¿Acuerdo pesquero o acuerdo entre empresas pesqueras?

Por: Albert Arias Arthur en Opinión - Fuente: Ciper 

Después de más de un mes de trabajo, la mesa que formó el ministro Pablo Longueira para elaborar una nueva Ley de Pesca llegó a acuerdo: la idea inicial del gobierno de licitar el 50% de las cuotas industriales se echó atrás y el único cambio se traduce en pequeñas concesiones para los pescadores artesanales. El columnista cuestiona la validez del acuerdo afirmando que la base de la nueva legislación pesquera fue definida por los privados para que no afecte sus intereses en la industria. Arias compara el acuerdo con lo que decían de los autos Lada en su tiempo: “al único que le gusta es al dueño”.

A principios de la semana pasada el ministro de Economía, Pablo Longueira, terminó el proceso de acuerdos en la Mesa Pesquera para repartir las cuotas globales de pesca entre artesanales e industriales por los próximos 20 años. Lo curioso es que durante todo el resto de la semana partidarios del acuerdo en cuestión estaban muy nerviosos y se dedicaron a “sacarlo de gira”. Se fueron al Congreso a mostrárselo a los parlamentarios y salieron en cada uno de los medios de prensa destacando lo fantástico que es el acuerdo para todos y que, según ellos, con esto se habría evitado la licitación del 50% de la fracción industrial de las cuotas de pesca. Pero si el acuerdo es tan bueno, ¿por qué están tratando de convencer de que realmente es así? Bueno, me suena a lo que decían de los autos Lada en su tiempo: “al único que le gusta es al dueño”.

Partamos por la conformación de la “Mesa Pesquera”. Los integrantes se dividen en dos: los industriales, que no quieren que se transparente la asignación mediante licitaciones abiertas -permitiendo competencia y entrada de terceros-; y dirigentes artesanales, los que fueron convencidos de que si les aplicaban la licitación a la fracción industrial se les aplicaría a ellos también para así obligarlos a llegar a un acuerdo. En este punto muchos dirán, “pero también estuvieron presentes los trabajadores y miembros del Consejo Nacional de Pesca”. La verdad es que a ellos los incluyo en el grupo de los industriales porque o bien trabajan para ellos o persiguen los mismos intereses. Ah!, y luego de una serie de reclamos, invitaron al representante de las pymes pesqueras, al que no dejaron incluir nada en el acuerdo y al final el propio subsecretario de Pesca lo increpó por no querer firmar un acuerdo que no contenía nada para ellos.

Ahora, si el lector algo ha escuchado de este tema en la prensa se preguntará: ¿qué tiene que ver la distribución entre artesanales e industriales con no licitar la fracción correspondiente a estos últimos para romper la concentración? La verdad es que ¡nada! Es más, al leer el acuerdo, este no contiene nada sobre el no licitar parte de la cuota industrial. Es por eso que los miembros de la mesa han salido remarcando que ese era su objetivo, para darlo por hecho, pero como lo dije antes, no hay nada de eso en el acuerdo. Sin embargo, aunque así fuera, una apertura de un mercado a terceros, por definición, no puede ser decidida por aquellos que quieren que el mercado se mantenga cerrado.
Lo otro curioso es que el acuerdo no contiene nada para el sector laboral, pero los dirigentes laborales estaban en la mesa y han salido celebrando el acuerdo. Incluso lo hicieron después de que los industriales dijeran que tendrán que hacer “ajustes” (léase más despidos). Claramente, este grupo de dirigentes laborales eternos no estaba preocupado de los trabajadores, sino más bien de quedar bien con sus empleadores, lo que lograron con creces.

En resumen, el acuerdo pesquero no es más que la transferencia de pequeños porcentajes de cuota del sector industrial al artesanal, pero en cantidades mínimas que no afectan a la industria. Me permito hacer un análisis breve de esta transferencia de cuotas. En la mayoría de las pesquerías en las cuales se acordó transferir cuota a los artesanales, son pesquerías cuyas cuotas globales se han establecido por sobre lo recomendado por los científicos, e incluso, por sobre lo que es posible pescar. Entonces, entregarles más cuotas a los artesanales no tiene ningún efecto real. Es simplemente un número en un papel.
La única pesquería en la que sí existió una transferencia real fue en la de sardina y anchoveta. Sin embargo, esta pesquería -que está casi totalmente dentro de las 5 millas- debería ser totalmente artesanal. Es más, la asignación al sector industrial de parte de esa pesquería se hizo, en la ley de 2001, sobre la base de la historia de pesca de los años previos al posicionador satelital, cuando los barcos industriales pescaban dentro de las cinco millas en forma ilegal.

Entonces, ¿por qué los dirigentes de los pescadores artesanales firmaron el acuerdo? Quizá la mejor forma de responder esta pregunta sería recurrir a la historia. A finales de los ’90, cuando la industria presentó el primer proyecto que les asignaba cuotas individuales, dentro de la Confederación Nacional de Pescadores Artesanales de Chile (Conapach), existía un grupo que misteriosamente apoyó la iniciativa industrial. Como los pescadores de dicha confederación no estaban de acuerdo con esos dirigentes, y así lo defendieron, este grupo se fue y creó la Confepach (lo mismo que la otra pero ésta es de federaciones), la cual “negoció” con la industria para apoyar su proyecto. Entonces, la respuesta a la pregunta sería más o menos la misma: los dirigentes “negociaron” con la industria, claro que esta vez uno de los dirigentes también era pescador, por lo que no firmó. Esto hace pensar que hasta ahora no todo está dicho en ese acuerdo. Todavía queda ver la respuesta de los pescadores, base de las organizaciones.

Finalmente, y sumado a todo lo anterior, un acuerdo entre privados llevado por el Gobierno al Congreso para ser ley sin posibilidad de cambios estaría totalmente en contra de la razón por la cual el Parlamento existe y cuyos miembros están ahí justamente para refrendar las iniciativas como representantes del pueblo. De no ser así, se demostraría que la actual administración ha decidido cambiar de hecho lo establecido en la Constitución en su artículo 4: “Chile es una República democrática”.

Nueva Aldea: Análisis de una nueva irresponsabilidad empresarial

Por Rodrigo de la O - 

Es muy impactante observar como de forma sistemática industrias que procesan materias primas de origen orgánico, en los cada vez más abundantes monocultivos seriales, dan paso a una cantidad de externalidades difíciles de entender y aceptar.

El 21 de Septiembre de 2011 vecinos del sector La Concepción y la Unión Comunal de Ranquil, cercanos al Complejo Forestal Industrial productor de Celulosa Nueva Aldea de Celco Arauco, ubicado en las cercanías de la unión de los ríos Ñuble e Itata, en la comuna de Ranquil, denunciaron una descarga directa de Riles no tratados al estero Velenunque demostrando con meridiana claridad que no fue un accidente y que lejos de ser un hecho aislado se podría considerar una práctica recurrente.

Siempre me ha resultado brutal que una empresa de estas características se instale y, objetivamente, aún me cuesta poder comprender como se dan la condiciones para que esto se permita. Es decir, que una empresa capture agua, la procese, lucre y la devuelva contaminada cumpliendo todos los permisos ambientales, legales, avalado por los estamentos del gobierno de turno. Sin olvidar que al parecer resulta más lógico construir un ducto de 52 kilómetros de US$ 60 millones desde la industria hacia el mar pensando que, en vez de hechar los desechos al río, es mejor tirarlos al mar. Incromprensible.

Es en estos tipos de casos, en que surgen una serie de cuestionamientos, donde no puedo conformarme con aquel discurso ladino de que el poder económico de algunos puede más, vulnerando los derechos y la dignidad de otros, sean quienes sean. Cuestión que sucede por cierto, lamentablemente.

Actualmente los estudios realizados por la Universidad de Concepción han arrojado que, efectivamente, la descarga existió, reconociendo la gravedad del "error". Ahora habría que considerar otros estudios pendientes, pero lo que queda claro, es que sucedió, pudo haber sucedido antes y podría pasar de nuevo. Es aquí donde me detengo y me permito preguntar ¿que hacen las autoridades al respecto? ya que muchas veces las cosas se quedan dormidas, en silencio y los acuerdos por debajo de la mesa, espontáneamente, surgen milagrosos encontrando soluciones.

La táctica empresarial es casi siempre la misma asumir los costos, minimizar los impactos, recurrir a estrategias de acuerdos con los vecinos, desplazamientos de poblados, expansión, etc.

Es muy preocupante observar como la misma comunidad, en ocasiones, subyace a estos sistemas de acuerdos o compensaciones aminorando el real alcance de estos impactos.

Ahora bien, intentando ser lo más objetivo posible, desde la perspectiva de aquellos que viven junto a la Industria de Celulosa Nueva Aldea, con sus permanentes ruidos similares a los de un avión próximo a elevarse, los olores permanente a col recocido y, lo más preocupante, ver como se contaminan sus ríos, esteros y, probablemente, napas, punteras y pozos, es razonable querer irse, ser indemnizado e intentar una nueva vida, de mejor calidad.

Sin embargo, mis cuestionamientos continúan cuando veo que el valor económico prima entonces por sobre el valor afectivo, el apego a la historia y tradición familiar, a la cultura local, faltando el respeto a los factores identitarios, debilitándolos e, incluso en ocasiones, extingiéndolos.  Comienza un proceso de compra y venta en que de pronto existe una suerte de “sartén por el mango”, una oportunidad única de poder sacar algo claro, concreto, beneficioso en el plano individual desde la perspectiva ciudadana local.

Insisto que puedo llegar a entender esto, desde la óptica local,  cuando la situación se hace insostenible y observo en “mi estero”, el mismo que de niño recorría y del cual podía beber sin problema alguno,  un sedimento negro, ligoso, de olor indescriptible (licor negro). Dan ganas de irse, de huir, de esa tóxica invasión cuanto antes entendiendo que la batalla es injusta, fuera de contexto, pero real.

Lo que no entiendo es la posibilidad que la empresa tiene de llegar a estos acuerdos directos en donde se aplica un proceso de erradicación de poblados, culturas y formas de vida por la necesidad de permanecer su contaminante fuente de facturación y réditos. Lo que no me calza es que a través de la indemnización, por más justa que esta sea para los directamente afectados y dolorosa para la empresa (que nunca es tanto), y las mejoras o subsidios otorgados en cuestiones básicas que, por cierto, debiesen corresponder a las autoridades locales y de gobierno. ¿Donde está la autoridad en estos procesos de acuerdos?. ¿Porque no hay asesores legales especializados que permitan dictar jurisprudencia ante estas increíbles situaciones? ("Divide y vencerás" rezaba un emperador romano).

Lo que se extraña, de sobremanera, es poder judicializar estos temas y que lo que justamente la comunidad exige sea y más, por ejemplo, que se exija la inversión de procesos de circuitos de ciclo combinado para el agua y purificarla al regreso cuestión que al menos hoy merece dudas ante los hechos detectados. Sin embargo, lo que más debiese preocupar es que estos “accidentes” o “eventos” no se vuelvan una rutina y que las sanciones impliquen, además de lo que la comunidad en justicia pueda acordar, advertencias y multas serias en que las autoridades cumplan un rol efectivo por sobre estas empresas en beneficio de la gente, de nuestro patrimonio y su cuidado.

Es responsabilidad de los vecinos, del municipio local (y de todos) que queden antecedentes legales registrados que marquen parámetros de aquí en adelante para que estos abusos no se repitan. Si no asumimos eso, primero a los beneficios inmediatos del bienestar personal, no podremos detener la insolencia e impacto que estas grandes corporaciones ocasionan.
Veamos como decanta todo esto.

“Corporativismo político” y licitación de cuotas de pesca

Fuente: http://chilepesca.org/35

Una carta pública pidiendo al Gobierno que licite el 50% de la cuota de pesca del sector industrial redactaron 17 destacados economistas del país. En ella advierten que es una mala decisión pedir a los industriales y artesanales que se pongan de acuerdo para repartir un recurso que no es de ellos, renunciando el Estado a representar el interés público. Supone, señalan los economistas, una forma de “corporativismo político ajeno a nuestra tradición democrática”.

Reproducimos aquí el texto íntegro de la carta:

“Las Pesquerías Chilenas: Sustentabilidad y Equidad.

“Aunque Chile posee ventajas comparativas en la explotación de sus recursos pesqueros, éstos pueden ser desaprovechados con políticas erróneas. Sólo un sistema de administración pesquera basado en cuotas individuales transables, cuya captura agregada no exceda límites globales de captura estimados usando investigación científica, permitirá establecer un esfuerzo de pesca consistente con la sustentabilidad de la actividad pesquera. Al limitar el acceso a las pesquerías mediante cuotas asignadas a las empresas extractivas, el Estado les otorga a esas pocas empresas el derecho a gozar de rentas económicas. El otorgamiento gratuito e indefinido de esas rentas, por un acto de autoridad, atenta contra la transparencia y la justicia distributiva. Sin embargo, la ley establece la posibilidad de un sistema de licitación por plazos largos de hasta el 50% de las cuotas, y eso permitiría la transferencia de una proporción de las rentas de la pesca a todos los chilenos.

Acertadamente, hace algunos meses el Gobierno había anunciado que permitiría que la ley del año 1991, que establecía la posibilidad de licitar el 50% de las cuotas, se hiciera efectiva. No obstante, en las semanas pasadas el Ministerio de Economía ha planteado otra forma de repartir los recursos: sugiere que los actores actuales del sector -industriales y artesanales- deben acordar cómo repartirse los recursos, y que si eso se logra, se dejaría sin efecto la licitación de cuotas. Más aún, recientemente el ministro advirtió a los pescadores artesanales que si no llegaban a acuerdo, licitaría sus cuotas, lo cual no está contemplado en la ley.

Proponer que los actores del sector dividan recursos que no les pertenecen, renunciando el Estado a representar el interés público, constituye un ejemplo de corporativismo político ajeno a nuestra tradición democrática. Recurrir a amenazas a los pescadores artesanales que son vacías, por no ser parte de la ley, representa a su vez una práctica coercitiva que aumenta la gravedad de las acciones de la autoridad.

Hacemos un llamado al Gobierno a corregir el rumbo y establecer de una vez por todas, independientemente de los grupos de presión, un sistema de administración pesquera que vele por la sustentabilidad de los recursos y la equidad en la distribución de las rentas, retomando, por tanto, la iniciativa de licitación de un 50% de la cuota industrial.”

Los economistas que firman Claudio Agostini, profesor Escuela de Gobierno, U. Adolfo Ibáñez; José Miguel Benavente, profesor Escuela de Negocios, U. Adolfo Ibáñez; Eduardo Bitran, profesor Escuela de Ingeniería, U. Adolfo Ibáñez, asesor Lota Protein; Luis Felipe Céspedes, profesor Escuela de Negocios, U. Adolfo Ibáñez; Eduardo Engel, profesor Escuela de Economía U. de Chile; Ronald Fischer, profesor Facultad Ingeniería Industrial, U. de Chile; Andrés Gómez-Lobo, profesor Escuela de Economía U. de Chile; Aldo González, profesor Escuela de Economía U. de Chile; Rodrigo Harrison, profesor Instituto de Economía, Pontificia U. Católica de Chile, ex asesor Lota Protein; Cristóbal Huneeus, académico; Fernando Larraín, profesor Escuela de Gobierno, U. Adolfo Ibáñez; Hugo Lavados, decano Escuela de Economía y Negocios, U. San Sebastián; Alejandro Micco, profesor Escuela de Economía U. de Chile; José Miguel Sánchez, director Instituto de Economía, Pontificia U. Católica de Chile; Andrés Velasco, ex ministro de Hacienda y profesor visitante, U. de Columbia; Marcelo Villena, profesor Facultad de Ingeniería, U. Adolfo Ibáñez; Marcelo Tokman, académico, ex ministro de Energía”.

EXPOSICIÓN SOBRE GRANDES CONFLICTOS MEDIOAMBIENTALES DEL MAULE MARCÓ EL “CARNAVAL POR NUESTRA TIERRA” REALIZADO EN CONSTITUCIÓN

En la oportunidad se conformó oficialmente la Red Medioambiental del Maule

Con importantes exposiciones sobre los tres conflictos medioambientales más relevantes de la región del Maule, se desarrolló la "Jornada Empodérate: Carnaval por nuestra Tierra", en la comuna de Constitución; al tiempo que se realizó el lanzamiento de la Red Ambiental del Maule, que reúne a las comunas de Chanco, Pelluhue, Constitución, entre otras.

La iniciativa se realizó en el marco del programa EMPODÉRATE: más y mejor participación para un futuro sustentable implementado por la ONG (Organización No Gubernamental) Acción por la Tierra con el apoyo del Fondo de las Naciones Unidas para la Democracia UNDEF y en la región del Maule, en asociación con la ONG Surmaule de Talca. La jornada contó con la presentación de artistas y artesanos, pero principalmente congregó a las familias en torno a la entrega de información sobre los Conflictos Ambientales del proyecto térmico a carbón Los Robles; la explotación de mineral de hierro en las dunas de Putú, y la iniciativa hidroeléctrica que ha puesto en alerta al Río Achibueno en la provincia de Linares.

Respecto de la Termoeléctrica a Carbón de Los Robles de AES Gener, se abordó la conformación de un importante movimiento ciudadano surgido a raíz del conflicto; los hitos de importancia, procesos abordados y situación actual; así como las características y condiciones técnicas del mismo.
“La idea es mantener la visibilización del conflicto sobre todo en la comuna de Constitución, lugar donde se prospecta. También, como conflicto más antiguo comentamos logros, victorias, fracasos y autocríticas, entendiendo que ha sido un proceso complejo en el que hemos debido aprender sobre la marcha siendo el gran éxito logrado, lo referido a la dilación del proyecto. Siempre supimos que ante una lucha tan injusta era una pelea que se ganaba por cansancio. Esto, imagino, ayuda y sirve de insumo a los conflictos más recientes ya que esta experiencia se comparte y es importante para enfrentar nuevas estrategias”, aclaró Rodrigo de la O Guerrero, vigilante costero de Maule Itata.     

En tanto Alejandro Salas, vocero general de la Red Ambiental Maule, expuso sobre el preproyecto sobre explotación de hierro en las dunas de la localidad costera de Putú. “Abordamos las principales preocupaciones socio ambientales asociadas a éste, como los quiebres de los equilibrios ecológicos en las dunas y en el complejo de humedales; así como las posibles alteraciones en patrones comunitarios vinculares que van desde la conformación de tejidos sociales a cambios en dinámicas laborales y familiares. Finalmente y como eje de la presentación se hizo referencia al proceso de participación comunitaria suscitada, los elementos contextuales y del conflicto, que son incidentes en el proceso”, aseguró.

Otro de los temas expuestos durante la jornada, se refirió a las implicancias para la comunidad linarense, de la pretensión de la empresa ElectroAustral de instalarse con dos centrales hidroeléctricas en el Cajón del Río Achibueno. El representante del Centro Biocultural y Social Achibueno de Linares, Sigisfredo Bustos, informó que el Proyecto Hidroeléctrico Achibueno (PHA), vulnera diversos tratados nacionales e internacionales, y atenta contra especies protegidas de la flora y fauna nativa. “El sector es considerado como un Hots Pots de categoría mundial, lo que significa que el lugar tiene una enorme cantidad de especies nativas y únicas pero que tiene pocos individuos en sus poblaciones por lo que  presentan problemas de conservación haciendo frágil el ecosistema” aclaró. El PHA –dijo- podría generar 135 Megawatts, “esto significa la energía suficiente para encender una ampolleta entre 2000 ampolletas, pero en cambio altera en un  60% el curso del recorrido del Río Achibueno dejando ese tramo con un caudal del 10% del normal, afectando no solo a la flora y fauna sino también al turismo de fines especiales que se desarrolla en el sector y que constituye la fuente de ingreso de  a lo menos 50 familias del sector  que tienen en el sector algún tipo de establecimiento turístico”.

Luego de las exposiciones efectuadas en el Colegio San Alberto Hurtado de la comuna, la jornada prosiguió invitando a la ciudadanía a la Plaza de Armas a conocer sobre diversas iniciativas medioambientales y el trabajo de la Red que se conformó en torno al proyecto, una iniciativa valorada por autoridades y personeros de distintas áreas. “A partir de la potencial termoeléctrica Los Robles, empezamos a organizarnos y aprender de todo esto, felizmente encontrándonos con organizaciones con más experticia y trayectoria que, dentro de este caminar, nos capacitaron. En ese contexto, sin pretenderlo, este proyecto de red nos permitió visualizar el poder que tenemos como ciudadanos”, explicó Julio González Orellana, de la ONG Federico Albert de Chanco.

Asimismo, Patricio Guerrero de la ONG Acción Por la Tierra, indicó que el Carnaval representó una jornada culmine para mostrar a los ciudadanos los proyectos medioambientales que se están formando. “Se creó la red que es un gran resultado para el programa, que debe consolidarse mas aún. Este es un paso, pero debemos crear espacios abiertos para mostrar lo que esta pasando y mostrar lo que ocurrirá con las empresas que se quieren instalar”, concluyó.