POR JUAN PABLO VERA - fuente: http://www.elquintopoder.cl/fdd/web/medio-ambiente/opinion/-/blogs/isla-riesco-problema-ecologico-o-problema-social
La aprobación del Estudio de Impacto Ambiental de Mina Invierno en Isla Riesco, región de Magallanes, abre nuevamente el debate en torno al “impacto ambiental” de los grandes proyectos mineros y energéticos que, en los últimos años, se han comenzado a implementar en el país, provocando el descontento y la protesta de amplios segmentos de la ciudadanía. Hidroaysén, Central Castilla y Punta de Choros (este último detenido gracias a la movilización ciudadana) han sido sólo los ejemplos más mediáticos de una serie de mega-proyectos que están cambiando la geografía ambiental de nuestro país. El caso de Isla Riesco parece corresponder al mismo patrón. Están pendientes los resultados que las manifestaciones organizadas a lo largo del país tendrán sobre el primero de cinco proyectos planeados para la zona.Un elemento a considerar, sin embargo, es el hecho de que la oposición a estos mega-proyectos suele reducirse a un enfoque meramente “ambientalista”, es decir, apuntando solamente a los daños que provocarían en la relación del hombre con su medio, en sus efectos directos sobre los ecosistemas y en sus efectos indirectos vinculados a la mantención de una matriz energética ineficiente y contaminante. Se excluye de este análisis una crítica histórica y concreta a las relaciones sociales de producción en que se fundamenta nuestro modelo económico, y al lugar que ocupa en él la minería y la producción energética.
Esto es perjudicial para el éxito de la movilización ciudadana en contra de dichos mega-proyectos por dos motivos. En primer lugar, porque facilita la reducción del problema a una oposición radical entre progreso y defensa del medio ambiente. Tal argumento ha sido ampliamente utilizado por el gobierno, acusando a los opositores de ser enemigos del progreso y la modernización del país. En segundo lugar, porque contribuye a la atomización de las luchas sociales, escindiendo las propuestas de “desarrollo sustentable” de la necesidad de una modificación profunda del modelo económico predominante.
Por lo mismo, enfocar la crítica de los mega-proyectos mineros y energéticos desde la perspectiva de las relaciones sociales de producción que promueven implica, inicialmente, desentrañar el modo en que contribuyen a la reproducción del actual modelo. Los proyectos carboníferos en Isla Riesco, por ejemplo, buscan satisfacer la demanda de combustibles de una serie de centrales termoeléctricas del Norte Grande. Además, junto a Central Castilla e Hidroaysén (hidroeléctrica), entre otras, dichas centrales buscan responder a la “crisis energética” que actualmente experimentaría nuestro país. Sin embargo, lo que los datos duros demuestran es que la necesidad de ampliar la matriz energética en nuestro país no responde a los requerimientos del ciudadano común, sino a los de la gran minería. Esto es algo reconocido por la misma transnacional Endesa, una de las accionistas principales de Hidroaysén, cuando en 2005 declaró que “con la incorporación al SIC de nuevos proyectos mineros, la tasa de crecimiento de la demanda en el período 2008-2017 se sitúa en torno al 6,8%”.
Al hablar de la gran minería, el lugar central lo ocupa evidentemente la industria cuprífera. La Comisión Chilena del Cobre ha estimado que para el presente año la libra de cobre alcanzará el valor de US$ 4,17, aumentando en un 21,9% con respecto a 2009. En términos económicos reales, esto implica que el precio del cobre alcanzará este año el valor más alto de su historia. Por otro lado, y según datos de septiembre de 2010, el 61,5% de la gran minería del cobre se encuentra actualmente en manos de empresas transnacionales. Estas mismas han suscrito, a comienzos de año, un acuerdo con el ministro Golborne para prolongar la invariabilidad tributaria a cambio de un leve aumento impositivo en los próximos dos años; aumento que de ningún modo se acerca a las ganancias que dichas empresas, encabezadas por BHP Biliton, percibirán gracias al explosivo aumento de los precios del cobre. Por otro lado, el 38,5% de la producción cuprífera nacional que pertenece al Estado permitirá a este recuperar un superávit fiscal de enorme importancia. Sin embargo, según lo indicado por el gobierno, un amplio porcentaje de estas ganancias se destinarán a comprar activos financieros emitidos por países desarrollados. Tal es el objetivo del denominado Fondo de Estabilización Económico Social (FEES).
Es decir, hoy en día los grandes proyectos mineros y energéticos no sólo están dañando nuestro medio ambiente, lo cual de por sí es de extrema gravedad, sino que también están nutriendo las arcas de grandes empresas transnacionales y financiando el déficit financiero con que funcionan las mayores economías mundiales, principalmente Estados Unidos. La inexistencia de una política minera y energética destinada a garantizar el bienestar del pueblo chileno, ha transformado la explotación de nuestros recursos naturales en parte del engranaje destinado a reproducir el poder del capital financiero internacional.
Por lo mismo, las luchas en contra de los nuevos proyectos mineros y las grandes termoeléctricas e hidroeléctricas no es un asunto exclusivo de “hippies” y “ecologistas”, como muchos pretenden. Una oposición efectiva a ellos demanda una mirada de fondo al problema central:el modelo económico capitalista-neoliberal actualmente predominante. Es este el que impide adoptar una política minera y una política energética que incluya, respectivamente, la renacionalización del cobre y la inversión necesaria en la investigación y desarrollo que fomenten la producción local de energías limpias y renovables.
No existe un mercado de luchas en el que cada cual elija la que más le convenga. Un mismo objetivo aúna a quienes buscan mejorar la situación de los trabajadores, a quienes demandan una educación igualitaria, a quienes pretenden conformar una asamblea constituyente, a quienes buscan una transformación en nuestras relaciones con la naturaleza y a muchos otros que ansían una sociedad más justa. Y ese objetivo es la transformación de unas relaciones sociales de producción en que el medio ambiente y el hombre están sometidos a las necesidades del capital. El camino hacia esa meta es largo y difícil. Lo único claro es la necesidad imperiosa de que las luchas individuales se proyecten hacia un escenario mayor. Grandes problemas requieren grandes soluciones.
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