fin de asegurar el respeto pleno a los derechos humanos, exigimos a la comunidad internacional la necesidad de reconocer expresamente las vulneraciones a los derechos fundamentales producto de la agudización de la crisis climática en las instancias y documentos formales de negociación; demandamos que los Estados Parte de dichas negociaciones tomen medidas urgentes para limitar las vulneraciones provocadas por la crisis, tales como el desplazamiento forzado de personas y la falta de seguridad hídrica y alimentaria que sufren los territorios de nuestro continente.
Por último, exigimos la firma y reconocimiento en las legislaciones nacionales del Acuerdo de Escazú, con el fin de asegurar que las medidas y planes para resistir los efectos del cambio climático sean inclusivos y participativos, y no generen nuevas afectaciones a los derechos humanos de los grupos más vulnerados.
8. Justicia climática
La justicia climática implica el ampliar el concepto clásico de justicia ambiental hacia el reconocimiento y correcta distribución de las responsabilidades históricas diferenciadas del calentamiento global; la reparación de pérdidas y daños ocasionados por fenómenos asociados al cambio climático; y la distribución justa y equitativa de las cargas y beneficios ambientales entre los territorios de forma intergeneracional; junto con sostener mecanismos de participación efectiva para las comunidades que han sufrido de discriminación diferencial en la toma de decisiones sobre sus territorios. La integración de este concepto en todas las políticas climáticas nacionales e internacionales es una condición necesaria para la efectiva mitigación, la correcta adaptación de los pueblos de la región latinoamericana, y en definitiva la garantización de una vida digna y un desarrollo sostenible para todos los territorios de América Latina.
Esta justicia solo podrá ser tal en cuanto los costos de su implementación sean financiamiento por parte de los Estados que se han enriquecido precisamente a través del abuso y empobrecimiento del Sur Global. Por otro lado, será necesario integrar las múltiples visiones y culturas de nuestros pueblos, así como sus diversas formas de afectación, lo que debe ser asegurado mediante mecanismos efectivos y vinculantes de participación ciudadana, que incluya a las juventudes, y que considere la consulta y consentimiento previo, libre e informado de los pueblos originarios e indígenas. Para ello, se requiere impulsar agendas políticas que pongan énfasis en la educación ambiental y en la formación cívica, lo que en definitiva permitirá a las comunidades robustecer sus organizaciones y afiatar el tejido social en el que se desenvuelven, para poder así avanzar hacia un cambio de paradigma en la escala de valores y los estilos de vida dominantes.
9. Gobernanza climática
En el contexto actual de nuestros gobiernos regionales, los cuales no han tenido la voluntad de establecer condiciones y regulaciones mínimas para asegurar el respeto de la Madre Tierra, los derechos humanos, y en particular, el derecho a vivir en un medio ambiente sano, se hace imperativo avanzar en una Gobernanza Climática inclusiva y participativa, entendiendo que los efectos de la crisis van más allá de los aspectos técnicos y/o científicos que se puedan preveer y analizar. Por ello, es necesario construir una mayor democracia ambiental para la definición, legítima y descentralizada, de metas y estrategias que permitan afrontar con mayor resiliencia la crisis climática.
En el entendido de que el principal obstáculo ha sido la falta de voluntad política, exigimos a los gobiernos y los organismos internacionales garantías inmediatas para asegurar el acceso a la información, que pueda resultar en la participación de múltiples actores, permitiendo así la transformación colectiva de la sociedad en su conjunto. Solo mediante un proceso participativo amplio, efectivo y vinculante, en el cual las políticas climáticas sean generadas de forma conjunta y colaborativa entre los territorios y las instituciones, se podrá lograr integrar un enfoque preventivo y precautorio en la aprobación de proyectos que generen impactos o riesgos climáticos, así como un financiamiento adecuado y transparente para el logro de los planes y compromisos de mitigación y adaptación.
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