Fuente: Radio del Mar
Celco del Grupo Angelini no ha parado de presionar para imponer su emisario de desechos toxicos en la costa de Valdivia. Ahora a través de una consulta del Ministerio de Economía, la Contraloría afirma que en una concesión marítima pueden coexistir varias actividades.
Santiago de Chile, 06 de junio del 2010. (Ecocéanos News)— El gobierno habría logrado anular el impedimento legal que impedía que la planta de celulosa Celco pueda verter sus descargas tóxicas en la bahía de Maiquillahue, Valdivia. Esto luego que la Contraloría General de la República respondiera a una solicitud del Ministerio de Economía en la que aprueba que en un área de manejo de recursos marinos exista otra actividad siempre y cuando sea autorizada por los titulares de dicha concesión marina.
Esta sorprendente situación que deja con vía libre al cuestionado ducto de la empresa de propiedad de la familia Matte, fue posibilitada mediante un reciente pronunciamiento del Contralor de la República, Oscar Bermúdez, quien señaló en dictamen 034285 Nº16 del 10 de mayo del 2016 que “sí es posible que se superpongan varios usos en los espacios costeros del país”.
Con anterioridad el Ministerio de Economía había solicitado a la Contraloría la interpretación del inciso tercero del artículo 25 del Reglamento sobre Concesiones Marítimas, referente a “la procedencia de que convivan distintos usos en un mismo espacio del borde costero, en la medida que exista factibilidad técnica y sin que ello signifique la sobreposición de concesiones marítima en esa área”.
La justificación de esta consulta tiene su orígen en “la creciente demanda por el uso del borde costero y, en especial, en la situación presentada, por una parte, a raíz de una destinación marítima de un área de manejo y explotación de recursos bentónicos”.
En la letra g) del pronunciamiento se alude a la necesidad de estipular un marco orgánico que “permita el mejor aprovechamiento de los espacios marítimos y terrestres del borde costero del litoral”.
Por su parte la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas estimó “jurídicamente sostenible el eventual otorgamiento e una concesión marítima sobrepuesta (sic) a un área de manejo y explotación de recursos bentónicos vigentes, sólo si cuenta con el consentimiento de aquellos cuyos derechos adquiridos se pudieren ver afectados, se obtenga el pronunciamiento favorable del organismo público sectorial competente”
Corrupción y lobby minero y forestal sobre el Estado y comunidades para utilizar el borde costero
Llama la atención la sincronía existente entre la interpretación de la Contraloría de la República con el rápido acuerdo obtenido entre el sindicato de pescadores artesanales de San José de la Mariquina,- titular del área de explotación exclusiva de recursos bentónicos-, y la empresa Celco. Para consolidar este acuerdo que impactará al ecosistema marino-costero de la bahía Maiquillahue se cuenta con el pronunciamiento favorable del Sernapesca.
Por más de dós décadas Celco a través de Lobby directo, sus fundaciones educacionales y de Responsabilidad Social Empresarial y diversos “especie de agentes” incrustados en el gobierno y población local, han jugado un papel clave en la intermediación de este acuerdo con sectores de la comunidad y dirigentes de pescadores artesanales. Esta abusiva situación se evidencia en el hecho que la localidad de San José de la Mariquina aún no cuenta con plano regulador.
Contraloría: Las concesiones marítimas en Chile son de carácter precario
Frente al pronunciamiento del Contralor, el Centro Ecocéanos señaló que “es evidente que operadores gubernamentales y empresariales habrían realizado un lobby administrativo sobre el Ministerio de Economía y la Contraloría de la República para lograr una ‘interpretación administrativa’ que precarice los conceptos de concesión marítima y área de manejo, en beneficio de los intereses de la industria minera y de celulosa”.
Ecoceanos agregó que “esta interpretación tiene demoledoras consecuencias para los pueblos originarios, pesca artesanal, e incluso para la propia industria salmonera".
Ver pronunciamiento Contraloría de la República: AQUÍ
