Insólito argumento
del Servicio de Evaluación Ambiental de Aysén.
- Director regional Claudio Aguirre emitió tres
oficios donde rechaza las solicitudes realizadas por la Agrupación Aysén
Reserva de Vida, la Corporación Costa Carrera y la Corporación Privada para el
Desarrollo de Aysén con relación a las prospecciones mineras Terrazas,
Katterfeld y Santa Teresa.
Un insólito
argumento utilizó el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de Aysén para
rechazar una solicitud de participación ciudadana en el marco de la evaluación
de tres declaraciones de impacto ambiental (DIA) que buscan la instalación de 300 plataformas de exploración minera en tres
comunas de la región. Los requerimientos fueron presentados el 15 de febrero
por la Agrupación Aysén Reserva de Vida (ARV), la Corporación Costa Carrera y
la Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén (Codesa).
Se trata de las DIAs de la
prospección “Terrazas”
de la compañía Red Hill en la comuna de Río Ibáñez, que junto a “Santa Teresa”
en Lago Verde y “Katterfeld”
en Coyhaique, ambas de El Toqui, representa una nueva ofensiva minera en la
Patagonia.
En un oficio fechado el 8 de marzo, a
solo tres días del término del gobierno de Michelle Bachelet, el director
regional del SEA, Claudio Aguirre Ramírez, notificó el rechazo de las
peticiones, siendo esta una posibilidad establecida en el reglamento del
Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. El motivo esgrimido fue
que la instalación de plataformas en las zonas señaladas no generarían “cargas
ambientales”, las cuales se entenderían como “beneficio social” y “gravámenes
a los habitantes de la localidad donde se realiza”, debiendo en
su interpretación ocurrir obligatoriamente ambas condiciones.
Para justificar esta medida el
funcionario señala que el concepto de beneficio social es “la utilidad
directa que un determinado proyecto o actividad le entrega a la sociedad,
utilidad que se debe analizar a la luz del objetivo particular de cada proyecto
o actividad, confrontado con las necesidades básicas de la comunidad o
localidad próxima afectada, es decir, uno de los objetivos del proyecto debe
ser, satisfacer necesidades de carácter colectivo que se traduzcan en una mejora
del nivel de bienestar social o condiciones de vida de las comunidades
próximas. En este sentido, no se trata de la generación de cualquier beneficio,
ni de un beneficio económico para un titular o para una determinada persona o
grupo, o de la generación de empleos, sino que de una característica inherente
a determinadas obras y actividades que satisfacen directamente dichas
necesidades básicas de la sociedad”. Y como cada uno de
los proyectos sobre los cuales se solicitó participación ciudadana “no genera
beneficios sociales para las comunidades próximas”, al ser perforaciones en
el suelo para sondajes mineros, no se satisfarían necesidades básicas de la
comunidad. Por ende, procedió al rechazo del requerimiento.
“Llama la atención la forma en que
interpreta el director regional el concepto de cargas ambientales, donde la
comunidad no puede participar en la evaluación de una iniciativa que impacta el
territorio simplemente porque no conlleva beneficio alguno para
ella. No solo es insólito, sino además irresponsable” expresó el
presidente de la Agrupación ARV, Peter Hartmann.
Por su parte, el presidente de Codesa
Patricio Segura señaló que “sería muy grave que esta forma de leer la norma,
con una mirada pro empresa y no pro ciudadanía ni cuidado del medio ambiente,
que es el mandato del Servicio de Evaluación Ambiental, se esté aplicando en
todo el país. Es, en realidad, una vergüenza”.
De esta forma, “las comunidades
que viven en sectores aledaños a estas exploraciones no podrán informarse,
participar, realizar observaciones en el proceso de evaluación. Es
decir, seguirá el desarrollo de este tipo de iniciativas a espaldas de la
comunidad. Parece que no hemos aprendido mucho de los conflictos
socioambientales de los últimos años”.
El jueves 16 de marzo, las
organizaciones presentaron un recurso de reposición para revertir la medida.
¿Gobierno en Aysén pro minería
extractiva?
Esta decisión se suma a la negativa de
la Comisión de Evaluación Ambiental (CEA) de Aysén de paralizar el proceso de
evaluación de la DIA de un proyecto de la cuestionada Compañía
Cerro Bayo que busca rehabilitar los túneles de mina Javiera, abandonada en
2008. La faena, ubicada a pocos kilómetros de Bahía Jara y de la
costa del Lago General Carrera, hoy se encuentra completamente inundada,
contemplando la iniciativa la extracción de 580 mil m3 de agua para
depositarlos en la laguna Salitrosa (conocida en el sector como Salmonosa o
Escondida), cuyo volumen actual es de 330 mil m3.
El 27 de septiembre de 2017 la
Agrupación ARV, Codesa y Costa Carrera ingresaron un recurso de invalidación en
contra de la tramitación ambiental, argumentando que por afectarse humedales y
áreas bajo protección ambiental oficial procedía exigir estudio de impacto
ambiental y no solo una declaración. Sin embargo, en un oficio del
30 de enero, la CEA (presidida por la ex intendenta Karina Acevedo) argumentó,
sin entrar al fondo de la solicitud, que dichas organizaciones no tendrían la
calidad de interesados -a pesar de ser entidades que por estatutos buscan
proteger la integridad ambiental de Aysén- por tanto no podrían hacer tal
exigencia.
Ante esto, se presentó un recurso de
reposición, el cual aún no ha sido resuelto.
La iniciativa se ubicaría al interior
del Sitio Prioritario de Conservación de la Biodiversidad Estepa
Jeinimeni-Lagunas de Bahía Jara, considerado “un área con valor ambiental
relevante” cuyos cuerpos hídricos “como la mayoría de los humedales,
corresponden a sistemas frágiles de carácter temporal, muy sensibles a
cualquier intervención antrópica, al poder provocar desequilibrios en el
ecosistema”. Esto ha llevado a la ciudadanía a requerir la
realización de un estudio de impacto ambiental y no solo una declaración.
Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén
En este caso particular de Curanipe, la SISS se reunió
con nosotros los primeros días de marzo y visitamos los dos puntos denunciados
(Puente Curanipe/Puente El Parrón). La respuesta, recientemente, nos ha
llegado vía correo tradicional (ORD. N° 1858) y señala textualmente que: “La
legislación sectorial establece que las instrucciones y procedimientos
ordenados por esta Superintendencia, deben cumplirse en tiempo y forma por los
organismos sujetos a su fiscalización, su incumplimiento constituye una
infracción que puede dar origen al inicio de un procedimiento de aplicación de
sanción administrativa por esta entidad.
