Fase 2: Proyecto Yaku Yanapaki | (Defensores del Agua)

@vigilantecosta

Junto a la Municipalidad de Pelluhue, Conaf, organizaciones locales y comunidad, entramos a segunda fase del proyecto donde invitamos a todas y todos a participar como guardadores o guardianes de árboles, invitando abiertamente a la comunidad a apadrinar los nuevos árboles que como punto de partida se plantarán en el Bosque Paiva de Curanipe y en su primera etapa requieren de cariño y cuidado.

La idea del proyecto surge en la primera reunión latinoamericana de los programas u organizaciones miembros de la Alianza Waterkeeper. Ésta se realizó en abril de 2019 en Cartagena de Indias, Colombia. En esa oportunidad, participantes firmaron un convenio de trabajo con un enfoque en la restauración de ecosistemas, que se bautizó como “Yaku Yanapaki” (Defensores del Agua en quechua), que conecta distintas problemáticas y realidades bajo un mismo concepto que unifica la conservación, como mecanismo de inversión de largo plazo; siendo la capacidad de resiliencia de nuestros ecosistemas junto a una planificación integral un desafío apasionante y permanente.

Como organización chilena Waterkeeper nuestro enfoque se centra en nuestra zona Maule Itata y el punto de inicio es Curanipe y Pelluhue comenzando plantación de Quillayes, con el aporte de Conaf, en el sector del Bosque Paiva. Principalmente, en el sector que fue afectado por el Tsunami de 2010 y, desde ahí, comenzaremos a plantar núcleos o parches para ir repoblando el lugar de manera urgente ante la debilidad de los árboles adultos existentes y que, por diferentes razones, están llegando paulatinamente a una fase de termino.

¿Por qué comenzar con el Bosque Paiva de Curanipe?

Curanipe siempre se ha caracterizado por ser una playa y zona de vientos intensos. Los terrenos donde se funda fueron donados por la familia Paiva a la comunidad de Curanipe y actualmente es propiedad de Bienes Nacionales y administrado por Conaf (Excepto sector de camping municipal). Los terrenos donde se estableció el bosque son, principalmente, dunas de arena y su función principal es evitar la erosión eólico y avance de éstas hacia el poblado de Curanipe.

Este proyecto busca destacar el principio y función ecológica del lugar, como así también, la memoria de sus fundadores y donde las nuevas generaciones asumen el compromiso para que su historia prevalezca, el lugar trascienda como origen y principio para el cual fue creado.

Todxs Invitadxs!

Una reactivación económica que proteja la vida (Declaración SCAC ante acuerdo COVID celebrado por el gobierno y algunos partidos de la oposición)

Declaración Sociedad Civil por La Acción Climática

Chile requiere con urgencia una economía compatible con los sistemas que sostienen la vida para permitir la sostenibilidad del futuro y de nuestro propio desarrollo. Urge construir una sociedad resiliente ante los riesgos que nos ha expuesto y agudizado esta pandemia. Para ello se requiere un sistema político, social y económico, que sitúe en la base de la toma de decisión política la salud humana y ecosistémica.

La reactivación económica propuesta por el gobierno y tres partidos de la oposición, habla de un impulso fiscal a la reactivación que incluye un “énfasis verde”, pero que olvida avanzar en materias indispensables en esta área como son: la transición energética, el reacondicionamiento de viviendas de familias de menores ingresos, la tecnificación del riego para los pequeños productores agrícolas y la restauración de ecosistemas, entre otros.

Rechazamos todo intento de disminuir los estándares ambientales en relación con la tramitación de proyectos de inversión. Es claro que la pandemia actual y otras emergencias sanitarias, se relacionan directamente con un mal manejo y el abuso de la intervención humana en los ecosistemas.

Exigimos que todo beneficio tributario o crediticio a grandes empresas, sea condicionado al cumplimiento de requisitos específicos medioambientales y de justicia social. Vemos con desconfianza el deseo de agilizar concesiones de nuestros bienes comunes naturales, ya que tal como se ha producido hasta ahora, estas concesiones han resultado en la degradación de tierra, ríos, mar y borde costero.

En Chile aún faltan normas de calidad y se requiere contar con legislación que realmente proteja los bienes comunes. En este sentido urge contar con un Sistema de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), aprobar una ley de protección de glaciares y una ley de delitos ambientales, que son proyectos que se han visto entrampados en el Congreso. Por esto también es urgente rechazar el proyecto Pro-Inversión del Ejecutivo, que tiene una lógica de la degradación de la naturaleza.

Las medidas económicas deben estar al servicio de sostener la vida. Hoy existen territorios en Chile donde las personas enfrentan esta emergencia sanitaria en graves condiciones de injusticia ambiental, como comunidades completas que ni siquiera tienen acceso al agua para lavarse las manos en la pandemia o quienes viven en las denominadas “Zonas de Sacrificio”, y deben enfrentar el coronavirus con sus sistemas respiratorios deprimidos y altos índices de contaminación, aumentando letalidad del virus

El COVID 19, el estallido social y la crisis económica, hacen evidente que el modelo en el que vivimos hasta ahora, fracasó. Es urgente una propuesta de país que nos permita reconstruirnos para el futuro, aprendiendo de todo lo que por décadas hemos hecho mal. La normalidad económica y social de Chile se quebró en octubre, y hoy requerimos construir un modelo diferente, en donde exista justicia social y ambiental.

Declaración Pública Organizaciones Ambientalistas y de Salud

La pandemia que durante estos últimos meses ha vivido la humanidad en su conjunto nos ha obligado a replantear y poner en discusión varios de los aspectos más elementales que implica la vida en comunidad: la solidaridad con las y los demás, lo importante que es el trabajo en equipo y lo mucho que podemos lograr cuando ciencia y política trabajan de la mano.

Aprendimos que ningún país, por poderoso que sea, puede lograr salir adelante si su política no es poner las vidas de sus ciudadanos por sobre todo lo demás. Aprendimos que, como bien han dicho nuestros pueblos originarios, debemos respetar la naturaleza porque somos parte de ella y alterarla trae consecuencias como ésta. También aprendimos que solxs no superaremos esta crisis y que únicamente trabajando en equipo e incluyendo en la conversación a todos los actores, los países y sus gobiernos podrán superar esta pandemia.

Hoy, organizaciones del área de la salud, la academia, las comunidades indígenas y movimientos ambientales nos unimos bajo un lema común: la ciudadanía debe ser parte de la conversación, y para eso, los gobiernos deben dejar de ocultarnos la información.

Cuando se debe enfrentar una amenaza a la salud pública que pone en riesgo la vida de las personas, tenemos derecho a saber qué está pasando exactamente y cómo podemos ayudar a detenerla.

Esta premisa, que para muchos parece tan obvia, queda consagrada expresamente en el Acuerdo de Escazú¹, un inédito tratado internacional de América Latina y el Caribe que obliga a los gobiernos de la región a ser transparentes e incluir a la ciudadanía en la toma de decisiones respecto a aquellas materias que nos afectan.

Inexplicablemente, y a pesar de haber sido su promotor, Chile ha optado por no suscribir el Acuerdo, situación que ha implicado la continuación de dinámicas problemáticas, tales como la poca transparencia en torno a los datos de contaminación en territorios críticos como Quintero y Puchuncaví² o, como también, en la gestión de esta crisis sanitaria, entregando cifras con un nivel de desagregación y periodicidad que impide hacer análisis más profundos de los efectos y proyecciones de la pandemia³ y, en muchos de los casos, excluyendo de las discusiones a organizaciones del área de la salud, las que sin lugar a dudas hubieran sido un aporte con recomendaciones expertas que podrían haber salvado vidas. La situación que estamos viviendo hoy es un claro ejemplo de como la transparencia de la información permite que más actores estén regulando el actuar del gobierno, y cómo la falta de datos o información puede repercutir directamente en salvar vidas.

Este mismo caso lo vemos en el mundo académico, donde mientras las y los expertos han intentado dar con algunas soluciones para esta crisis, su trabajo ha sido dificultado por la falta de información y transparencia en torno a la crisis, al tener como respuesta por parte de la Subsecretaría de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación que "hoy no es el momento para exigir ese tipo de información"⁴. Estamos ante una crisis, y debemos tratar todas las crisis con seriedad. Las organizaciones ambientalistas llevamos años advirtiendo sobre las consecuencias de no abordar con seriedad los riesgos aparejados a la crisis climática y ecológica de la misma forma que las organizaciones de la salud llevábamos años advirtiendo sobre la precariedad de nuestro sistema de salud. ¿Nuevamente vamos a esperar otra gran crisis para actuar? No volvamos a repetir los mismos errores que hemos tenido con el Coronavirus, con la crisis climática e hídrica. Aún estamos a tiempo de actuar, pero no solxs ni a puertas cerradas: debemos actuar coordinados política, ciencia y ciudadanía.
De esta crisis, y de las que vienen, sólo saldremos con unidad, dialogando y actuando. No permitiremos que nos sigan dejando fuera de la discusión, hagamos del diálogo y de la transparencia elementos indispensables para nuestra democracia. Las organizaciones aquí firmantes, en unidad, emplazamos al gobierno de Sebastián Piñera a firmar el Acuerdo de Escazú ahora, a dejarse de excusas y a actuar escuchando a sus ciudadanos.

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1. Específicamente en su Artículo 6, párrafo 5, donde se señala que ante una amenaza inminente a la salud pública , la autoridad debe liberar toda la información relevante que se encuentre en su pode r y que le permita a la ciudadanía tomar medidas para prevenir o limitar eventuales daños.
2. Y que ha quedado en evidencia en la sentencia de la Corte Suprema referida a la situación de dicha zona, donde se expresa que existe una vulneración a los DDHH y hay una falta de transparencia relativa a los datos.
3. Fuente en los estudios de Espacio Público sobre la “Evolución del contagio de COVID-19: Chile y resto del mundo en fechas comparables”.

Otras organizaciones:

• SCAC Magallanes
• ONG CEUS
• Instituto de Ecología Política
• Fundación Relaves
• Patrimonio vivo costa
• Centro Ecológico Cultural de Logaví
• Fundación Ingeniería Sin Fronteras
• junta de vecino población ultima hora Huechuraba La Pincoya
• Organización de Estudiantes por el Reciclaje y Sustentabilidad de la Universidad Alberto Hurtado

Ver nota de la Tercera aquí

#Acción: Responder Consulta para evitar Transgénicos

Querida comunidad junto con saludar, les comparto esta información que es de vital importancia para la soberanía y  patrimonio agroalimentario🌾🥔🌽

Hasta el lunes 1 de junio hay plazo para responder la  consulta [muy poco comunicada] de SAG respecto a la derogación de resolución sobre transgénicos N °1523 del 2001, mediante Resolución exenta que establece normas para importación, siembra confinada, permanencia y acondicionamiento de material genéticamente modificado.

Este es el texto sugerido para enviar a: participacion@sag.gob.cl

En el Asunto:

Comentarios a la Consulta pública del SAG sobre RESOLUCIÓN EXENTA que ESTABLECE NORMAS Y DEROGA RESOLUCIÓN N°1523 DE 2001.

En el Texto:

Rechazo la resolución exenta en consulta del SAG que deroga la resolución N°1523 de 2001. Rechazo sus 5 considerando iniciales y la Resolución que establece las exigencias para la autorización de importación, liberación confinada al medio ambiente, permanencia y acondicionamiento de material de propagación genéticamente modificado.  Rechazo en su forma, fondo y oportunidad, los títulos 1 y 2, y sus 21 artículos.  El articulado de la resolución omite sus graves implicancias negativas para la biodiversidad, la salud  y los sectores y subsectores agrícolas involucrados (apicultura, agroecología, permacultura y agricultura orgánica).  Asimismo excluye de la resolución los impactos de los plaguicidas altamente peligrosos e insumos utilizados en los cultivos transgénicos. Además, en cuanto a la legislación que se debe tener en cuenta para resolver,  omite el  decreto de Relaciones Exteriores Nº 1.963 de 1994 que promulga el Convenio sobre la Diversidad Biológica.

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Organización: (si la tienes).

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Si tu también rechazas  la introducción de semillas transgénicas y uso de altos niveles de pesticidas por parte del SAG Chile, tu participación es vital. Gracias de antemano!! 🙏🏻🌱🌎