La reciente aprobación en la hacienda Castilla, región de Atacama, del mayor complejo termoeléctrico de América Latina, constituido 6 centrales a carbón y 2 a petróleo , constituyen el mayor retraso tecnológico en el desarrollo energético del país, y condena a Chile a 40 años de contaminación local, además de incrementar irresponsablemente sus emisiones de gases de efecto invernadero.
Con Castilla, Chile opta por perpetuar la tecnología de carbón pulverizado, la mas antigua y contaminante en su tipo, y su generación de 2.300 megawatts, condena al Sistema interconectado Central a hundirse en la generación sucia, empeorando la huella de carbono de la economía nacional.
El presidente Piñera en los últimos años se mostró muy sensible frente al Cambio Climático, al extremo de traer a Al Gore a Chile en 2008; crear al interior de la Fundación Futuro una comisión para el desarrollo de las energías renovables y afirmar durante su campaña electoral, que “en Chile no podemos seguir creciendo con tantas termoeléctricas a carbón, porque son las más contaminantes”. Pero en su acción política no actuó en consecuencia, sino al contrario: rebajó las exigencias del anteproyecto de norma para termoeléctricas elaborado por el gobierno anterior, aprobó una gigantesca explotación carbonífera en Isla Riesco, Magallanes; y el mayor complejo de generación a carbón a nivel mundial. ¿Cuál es la coherencia?
Las emisiones de centrales a carbón pulverizado como Castilla, están compuestas por material particulado respirable, azufre, óxidos de nitrógeno y metales pesados cancerigenos como mercurio, vanadio y níquel; y no corresponde a la mejor tecnología disponible para quemar carbón, como podría ser el lecho fluidizado o húmedo que atrapa en las cenizas el azufre y los metales pesados, como en Petrox, Concepción o la central de Vartan en Estocolmo, Suecia tan publicitada por Piñera como la única alternativa tecnológica que el permitiría para la generación carbonífera. Pero el carbón pulverizado, al emitir todos los contaminantes a la atmosfera, genera como hemos visto en Puchuncavi y Ventanas, destrucción de la vegetación nativa, disminución de la producción agrícola y acuícola, graves enfermedades respiratorias y cancerigenas, debido a que las emisiones de Vanadio, Níquel y Mercurio son de alta toxicidad, y persistencia en altas concentraciones.
Además del retraso tecnológico y la contaminación local de esta opción energética, preocupa a los ciudadanos el grave incremento en las emisiones de gases de invernadero que aportaran las 8 centrales del megaproyecto Castilla, lo cual hará mas insostenible los altos índices de emisiones que hoy exhibe Chile, que duplica las tasas de emisión de América Latina. Así Castilla nos condena a carbonizar sin retorno el Sistema Interconectado Central, y cierra el espacios a las nuevas tecnologías para un desarrollo energético limpio y más independiente. De paso el aumento de la huella del carbono que aporta Castilla condena a Chile a una mayor vulnerabilidad de sus exportaciones.
Finalmente, y en el contexto de lo que han revelado al país los cables de Wikileaks, es preocupante constatar nuevamente en el proceso de evaluación ambiental, los cambios en la caracterización del suelo de Punta Cachos, que convierte lo contaminante en molesto, sin mediar ningún nuevo informe de la autoridad, sino luego de una negociación entre privados (la empresa MPX y la familia Domínguez que veranea en la zona). Ello además, en un contexto político de una insólita constelación de autoridades a cargo del desarrollo energético del país que vienen desde hace unos meses de las empresas termoeléctricas. El Ministro de Energía (ex -Gerente de Finanzas de AES-GENER), y el subsecretario de energía (ex Gerente General de Guacolda) pertenecen al núcleo de influencia de AES- Gener, dueña de Guacolda, dueña de Campiche y la mas ferviente opositora y lobbysta contra la norma para termoeléctricas. Esto, como sabemos no es inocente ni casual, como han demostrado los memorandos filtrados por wikileaks esta semana con respecto a AES –Gener.
La legitima preocupación de los ciudadanos por la probidad e independencia del aparato publico también resiente las vinculaciones contractuales entre estudio de abogados del Ministro del Interior, de quien depende la Intendenta de Atacama, con la empresa MPX, ya que justamente dicho equipo legal de la empresa ha sido central en la estrategia de negociaciones de la empresa. Termina por configurar un escenario preocupante para la democracia, el desarrollo energético y el interés publico, que el cambio de denominación territorial y la aprobación de las 8 centrales termoeléctricas del polémico proyecto Castilla se haya realizado en el mes de febrero, época de vacaciones estudiantiles y de receso parlamentario; y antes de que la Ministra de bienes Nacionales entregue al Presidente y de a conocer al país el ordenamiento territorial para el desarrollo energético; todo lo cual contribuye a agravar la falta de transparencia y los problemas de legitimidad de esta decisión ambiental y energética.
Sara Larraín, Chile Sustentable.
