Fuente: Diario Financiero
Recién a mediados del próximo año estaría en condiciones de iniciar sus labores fiscalizadoras la nueva Superintendencia de Medio Ambiente.
Esto, porque para su entrada en operaciones es necesario que sea aprobado el proyecto de ley que creará los Tribunales Ambientales.
Según estimaciones del superintendente de Medio Ambiente, Jaime Lira, entre los meses de mayo y septiembre de 2011 estarían iniciando sus labores, las que estarán dirigidas a ejecutar, organizar y coordinar la fiscalización de distintas iniciativas.
"Esperamos de aquí a febrero tener el primer borrador de los criterios de fiscalización y sanción a nivel nacional y, una vez que los Tribunales Ambientales entren en operación, vamos a partir con nuestra fiscalización, lo que esperamos sea entre mayo y septiembre de 2011", detalló Lira, en un seminario organizado por la Universidad Andrés Bello.
La autoridad precisó que la Superintendencia tendrá la oportunidad de "aprovechar el cambio institucional para dar valor y promover el cumplimiento ambiental y darle certidumbre a la inversión".
Respecto a las oficinas regionales que tendrá la entidad reguladora, Lira explicó que su implementación va a ser después que empiece a funcionar la Superintendencia y de forma paulatina. "La lógica indica que si hay tribunales en ciertas partes, lo más seguro es que podamos tener alguna representatividad cerca y, por otra parte, tenemos que concentrarnos donde haya más proyectos, la mayor cantidad de entes fiscalizables".
Lira planteó que uno de los problemas que se dan actualmente es que las labores de fiscalización están demasiado dispersas, ya que existen 16 servicios encargados de realizar la inspección como el SAG, Sernapesca, Conaf, entre otras, y dependen de 12 ministerios, lo que genera que más de un órgano fiscalice la misma norma.
Mayores multas
En cuanto a las multas que se aplicarán por la Superintendencia, Lira precisó que existirá una gran diferencia en los montos que actualmente se manejan, con el fin de que quienes incurran en faltas, no vuelvan a cometer las mismas infracciones.
El superintendente planteó que la sanción máxima definida dentro del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental es de UTM 500 ($18,7 millones), en cambio con la nueva legislación se podrá aplicar desde una amonestación, multas por hasta 10.000 UTA ($4.423 millones), hasta el cierre definitivo del proyecto aludido.
No hay comentarios:
Publicar un comentario