Más de 130 organizaciones medioambientales denuncian nuevo acto de amedrentamiento a Defensor Ambiental

Las 126 organizaciones socioambientales de todo el país aquí firmantes, manifiestan su preocupación y repudio ante la escala de amedrentamientos que se han sucedido a defensores de la naturaleza en todo el país. Hoy denunciamos el cobarde actuar en contra de Diego Ovalle Valenzuela, vocero del Movimiento Socioambiental Antuko Resiste.

Durante la jornada de la noche del miércoles 23 de junio a las 21:45 hrs. frente al hogar del vocero socioambiental Diego Ovalle Valenzuela, ubicado en Antuco, se percibieron 3 balazos, evidenciándose así una grave escalada de acciones de amedrentamiento en contra de distintos defensores medioambientales en el país.

Diego Ovalle Valenzuela además de trabajar firmemente en la protección del medio ambiente en Antuco, donde ha denunciado el avance indiscriminado de las forestales contra el bosque nativo, y de la industria ganadera y lechera que estarían impactando el río Rucúe, es parte de la Red por los Ríos Libres.

Escalada contra los defensores ambientales

Junto con llamar la atención ante esta grave situación que afecta a nuestro compañero Diego Ovalle Valenzuela, las organizaciones aquí firmantes, recordamos que durante este primer semestre de 2021 también hemos sido testigos de otros amedrentamientos y amenazas a líderes y profesionales que velan por el cuidado y la justicia en materia socioambiental, cuestión que se viene repitiendo sostenidamente, debido a la impunidad que prevalece en Chile para quienes cometen este tipo de actos.

Recientemente, se han hecho públicas nuevas amenazas de muerte contra Verónica Vilchez, dirigenta de Modatima, en las instalaciones del APR de San José en la comuna de Cabildo, las cuales se suman a los rayados aparecidos en el mismo lugar en febrero de este año.

Otro caso es el de Michael Lieberherr, estudiante de periodismo situado en la comuna de Choapa, quien recibió amenazas de muerte de manera telefónica en donde le dicen “que se encontraba vigilado y que debía salir de la ciudad donde se encontraba residiendo” mientras realizaba una investigación sobre la posible responsabilidad de empresas mineras en los desastres ambientales que afectan a diferentes localidades rurales.

Antes, el 21 de marzo, Uriel González activista por la defensa del agua, fue abordado en Santiago por desconocidos, quienes armados con cuchillos lo secuestraron, agredieron, amenazaron y lo amedrentaron diciéndole “No te metai con el agua”. 

Estas situaciones de amedrentamiento a dirigentes socioambientales, no son las únicas ni hechos aislados, y se suman a la impunidad en la que han quedado los casos de violación a los derechos humanos post estallido social, todo en un contexto de estado de excepción.

Los territorios, las comunidades y los defensores ambientales han resistido durante años y décadas la arremetida de proyectos de gran escala en materia energética, forestal, minera o de salmonicultura por sus graves impactos y para proteger bienes comunes como el agua.

Esta resistencia ha aumentado el malestar de quienes desarrollan actividades extractivas y con ello han utilizado el modus operandi de amenazar y amedrentar a quienes defienden la naturaleza y el sostén de vida que esta proporciona, sin embargo, la política de persecución no la toleraremos y en todos estos casos se han realizado las denuncias por las vías formales.

Como organizaciones de la sociedad civil y ante la escalada de situaciones que vulneran la seguridad de los defensores ambientales llamamos al Gobierno a que firme el Acuerdo de Escazú, como medida de protección a los defensores del medio ambiente, al parlamento a visibilizar y tomar las medidas pertinentes ante estos actos y a la opinión pública les convocamos a estar alertas y a exigir justicia y el término de estas graves amenazas a las que se están viendo sometidos nuestros compañeros y compañeras de causa.

Todas las organizaciones abajo firmantes nos negamos a aceptar y tolerar estas prácticas que van en contra de un Estado de derecho y de nuestra democracia. Visibilizaremos cada amedrentamiento y apoyaremos a quienes han sido vulnerados, incluso apoyando en la presentación de denuncias y recursos de amparo a nivel nacional, como asimismo presentaremos sus causas a nivel internacional.

No claudicaremos en la defensa y protección de los territorios, de los bienes comunes y seguiremos avanzando, resistiendo, organizados y unidos más que nunca, ante los cobardes actos de amedrentamiento que no permitiremos queden impunes.

Firman: 

● ACOSOC Ñuble 

● Agrupación Aisen Reserva de Vida 

● Agrupación Cultural Barracón 

● Agrupación Defendamos Chiloé 

● Agrupación Ecológica Educativa y Cultural RUKARELMU Angol 

● Agrupación socioambiental Mapuko 

●Alerta Isla Riesco

● Amerindia - Chile

● Ankoa Santuario Libre - Linares

● Antuko Resiste

● Asamblea Ambiental del Biobío

● Asamblea de Mujeres Insulares por las Aguas

● Asamblea por el Guasco Alto

● Asamblea Territorial Plaza Salvador Allende de Lo Hermida

● Asociación de Defensa del Entorno Ecológico y Patrimonial Sector Poniente de Chillán y Río Ñuble- ADEEP

● CENTIIR Nahuelbuta

● Catemu en Movimiento

● Chao Pescao

● Chile Sustentable

● Centro Cultural Caleta Horcón

● Centro Cultural Kuraf Werken

● Centro de Estudio y Conservación del Patrimonio Natural, CECPAN

● Centro Ecológico Cultural de Longaví

● Centro Cultural Huellas del Diguillín

● Centro Cultural Rayen Wekeche 2

● Ciudad Viva

● Ciudadanos y Clima

● Coalición Ecuménica por el Cuidado de la Creación

● CODEFF

● Colectivo VientoSur

● Comisión Justicia y Paz, Aysén

● Comité Ambiental Comuna Chillán Viejo

● Comité Unión Diguillín

● Comunidad por el Buen Vivir

● Consejo de Defensa de Los Queñes

● Consejo Ecológico de Molina

● Consultora independiente

● Coordinadora Chorera Talcahuano

● Coordinadora Ambiental Ñuble Sustentable

● Coordinadora Ciudadana No Alto Maipo

● Coordinadora Esteros y Canales Aconcagua

● Coordinadora No + Zonas de Sacrificio Valparaíso

● Coordinadora por la defensa del Agua Valle Aconcagua

● Coordinadora por la defensa del Agua Valle Akunkawa

● Corporación Camino a Farellones

● Corporación Equipo Farellones

● Corporación de Desarrollo Momentum

● Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén (CODESA)

● Corporación Yareta

● Curacautín en tus manos

● Cultivo Medicinal

● Defensa El Carmelo Catemu

● Defensoría Ambiental

● Despierta Mejillones

● Ecoigualdad, Programa de Medio Ambiente del Instituto Igualdad

● Ecosistemas

● Eco Itata Yungay

● Escazú Ahora Chile

● Ética en Los Bosques

● Frente RÍO - Talagante

● Fundación Agua para el Pueblo

● Fundación Aracata Creaciones

● Fundación Cultural y Medioambiental Pillmayken

● Fundación Ecosur

● Fundación Endémica de Juan Fernández e Islas Desventuradas

● Fundación Manzana Verde - Concepción

● Fundación Mujeres de Mar

● Fundación Newenko

● Fundación Origen

● Fundación Plantae

● Fundación Putagán Libre

● Fundación Relaves

● Fundación Terram 3

● Fundación Trewüa Quidu- El Monte

● Geute Conservación Sur

● Gestoras en Red

● Greenpeace Chile

● Guardianes de Valle Juncal

● Junta de Vecinos El Paiquito - El Monte

● La huella de Culipran - Melipilla

● Ríos to Rivers

● Mapuche Trekkan

● Malen Leubü

● Marcha Mundial de Mujeres -Fio Fio

● Mataquito Río Abajo

● Melipeuco Ríos Libres

● Modatima Wallmapu

● Movimiento de Defensa de Acceso al Agua, la Tierra y Protección del Medio Ambiente (MODATIMA) ● Movimiento Los Laureles- Longaví

● Movimiento Medioambiental Trehuaco

● MOVIMIENTO MOVILIZÁNDONOS por una cultura de derechos de la niñez y adolescencia en Chile

● Movimiento No Más Anglo

● Movimiento por el Agua y los Territorios. MAT

● Movimiento por la defensa del Humedal Estero El Molino

● Movimiento Salvemos Coronel

● Movimiento Social en Defensa del Río Ñuble

● Movimiento Socioambiental Limpiemos cmpc - Nacimiento

● Movimiento Territorio y Vivienda Calama

● Mujeres en Zona de Sacrificio en Resistencia

● Mujeres por el Maipo

● No Más Anglo

● Ñuble Libre

● Observatorio Plurinacional de Salares Andinos

● Olla Común Santa Blanca - El Monte

● ONG CEUS

● ONG Defensa Ambiental

● ONG FIMA

● Otros Cruces

● Pastoral de la Cultura, Aysén

● Pemuco sin Termoeléctricas

● Plantemos Nativo ONG

● Raíz

● Recuperación Silvestre - Peñaflor

● Red de Acción por los Derechos Ambientales. RADA

● Red de Acción por el río Cautín

● Red por los Ríos Libres

● Red de Defensa de los Territorios Araucanía

● Ríos to Rivers

● Rucalhue 4

● Salvemos el Estero Limache

● Salvemos la Señoraza

● SECAS Defensoras del Agua

● Secretaría de Ecología y Medioambiente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (SECMA FECh)

● Sociedad Civil por la Acción Climática (SCAC)

● Sociedad Civil por la Acción Climática - Antofagasta

● Sociedad Civil por la Acción Climática (SCAC) Magallanes

● Somos Diguillín

● Spaci@vivo

● Todos Somos Cobquecura

●Tu Voz Importa

Apoyan también los y las constituyentes:

● Adriana Ampuero, Constituyente Distrito 26

● Alejandra Flores Carlos, Constituyente Distrito 2

● Alvin Saldaña Muñoz, Distrito 15

● Bastián Labbé, Constituyente Distrito 20

● Beatriz Sánchez Muñoz, constituyente Distrito 12

● Camila Zárate, Constituyente Distrito 7

● Carolina Vilches Fuenzalida, Constituyente Distrito 6

● César Uribe Araya, Constituyente Distrito 19

● Constanza San Juan Standen Constituyente Distrito 4

● Cristina Dorador Ortiz, Constituyente Distrito 3

● Dayyana González Araya, Constituyente Distrito 3

● Fernando Salinas, Constituyente Distrito 18

● Francisca Arauna Urrutia, Constituyente Distrito 18

● Francisco Caamaño Rojas, Asamblea Territorial del Maipo, Distrito 14

● Gloria Alvarado Jorquera, Constituyente Distrito 16

● Ingrid Villena Narbona, abogada defensora víctimas VIF, Constituyente distrito 13

● Ivanna Olivares , defensora socio ambiental Diaguita, Constituyente Distrito 5

● Loreto Vallejos Dávila, Constituyente Distrito 15

● Luis Jiménez Cáceres, Constituyente Pueblo Aymara

● Manuela Royo, Constituyente Distrito 23

● Manuel Woldarsky Gonzalez, Abogado, defensor de DDHH, Constituyente Distrito 10

● Marco Arellano Ortega, Constituyente Distrito 8

● Mariela Serey Jiménez, Constituyente Dstrito 6

● Rodrigo Rojas Vade, Constituyente Distrito 13

● Tania Madriaga Flores, defensora territorial, Constituyente Distrito 7

● Janis Meneses, Constituyente del Distrito 6

● Malucha Pinto, Constituyente Distrito 13

● Vanessa Hoppe Constituyente Distrito 21

Parlamentarios y líderes sociales:

● Paola Chávez Madrid, Consejera Regional. Provincia Cordillera 5

● Giorgio Jackson, Revolución Democrática. Diputado Distrito 10

● Luis Infanti, Obispo de Aysén

● Nathalie Joignant Candidata tercera mayoria Gobernación RM.

● Felix González, PEV. Diputado Distrito 20

● Juan Ignacio Latorre, Revolución Democrática. Senador región de Valparaíso

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[Como Vigilante Costero ONG no alcanzamos a estar en Formato Declaración Oficial pero adherimos plentamente]

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Cámara de Diputados aprueba cierre de termoeléctricas a carbón al año 2025 y pasa al Senado

Hoy 17 de junio la Cámara de Diputados y Diputadas aprobó y despachó el proyecto de ley que prohíbe la instalación y operación de nuevas termoeléctricas a carbón y fija el cierre para las existentes al año 2025 (Boletín 13.196-12) llamada Ley Aes Gener, por 93 votos a favor, 5 en contra y 47 abstenciones. 

Como Coalición Chao Carbón, felicitamos a los diputados por aprobar este Proyecto de Ley que prohíbe la construcción y operación de nuevas termoeléctricas a carbón, y que permitirá el cierre o reconversión de 13 termoeléctricas a carbón de la trasnacional norteamericana AES Gener localizadas en Mejillones, Tocopilla, Huasco y Puchuncaví, además del cierre o reconversión de la central Santa María de la empresa Colbún en la ciudad de Coronel. 

La Ley AES GENER o Ley para el Fin de las Zonas de Sacrificio viene a hacer justicia con las zonas de sacrificio donde tanto Aes Gener como Colbún no han definido fecha de cierre para 14 centrales, en el marco del criticado Acuerdo Voluntario de Descarbonización entre las empresas y el gobierno anunciado en 2019, que les permite quemar carbón hasta el año 2040. Aes Gener sólo se comprometió cerrar 2 unidades obsoletas (Ventanas 1 y 2) de más de 50 años de operación, mientras que ENGIE y ENEL ya anunciaron el cierre y reconversión de sus 12 termoeléctricas a carbón para 2025. 

La descarbonización y descontaminación de Chile no puede depender sólo de acuerdos público-privado y menos con plazos a voluntad de quienes llevan décadas contaminando y enfermando a los habitantes de las zonas de sacrificio. Por ello es importante que el proceso de descarbonización de la matriz eléctrica sea vinculante a través de una ley que dé lineamientos claros, plazos y certezas a los ciudadanos y a las empresas.

Dadas las graves afectaciones a la salud de la población en las 5 comunas donde están localizadas las termoeléctricas a carbón y denominadas Zonas en Sacrificio, es imperativo que ahora el Senado apruebe esta ley que constituye un importante avance hacia la justicia social y ambiental en Chile; un tremendo aporte a la transición energética y al cumplimiento de nuestros compromisos de descarbonización en el Acuerdo de Paris. 

La Coalición Chao Carbón agradece a la Cámara de Diputados la aprobación de la Ley de Descarbonización; y solicita a los miembros del Senado aprobar urgentemente el cierre de las 14 termoeléctricas a carbón que aún no tienen fecha de cierre.  Las comunidades de las 5 comunas denominadas zonas de sacrificio, las que no pueden esperar otros 20 años más. Los graves impactos a la salud de las personas por las emisiones, la destrucción del borde costero por varamientos de carbón y los episodios de emanaciones no se toleran más. 

Organizaciones medioambientales nuevamente manifiestan su preocupación por los amedrentamientos y amenazas a líderes y profesionales que velan por el reguardo de los ecosistemas

En el primer trimestre del año en curso, hemos sido testigos de nuevos amedrantamientos y amenazas a líderes y profesionales que velan por el cuidado y la justicia en materia socioambiental, cuestión que se viene repitiendo sostenidamente, debido a la impunidad en la que han quedado los diversos casos.

La situación anterior se encuentra agravada por el delicado momento político en el cual nos encontramos en donde la violencia estatal, pos-estallido social ha estado presente en el último año y medio, el que además ha sido llevado en un contexto de estado de excepción.

Los territorios y las comunidades resisten a diario ante la arremetida del extractivismo que se hace presente en los territorios, bien saben los defensores ambientales que el desarrollo de proyectos de gran escala en materia energética, forestal, minera o de salmonicultura, generará la perdida de bienes comunes, romperá el tejido social y afectará la salud de aquellos que se encuentren cercanos a estos, por la contaminación y efectos que estos tienen en los ecosistemas.

Lo anterior ha implicado una resistencia por años, en la que dichas personas colocan en riesgo incluso su propia vida en la defensa de los bienes comunes. Esta resistencia ha generado, el malestar de quienes desarrollan sus actividades extractivas y con ello han utilizado el modus operandi de amenazar y amedrentar a quienes defienden la naturaleza y el sostén de vida que esta proporciona.

Es por ello que hemos visto cómo el 13 de febrero del presente año, en las instalaciones del APR de San José en la comuna de Cabildo, se le hicieron rayados en las paredes de la instalación, en donde se amenazaba de muerte a Verónica Vilches, integrante de Modatima.

El 22 de marzo, el día mundial del agua, fuimos testigos del ataque y amedrantamiento del candidato independiente a la Convención Constitucional por el distrito 9, Uriel González, el cual fue amenazado por dos personas que armados con cuchillo lo subieron a una camioneta azul, dejándolo abandonado en la comuna de Conchalí, en donde sus captores lo amedrentaron diciéndole “No te metai con el agua”.

El 28 de marzo, Michael Lieberherr, estudiante de periodismo situado en la comuna de Choapa es amenazado, por vía telefónica en donde le dicen “que se encontraba vigilado y que debía salir de la ciudad donde se encontraba residiendo”, lo anterior a raíz de la investigación que se encuentra realizando, el cual es un reportaje en el contexto de su memoria de título, en la cual indaga la posible responsabilidad de empresas mineras en los desastres ambientales que afectan a diferentes localidades rurales.

Los tres casos mencionados son acciones cobardes, que buscan desalentar la protección del agua, los ecosistemas y el trabajo de investigación periodística, en donde actividades económicas extractivas, ante la impunidad que tienen en los territorios, a través de personas que realizan el trabajo sucio, amedrentan a quienes defienden la vida. Hacer mención que, en todos los casos, los afectados han realizado las respectivas denuncias.

La política de persecución es inaceptable, por lo que el Estado debiera disponer de la búsqueda de la verdad y la protección de estos dirigentes y profesionales, quienes ponen su vida en defensa de la naturaleza, porque tienen la claridad de que al no protegerla es claudicar el futuro de sus familias y quienes habitan en el territorio. Todo esto reafirma que la ciudadanía y en particular los líderes ambientales se encuentran desprotegidos, los que frecuentemente deben ir a estampar las denuncias respectivas contra quienes resulten responsables, pero la justicia no se encuentra operando, debido a que los fiscales no ordenan que haya una investigación.

Por todo lo anterior es que organizaciones sociales y no gubernamentales, hacemos el llamado al Gobierno para que este firme el Acuerdo de Escazú, como medida de protección a los defensores del medio ambiente, y expresamos a los 3 poderes del Estado y la opinión pública nuestra preocupación e indignación por las graves amenazas a las que se están viendo sometidos nuestros compañeros y compañeras de causa.

Como organizaciones de la sociedad civil, nos negamos a aceptar estas prácticas que profundizan las grietas de nuestra democracia, manifestamos nuestro apoyo a quienes han sido vulnerados, incluso apoyando en la presentación de denuncias y recursos de amparo a nivel nacional, como asimismo presentaremos sus causas a nivel internacional.

Por último, a las empresas, que utilizan estas prácticas, decirles que nos les tenemos miedo, porque somos una gran cadena, formada con miles de personas que a diario resisten desde las diversas trincheras, en donde la verdad, la compresión, la cooperación y el amor por lo que hacemos, son más fuertes que el acto cobarde de amedrentar.

Firman:

1. Fundación Chile Sustentable
2. SCAC Antofagasta
3. Centro ProSus
4. Fundación Newenko
5. Corporación Programa La Caleta
6. Movimiento MOVILIZANDONOS por una cultura de Derechos de NNA en Chile
7. Ecosistemas
8. CEUS Chile
9. Fundación Geonativa
10. Secretaría de Ecología y Medioambiente FECh
11. FIMA
12. Alerta Isla Riesco
13. Defensoría Ambiental
14. Greenpeace
15. Territorios Colectivos
16. Agrupación Aisén Reserva de Vida
17. Ciudadanos y Clima
18. Fundación Plantae
19. Fundación La Alameda
20. Fundación Multitudes
21. FENAPRU Chile
22. Corporación El Canelo Nos
23. Coordinadora Ciudadana No Alto Maipo
24. RedBioLAC
25. Defendamos Chiloé
26. CODEFF
27. Fundación Terram
28. Centro de Análisis Socioambiental
29. Fundación Tantí
30. OPSAL
31. Fundación Mingako
32. Observatorio Ciudadano
33. Chile Ambiente
34. SCAC Magallanes
35. Fundación Glaciares Chilenos
36. Fundación Otros Cruces
37. Coalición Ecuménica por el Cuidado de la Creación
38. Verde Nativo El Monte
39. Latin American Soludarity Network (LASNET, lasnet.solidarity@gmail.com)
40. Chile Solidarity Campaign-Australia
41. Solidarity with Chile Melbourne
42. Mapuche Australia Solidarity
43. Coordinación Patagonia Sin Mineras (EQUUS OUT!)-Melbourne-Australia
44. Trawunche Madrid (Coordinación de Apoyo al Pueblo Mapuche en Madrid)PEN Editions
45. Violeta Rabi, investigadora de Espacio PúblicoFernanda Salinas Urzúa, Doctora en Ecología, Profesora de Sustentabilidad, Universidad de Chile
46. Vigilante Costero ONG

Una reactivación económica que proteja la vida (Declaración SCAC ante acuerdo COVID celebrado por el gobierno y algunos partidos de la oposición)

Declaración Sociedad Civil por La Acción Climática

Chile requiere con urgencia una economía compatible con los sistemas que sostienen la vida para permitir la sostenibilidad del futuro y de nuestro propio desarrollo. Urge construir una sociedad resiliente ante los riesgos que nos ha expuesto y agudizado esta pandemia. Para ello se requiere un sistema político, social y económico, que sitúe en la base de la toma de decisión política la salud humana y ecosistémica.

La reactivación económica propuesta por el gobierno y tres partidos de la oposición, habla de un impulso fiscal a la reactivación que incluye un “énfasis verde”, pero que olvida avanzar en materias indispensables en esta área como son: la transición energética, el reacondicionamiento de viviendas de familias de menores ingresos, la tecnificación del riego para los pequeños productores agrícolas y la restauración de ecosistemas, entre otros.

Rechazamos todo intento de disminuir los estándares ambientales en relación con la tramitación de proyectos de inversión. Es claro que la pandemia actual y otras emergencias sanitarias, se relacionan directamente con un mal manejo y el abuso de la intervención humana en los ecosistemas.

Exigimos que todo beneficio tributario o crediticio a grandes empresas, sea condicionado al cumplimiento de requisitos específicos medioambientales y de justicia social. Vemos con desconfianza el deseo de agilizar concesiones de nuestros bienes comunes naturales, ya que tal como se ha producido hasta ahora, estas concesiones han resultado en la degradación de tierra, ríos, mar y borde costero.

En Chile aún faltan normas de calidad y se requiere contar con legislación que realmente proteja los bienes comunes. En este sentido urge contar con un Sistema de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), aprobar una ley de protección de glaciares y una ley de delitos ambientales, que son proyectos que se han visto entrampados en el Congreso. Por esto también es urgente rechazar el proyecto Pro-Inversión del Ejecutivo, que tiene una lógica de la degradación de la naturaleza.

Las medidas económicas deben estar al servicio de sostener la vida. Hoy existen territorios en Chile donde las personas enfrentan esta emergencia sanitaria en graves condiciones de injusticia ambiental, como comunidades completas que ni siquiera tienen acceso al agua para lavarse las manos en la pandemia o quienes viven en las denominadas “Zonas de Sacrificio”, y deben enfrentar el coronavirus con sus sistemas respiratorios deprimidos y altos índices de contaminación, aumentando letalidad del virus

El COVID 19, el estallido social y la crisis económica, hacen evidente que el modelo en el que vivimos hasta ahora, fracasó. Es urgente una propuesta de país que nos permita reconstruirnos para el futuro, aprendiendo de todo lo que por décadas hemos hecho mal. La normalidad económica y social de Chile se quebró en octubre, y hoy requerimos construir un modelo diferente, en donde exista justicia social y ambiental.

Urge suspensión Total de Plazos del Sistema de Evaluación Ambiental

Ante la continuidad de la operación del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental durante la actual crisis sanitaria, los abajo firmantes declaramos lo siguiente:

• Desde que se iniciara la pandemia del Covid-19, se han alzado diversas vocesciudadanas emplazando al Ministerio de Medio Ambiente y al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) a suspender los plazos de tramitación de los proyectos de inversión. Esto, debido a la inequidad que se produce en tanto comunidades y afectados no están en igualdad de condiciones con el sector privado para participar en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.
• La respuesta del director del SEA ha sido que no se ha suspendido el trámite de los proyectos porque tanto las empresas como la ciudadanía pueden seguir su tramitación por vía electrónica. Lo anterior produce un tremendo desbalance, debido a que no todos y todas tienen acceso e información para ejercer virtualmente sus derechos.
• Más aún, hoy hemos sido testigos de cómo la Comisión de Evaluación Ambiental de Valparaíso voto a favor de un proyecto de inversión que se emplaza en la comuna de Putaendo, correspondiente a sondajes de la Compañía Minera Vizcachitas Holding, propiedad de la canadiense Los Andes Coppers. Dicha aprobación, genera una tremenda angustia entre la población que se opone a la iniciativa, la que con justa razón solicita que se hagan gestiones que les permitan participar del proceso. Peor aún, al no obtener respuesta de las autoridades, no tienen otra alternativa que manifestarse en la defensa de sus territorios, exponiéndose al contagio en plena crisis sanitaria.
• Hoy, los plazos para reclamar administrativa y judicialmente sobre los distintos actos de la autoridad siguen corriendo, sin embargo, los abogados no pueden reunirse con sus representados para preparar las acciones, lo que afecta gravemente el acceso a la justicia ambiental que, según la ministra Carolina Schmidt, Chile ya tiene incorporada en su legislación. Tal es el motivo para no firmar el Acuerdo de Escazú.
• Hoy, declaramos que no se puede seguir exponiendo a la población. Así lo han entendido la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados y Diputadas, que despachó la semana pasada un proyecto de ley que busca suspender los plazos del SEIA. A su vez, la Comisión de Medio Ambiente del Senado emplazó a Schmidt sobre el tema, quien indicó que los plazos del SEIA ya se encontraban suspendidos, sin especificar la medida.
• Es por eso que las organizaciones de la sociedad civil, movimientos ciudadanos, parlamentarios, organizaciones de trabajadores y trabajadoras, abajo firmantes, hacemos un llamado a las autoridades para que sean conscientes del problema y tomen las medidas administrativas que permitan suspender los plazos del SEIA, con el fin de dar la seguridad a la población y a los mismos trabajadores y trabajadoras ante el avance de la pandemia. Esto, con el fin de que no se expongan a contraer la enfermedad, así como también que se realice la correcta evaluación de los proyectos, con la participación, acceso, democracia y justicia ambiental que merece este tipo de procesos.

Firman:

Organizaciones de la Sociedad Civil

• Corporación Privada para el Desarrollo, Aysén.
• Fundación Chile Sustentable.
• Sociedad Civil por la Acción Climática (SCAC), Magallanes.
• Organización Ciudadanos y Clima.
• Observatorio Ciudadano.
• Federación Nacional de Trabajadores del Medio Ambiente (Fenatrama).
• Ecosistemas.
• Corporación La Caleta.
• Movimiento Movilizándonos por una cultura de Derechos de la Niñez.
• Grupo Opsal.
• Fundación Glaciares Chilenos.
• Centro Ecosocial Latinoamericano.
• Fundación Newenko
• Agrupación Socioambiental Putaendo Resiste.
• Fundación FIMA.
• Cverde.
• Fundación el Árbol.
• ONG CEUS Chile.
• Corporación El Canelo.
• Fundación Plantae.
• Colegio de Ingenieros en Recursos Naturales (CIRN).
• Comisión Medioambiente y Sustentabilidad del Partido por la Democracia
• Vigilante Costero ONG, Waterkeeper Chile
• Andrea Sanhueza, Representante de la Sociedad civil para el Convenio de Escazú.

Senadoras y Senadores:

• Senadora Isabel Allende (PS)- Región de Valparaíso
• Senador Alfonso De Urresti (PS) – Región de Los Ríos
• Senadora Ximena Ordenes (I)- Región de Aysén.

Diputadas y Diputados:

• Diputada Catalina Pérez (RD) – Distrito 3 – Región de Antofagasta.
• Diputada Daniella Cicardini (PS)- Distrito 4- Región de Atacama.
• Diputada Carolina Marzán (PPD)- Distrito 6- Región de Valparaíso.
• Diputado Diego Ibáñez (CS)- Distrito 6- Región de Valparaíso.
• Diputado Pablo Vidal (RD) -Distrito 8 – Región Metropolitana.
• Diputada Cristina Girardi (PPD)- Distrito 9- Región Metropolitana.
• Diputado Amaro Labra (PC) – Distrito 12- Región Metropolitana.
• Diputada Loreto Carvajal (PPD)- Distrito 19- Región de Ñuble.
• Diputado Félix González (PEV)-Distrito 20- Región del Bio Bio.
• Diputado Ricardo Celis (PPD)- Distrito 23- Región de la Araucanía.

Presentación NDC de Chile: Sociedad Civil por la Acción Climática (SCAC) critica falta de ambición y medidas para su implementación aunque reconoce que nuestro país no evada sus compromisos

Sociedad Civil por la Acción Climática

En esta crisis sanitaria, social y económica la acción climática debe continuar siendo una de las principales preocupaciones e impedir que el calentamiento global y la degradación ambiental sean nuevamente foco de aparición de nuevas epidemias. 

La red compuesta por más de 100 organizaciones ciudadanas analizó la presentación de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC) para enfrentar el cambio climático anunciadas hoy por la Ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt. El documento se entrega en el marco del compromiso adquirido el año pasado durante la COP 25 y tras una consulta ciudadana que no incluyó el mecanismo de consulta indígena.

Para Ezio Costa, vocero de la SCAC y Director Ejecutivo de ONG FIMA, “la presentación tiene cosas valorables como que se haya bajado la fecha del peak de emisiones para el 2025 lo que las hace alcanzable, pero por otra parte la ambición al 2030 es solo lograr un 50% de disminución de emisiones”. “Además, no es una muy buena señal que no se mencione para nada las zonas de sacrificio, siendo este uno de los puntos negros más emblemáticos de la falta de justicia ambiental en Chile y a quienes se está condenando a seguir sufriendo los impactos de las termoeléctricas por 20 años más”, añade.

Entre las cosas que se esperaban de este anuncio, se encontraba la baja en las metas para alcanzar la carbono neutralidad al menos al 2040; la propuesta del cierre total de termoeléctricas al 2030; y énfasis en la relación con la Ley Marco de Cambio Climático entre otras cosas.

“Uno de los puntos que vemos como definitivamente deficiente, es todo lo relacionado con agua. Lo planes para manejos de cuencas se dan recién a partir del 2030, hay muy pocos humedales protegidos, solo 20. Lo mismo sucede para turberas, las cuales son solo cinco protegidas en un plan piloto al 2030, y no se mencionan para nada la situación de los salares altoandinos que actualmente están fuertemente amenazados por la extracción de litio” señaló Isabella Villanueva de CEUS Chile.

Para Estefanía González de Greepeace “Los planes de adaptación son otro punto que sigue mostrando una gran debilidad en la presentación de esta NDC, estos continúan como en la propuesta anterior en un ámbito de buenas intenciones, pero sin nada concreto que los lleve a tener algún nivel realidad”.

Para las organizaciones de la SCAC, es importante el gesto de presentar estos compromisos, pero siguen siendo insuficientes, sobre todo en medio de la pandemia por COVID 2019, la cual también está asociada a la destrucción de ecosistemas y a la degradación ambiental.

Contacto de Prensa:

Constanza Dougnac: +56999378564 - cdougnac@fima.cl

Javiera Ortiz: +56 9 9083 8255

Pandemia y crisis climática, desafíos para un nuevo pacto social #SCAC

Declaración de SCAC ante postergación de la COP 26 

A causa de la pandemia Covid-19 se ha anunciado la postergación de la Conferencia de las Partes de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC), que debía ocurrir en noviembre de este año. Desde la Sociedad Civil por la Acción Climática (SCAC) apoyamos esta decisión y consideramos que está a la altura de la crisis sanitaria que enfrentamos. Pero ¿Estaremos a la altura para enfrentar la crisis climática y ecológica?

Esta postergación, no es sinónimo de que los Estados puedan dejar de lado sus compromisos climáticos ni ambientales. La vulnerabilidad frente al cambio climático y la contaminación atmosférica nos hace más sensibles a este tipo de emergencias: Comunidades sin agua, como La Ligua y Petorca, no pueden cumplir con los mínimos de higiene necesarios y las personas que viven en zonas de sacrificio ambiental, como Coronel, Quintero, Puchuncaví y Ventanas, por mencionar solo algunas, se verán afectadas más gravemente al ser más susceptibles a padecer problemas respiratorios.

Esta crisis sanitaria está relacionada con la destrucción de la naturaleza y la pérdida de hábitats naturales de las otras especies; con la forma en la que nos alimentamos y conseguimos ese alimento y también en cómo nos entendemos como sociedad. Es por eso que hay que abordarla desde todos esos lugares.

Así mismo, las medidas de reactivación económica que pensemos, deben reconocer la oportunidad para acelerar la transición económica hacia un modelo centrado en el cuidado de las personas, la preservación de la vida y la una relación armónica entre la sociedad y el medio ambiente, avanzando hacia una sociedad más justa y equitativa. Es por ello que el proceso que enfrentamos no puede sacrificar los compromisos climáticos ni vulnerar los derechos humanos, debe enraizarse en ellos y utilizarlos como punto de partida.

Sería una enorme contradicción, en medio de esta crisis sanitaria así como en un futuro escenario de reactivación económica, que el Estado rescate empresas contaminantes, que dañen el medioambiente o vulneren derechos. Los recursos estatales se deben invertir en apoyar emprendimientos limpios, generar empleos en sectores compatibles con la salud y compromisos climáticos, en fomentar la investigación aplicada sobre los efectos antrópicos en nuestro territorio, con transferencia educativa hacia nuestras comunidades.

Este año no habrá COP 26, pero es el momento para que las naciones del mundo se replanteen sus compromisos y tal vez el mecanismo que se está utilizando para alcanzarlo, ya que en 26 años de negociaciones, seguimos estando muy atrás en lo que se requiere para mantener el calentamiento global por debajo de los 1,5ºC. Esta crisis marcará un nuevo comienzo, en el que tenemos la oportunidad de acelerar las medidas para la preservación ambiental, el cuidado de la naturaleza y de las personas, lo cual será clave para seguir escribiendo la historia de la humanidad. 

Por la Accion Climatica - Sociedad Civil por la Acción Climpatica (SCAC)

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Manifiesto Latinoamericano por el Clima

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A propósito de la realización de vigésimo quinta versión de la Conferencia de las Partes, desde la Cumbre Social por la Acción Climática estimamos que la mayoría de los Estados Parte, así como el gobierno de Chile en su calidad de presidencia de la actual COP 25, no han manifestado una voluntad real de escuchar y considerar las voces de la sociedad civil en la agenda climática global. Es más, la indiferencia de los tomadores de decisiones ante las urgentes demandas socioambientales y climáticas ha tenido como respuesta masivas movilizaciones alrededor del mundo exigiendo profundas reformas sociales, entre las cuales las demandas por justicia ambiental ha tomado gran protagonismo, en razón de su directa relación con la necesidad de un cambio radical en modelo de desarrollo imperante.

Como Sociedad Civil por la Acción Climática, plataforma de organizaciones de una región que históricamente ha sido vulnerada por políticas extractivistas occidentales, manifestamos que no será posible pensar una política climática ambiciosa y transformadora mientras no se integren en su creación y ejecución las voces de todas y todos aquellos quienes habitamos este planeta, con especial atención respecto de aquellos afectados cotidianamente en sus territorios por las consecuencias de la crisis climática; de los pueblos originarios, indígenas, tribales y afrodescendientes, que cargan en su historia valiosos saberes y; de los niños, niñas y adolescentes (NNA) que deberán cargar con las decisiones de los agentes políticos del presente, muchos de los cuales aún se niegan a escuchar a la ciencia, y que no han sido capaces de tomar las medidas que ha exigido en reiteradas ocasiones el panel de expertos de la ONU de Cambio Climático (IPCC).

La decisión unilateral del Gobierno de Chile de suspender la COP 25 y trasladarla a España, es solo un ejemplo más de la actitud displicente con que los tomadores de decisiones se han aproximado a la sociedad civil durante las últimas décadas, lógica que hemos visto repetida a lo largo de América Latina y el Caribe en la aprobación de políticas y proyectos que amenazan el futuro de nuestros ecosistemas y territorios. Ahora, la COP que prometía ser una nueva oportunidad para poner el énfasis en las urgentes demandas climáticas de nuestra región, corre el riesgo de perder su espíritu latinoamericano y de ver alteradas sus negociaciones, priorizando la comodidad de los principales contribuyentes al aumento global de las temperaturas.

Casos como los incendios forestales en Amazonia y Chiquitania; la extracción desmedida de litio en territorios de Bolivia y Chile; el creciente fracking en Argentina; la precarización y vulneración transversal de los derechos de soberanía de nuestros pueblos originarios; y la progresiva privatización de nuestros bienes comunes, la muerte de cientos de defensores y defensoras de la Madre Tierra de la mano de compañías criminales; son casos que, si bien aquejan a nuestra región desde hace años, el sistema imperante ha consolidado y legitimado a niveles simplemente insostenibles.

Porque estamos seguros de que las decisiones se deben tomar en los territorios y no en los escritorios, decimos fuerte y claro: nunca más sin nosotros. Como sociedad civil de América Latina tenemos el derecho a participar en la toma de decisiones frente a temas que conciernen nuestra capacidad de tener una vida digna, incluso si las instancias institucionales de deliberación son trasladadas fuera de nuestro continente. En un momento de alta efervescencia social para nuestra región, manifestamos en este documento ciertos temas que, desde la Cumbre Social por la Acción Climática, creemos deben orientar el espíritu de las negociaciones, y recalcamos la necesidad de una acción climática organizada desde los territorios del Sur Global frente a la crisis climática y ecológica.

1. Agua

El agua es el componente fundamental para cualquier forma de vida en el planeta, ya sea animal, vegetal, microbiana o ecosistémica. En un contexto de crisis climática global y escasez hídrica regional, es imperativo y urgente priorizar el uso del agua hacia la protección de la vida y los ecosistemas, así como el consumo humano con especial énfasis en el uso de comunidades campesinas, por sobre cualquier otro tipo de actividad económica. Junto con esto, se debe priorizar una distribución bajo criterios democráticos y asegurar que la calidad de las aguas sea optima de acuerdo con su uso. De igual modo, el cuidado y recuperación de los suelos y bosques devastados por la sobreexplotación y desertificación es una condición necesaria para asegurar la provisión de alimentos, la circulación del agua y la reducción de gases de efecto invernadero.

Casos paradigmáticos como el de Chile, en el cual a través de un dictadura militar se instauró un mercado del agua, desconocen la importancia de este vital elemento para los ecosistemas, y la importancia de su acceso como un derecho humano. Esta y otras situaciones de comodificación de bienes comunes requieren de cambios profundos y estructurales en las regulaciones constitucionales y legales, además del fortalecimiento de la participación efectiva de las comunidades, pueblos y territorios en la gestión de la distribución y saneamiento de este elemento. De la misma manera es urgente que nuestros gobiernos garanticen la protección inmediata a todas las reservas agua dulce incluyendo acuíferos, glaciares y humedales.

2. Naturaleza

Todo sistema vivo requiere de un intercambio esencial y dinámico con el medio que habita y las partes que lo componen. Estas relaciones ecosistémicas dependen de dimensiones incomprensibles en su totalidad por la humanidad, sin embargo, hemos logrado afectar de forma significativa los procesos biofísicos a escala planetaria, que hoy amenazan la mantención de las condiciones mínimas que permiten la vida en la Tierra. El desafío que nos impone la crisis climática no puede restringirse exclusivamente a reducir nuestras emisiones, sino que debe involucrar la construcción de un nuevo relacionamiento con la Madre Tierra, que ponga en el centro el respeto íntegro de toda la vida como un principio fundante de nuestros pueblos, culturas y territorios.

La descolonización de nuestra relación con la Pachamama comienza por comprender que la biodiversidad de nuestro planeta, incluyéndonos, requiere de la protección de elementos que no hemos considerado hasta ahora vivos, pero que son esenciales para el desarrollo la vida, entendiendo que lo trascendental de su protección debe ir por sobre su eventual utilidad para la humanidad. En ese sentido, es necesario que los Estados, en particular los de Latinoamérica y el Caribe, definan marcos regulatorios para la protección de los ecosistemas, por sobre los intereses mercantiles del capitalismo global, sobre todo aquellos considerados de relevancia internacional como Amazonas, Sistema Altoandino y Criosfera.

3. Transición energética

El bienestar de la Madre Tierra y de sus bienes comunes están puestos en entredicho, producto de un modelo de generación energética basado en combustibles fósiles, impuesto por Europa desde la Revolución Industrial. Dicho modelo trajo consigo una contaminación sistemática de nuestros territorios, y es la causa principal del aumento de la temperatura global que hoy pone en riesgo la mantención de los ecosistemas. Como pueblos Latinoamericanos somos herederos de una larga historia de explotación, que en materia energética se expresa en un sistema de generación y distribución mercantil, antidemocrático y destructivo.

Es imperante cambiar nuestro paradigma energético actual por uno que reconozca el valor de nuestros territorios como reservorio de vida planetaria. Ante esto, es necesario que los actores públicos y privados responsables de la crisis climática (cuyos protagonistas provienen del Norte Global) comiencen cuanto antes un proceso de transformación de su matriz energética, junto a un profundo cambio cultural de sus hábitos de consumo y producción de energía, asegurando una transición justa desde una perspectiva ambiental, social y económica. Para lograr la libre determinación de nuestros pueblos y su autonomía energética, demandamos el cierre de plantas de energía en base a combustibles fósiles para el 2030, el congelamiento inmediato de las emisiones GEI y la inversión en el desarrollo de ERNC, con base descentralizada y prioridad en la eficiencia energética.

4. Nuevo modelo de desarrollo

La profundidad de la crisis climática provocada por el modelo de desarrollo impuesto violentamente por el capitalismo global, nos obliga a cuestionar sus fundamentos. La búsqueda del crecimiento económico sostenido nos tiene al límite de las posibilidades de mantención de la vida, y provoca desigualdades sociales insostenibles. El desarrollo de los países del Norte Global se ha consolidado a través de un proceso de industrialización avasallador, basado en la colonización y el extractivismo en los territorios de Latinoamérica y el Caribe. En consecuencia, se nos impuso un modelo neoliberal que permite la acumulación de capital por parte de unos pocos a través del abuso, usurpación y explotación de los ecosistemas, territorios y personas.

Para asegurar la vida digna de todos los seres vivos, es necesario redefinir las estructuras económicas y sus marcos legales institucionales, que limitan las transformaciones radicales que requiere el sostenimiento de la vida en el planeta, y que combinen de una vez por todas la justicia social con la integridad ecológica. En concreto urge transformar nuestros patrones de producción y consumo, y reconfigurar la economía hacia espacios solidarios, locales y diversos. Con este objetivo, exigimos que los poderes económicos globales, incluyendo instituciones como el FMI y el Banco Mundial, se comprometan a eliminar inmediatamente la subvención de empresas y proyectos contaminantes, la desmercantilización por parte de todos los Estados de los bienes comunes, y la redistribución de recursos y reestructuración del sistema financiero por uno que priorice el resguardo los ecosistemas y la protección de la vida.

5. Mujeres

El patriarcado capitalista está asentado no sólo en la explotación de la naturaleza, sino también en una estructura heteronormativa que históricamente ha generado violencias y desventajas estructurales contra las mujeres, las niñas y las disidencias sexuales. La crisis ecológica y climática acentúa las brechas económicas, sociales y políticas derivadas de este modelo. Frente a estas brechas y violencias, las mujeres organizadas a lo largo de nuestra región han ejercido un rol activo y movilizador en el resguardo y la defensa de los cuerpos, las comunidades y los territorios, interpelando el modelo de desarrollo vigente e implementando sistemas alternativos que combinen el desarrollo comunitario con la protección medioambiental.

Abordar la crisis climática desde una perspectiva de género no sólo precisa la adopción de medidas que se hagan cargo de los impactos diferenciados del modelo vigente sobre mujeres, hombres y disidencias sexuales. Desde una perspectiva feminista y latinoamericana, es urgente transitar hacia la erradicación de toda forma de violencia y discriminación contra las mujeres y disidentes sexuales; la reducción de las brechas económicas, sociales y políticas vinculadas al modelo patriarcal; la promoción de nuevas masculinidades; la visibilización y valoración de las tareas reproductivas y de cuidado como labores que competen a todos los miembros de la sociedad; y la visibilización de la actoría política y social que ejercen las mujeres tanto en la promoción de alternativas al modelo vigente, como en la defensa de sus territorios.

6. Pueblos originarios, indígenas, étnicos y tribales, y afrodescendientes.

Los pueblos originarios, indígenas, étnicos y tribales, y afrodescendientes son parte fundamental de la identidad cultural mestiza que compartimos como Latinoamérica, además de ser defensores ambientales de nuestros territorios desde la llegada del extractivismo a nuestro continente. Estos pueblos han debido soportar durante siglos desigualdades que los han excluido de las gobernanzas que administran los territorios y los bienes comunes. Estos pueblos continúan siendo uno de los grupos socio-políticos más empobrecidos, injustamente criminalizados y sistemáticamente vulnerados desde la colonización. Hoy la crisis climática ha devenido en una confirmación y profundización de estas injusticias. A pesar de que estos pueblos han demostrado una resistencia ejemplar frente a la dinámica de violencia y extractivismo, son uno de los grupos que más resienten los efectos negativos del cambio climático. Además, la actitud de los gobiernos Latinoamericanos los someten a incrementados niveles de conflictividad socio-ambiental, solo por el hecho de habitar en regiones geográficas altamente requeridas por proyectos de inversión extractiva.

Para acabar con la exclusión política y social que perpetúa la sistemática vulneración de su estado de derecho; reconocer su derecho a la autonomía, la consulta vinculante y al consentimiento previo, libre e informado; es necesario avanzar a una plurinacionalidad centrada en la multiculturalidad, acompañada de un reconocimiento en las legislaciones nacionales e internacionales, junto con una integración definitiva en la gobernanza climática, los sistemas de producción del conocimiento y en las decisiones de gestión y cuidado de ecosistemas y territorios. Por otro lado, es necesario que los Estados Parte terminen con sus políticas negligentes y el grave abandono frente al saqueo y destrucción de territorios, dentro de los cuales se encuentran, por ejemplo, la Amazonía y Chiquitania. 

Finalmente es necesario crear marcos legales que permitan responsabilizar a los actores perpetradores de dicha destrucción ya sea con acciones políticas y/o judiciales. 

7. Derechos humanos y cambio climático

El preámbulo del Acuerdo de París recuerda a los Estados Parte el deber de tomar en consideración sus obligaciones de respetar y proteger los derechos humanos a la hora de implementar acciones o medidas para enfrentar el cambio climático. Esto implica abordar los impactos que el extractivismo han causado en nuestras comunidades y territorios, vulnerando nuestros derechos fundamentales y llevándonos a un estado de crisis climática. Los impactos de esta crisis se profundizan particularmente en América Latina y el Caribe, en razón de las brutales desigualdades que soportan los grupos más vulnerados de nuestra región, tales como, pueblos indígenas; comunidades locales; migrantes; mujeres; NNAA; personas en situación de discapacidad y; habitantes de las “fronteras climáticas”.

Los marcos jurídicos internacionales y así como los compromisos adoptados por los gobiernos nacionales, han demostrado ser insuficientes para solventar esta situación.

Con el fin de asegurar el respeto pleno a los derechos humanos, exigimos a la comunidad internacional la necesidad de reconocer expresamente las vulneraciones a los derechos fundamentales producto de la agudización de la crisis climática en las instancias y documentos formales de negociación; demandamos que los Estados Parte de dichas negociaciones tomen medidas urgentes para limitar las vulneraciones provocadas por la crisis, tales como el desplazamiento forzado de personas y la falta de seguridad hídrica y alimentaria que sufren los territorios de nuestro continente. 

Por último, exigimos la firma y reconocimiento en las legislaciones nacionales del Acuerdo de Escazú, con el fin de asegurar que las medidas y planes para resistir los efectos del cambio climático sean inclusivos y participativos, y no generen nuevas afectaciones a los derechos humanos de los grupos más vulnerados.

8. Justicia climática

La justicia climática implica el ampliar el concepto clásico de justicia ambiental hacia el reconocimiento y correcta distribución de las responsabilidades históricas diferenciadas del calentamiento global; la reparación de pérdidas y daños ocasionados por fenómenos asociados al cambio climático; y la distribución justa y equitativa de las cargas y beneficios ambientales entre los territorios de forma intergeneracional; junto con sostener mecanismos de participación efectiva para las comunidades que han sufrido de discriminación diferencial en la toma de decisiones sobre sus territorios. La integración de este concepto en todas las políticas climáticas nacionales e internacionales es una condición necesaria para la efectiva mitigación, la correcta adaptación de los pueblos de la región latinoamericana, y en definitiva la garantización de una vida digna y un desarrollo sostenible para todos los territorios de América Latina.

Esta justicia solo podrá ser tal en cuanto los costos de su implementación sean financiamiento por parte de los Estados que se han enriquecido precisamente a través del abuso y empobrecimiento del Sur Global. Por otro lado, será necesario integrar las múltiples visiones y culturas de nuestros pueblos, así como sus diversas formas de afectación, lo que debe ser asegurado mediante mecanismos efectivos y vinculantes de participación ciudadana, que incluya a las juventudes, y que considere la consulta y consentimiento previo, libre e informado de los pueblos originarios e indígenas. Para ello, se requiere impulsar agendas políticas que pongan énfasis en la educación ambiental y en la formación cívica, lo que en definitiva permitirá a las comunidades robustecer sus organizaciones y afiatar el tejido social en el que se desenvuelven, para poder así avanzar hacia un cambio de paradigma en la escala de valores y los estilos de vida dominantes.

9. Gobernanza climática

En el contexto actual de nuestros gobiernos regionales, los cuales no han tenido la voluntad de establecer condiciones y regulaciones mínimas para asegurar el respeto de la Madre Tierra, los derechos humanos, y en particular, el derecho a vivir en un medio ambiente sano, se hace imperativo avanzar en una Gobernanza Climática inclusiva y participativa, entendiendo que los efectos de la crisis van más allá de los aspectos técnicos y/o científicos que se puedan preveer y analizar. Por ello, es necesario construir una mayor democracia ambiental para la definición, legítima y descentralizada, de metas y estrategias que permitan afrontar con mayor resiliencia la crisis climática.

En el entendido de que el principal obstáculo ha sido la falta de voluntad política, exigimos a los gobiernos y los organismos internacionales garantías inmediatas para asegurar el acceso a la información, que pueda resultar en la participación de múltiples actores, permitiendo así la transformación colectiva de la sociedad en su conjunto. Solo mediante un proceso participativo amplio, efectivo y vinculante, en el cual las políticas climáticas sean generadas de forma conjunta y colaborativa entre los territorios y las instituciones, se podrá lograr integrar un enfoque preventivo y precautorio en la aprobación de proyectos que generen impactos o riesgos climáticos, así como un financiamiento adecuado y transparente para el logro de los planes y compromisos de mitigación y adaptación.

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