Emplazan a sello internacional FSC por complicidad en crímenes e impactos forestales en Chile

Emplazan a sello internacional FSC por complicidad en crímenes e impactos forestales en Chile

Una treintena de organizaciones extendieron una misiva ante la oficina oficial de resolución de conflictos del sello internacional FSC (Forest Stewardship Council) con asiento en Alemania por las certificaciones otorgadas a empresas forestales en Chile sin que se atiendan casos de violaciones a derechos humanos e impactos socio ambientales en diversos territorios.

Nota completa en enlace. OLCA.

¿Congelará Bachelet su legado en materia de aguas?

Sara Larrain
Foto: ChileSustentable.net

Por Sara Larraín | Directora Chile Sustentable

El agua viene escaseando en Chile hace varias décadas. Más allá de los años húmedos o secos, de la oscilación del Niño, la Niña, y la sequía prolongada de los últimos años, la evidencia muestra en los hechos una mega sequía, producto del cambio climático que llegó para quedarse.

Desde el parlamento se desarrollaron comisiones investigadoras sobre sequía y desertificación, sobre robo de aguas, se generaron nuevas comisiones de Recursos Hídricos, Sequía y Desertificación, tanto en la Cámara como en el Senado, y se han multiplicado proyectos que intentan mejorar las políticas públicas en materia de acceso, gestión y protección de las aguas. 

En la misma línea, el actual gobierno, en coherencia con lo comprometido en su programa de gobierno, nombro un Delegado de Recursos Hídricos, una Mesa Inter ministerial del Agua, retomó la tramitación de la ley que crea los servicios sanitarios rurales, la ley que mejora la fiscalización y sanciones, y patrocinó la moción parlamentaria que Reforma el Código de Aguas, que se venía tramitando en la Cámara desde 2012. Asimismo patrocinó una Ley de Protección de Glaciares ingresada a tramitación por un conjunto transversal de diputados. Todas estas iniciativas claramente constituían una adecuada respuesta no sólo a la escasez y los conflictos crecientes por el agua, sino al principal problema de Chile para adaptarse al cambio climático, tal como ha reconocido recientemente el ministro de Medio Ambiente, Marcelo Mena.

La agenda del agua avanzó a inicios el gobierno, con liderazgo del Ejecutivo y el Parlamento, logrando aprobarse la ley de servicios sanitarios rurales, y recientemente la referida a mejoras en la fiscalización y sanciones. Pero la Ley de Protección de Glaciares, quedó congelada en la Comisión de Hacienda de la Cámara, y la Reforma al Código de Aguas, que se aprobó en dos comisiones y el pleno de la Cámara, y en la Comisión de Recursos Hídricos del Senado, hoy se encuentra bloqueada en la Comisión de Agricultura, presidida por la oposición  y abandonada por el ministro del ramo Carlos Furche, que ha argumentado como gran excusa que “la tramitación de la reforma se contaminó con la coyuntura electoral”, cuando  es obvio que todo históricamente se ha contaminado con las tensiones electorales  desde que existen elecciones.

El abandono de la Reforma al Código de Aguas por parte del ministro de agricultura en particular y del gobierno (SEGPRES) en general, pone en evidencia la dudosa voluntad política de algunos sectores de la coalición de gobierno, de resolver los desafíos críticos que enfrenta el acceso y gestión del agua en Chile. Pero también  ponen en riesgo el importante legado del gobierno de Bachelet en materia de aguas, que está en juego, justamente en esta reforma al Código de Aguas, que establece el derecho humano al agua, la priorización del acceso al agua para usos esenciales, las condiciones de sustentabilidad ambiental en la gestión del agua, el fin del acaparamiento para uso especulativo de las aguas, el reconocimiento de las aguas ancestrales de los pueblos indígenas y la creación de concesiones de uso temporal de las aguas por 30 años renovables para los nuevos derechos  de aprovechamiento.

Esta reforma, permite a Chile superar los retrasos sociales y ambientales que arrastra el Código de Aguas de 1981, pero además permite al país cumplir con las recomendaciones de la OECD en materia de aguas. Entre ellas, la necesidad de “adoptar un enfoque basado en los riesgos para la gestión de los recursos hídricos”; diseñar e “implementar nuevas reformas del régimen de asignación de aguas, con el fin de asegurar la imposición de límites efectivos y exigibles a las extracciones, que reflejen las exigencias ambientales y ecológicas y la necesidad de un uso sostenible”.

La OECD también es clara al recomendar a Chile “establecer usos esenciales del agua (agua potable saneamiento y protección de ecosistemas) a los que se otorgue alta prioridad” y ”acelerar la regularización y un registro transparente de los derechos de uso del agua y reforzar las medidas de fiscalización y las sanciones aplicables a las extracciones ilegales". También llama al gobierno a evitar la asignación excesiva en cuencas y acuíferos en los que los derechos de uso del agua excedan la capacidad sostenible del cuerpo de agua, y expandir las normas de calidad de las aguas y monitorear la contaminación del suelo y “la extracción de agua para proteger los ecosistemas, en particular los humedales”.

El gobierno debe ser coherente con su programa de gobierno, con las recomendaciones de la OECD para alcanzar el estándar que requiere ser miembro de dicho bloque y ser responsable ante los riesgos de mayor inseguridad hídrica que trae el cambio climático. Esperamos que los meses que quedan, el gobierno de Michelle Bachelet sea coherente con sus compromisos, con el interés público nacional e internacional y no se deje arrastrar por las amenazas de la oposición que sigue defendiendo sólo intereses privados. ….y de unos pocos.

TRAMITACIÓN REFORMA AL CÓDIGO DE AGUAS

(Boletín 7543-12) Minuta N°82 Sesión Comisión de Agricultura, Senado 23/10/2017 - #Minuta #OjoconelPalamento 

MINISTROS DE AGRICULTURA Y OBRAS PUBLICAS EXPONEN FUNDAMENTOS Y VENTAJAS DE LA REFORMA AL CODIGO DE AGUAS Y SOLICITAN CONTINUAR LA TRAMITACION A LA BREVEDAD.

La Comisión de Agricultura recibió este martes 23 de octubre al Ministro de Agricultura, Carlos Furche; al Ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga y al Director General de Aguas, Carlos Estévez, quienes además de desmitificar los argumentos de los grandes empresarios agrícolas, expusieron las ventajas de la Reforma y demandaron a los senadores, retomar la tramitación que se encuentra congelada desde inicios de septiembre en esta Comisión. 

Comenzó la audiencia el ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, quién fundamentó y expuso los avances de la Reforma, mencionó que esta se hace cargo de los distintos usos del agua, con prioridad en el consumo humano y que reconoce los derechos de agua (DAA) ya otorgados por el Estado no cambiando la naturaleza jurídica de estos, ni prohibiendo su venta. Enfatizó que el futuro regimen de concesiones de largo plazo (30 años) para el 10% de las aguas superficiales y el 40% de las aguas superficiales aun sin otorgar, no tiene ningún efecto sobre los créditos a los que puedan optar los agricultores y que además dichas concesiones serán renovables. Destacó que el Estado ha hecho más inversiones en embalses, que lo aportado por el empresariado agrícola en los últimos 100 años, desmitificando declaraciones públicas de gremios como la SNA.

Undurraga concluyó que la reforma es un proyecto clave y urgente para los desafíos de seguridad hidrica que enfrenta el país, y que cualquier hipótesis de expropiación queda descartada.

A continuación, el ministro de Agricultura, Carlos Furche, comenzó diciendo que esta es una reforma que ha generado debate, pero que se deben aclarar objetivos y dudas. Mencionó que desde el Código de 1981 hay nuevas condiciones en la oferta del recurso, debido al Cambio Climático y también en la demanda hídrica, la cual ha aumentado siendo usada en un 80% por el sector agrícola.

Furche destacó que la reforma garantiza el abastecimiento para las necesidades humanas y luego se prorratea para actividades productivas. Es una reforma acotada que no afecta a los derechos de aprovechamiento de aguas (DAA) ya otorgados y que para las nuevas concesiones 30 años que instaura la reforma para nuevos derechos, es tiempo más que suficiente para cualquier proyecto agrícola. Además, recordó que la tramitación para comenzar a regularizar los DAA en el caso de campesinos que no los tengan regularizados o inscritos, considera que el trámite se debe empezar dentro de los 5 años siguientes a la aprobación de la reforma, y que el Ministerio de Agricultura contempla 2.750 millones de pesos para apoyar dicha regularización a través de INDAP. Recordó que los DAA de las comunidades indígenas no están afectos a ningún plazo para iniciar esta diligencia.

Carlos Furche mencionó que los temas respecto del caudal ecológico sólo incluyen formalmente los cambios a la norma del año 2005 y que en áreas protegidas no se entregarán nuevos derechos.

Luego de la intervención de los ministros tomaron la palabra los senadores de la comisión:

Rabindranath Quinteros Lara (P.S.) solicitó que se inicien a la brevedad las audiencias a las 48 organizaciones inscritas, y que se ordenen las presentaciones por estamentos separados.

Víctor Pérez (UDI), pidió eliminar incertidumbres que no están basadas en mentiras sino en realidades y destacó como el ministro de agricultura fue ovacionado en el Encuentro Nacional del Agro (Enagro) con el anunció de que el Gobierno había tomado la decisión de no apurar el proyecto de reforma al Código de Aguas durante el periodo electoral. Dijo que sería importante para la Comisión que el gobierno informara sobre quiénes son los especuladores del agua, que no la usan y solo la acaparan o la venden.

Manuel Antonio Matta (D.C.), habló de la campaña ideológica organizada en la Región del Maule, donde se dice que esta reforma es expropiatoria, aludiendo a una segunda Reforma Agraria. Preguntó cómo el gobierno respondía frente a esto, y porque el gobierno no se habia desplegado en el territorio para explicar la reforma.

José García Ruminot (R.N), quien preside la Comisión de Agricultura, dijo que es importante que los agricultores regularicen los DAA, y que ello ha sido bien recibido en su región. Pidió que se haga un programa lo más cercano a la gente para que no tengan problemas y evaluar si el monto propuesto para apoyar la regularización es suficiente para ello o no. Dudo a su vez de que el 80% de los recursos hídricos sean utilizados por la agricultura, lo que fue complementado por el senador Pérez quien solicitó estudios al respecto.

En respuesta a lo planteado por los senadores, el director de la DGA, Carlos Estevez, dijo que los elementos centrales “uso, goce y disposición” se mantienen y que solo hay dos excepciones que afectan la disposición que hoy existen en el Código de aguas pero no se les pone plazo: a los especuladores y a los usos ociosos, donde hoy se entrega el agua que se pide, no lo que se necesita. Expresó que es difícil saber quiénes son todos los especuladores, pues actualmente hay dos vías de obtención de derechos: una administrativa y otra vía Tribunales, y estos últimos no siempre se informan a la DGA, por esta razón la reforma corrige esta situación, estableciendo la obligación de informar y estableciendo que es el servicio el que otorga los DAA.

En referencia a los agricultores, Estévez dijo, que es conveniente que inscriban sus derechos, porque de ese modo pueden postular a subsidios. Además, agregó que la reforma establece que se puede regularizar los DAA en forma colectiva.

Al final de la sesión, se acordó que se retomara la tramitación, iniciando las audiencias públicas, las que comenzarían la semana del 20 de noviembre, luego de las elecciones.

Asistieron los senadores Garcia Ruminot, Quinteros, Matta y Perez Varela. El senador Felipe Harboe estuvo ausente de la Sesión.

Comunidad de Cobquecura explica por qué dice no a salmoneras: “El terrible ejemplo de Chiloé es un precedente”

Fuente: El Ciudadano

Denuncian que los 11 proyectos acuícolas de Inversiones Pelícano S.A. contaminará el mar de la futura región del Ñuble, afectando el turismo, una de las actividades principales de la comuna.

Fotos: Todos Somos Cobquecura (Mov. Civil Organizado)

Preocupación existe en la comunidad de Cobquecura (Provincia de Ñuble) por la instalación de 11 proyectos acuícolas en las costas de dicha comuna y también en las vecinas Coelemu y Trehuaco, a cargo de la empresa Inversiones Pelícano S.A., por un monto de US$ 2,6 millones (c/u). La iniciativa contempla el cultivo de cuatro grupos de especies: cojinova del norte, salmónidos, mitílidos y macroalgas.

La resistencia a la iniciativa empresarial ha congregado a la sociedad civil y también al municipio, actores que llegaron hasta Santiago para reunirse con autoridades medioambientales, durante este lunes 16 de octubre.

Con Ministro Medio Ambiente, Marcelo Mena

“Queremos comprometer al Estado para que efectivamente dé las condiciones necesarias para que comunas como las nuestra puedan proyectarse turísticamente, protegiendo su entorno, naturaleza y medio ambiente”, dijo el alcalde de Cobquecura, Julio Fuentes, en conversación con el Área Audiovisual de El Ciudadano, previo a su reunión con el ministro del Medio Ambiente, Marcelo Mena.

Cesar Aguila

En tanto, César Águila, encargado de Medio Ambiente de la municipalidad de Cobquecura, explicó que “lo que pretenden hacer en Cobquecura es un verdadero experimento, en donde quieren probar sus balsas jaulas en mar abierto. Recordemos que Cobquecura es un océano bastante violento. Olas que fluctúan entre los dos y cinco metros, en donde un pontón sería imposible de funcionar y tenemos la certeza que no existe la tecnología en el presente para desarrollar un proyecto de esa envergadura”.

Los motivos de Cobquecura

Águila, junto a representantes de organizaciones ambientales, participó en una reunión con la dirección nacional del Servicio de Evaluación Ambiental. En la instancia, los actores cobquecuranos expusieron que la vocación de la comuna es la agricultura de subsistencia y el turismo, por lo que la actividad acuícola afectará directamente el quehacer cotidiano de la comunidad.

“Las observaciones dicen relación principalmente al grado de afectación que pueda tener en nuestro desarrollo, a la incertidumbre que generan estos proyectos, en función de otras inversiones de planificación, de otras inversiones en función del desarrollo turístico y de cómo esto está alterando la normal convivencia de una comunidad netamente rural, que se ha orientado hacia un desarrollo turístico, pensando en cómo estos proyectos extractivistas van coartando un desarrollo que en realidad ha sido pensado y repensado desde hace muchos años, a través de múltiples instrumentos de planificación”, explicó César Águila.

“Cobquecura es una comuna netamente agrícola, con una agricultura de subsistencia, que se mezcla con un turismo incipiente, producto de la gran cantidad de belleza escénica que tenemos, pero también los elementos positivos, en función del valor ecosistémico que tiene Cobquecura para todo el borde costero de la región de Ñuble y la zona de Pelluhue, podemos observar que la materialización de este proyecto sería un terrible impacto para toda nuestra gente”, añadió el funcionario municipal.

Por otro lado, los representantes de Cobquecura recuerdan el desastre medioambiental generado a raíz de la agresiva marea roja en las costas de Chiloé, durante mayo de 2016, hecho atribuido por los pescadores artesanales al vertimiento de toneladas de salmones en mal estado a las aguas del archipiélago.

“El terrible ejemplo de Chiloé es un precedente para nosotros. El desastre chilote se cristaliza en el año 2016. Al poco andar, fuimos a conocer el impacto en primera persona y observamos cuál es el daño al patrimonio chilote, a la identidad chilota, al territorio y vemos que ese daño, esas grandes empresas lo quieren trasladar hacia el norte y a la zona de Magallanes”, sostiene Águila.

A su vez, Cristóbal Bustos, miembro del movimiento ciudadano Todos Somos Cobquecura, afirmó que quieren proteger el valor patrimonial y turístico de la zona, “sobre una industria nefasta para este país, que ha sido protegida y avalada por los poderes económicos y por la Corfo, porque genera movimiento económico, pero más que eso genera abandono, destrucción, contaminación y creemos, definitivamente,  que el turismo va a aportar mucho más en esta comuna y en el país, que es algo que podemos producir los pobladores y no solo una industria concentrada”.
¿11 proyectos o uno fraccionado?
Además del potencial daño ambiental que generaría la industria acuícola en Cobquecura, los reparos de la comunidad también se dirigen a eventuales irregularidades en el proceso de calificación ambiental.
El abogado de la ONG Defensa Ambiental, Fernando Cortés, explica que “lo que ocurre en este caso, es que por parte del mismo titular, se han presentado 11 Declaraciones de Impacto Ambiental que son, en términos reales, lo mismo”. Agrega que “estamos ante un caso de fraccionamiento, que en este caso, debería entrar por Estudio de Impacto Ambiental, en vez de por Declaración de Impacto Ambiental”.
La diferencia no es menor, puesto que si Inversiones Pelícano S.A. hubiese estado en la obligación de presentar un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), por la envergadura de su proyecto, tendría que haber existido un proceso de participación ciudadana, según exige la Ley Sobre Bases Generales del Medio Ambiente. En cambio, al tratarse de una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) esa participación se efectúa siempre que lo soliciten a lo menos dos organizaciones ciudadanas con personalidad jurídica o como mínimo diez personas naturales directamente afectadas.
En este sentido, el representante de Defensa Ambiental comenta que “el titular, con el objeto de tener una ganancia económica superior, evita con esto eludir el sistema y por eso es necesario que realicemos estas labores de presión social y jurídica (…) Lo único que exigimos en este caso, es que se cumpla con la normativa legal y es por eso que estamos teniendo estas reuniones y haciendo esta presión”.
“No puede ser que el mismo titular presente estos 11 proyectos de una sola forma. Son proyectos idénticos, de salmonicultivo, son proyectos que a su vez, obviamente por los antecedentes que no se acompañaron en la misma declaración, no vamos a saber cuáles son las repercusiones reales al medio ambiente y a la sociedad de Cobquecura”, subraya el abogado Cortés.
Extensión de plazo bajo sospecha
El pasado 6 de octubre, el director (s) del Servicio de Evaluación Ambiental del Biobío, Christian Cifuentes Bastías, resolvió autorizar la extensión de la suspensión del plazo del procedimiento de evaluación de la Declaración de Impacto Ambiental para el 31 de octubre de 2018, tras la petición efectuada por el representante legal de Inversiones Pelícano S.A., Mark Stengel Uslar, quien es sobrino de Jan Stengel Meierdirks, director de la Compañía Pesquera Camanchaca S.A.
Al respecto, el alcalde de Cobquecura, Julio Fuentes, expresó su extrañeza por “varios pasos que la empresa ha dado frente a este proyecto. Uno de ellos es que apareció una extensión de plazo, (que) traspasa este gobierno hasta el 31 de octubre de 2018, lo que obviamente da tiempo a que ellos vayan superando muchas observaciones que puedan tener a través de las diferentes inquietudes que la comunidad ha presentado”.
El abogado Fernando Cortés explicó que el movimiento de la Inversiones Pelícano S.A. significa “establecer un plazo de un año para que la comunidad sepa recién qué es lo que va a contestar el titular, en este caso, el mismo Servicio de Evaluación Ambiental le dijo a la comunidad que debía esperar hasta esa fecha para que podamos saber qué es lo que tiene que decir la empresa respecto del proyecto”.

COLUMNA CIUDADANA EL CIUDADANO - JUAN PABLO CARDENAS - ECOCEANOS