Chile necesita una Constitución Ecológica

Las organizaciones de la sociedad civil abajo firmantes, saludamos el comienzo de la Convención Constitucional e instamos a las y los constituyentes a redactar una Constitución Ecológica.

Con esta primera sesión se da inicio a un proceso impostergable y necesario para enfrentar el futuro: la redacción de un texto constitucional que considere como telón de fondo y desafío ineludible a la crisis climática y ecológica que hemos producido. 

Chile es un territorio vulnerable al cambio climático y las políticas que depredan la naturaleza impulsadas desde hace décadas, solo agravan nuestra condición. Por otro lado, las comunidades expuestas a la contaminación y degradación ambiental producida por las industrias minera, salmonera, agrícola, energética y forestal, demandan un cambio radical al modelo de desarrollo para lograr un buen vivir.

Hacemos un llamado fraterno a los y las constituyentes a considerar dentro de los principios constitucionales, la justicia ambiental e intergeneracional; a comprometer la protección ambiental y la acción climática por parte del Estado; a plasmar dentro de los derechos garantizados el derecho a vivir en un medioambiente sano y ecológicamente equilibrado así como el derecho humano al agua; a consagrar los derechos de la Naturaleza y a generar las instituciones necesarias para que se respete integralmente su existencia, sus ciclos vitales y su restauración. 

Cuenten con nosotros y nosotras.

Organizaciones medioambientales nuevamente manifiestan su preocupación por los amedrentamientos y amenazas a líderes y profesionales que velan por el reguardo de los ecosistemas

En el primer trimestre del año en curso, hemos sido testigos de nuevos amedrantamientos y amenazas a líderes y profesionales que velan por el cuidado y la justicia en materia socioambiental, cuestión que se viene repitiendo sostenidamente, debido a la impunidad en la que han quedado los diversos casos.

La situación anterior se encuentra agravada por el delicado momento político en el cual nos encontramos en donde la violencia estatal, pos-estallido social ha estado presente en el último año y medio, el que además ha sido llevado en un contexto de estado de excepción.

Los territorios y las comunidades resisten a diario ante la arremetida del extractivismo que se hace presente en los territorios, bien saben los defensores ambientales que el desarrollo de proyectos de gran escala en materia energética, forestal, minera o de salmonicultura, generará la perdida de bienes comunes, romperá el tejido social y afectará la salud de aquellos que se encuentren cercanos a estos, por la contaminación y efectos que estos tienen en los ecosistemas.

Lo anterior ha implicado una resistencia por años, en la que dichas personas colocan en riesgo incluso su propia vida en la defensa de los bienes comunes. Esta resistencia ha generado, el malestar de quienes desarrollan sus actividades extractivas y con ello han utilizado el modus operandi de amenazar y amedrentar a quienes defienden la naturaleza y el sostén de vida que esta proporciona.

Es por ello que hemos visto cómo el 13 de febrero del presente año, en las instalaciones del APR de San José en la comuna de Cabildo, se le hicieron rayados en las paredes de la instalación, en donde se amenazaba de muerte a Verónica Vilches, integrante de Modatima.

El 22 de marzo, el día mundial del agua, fuimos testigos del ataque y amedrantamiento del candidato independiente a la Convención Constitucional por el distrito 9, Uriel González, el cual fue amenazado por dos personas que armados con cuchillo lo subieron a una camioneta azul, dejándolo abandonado en la comuna de Conchalí, en donde sus captores lo amedrentaron diciéndole “No te metai con el agua”.

El 28 de marzo, Michael Lieberherr, estudiante de periodismo situado en la comuna de Choapa es amenazado, por vía telefónica en donde le dicen “que se encontraba vigilado y que debía salir de la ciudad donde se encontraba residiendo”, lo anterior a raíz de la investigación que se encuentra realizando, el cual es un reportaje en el contexto de su memoria de título, en la cual indaga la posible responsabilidad de empresas mineras en los desastres ambientales que afectan a diferentes localidades rurales.

Los tres casos mencionados son acciones cobardes, que buscan desalentar la protección del agua, los ecosistemas y el trabajo de investigación periodística, en donde actividades económicas extractivas, ante la impunidad que tienen en los territorios, a través de personas que realizan el trabajo sucio, amedrentan a quienes defienden la vida. Hacer mención que, en todos los casos, los afectados han realizado las respectivas denuncias.

La política de persecución es inaceptable, por lo que el Estado debiera disponer de la búsqueda de la verdad y la protección de estos dirigentes y profesionales, quienes ponen su vida en defensa de la naturaleza, porque tienen la claridad de que al no protegerla es claudicar el futuro de sus familias y quienes habitan en el territorio. Todo esto reafirma que la ciudadanía y en particular los líderes ambientales se encuentran desprotegidos, los que frecuentemente deben ir a estampar las denuncias respectivas contra quienes resulten responsables, pero la justicia no se encuentra operando, debido a que los fiscales no ordenan que haya una investigación.

Por todo lo anterior es que organizaciones sociales y no gubernamentales, hacemos el llamado al Gobierno para que este firme el Acuerdo de Escazú, como medida de protección a los defensores del medio ambiente, y expresamos a los 3 poderes del Estado y la opinión pública nuestra preocupación e indignación por las graves amenazas a las que se están viendo sometidos nuestros compañeros y compañeras de causa.

Como organizaciones de la sociedad civil, nos negamos a aceptar estas prácticas que profundizan las grietas de nuestra democracia, manifestamos nuestro apoyo a quienes han sido vulnerados, incluso apoyando en la presentación de denuncias y recursos de amparo a nivel nacional, como asimismo presentaremos sus causas a nivel internacional.

Por último, a las empresas, que utilizan estas prácticas, decirles que nos les tenemos miedo, porque somos una gran cadena, formada con miles de personas que a diario resisten desde las diversas trincheras, en donde la verdad, la compresión, la cooperación y el amor por lo que hacemos, son más fuertes que el acto cobarde de amedrentar.

Firman:

1. Fundación Chile Sustentable
2. SCAC Antofagasta
3. Centro ProSus
4. Fundación Newenko
5. Corporación Programa La Caleta
6. Movimiento MOVILIZANDONOS por una cultura de Derechos de NNA en Chile
7. Ecosistemas
8. CEUS Chile
9. Fundación Geonativa
10. Secretaría de Ecología y Medioambiente FECh
11. FIMA
12. Alerta Isla Riesco
13. Defensoría Ambiental
14. Greenpeace
15. Territorios Colectivos
16. Agrupación Aisén Reserva de Vida
17. Ciudadanos y Clima
18. Fundación Plantae
19. Fundación La Alameda
20. Fundación Multitudes
21. FENAPRU Chile
22. Corporación El Canelo Nos
23. Coordinadora Ciudadana No Alto Maipo
24. RedBioLAC
25. Defendamos Chiloé
26. CODEFF
27. Fundación Terram
28. Centro de Análisis Socioambiental
29. Fundación Tantí
30. OPSAL
31. Fundación Mingako
32. Observatorio Ciudadano
33. Chile Ambiente
34. SCAC Magallanes
35. Fundación Glaciares Chilenos
36. Fundación Otros Cruces
37. Coalición Ecuménica por el Cuidado de la Creación
38. Verde Nativo El Monte
39. Latin American Soludarity Network (LASNET, lasnet.solidarity@gmail.com)
40. Chile Solidarity Campaign-Australia
41. Solidarity with Chile Melbourne
42. Mapuche Australia Solidarity
43. Coordinación Patagonia Sin Mineras (EQUUS OUT!)-Melbourne-Australia
44. Trawunche Madrid (Coordinación de Apoyo al Pueblo Mapuche en Madrid)PEN Editions
45. Violeta Rabi, investigadora de Espacio PúblicoFernanda Salinas Urzúa, Doctora en Ecología, Profesora de Sustentabilidad, Universidad de Chile
46. Vigilante Costero ONG