Declaración Pública: Sociedad Civil por la Acción Climática

SCAC y 45 miembros firman Declaración Pública tras amenazas a defensores y defensoras de los derechos humanos y el medio ambiente.

La Sociedad Civil por la Acción Climática y sus miembros firmantes de esta carta, declaramos públicamente nuestra preocupación por las amenazas que la semana pasada recibieron Katta Alonso, dirigenta de Mujeres en Zona de Sacrificio en Resistencia (Muzosare), de Quintero-Puchuncaví y Rodrigo Mundaca, dirigente del Movimiento por la Defensa del Agua, la Tierra y la Protección del Medioambiente (Modatima).

Estas amenazas se suman a un clima creciente de violencia en contra de defensores y defensoras de los derechos humanos y el medio ambiente, el que ha sido alimentado por las expresiones irresponsables y la apología al odio de sectores extremos de la sociedad, las que lamentablemente no han sido controladas adecuadamente por las instituciones democráticas, legitimando la agresión y la discriminación como maneras de hacer política.

La violencia que sufren los defensores y defensoras de los derechos humanos y el medio ambiente requiere de la atención de los Estados, pues se multiplican los asesinatos y la violencia en su contra. Defensores y defensoras son miembros imprescindibles de una sociedad democrática, como actores que velan por la justicia social e intergeneracional, llevando un mensaje que es esencialmente pacífico y que busca la armonía entre las personas y su entorno.

Vemos con preocupación la inacción en la materia por parte del Gobierno de Chile, la inexistencia de políticas públicas en la materia, la negativa injustificada del gobierno a firmar el Acuerdo de Escazú -único acuerdo internacional que se refiere a la materia- y las irresponsables declaraciones de algunos personeros del gobierno, por ejemplo, llamando “terroristas” a quienes se manifiestan por el agua.

Solicitamos al Gobierno de Chile que, junto con las querellas correspondientes, se solicite al Ministerio Público la designación de un Fiscal con Dedicación Exclusiva para estos casos, en la Región de Valparaíso, que se suman a los de Verónica Vilches (Modatima) y Patrick Rojas (Quintero), siendo que en esta última se acusa que las amenazas provendrían de funcionarios de Carabineros.

Exigimos, asimismo, la firma del Acuerdo de Escazú, la creación de una política pública de protección de defensores de los derechos humanos y el medio ambiente y, en defensa de la democracia y la paz social, combatir decididamente la apología al odio.

Reconocemos el trabajo de defensores y defensoras del medio ambiente, como la primera línea de defensa de la sociedad contra la destrucción de nuestro entorno y llamamos a todos los miembros de la sociedad a protegerlos y unirse en torno a ellos.

• Alerta Isla Riesco
• Amnistía Internacional Chile
• Asamblea Ciudadana Poniente de Santiago
• Asociación de Consumidores Sustentables
• Asociación de usuarios defensores del agua de Maipú
• Asociación interamericana para la defensa del ambiente
• Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile
• Centro Ecosocial Latinoamericano
• CEUS Chile
• Ciudadanía Inteligente
• Chao Pescao
• Chile Sustentable
• Coalición Ecuménica por el Cuidado de la Creación
• Corporación para el desarrollo de Aysén Codesa
• Comisión de Medioambiente y sustentabilidad del PPD
• Wilson Reyes, Consejero Nacional Indígena del Pueblo Likan Antay ante Conadi
• Corporación El Canelo de Nos
• Corporación Humanas
• Corporación Nuevas Ideas
• C Verde
• Defensoría Ambiental
• Ecosistemas
• Espacio Público
• Extinction Rebellion Chile
• FENAPRU Chile
• FES Chile
• Fundación Decide
• Fundación Friedrich Ebert
• Fundación Glaciares chilenos
• Fundación Ingenieros Sin Fronteras Chile
• Fundación Milarepa Chile
• Fundación Newenko
• Fundación Pensamiento Verde
• Fundación Tantí
• Greenpeace
• Grupo de Estudios de Religión y Política
• Instituto de Ecología Política
• Instituto Igualdad
• Ladera Sur
• Mujeres en Zonas de Sacrificio en Resistencia
• Observatorio Ciudadano
• Oficina Regional Cono Sur de la Fundación Heinrich Böll
• ONG FIMA
• Red de Organizaciones Voluntarios de Chile
• Regeneration International
• Relaves
• Sociedad Civil por la Acción Climática Chile
• Vigilante Costero ONG

#Trafkintu: "La Magia de una Comunidad en Movimiento"

@vigilantecosta #Bitacora #reporte

TRAFKINTU (ceremonia de intercambio ancestral de semillas)

El sábado 8 de junio, conmemorando el Día Mundial del Medio Ambiente en el soñado Polideportivo de Curanipe de la costera comuna de Pelluhue en el sur del Maule, se nos brindó el espacio y siguió la magia de conocer y reconocerse como parte de una comunidad y todo lo que, simbólicamente,  implica un Trafkintu.

En su quinta versión, ha sido organizado por el municipio junto a organizaciones locales como el Comité Ambiental Local, Huertas a Deo, la Municipalidad de Pelluhue a traves de su Unidad de Medio Ambiente, además de muchas otras orientadas a destacar y poner en justo valor el campo, su cultura y tradiciones locales ligadas a la tierra, nuestros ríos, el agua; con una visión compartida hacia una dimensión eficiente en el uso de los insumos y recursos naturales.
Se convierte esta actividad en una oportunidad de intercambio de semillas, donde surgen cuidadores, bancos y defensores de las semillas libres y orgánicas. También, el Trafkintu, es una oportunidad para exponer y promover emprendimientos y negocios locales apostando a la innovación a través de productos de alimentación saludable, como así también, técnicas de manejo de desechos y productos derivados; trabajos orientados a la minimización de residuos o reutilización de materiales.

Importante destacar como parte del Trafkintu 2019 el espacio compartido donde se escuchó atentamente a distintos expositores que compartieron sus experiencias y la visión local, de su comuna o territorio.

Rodrigo Mundaca, agrónomo de la quinta región y vocero nacional de Modatima, fue uno de los invitados especiales quien compartió su larga lucha contra los usurpadores de agua en la provincia de Petorca en donde los cerros parecen vergeles y donde ya no quedan ríos, secos por el robo de agua siendo grandes responsables agrícolas y latifundistas que han desviado y agujereado napas sin control amparados por el código legal vigente (1981). Su gran mensaje es la exigencia de reconocer el agua como un derecho humano cuestión que hoy el estado de Chile no se está garantizando.

Eventos de este tipo son los que nos sirven para informarnos y aprender y, junto a ello, poder tomar posición y opinar con base de cuáles son las mejores opciones de futuro para nuestro territorio, identificando de paso también, cuales son las amenazas y de qué manera podemos defendernos.

En el mismo día, por la tarde, pudimos estar presentes en el Salón Municipal de Cobquecura en la proyección itinerante del potente Documental “Estado Salmonero” de Ramón Navarro...

>> (Ver detalle en Nota aparte AQUI) <<

Estado Salmonero: Una verdad Inevitable #Doc

SOLIDARIDAD CON EL DIRIGENTE SOCIAL RODRIGO MUNDACA (MODATIMA)

Declaración Pública

Organizaciones exigen a las autoridades nacionales y locales tomar ‘todas las medidas y resguardos necesarios para velar por la seguridad y la vida de Rodrigo Mundaca y Verónica Vilches’.

Las organizaciones de la sociedad civil que suscriben esta declaración manifiestan su preocupación por la situación que afecta a miles de personas, en nuestro país, que tienen limitado acceso al agua potable y saneamiento, vulnerando así su dignidad y sus derechos esenciales. Esta situación ha sido denunciada en diferentes espacios por organizaciones locales y líderes nacionales.

En estos días, nuestra preocupación se acrecienta, pues pareciera que hemos llegado a un momento en que debemos declararnos en alerta, debido a que nuestro compañero Rodrigo Mundaca, vocero del Movimiento de Defensa por el Acceso al Agua, la Tierra y Protección del Medio Ambiente (MODATIMA), ha sido violentado gravemente. Si bien, ésta no es la primera vez que esto ocurre, nos parece que estamos frente a una escalada de amenazas que nos parece urgente y necesario sacar a la luz pública.

En días recientes, Rodrigo Mundaca fue amenazado de muerte por vía telefónica, al igual que otros miembros de MODATIMA. Asimismo, resultaron destruidas, por desconocidos, las instalaciones del sistema de agua potable rural (APR) que lidera la también dirigenta de MODATIMA, Verónica Vilches, quien también fue amenazada. Ambos participaron en el reportaje investigativo que hizo el medio danés “Danwatch”, donde se denunció la privatización de los derechos de agua y la usurpación ilegal de agua de parte de empresarios agrícolas de la zona, lo que ha contribuido a secar las napas subterráneas en Petorca.

Las organizaciones que suscribimos esta declaración rechazamos cualquier tipo de violencia, amedrentamiento o amenaza hacia dirigentes y luchadores socioambientales que han dedicado su vida a la defensa de sus comunidades y sus derechos humanos básicos, como lo es el acceso al agua potable y saneamiento. Rodrigo Mundaca registra una extensa trayectoria social y ambiental en la defensa del derecho y recuperación del agua en Chile, esencialmente en territorios azotados por la escasez hídrica y en la que sus comunidades son abastecidas hace años por camiones aljibes, como es el caso de la Provincia de Petorca, en la V Región de Valparaíso.

La persecución a líderes sociales y ambientales en nuestro continente es una realidad, lamentablemente palpable en casos funestos que han llegado a concretarse en crímenes e impunidad. Por ello, los aquí firmantes ponemos una voz de alerta, pues nos parece inaceptable este tipo de hechos en contra de comunidades que luchan por la defensa del medio ambiente y la dignidad humana. Y en consecuencia, exigimos a las autoridades nacionales y locales, a tomar todas las medidas y resguardos necesarios para velar por la seguridad y la vida de Rodrigo Mundaca y Verónica Vilches, así como de todos aquellos dirigentes sociales y ambientales, que bregan día a día, en defensa de los derechos humanos, el acceso agua y una vida digna para sus comunidades.

Rechazamos todo tipo de violencia y criminalización hacia los defensores ambientales. A su vez, compelimos, en nuestra calidad de ciudadanos, a que el Estado chileno garantice el derecho humano de acceso al agua potable y saneamiento de todas aquellas personas que hoy se ven privadas de tal vital elemento, dando cumplimiento así a las obligaciones internacionales que tiene nuestro país en la materia.

Adhieren a esta declaración:

Agrupación Aisén Reserva de Vida

Agrupación Defensores de los Ríos

Agrupación Mañíos y Baguales

Agrupación Wentru

Amnistía Chile

Asociación Chilena de ONG (ACCIÓN)

Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (ANAMURI)

Centro Ecuménico Diego de Medellín

Chile Sustentable

Coalición Ciudadana por Aisén Reserva de Vida

Coalición Ecuménica por el Cuidado de la Creación

CODEFF

Coordinadora Ciudadana No Alto Maipo

Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén

Ecosistemas

Ética en los Bosques

Fiscalía del Medio Ambiente (FIMA)

Frente Ecosocial de Revolución Democrática

Fundación Decide

Fundación Newenko

Fundación Terram

Geute Conservación Sur

Greenpeace Chile

Justicia, Paz y Cuidado de la Creación

Marcha Mundial de las Mujeres Chile

Mujeres de Zonas de Sacrificio

Observatorio Ciudadano

Vigilante Costero Maule Itata - Waterkeeper Chile

La privatización de las aguas en Chile viola los derechos humanos

Por @rmunda

El agua es un elemento vital. Puede sonar a lugar común, pero nadie discute la importancia que tiene para el desarrollo de la sociedad. ¿Es el acceso a ella un derecho fundamental de la población? Para el autor de esta columna, sí, pero el Estado no lo garantiza. La mayor parte de los derechos de aguas en Chile está en manos de privados de forma gratuita y a perpetuidad. El Código que norma el uso de los recursos hídricos permite que se regulen de acuerdo al mercado y la Constitución consagra al agua como un bien privado. Según el columnista, “un atentado contra la vida de las personas”.

A esta altura resulta ser un lugar común sostener que el agua es esencial para la vida, la preservación de los ecosistemas y el desarrollo y bienestar de las comunidades. Por lo mismo, es de sentido común entender y declarar que el acceso al agua es y debe ser considerado un derecho humano, que forma parte de las garantías indispensables para asegurar un nivel de vida digno y adecuado, ya que es una de las condiciones necesarias para asegurar la pervivencia de la sociedad.

América Latina está viviendo un proceso creciente de toma de conciencia en torno al derecho esencial de acceder al agua. Movilizaciones masivas como las que se han desarrollado en Argentina o en Perú, indican que los pueblos están tomando la decisión de ejercer soberanía sobre sus recursos hídricos.

La lucha por la promoción y defensa de los Derechos Humanos ha estado asociada a la condición singular de cada ser, a su dignidad. De esta condición se deriva un número importante de libertades y derechos, los que tienen por misión salvaguardar la esencia de cada persona, estableciendo límites, obligaciones y deberes al Estado, así como también a los demás sujetos que conviven dentro de una comunidad.

Los derechos humanos son el resultado de la lucha incansable de la humanidad por alcanzar condiciones de vida adecuadas. El respeto por ellos trasciende los sistemas políticos y jurídicos. En rigor, es un asunto de ética y de decencia. Y el agua, por ser esencial para los seres humanos, se encuentra íntimamente relacionada en cuanto a su acceso, suministro y potabilidad, al desarrollo de la vida en condiciones dignas.

La carencia de agua, la falta de abastecimiento continuo para usos personales y domésticos y la negación a su acceso por razones de sexo, raza, edad, condición social o económica, son factores que atentan directamente contra la vida de las personas y las poblaciones. También lo son su uso no adecuado y su insalubridad.

El agua debe ser garantizada en todos sus aspectos. Su negación por acción u omisión o por falta de acciones del Estado, objetivamente atenta contra los seres humanos.

A propósito de todo lo anterior, el agua no puede ser considerada un simple compuesto ni como un elemento importante en la elaboración de estrategias. Tampoco puede ser considerada como un recurso natural renovable, un bien comercial, una mercancía o un bien económico.

En Chile, el Código de Aguas que se formuló durante la dictadura en 1981 –y que sigue absolutamente vigente–, considera a las aguas como un bien social, pero también como un bien económico. Separa la propiedad del agua del dominio de la tierra y le transfiere la prerrogativa al Estado de que sea éste quien concede los derechos de aprovechamiento de aguas a privados de forma gratuita y a perpetuidad, dando origen al mercado de las aguas.

Ese mismo cuerpo legal creó dos categorías de derechos de aprovechamiento de aguas: consuntivas y no consuntivas. La diferencia entre ambas radica en la obligatoriedad de devolver o no devolver un caudal al río. Hoy, el 90% de los derechos de aprovechamiento de aguas consuntivas (no devuelven un caudal al río) se encuentra en manos de empresas mineras y agroexportadoras, mientras que prácticamente el 100% de los derechos de aprovechamiento de aguas no consuntivos (devuelven un caudal al río) se encuentra en manos de transnacionales como ENDESA.

Mención especial es lo que sucede con la provisión de agua potable a la población. En América Latina, y durante la década de los ‘90, gobiernos neoliberales liderados en su momento por Alberto Fujimori en Perú, Gonzalo Sánchez de Losada en Bolivia o Carlos Menem en Argentina, iniciaron la privatización de las empresas sanitarias, iniciativa que en Chile tuvo su correlato durante el gobierno de Eduardo Frei Ruiz Tagle, concertacionista que inició la privatización del agua potable. Actualmente, este proceso se encuentra prácticamente concluido, ya que el gobierno de la Alianza, en menos de dos años, ha terminado de vender la participación fiscal en las empresas sanitarias Aguas Andinas, Essval, Essbio y Essal.

Las iniciativas privadas mineras, agrícolas, eléctricas, o el afán de lucro de las empresas sanitarias, no se condicen con la necesidad humana de acceder al agua. La Constitución Política de la República de Chile consagra el carácter privado de las aguas, y como tal, el Estado de Chile no salvaguarda el bien común. Por el contrario, deja librado al mercado los enormes conflictos que se viven en las diversas hoyas hidrográficas del país. Un ejemplo de esto es lo que sucede en el patio trasero de la V Región, en la Provincia de Petorca.

La Ligua, Cabildo y Petorca son hoy el reino de Machiavello: en estas comunas se aplica el principio “el fin justifica los medios”; agua a cualquier precio para aumentar la plusvalía de los empresarios agrícolas y mineros, en detrimento del acceso al agua para bebida de la población.

Drenes y pozos sin agua legalmente constituida agotan las napas subterráneas, cerros plantados hasta el infinito con paltos de exportación, cuencas sobreexplotadas, institucionalidad indolente e incapaz, presiones, amenazas, castigos, políticos y empresarios coludidos para usurpar agua; zanahoria y garrote: zanahoria para los que hacen la vista gorda ante el robo de agua y garrote para los que luchan para restituir el imperio de la ley en los ríos de la provincia de Petorca. Garrote también para los que luchan por un derecho humano esencial e imprescindible para las personas: nada más ni nada menos que AGUA.

Chile es el único país del mundo que tiene sus aguas privatizadas. La vigencia del Código de Aguas es de una inequidad feroz, tan feroz como la defensa que se hace de la propiedad privada sobre el agua. Políticos transformados en apóstoles de la causa privada del agua, autoridades que llaman a cuidar el agua, bombardear nubes o construir carreteras del agua, soslayando el problema de fondo. En Chile se lucra con un bien nacional que debería ser de uso y dominio público, atentando contra los derechos humanos de chilenas y chilenos. Los hechos son más elocuentes que mil palabras.