Con sólo diez días de distancia, fueron presentadas al país dos alternativas
de futuro eléctrico para los próximos años: la realizada por la Comisión
Ciudadana-Técnico Parlamentaria, que integran senadores de la Comisión de
Energía del Senado, varios diputados, organizaciones sociales, ecologistas y
académicos especialistas y aquella encargada por el presidente Piñera a su
Comisión Asesora para responder a las masivas movilizaciones ciudadanas contra
el rumbo del desarrollo eléctrico vigente y, en particular, contra los proyectos
Barrancones, Castilla, Los Robles, Alto Maipo e HidroAysén, entre otros.
Como integrante activa de una de estas comisiones, no puedo dejar de recalcar
las abismantes diferencias entre una y otra visión.
La Comisión Ciudadana Técnico Parlamentaria para Política y la Matriz
Eléctrica (CCTP), presentó el 7 de noviembre a la ciudadanía y al parlamento su
informe “Chile Necesita una Gran Reforma Energética”, que contiene un conjunto
de propuestas para reformar el sector eléctrico chileno, eliminar las
distorsiones del mercado eléctrico, descarbonizar la matriz y concretar un
desarrollo eléctrico bajo criterios de seguridad, equidad, eficiencia,
sustentabilidad ambiental y participación democrática.
Diez días después, este 16 de noviembre, se conoció el contenido del informe
de la Comisión Asesora de Desarrollo Eléctrico (CADE) que, aunque reconoce
distorsiones en el sector eléctrico, contiene un enfoque autocomplaciente que
presenta incoherencias entre el diagnóstico y las propuestas.
Estas optan por el continuismo de la política vigente, cambios cosméticos y
la estigmatización de las demandas ciudadanas como el “obstáculo” para la
seguridad energética, lo cual al menos es posible de calificar como
peligrosamente antidemocrático.
Mientras la CCTP propone reformar el sistema de licitaciones para
diversificar la matriz hacia fuentes más limpias, y abrir el mercado eléctrico a
nuevos actores para superar la grave concentración y reducir los costos de
respaldo de los sistemas eléctricos, el CADE valida la continuación de la
generación térmica e hídrica.
Más aún, recomienda realizar muchos proyectos hidroeléctricos en Aysén
(6.000MW), y facilitar la generación térmica, determinando lugares donde las
empresas puedan instalarse sin oposición y estableciendo carácter “de interés
publico” a las concesiones de trasmisión para pasar por alto la oposición de
propietarios, agricultores y comunidades locales.
Mientras la CCTP aboga por una real política publica de Eficiencia
Energética, y la implementación del Plan de Acción 2010-2020 para el logro de
15% de reducción de la demanda, metas vinculantes y medibles, presupuesto
acorde, una Ley y una Agencia de carácter público y con sólido mandato para
lograr dichas metas, el CADE no considera la Eficiencia en ninguno de sus
escenarios eléctricos al 2030, y aunque recomienda cumplir el Plan de Acción,
no propone cambios institucionales, ni facultades para ello.
En el campo de las Energías Renovables No Convencionales (ERNC), nuestra
comisión reforzó la necesidad de diversificar y descarbonizar la matriz
eléctrica duplicando la actual cuota a 20% de ERNC al año 2020, integrar a los
sistemas medianos, licitar los bloques de ERNC en forma separada y patrocinar la
moción parlamentaria que hoy se discute en el Senado.
En dirección contraria a estas propuestas, el CADE no ve necesidad de
introducir cambios en la ley 20.257, ya que dicha ley “está consiguiendo sus
objetivos”, en circunstancias de que el año 2010 sólo se acreditó 1,18 % de
ERNC, en vez del 5% que indicaba el fundamento de la ley.
Además expresa tibiamente que “Eventualmente se puede otorgar facultad al
Ejecutivo para que aumente dicha meta” (acotándola a no más de 15% al año
2024).
Con respecto a la participación ciudadana y la sociedad chilena frente a las
opciones de desarrollo eléctrico, la CCTP constata en su informe que los
chilenos rechazan los fundamentos y procedimientos que imperan en la toma de
decisiones sobre el desarrollo eléctrico nacional.
En coherencia con ello, e integrando la participación de mesas regionales de
energía en Arica-Parinacota, Valparaíso, Santiago, Maule y Aysén, nuestra
comisión recomendó incorporar los costos externos de la generación térmica,
mediante la implementación de un eco-impuesto; normar las emisiones de metales
pesados de las termoeléctricas y regular las tecnologías de enfriamiento.
Adicionalmente se hizo un urgente llamado a establecer democráticamente un
Ordenamiento Territorial Estratégico para compatibilizar el desarrollo eléctrico
con las prioridades del desarrollo regional y local.
Frente a esto, el CADE recomienda una política de Estado orientada a dotar de
mayor información a la ciudadanía para que “sean capaces de entender y aceptar
los trade offs (es decir, lo que hay que sacrificar) que genera la generación
eléctrica” y pide al Estado definir las zonas de sacrificio y proponer mayores
compensaciones para las poblaciones afectadas.
Finalmente, el CADE recomienda estudiar la localización y desarrollo
institucional para un eventual Programa Nuclear de Potencia, (prioridad política
y presupuestaria), lo cual va en dirección contraria a lo expresado por la
sociedad chilena, 80% de la cual se opone al desarrollo electro-nuclear; y en
contra Acuerdos del Senado y de la Cámara de Diputados (Nº 297 y 298), que en
marzo pasado llamaron al presidente Piñera a eliminar la opción nuclear del
desarrollo eléctrico nacional.
En el contexto de la divergencia entre las visiones y recomendaciones para
nuestro futuro desarrollo eléctrico, es que como miembro de la Comisión
Ciudadana Parlamentaria para la Política y la Matriz Eléctrica hago un urgente
llamado al Presidente de la República a corregir las distorsiones de la política
y el mercado eléctrico vigente, que tiene encadenado a Chile a uno de los
sistemas eléctricos mas sucios, vulnerables, insustentables y caros del
mundo.