DECLARACION PÚBLICA SOBRE EL DERECHO HUMANO AL AGUA

La Federación nacional de Agua Potable Rural de Chile -FENAPRU CHILE, organización con gran representación nacional, que reúne a 7 Asociaciones provinciales y regionales del país que trabajan en agua potable rural, incluyendo a la Asociación Limarí; Asociación Aconcagua; Asociación Gremial de Servicios de Agua Potable de la Región de O’Higgins; Asociación Ñuble; Asociación Bío; Asociación Araucanía y Asociación Los Lagos, en el día mundial del agua declara a la opinión pública lo siguiente:

• Que desde hace varios años venimos señalando en distintos seminarios, reuniones con el poder ejecutivo y sesiones en el Congreso Nacional, respecto a la sobreexplotación y contaminación del agua, sin que a la fecha se tomen las medidas necesarias ante el estado de alerta roja en el que estamos.
• Hoy nuestro país está en una crisis hídrica aguda que ha hecho que varios de nuestros pozos de agua potable se estén secando, las bombas queden colgadas, las norias, vertientes, ríos y lagunas como Aculeo estén secas y, que de las 101 cuencas del país, la mayor cantidad estén agotadas, situación que es muy desastrosa para nuestro sector.
• Está situación está acentuada por el cambio climático que acecha, que no se puede revertir y respecto al cual vemos que poco y nada se está haciendo para mitigar sus consecuencias.
• No existe una coordinación nacional en materia de agua, que fije políticas públicas para una buena gestión del agua que permita, entre otros, recuperar las cuencas hoy agotadas y generar un buen ordenamiento territorial. Tampoco existe un balance hídrico actualizado, así como tampoco una fiscalización y sanciones de los usos y abusos, con varios casos de robo de agua comprobados, situación que nos parece inaceptable. Todo ello ha generado gravísimos problemas a lo largo del país, ante los cuales señalamos lo siguiente:
• No entendemos que, a pesar de la terrible crisis hídrica en la que se encuentra la mayor parte del país, se siga deforestando vegetación nativa para plantar monocultivos que requieren un alto consumo de agua, terminando con la flora y fauna natural que da equilibrio al ecosistema, generando erosión de los terrenos y por ende pérdida de su calidad de retención de agua.
• No entendemos que esta deforestación sea en buena parte producida por el fomento y subsidio del Estado al riego tecnificado, el cual se ha adoptado para optimizar los usos del agua. Este sistema no permite generar excedentes de agua que infiltren las napas subterráneas y puedan darle sostenibilidad a los acuíferos y a la fecha se ha incentivado sin incluir medidas que establezca límites a las plantaciones, dando como resultado que el agua que se ahorra con esta tecnología se termina utilizando para expandir las hectáreas agrícolas, con una explotación indiscriminada de nuestros recursos hídricos. Al final los únicos que se benefician con esta tecnología son el sector agropuecuario y la industria en general, en desmedro de las comunidades que conviven en el mismo territorio, lo que nos parece aberrante.
• No entendemos que se sigan autorizando industrias que impactan fuertemente la cantidad y calidad de las aguas, como sucede con la minería, y que además en el país se sigan vendiendo químicos para la agricultura que en otros países están prohibidos, como el glifosato, con el inmenso riesgo a la salud que ello implica y el impacto en la contaminación de aguas superficiales y subterráneas que tiene.
• No entendemos, que a la hora de solicitar derechos de agua para comunidades, las APRs debamos competir con todos los solicitantes, sin ninguna priorización al consumo humano.
• No entendemos que el Estado esté comprando Derechos de agua a particulares para otorgar a comunidades sin agua, cuando estos particulares la obtuvieron de forma gratuita.
• No entendemos que los Servicios de Agua Potable Rural tengan que comprar agua a Sanitarias o a Juntas de Vigilancia para proveer a su población, con sus correspondientes consecuencias en costos y calidad.
• Por último, no entendemos que el Estado no esté tomando medidas urgentes cuando hoy tenemos muchas comunidades sin agua a lo largo del país, con casos emblemáticos como Petorca, La Ligua, Cabildo, zonas del Bio Bio, Araucanía, Los Lagos y zonas de Chiloé.

Creemos que éstas son verdaderas Zonas de Sacrificio donde se viola sistemáticamente el derecho humano al agua, pues se trata de comunidades que deben abastecerse con camiones aljibe y sobrevivir con 50 litros por persona, cantidad insuficiente para la alimentación, aseo, lavado de ropa, alimentación para animales, riego de árboles y jardines domésticos. Consideramos que esto es producto de una total inconsciencia, pues algunas de estas comunidades vienen clamando por años y a la fecha no han tenido la respuesta que necesitan.

Ante este escenario como dirigentes demandamos que:

1. De una vez por todas se priorice el agua para el consumo humano y servicios ambientales, por sobre la propiedad de derechos de agua.
2. Se lleven a cabo las reformas pendientes al nefasto Código de Aguas de 1981 que favorece la privatización, la existencia de un mercado del agua y la separación del agua de la tierra, reformas que han estado en discusión por más de 8 años sin avanzar y que deben ir de la mano con una modificación al artículo 19 numeral 23 y 24 de la Constitución política de Chile referido a la propiedad.
3. No estamos de acuerdo con las indicaciones Sustitutivas a la Reforma al Código de Aguas presentada por el ejecutivo, ya que en esencia no beneficia para nada a la ciudadanía, sino que al empresariado, dando prioridad a la certeza jurídica que éste exige.
4. Se debe dar cumplimiento la Res 64/292 de las Naciones Unidas, firmada por el Estado de Chile el 28 de julio de 2010 y que reconoce el Derecho Humano al Agua y Saneamiento e incorporarlo en su legislación interna.

Chile necesita de un Estado que pueda proteger a todos sus ciudadanos por igual y que garantice la sostenibilidad de las comunidades y los ecosistemas. Las soluciones requieren de un gobierno que trabaje por el bien de todos y que entienda que el desarrollo económico no puede estar por encima de la vida de las personas y su ambiente natural.

La crisis es hoy y si no hacemos nada se agravará cada vez más, con más conflictos, comunidades desplazadas, pérdida de ecosistemas y más. FENAPRU hace un llamado urgente al Estado de Chile, a los empresarios y a la ciudadanía para tomar medidas ahora, antes de que sea demasiado tarde. 

El agua es vital para la vida y es un Derecho humano que no debemos soslayar.

FENAPRU CHILE
www.fenapruchile.cl
22 de marzo de 2019.-

TRAMITACIÓN REFORMA AL CÓDIGO DE AGUAS

(Boletín 7543-12) Minuta N°82 Sesión Comisión de Agricultura, Senado 23/10/2017 - #Minuta #OjoconelPalamento 

MINISTROS DE AGRICULTURA Y OBRAS PUBLICAS EXPONEN FUNDAMENTOS Y VENTAJAS DE LA REFORMA AL CODIGO DE AGUAS Y SOLICITAN CONTINUAR LA TRAMITACION A LA BREVEDAD.

La Comisión de Agricultura recibió este martes 23 de octubre al Ministro de Agricultura, Carlos Furche; al Ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga y al Director General de Aguas, Carlos Estévez, quienes además de desmitificar los argumentos de los grandes empresarios agrícolas, expusieron las ventajas de la Reforma y demandaron a los senadores, retomar la tramitación que se encuentra congelada desde inicios de septiembre en esta Comisión. 

Comenzó la audiencia el ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, quién fundamentó y expuso los avances de la Reforma, mencionó que esta se hace cargo de los distintos usos del agua, con prioridad en el consumo humano y que reconoce los derechos de agua (DAA) ya otorgados por el Estado no cambiando la naturaleza jurídica de estos, ni prohibiendo su venta. Enfatizó que el futuro regimen de concesiones de largo plazo (30 años) para el 10% de las aguas superficiales y el 40% de las aguas superficiales aun sin otorgar, no tiene ningún efecto sobre los créditos a los que puedan optar los agricultores y que además dichas concesiones serán renovables. Destacó que el Estado ha hecho más inversiones en embalses, que lo aportado por el empresariado agrícola en los últimos 100 años, desmitificando declaraciones públicas de gremios como la SNA.

Undurraga concluyó que la reforma es un proyecto clave y urgente para los desafíos de seguridad hidrica que enfrenta el país, y que cualquier hipótesis de expropiación queda descartada.

A continuación, el ministro de Agricultura, Carlos Furche, comenzó diciendo que esta es una reforma que ha generado debate, pero que se deben aclarar objetivos y dudas. Mencionó que desde el Código de 1981 hay nuevas condiciones en la oferta del recurso, debido al Cambio Climático y también en la demanda hídrica, la cual ha aumentado siendo usada en un 80% por el sector agrícola.

Furche destacó que la reforma garantiza el abastecimiento para las necesidades humanas y luego se prorratea para actividades productivas. Es una reforma acotada que no afecta a los derechos de aprovechamiento de aguas (DAA) ya otorgados y que para las nuevas concesiones 30 años que instaura la reforma para nuevos derechos, es tiempo más que suficiente para cualquier proyecto agrícola. Además, recordó que la tramitación para comenzar a regularizar los DAA en el caso de campesinos que no los tengan regularizados o inscritos, considera que el trámite se debe empezar dentro de los 5 años siguientes a la aprobación de la reforma, y que el Ministerio de Agricultura contempla 2.750 millones de pesos para apoyar dicha regularización a través de INDAP. Recordó que los DAA de las comunidades indígenas no están afectos a ningún plazo para iniciar esta diligencia.

Carlos Furche mencionó que los temas respecto del caudal ecológico sólo incluyen formalmente los cambios a la norma del año 2005 y que en áreas protegidas no se entregarán nuevos derechos.

Luego de la intervención de los ministros tomaron la palabra los senadores de la comisión:

Rabindranath Quinteros Lara (P.S.) solicitó que se inicien a la brevedad las audiencias a las 48 organizaciones inscritas, y que se ordenen las presentaciones por estamentos separados.

Víctor Pérez (UDI), pidió eliminar incertidumbres que no están basadas en mentiras sino en realidades y destacó como el ministro de agricultura fue ovacionado en el Encuentro Nacional del Agro (Enagro) con el anunció de que el Gobierno había tomado la decisión de no apurar el proyecto de reforma al Código de Aguas durante el periodo electoral. Dijo que sería importante para la Comisión que el gobierno informara sobre quiénes son los especuladores del agua, que no la usan y solo la acaparan o la venden.

Manuel Antonio Matta (D.C.), habló de la campaña ideológica organizada en la Región del Maule, donde se dice que esta reforma es expropiatoria, aludiendo a una segunda Reforma Agraria. Preguntó cómo el gobierno respondía frente a esto, y porque el gobierno no se habia desplegado en el territorio para explicar la reforma.

José García Ruminot (R.N), quien preside la Comisión de Agricultura, dijo que es importante que los agricultores regularicen los DAA, y que ello ha sido bien recibido en su región. Pidió que se haga un programa lo más cercano a la gente para que no tengan problemas y evaluar si el monto propuesto para apoyar la regularización es suficiente para ello o no. Dudo a su vez de que el 80% de los recursos hídricos sean utilizados por la agricultura, lo que fue complementado por el senador Pérez quien solicitó estudios al respecto.

En respuesta a lo planteado por los senadores, el director de la DGA, Carlos Estevez, dijo que los elementos centrales “uso, goce y disposición” se mantienen y que solo hay dos excepciones que afectan la disposición que hoy existen en el Código de aguas pero no se les pone plazo: a los especuladores y a los usos ociosos, donde hoy se entrega el agua que se pide, no lo que se necesita. Expresó que es difícil saber quiénes son todos los especuladores, pues actualmente hay dos vías de obtención de derechos: una administrativa y otra vía Tribunales, y estos últimos no siempre se informan a la DGA, por esta razón la reforma corrige esta situación, estableciendo la obligación de informar y estableciendo que es el servicio el que otorga los DAA.

En referencia a los agricultores, Estévez dijo, que es conveniente que inscriban sus derechos, porque de ese modo pueden postular a subsidios. Además, agregó que la reforma establece que se puede regularizar los DAA en forma colectiva.

Al final de la sesión, se acordó que se retomara la tramitación, iniciando las audiencias públicas, las que comenzarían la semana del 20 de noviembre, luego de las elecciones.

Asistieron los senadores Garcia Ruminot, Quinteros, Matta y Perez Varela. El senador Felipe Harboe estuvo ausente de la Sesión.

Video explica indicaciones del Ejecutivo que pretenden debilitar aplicación de caudal ecológico aprobado por la Cámara de Diputados

Ver video en: https://www.youtube.com/watch?v=prBJCP93yjk

En discusión de reforma al Código de Aguas en el Senado

Junto con las “aguas del minero”, el martes 1 de agosto se votará la norma  que exige  mantener un caudal  de agua mínimo para asegurar la preservación de los acuíferos y ecosistemas que sostienen las actividades de subsistencia y las economías asociadas a los ríos.

Con un video viral, la campaña ciudadana “¿De qué lado estarás tú?” inició esta semana una ofensiva para revertir los intentos del Ejecutivo de recortar en el Senado lo aprobado por la Cámara de Diputados en el contexto de la reforma al Código de Aguas, específicamente en lo relativo a caudal ecológico para los derechos ya otorgados. La votación en la Comisión de Recursos Hídricos de la Cámara Alta se realizará el martes 1 de agosto, a partir de las 10:30 horas, ocasión en que se también se zanjará la figura de las “aguas del minero”.
Bajo el título “Caudal ecológico para todos los ríos de Chile”, la pieza audiovisual alerta sobre la presión que gremios energéticos como la Asociación de Penqueñas y Mediana Centrales Hidroeléctricas (APEMEC) han realizado sobre  la administración de Michelle Bachelet, para  liberar plantas de hasta 20 megawatts de la obligación de cumplir con el caudal ecológico, incluso en áreas protegidas.  Esta excepción constituiría un factor de dumping ambiental que privilegiaría a empresas con capacidad de inversión de hasta unos de 60 millones de dólares, (es decir unos 40 mil millones de pesos),  permitiéndoles en los hechos  secar ríos y sacrificar cuencas en pos de grandes intereses económicos.
La reforma aprobada en la Cámara de Diputados también estableció que en el caso de los derechos ya otorgados, el caudal ecológico se aplicará con relación a las áreas silvestres protegidas (parques, reservas nacionales, reservas de región virgen), sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad, humedales incluidos en la Convención Ramsar y áreas amenazadas y degradadas. El gobierno, mediante indicación, intenta eliminar esta posibilidad en los sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad y las áreas amenazadas y degradadas.
La importancia del caudal ecológico es que permite asegurar la preservación de las cuencas hidrográficas y la integridad de los ecosistemas  que sostienen  todas las actividades  que requieren del agua, como la agricultura, la industria y las ciudades.
Ese día, además, se resolverá uno de los principales privilegios de la minería, las llamadas “aguas halladas” o "aguas del minero". En esta votación en particular se pondrá a prueba la independencia del senador DC Jorge Pizarro, quien será próximamente formalizado por recibir aportes ilegales de SQM, compañía minera que ha demostrado un particular interés en incidir en la regulación hídrica del país.
La Comisión de Recursos Hídricos del Senado está integrada, además de Pizarro, por Adriana Muñoz (PPD, quien la preside), Isabel Allende (PS), Víctor Pérez (UDI) y Francisco Chahuan (RN).

En Comisión de Recursos Hídricos del Senado: Nueva Mayoría se une a la Derecha para mantener figura propietarista de “derechos de aprovechamiento” de agua

• Haciéndose eco de las acusaciones de la derecha sobre la inconstitucionalidad de la figura de concesiones, legisladores votaron a favor de revertir lo aprobado por la Cámara de Diputados.
• PPD Adriana Muñoz, aunque aportó a la unanimidad, argumentó en contra señalando que esto era “no solo un cambio de nombre, sino lo que se busca es ir asimilando cada vez más los nuevos derechos que se otorgarán a los ya otorgados”. 

A pesar de las diferencias públicas de la Nueva Mayoría con la Derecha respecto de las reformas al Código de Aguas, en la Comisión de Recursos Hídricos del Senado aún persisten ciertas coincidencias. Durante la votación de las indicaciones del Ejecutivo que revierten varios avances alcanzados en la Cámara de Diputados, sus legisladores estuvieron a favor de mantener la visión propietarista del Código de Aguas al rechazar cambiar la figura de “derechos de aprovechamiento” por la de “concesiones”. 

Fue este martes que se inició la votación de las propuestas del gobierno, digitadas por un Ministerio de Hacienda que se hizo eco de las demandas del gran empresariado.

Entre otras, aumenta el plazo para quienes acaparan el agua sin usarla, los que podrán seguir especulando por cinco y diez años (derechos consuntivos y no consuntivos, respectivamente), sin que se extingan dichos otorgamientos.

Asimismo desliga a las empresas mineras de pedir autorización para el uso de las aguas que afloren en sus faenas y elimina la exigencia de mantener caudales ecológicos en áreas degradadas, amenazadas y sitios prioritarios para la biodiversidad cuyas fuentes estén siendo afectadas, entre otras materias.

La comisión está integrada por Adriana Muñoz (PPD), Jorge Pizarro (DC), Isabel Allende (PS), Francisco Chahuan (RN) y Víctor Pérez (UDI). 

“La reforma al Código de Aguas ha tenido graves problemas al ingresar al Senado, en la medida en que por presión del Ministerio de Hacienda, haciéndose eco de los distintos sectores productivos, la Presidenta Bachelet ha ingresado una indicación que elimina muchos de los avances que se lograron en la Cámara” señaló luego de la votación la directora de Chile Sustentable Sara Larraín. 

Durante la sesión cada uno de los legisladores, con excepción de Pizarro, entregó sus argumentos, votando unánimemente a favor de eliminar el concepto de “derechos de aprovechamiento”, aunque por distintos motivos. En el caso del RN Francisco Chahuan apeló a la “coherencia normativa” ya en su opinión debe usarse la misma figura para todos los tipos de autorizaciones, luego de amenazar insistentemente con recurrir al Tribunal Constitucional de aprobarse la figura de concesiones.

Por la Nueva Mayoría, Adriana Muñoz (PPD y presidenta de la comisión), aunque votó a favor, dejó establecida su postura critica, en el sentido que “esto no es solo un cambio de nombre, sino lo que se busca es ir asimilando cada vez más, y es la propuesta que han hecho los colegas de la oposición, los nuevos derechos -que se otorgarán sobre el 10 % de las aguas superficiales de las cuencas y el 50 % de las subterráneas- a los ya otorgados, y ese es el tema central”.

Otra de las indicaciones discutidas fue la de Pizarro, quien proponía eliminar dentro de los usos prioritarios el “doméstico de subsistencia”, debido a los riesgos que una amplia interpretación podía conllevar (el mejor ejemplo, lavado del auto). Sin embargo, varios senadores insistieron en mantener la frase “actividades de subsistencia” dentro de los usos prioritarios del agua, además del agua potable, el saneamiento y la preservación de los ecosistemas. 

Asimismo se aprobó la posibilidad de que el gobierno pueda establecer reservas de agua, lo cual implica que habrá un decreto del Ejecutivo que establece reservas de agua para usos prioritarios, y esas permitirán denegar derechos para usos productivos, para que así el Estado las cautele para consumo humano y protección de los ecosistemas.

La próxima semana –martes 16 de mayo- continuará la votación en particular sobre reformas fundamentales: la temporalidad de 30 años máximo en el otorgamiento de los nuevos derechos; y las causales para denegar la prórroga de estos, entre ellas si los recursos hídricos son destinados a usos distintos a los que se establecieron en su otorgamiento. También se resolverá sobre la obligación de las empresas mineras a informar sobre las aguas halladas en el área de su concesión y pedir autorización para su uso, tal como se le exige a todos los sectores productivos. Actualmente las así llamadas “aguas del minero” no se informan ni se solicitan, lo cual ha generado una distorsión a favor de un sector productivo particular.

Fuente: elecowebtivista.wordpress.com

Viral sintetiza los “goles” que pretende pasar el gobierno en reforma al Código de Aguas

• La próxima semana se iniciará la votación en la Comisión Especial de Recursos Hídricos del Senado, que ha sido presionada fuertemente por sectores empresariales de la energía, minería  y agricultura, para desmantelar el proyecto que busca garantizar el acceso humano al agua y proteger las fuentes naturales.
• Propuesta del Ejecutivo ha concitado rechazo entre organizaciones de la sociedad civil, además de parlamentarios del propio oficialismo y la oposición.

Con un video lanzado durante esta semana, el programa Chile Sustentable denunció los cambios que el gobierno está proponiendo a la reforma del Código de Aguas en el Senado. La iniciativa, aprobada en noviembre del año pasado por el pleno de la Cámara de Diputados, busca avanzar en garantizar el acceso humano al agua y proteger las fuentes naturales.
La ofensiva audiovisual, ue solo en facebook ya lleva más de 80 mil reproducciones, se suma a los cuestionamientos que, desde las propias filas oficialistas, la oposición y la sociedad civil, se han planteado frente a las indicaciones ingresadas recientemente por el Ejecutivo y que fueran coordinadas por el Ministerio de Hacienda. Esto llevó a la directora de Chile Sustentable, la ambientalista Sara Larraín, a señalar que “este gobierno claudicó ante los intereses de los empresarios y la mirada mercantil de la sociedad”.
Con el título “Peligro de gol a la reforma del Código de Aguas”, la pieza da cuenta de los principales cambios propuestos por la administración Bachelet para desmantelar el sentido profundo de la reforma, que va en la línea de ir instituyendo el derecho humano al agua como uno fundamental.
Es así que el gobierno plantea eliminar la figura de las concesiones temporales de agua para los futuros otorgamientos, oncepto que fuera aprobado por los diputados, manteniendo el de “derecho de aprovechamiento”. Esto es una distorsión con respecto a la forma en que se utilizan los demás bienes públicos, como las concesiones pesqueras o mineras, que en última instancia se reconocen como propiedad el Estado.   También aumenta el plazo  para quienes acaparan el agua sin usarla, los que podrán seguir especulando por cinco y diez años (derechos consuntivos y no consuntivos, respectivamente), sin que se extingan estos.
Además exime a las empresas mineras de solicitar autorización para utilizar las aguas halladas en el área de la concesión y elimina la exigencia de mantener caudales ecológicos en áreas degradadas, amenazadas y sitios prioritarios para la biodiversidad cuyas fuentes estén siendo afectadas.  Asimismo, libera a los inversionistas en hidroeléctricas de hasta 20 megawatts de la exigencia de dejar caudal ecológico, lo cual es una excepción que hoy solo opera para los pequeños campesinos, beneficiarios de INDAP, y los usos de subsistencia.
Por último, permite cambiar los puntos de  extracción de aguas de una cuenca a otra sin evaluar los posibles perjuicios al medioambiente y a las comunidades locales.
A las indicaciones del Ejecutivo se sumó una del senador DC Jorge Pizarro que va en la misma línea (y que originalmente tenía pensado impulsar La Moneda) al proponer eliminar la priorización del agua para “uso doméstico de subsistencia”, lo cual perjudica a comunidades agrícolas, indígenas y campesinos.
Todos estos cambios van en sintonía con el lobby de sectores empresariales de la energía, minería  y agricultura, con el objetivo de revertir las reformas.
Reacciones
Desde el oficialismo han cuestionado fuertemente las indicaciones del gobierno.  Según consignó El Pulso, el propio presidente de la Cámara de Diputados, Aldo Cornejo, señaló que “nos preocupa que se quiera modificar el tema de los derechos indefinidos con el objetivo de ‘eliminar ruidos’ como ha señalado el ministro de Hacienda”. “Sabemos que desde la derecha se ha intentado desinformar y que se ha hablado hasta de expropiación, lo que absolutamente falso. Esperamos que el Senado no dé luz verde a estos cambios y se respete el sentido de lo aprobado en primer trámite constitucional” explicó el legislador DC. Su correligionario Mario Venegas indicó que “la fuerza de los grupos de presión y del lobby está llevando a que se distorsione la idea apoyada en la Cámara. Si el Senado las aprueba tendremos que irnos a Comisión Mixta”, al tiempo que dio cuenta de la molestia de las bancadas de la Nueva Mayoría con la propuesta del Ejecutivo.
Desde el PPD, la presidenta de la Comisión de Recursos Hídricos de la Cámara de Diputados, Cristina Girardi, anunció una ofensiva con los senadores para evitar que sean apoyadas las indicaciones. “Hay una contradicción porque si hablamos del agua como un bien nacional de uso público, no puede convertirse en propiedad privada y que se pueda disponer de ella como si fueran acciones. En cualquier lógica de sobrevivencia el recurso no puede ser apropiado por unos pocos, ni siquiera con equidad porque está concentrado donde hay más plata” señaló.

Desde el Senado, el independiente Antonio Horvath también criticó la propuesta: “Es un paso atrás respecto de lo que originalmente se había aprobado” indicó al canal aysenino Santa María TV, con lo que concordó el presidente de la Corporación Privada par el Desarrollo de Aysén (Codesa), Patricio Segura, quien puntualizó que “estas indicaciones están planteando revertir, en alguna medida, todos los logros” alcanzados en la Cámara de Diputados. Recordó el dirigente que este tema es particularmente sensible para la zona austral, al existir impactos en el acceso al agua “para comunidades que están aguas arriba de los derechos entregados, particularmente en el caso del río Baker, porque se tiene que asegurar el caudal para que las potenciales hidroeléctricas deban operar. Entonces, la discusión sobre energía y agua es muy importante para la región de Aysén”.
El martes 2 de mayo, a partir de las 10:30 horas, la Comisión Especial de Recursos Hídricos comenzará la votación de todas las indicaciones que se presenten, sesión que podrá ser seguida online a través del portal de televisión del Senado.  Integran la comisión Adriana Muñoz (PPD, quien la preside), Víctor Pérez (UDI), Jorge Pizarro (DC), Isabel Allende (PS) y Francisco Chahuan (RN).
Revisa el video acá:
Facebook: https://www.facebook.com/chilesustentable/videos/1386815904689782/
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=p-6xL33LaYI

Los "7 goles" que nos quieren meter en la Reforma al Código de Aguas

Sara Larraín: “Este gobierno claudicó ante los intereses de los empresarios y la mirada mercantil de la sociedad”

Sara Larraín - Congreso Nacional

• Hace un par de semanas se conoció una minuta que el Ejecutivo  difundió entre los integrantes de la Comisión de Recursos Hídricos del Senado, la cual desmantela importantes  avances logrados en la Cámara de Diputados.
• “La idea original de este proyecto es garantizar el acceso humano al agua y proteger las fuentes de agua. Sin embargo lo que proponen  las indicaciones del gobierno es debilitar la priorización del  interés público ya alcanzado, para garantizar el lucro empresarial. Y eso es una aberración” indicó la directora de Chile Sustentable.

Como una “nueva señal de que este gobierno claudicó ante los intereses de los empresarios y la mirada mercantil de la sociedad” definieron desde la sociedad civil la presión que ha realizado el Ministerio de Hacienda para introducir cambios a la reforma al Código de Aguas durante su tramitación en el Senado, aprobada en noviembre pasado en la Cámara la de Diputados.  Hace una semanas se conoció una minuta que la cartera estaría difundiendo entre los integrantes de la comisión: Adriana Muñoz ( PPD), Víctor Pérez (UDI), Jorge Pizarro (DC), Isabel Allende (PS) y Francisco Chahuan (RN).

En enero comenzaron las audiencias en la Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación de la Cámara Alta, que preside la PPD Adriana Muñoz, recibiendo hasta hoy a representantes del gobierno, sectores productivos, canalistas, dirigentes de comités de agua potable rural, abogados, ONGs socioambientales y habitantes de comunidades afectadas por la falta de acceso al agua. Terminadas las audiencias, se espera que esta semana se inicie la votación en particular, incluyendo las indicaciones del Ejecutivo que debilitan seriamente importantes avances alcanzados en la Cámara.

“Esta es una nueva señal de que esta administración claudicó ante los intereses de los empresarios y la mirada mercantil de la sociedad” señaló Sara Larraín, directora del programa Chile Sustentable, al conocer los cambios que propone el gobierno al Senado

Los cambios

Son 27 las indicaciones que ingresó el Ejecutivo, de las cuales 11 transforman completamente el sentido de la reforma, privilegiando a los actuales controladores del agua y a aquellos que acaparan y especulan  con esta.

Entre los cambios que impulsa la administración Bachelet está eliminar dentro de las prioridades esenciales  el uso doméstico de subsistencia. También  retrocede en cuanto al estatus legal de concesiones de agua que aprobó la Cámara para los nuevos otorgamientos a particulares, insistiendo en la categoría de derechos de aprovechamiento, temporales pero renovables. Esto complejizará la distinción con el antiguo régimen  de derechos, que permitió la mercantilización de los recursos hídricos.

Además, el gobierno propone ampliar el plazo que tienen los particulares para mantener el control del agua sin utilizarla, lo cual es un incentivo al acaparamiento.  Tambien debilita  la regulacion referida a las  mineras,  eliminando la obligación de estas empresas de solicitar autorización sobre las “aguas halladas” en caso de utilizarlas, privilegio que no tiene ningún otro sector productivo.  Hay que recordar que los diputados aprobaron que la minería pidiera permiso para su uso, a pesar de que el ex diputado y ex vocero de Bachelet Jorge Insunza legisló a su favor mientras se discutía esta reforma y en paralelo  prestaba servicios a una compañía minera.

Asimismo, la nueva indicación del Ejecutivo suprime la posibilidad de que el Estado establezca un caudal ecológico mínimo en áreas en que exista un ecosistema amenazado, degradado o un sitio prioritario en el que la fuente superficial  pueda sufrir grave deterioro o esté siendo afectada, lo que en la práctica significa dejar que ríos y cuencas completas se sequen.  Junto a esto el gobierno impulsa exceptuar de la obligación de  caudal ecológico a las hidroeléctricas de hasta 20 MW (muchas de ellas de empresas trasnacionales) y cuyos promotores requieren una capacidad de inversión entre U$ 4 millones (para 1 MW) y U$ 80 millones (para 20 MW).  Insólitamente la autoridad  entrega esta excepción, diseñada originalmente para la situación de pequeños campesinos beneficiarios de Indap  que utilizan el agua para actividades de subsistencia, a  grandes poseedores de derechos cuyas inversiones pueden  poner en peligro las fuentes de agua.

Finalmente la administración de Bachelet también propone  eliminar la atribución del Estado de resguardar los usos prioritarios, como agua potable, saneamiento, actividades de subsistencia y protección de ecosistemas, para los casos de traslado de puntos de captación de derechos de agua de una cuenca a otra o en situaciones de cambio de la fuente de extracción, lo cual atenta contra el corazón de una reforma que, justamente, busca introducir criterios de interés público en las políticas de agua.

“La idea original de este proyecto es garantizar el acceso humano al agua y proteger las fuentes de agua. Sin embargo lo que proponen  las indicaciones del gobierno es debilitar la priorización del  interés público ya alcanzado, para garantizar el lucro empresarial. Y eso es una aberración” indicó Larraín.

Propuesta de Reforma al Código de Aguas del gobierno no resuelve crisis de acceso y gestión del Agua

Comunicado de Prensa - @Chilesust

Tras seis meses de espera, la Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación de la Camara, recibió ayer del gobierno un texto de reforma al Código de Aguas que sustituye totalmente la Moción parlamentaria que los diputados de dicha Comisión habían votado y trabajado por mas de un año y medio.

En relación a la reforma al Código de Aguas ingresada el dia de ayer, por el gobierno, a la Cámara de Diputados, Chile Sustentable expresa lo siguiente:

1. El texto ingresado por el gobierno reemplazó completamente la Moción parlamentaria. Incurriendo en falta de reciprocidad con el Parlamento, y en particular con los parlamentarios de la Comisión de Recursos Hidricos que suspendieron la aprobación de su moción a solicitud del gobierno; y que esperaron las indicaciones del ejecutivo por seis meses. Ello constituye una falta al acuerdo de mejorar el proyecto de los diputados y carencia de reciprocidad ante la buena fé de los parlamentarios.
2. La reforma del gobierno eliminó temas claves que contenía la Moción parlamentaria: eliminó la modificación el artículo 56, que obligaba a las empresas mineras a informar respecto de las aguas halladas en sus áreas de concesión y a solicitar una concesión para su aprovechamiento, tal como hacen todos los demás sectores productivos. Esto constituye una excepción legal en favor de las mineras, que además impide a la autoridad contar con información completa sobre el balance hídrico de los acuíferos subterráneos en las diversas cuencas e impide evaluar la posible afectación a otros usuarios.
3. El gobierno eliminó el establecimiento de caudales ecológicos con criterios ecosistémicos y con fundamentación técnica para justificarlos; lo cual no garantiza la protección de la biodiversidad y la sustentabilidad de los caudales en los ríos del país.
4. La propuesta del gobierno restringió la prohibición de otorgar concesiones de uso de aguas solo al interior de Parques Nacionales y Reservas de Regiones Vírgenes, dejando abierta la posibilidad de que los privados puedan pedir aguas en otras áreas protegidas como Reservas Nacionales, Monumentos Naturales, y Santuarios de la Naturaleza, que están bajo protección en la Ley de Medio Ambiente, y que sí estaban protegidas en la propuesta de los parlamentarios. Ello significa un retroceso regulatorio y un atentado a las áreas protegidas, en  dirección contraria a la voluntad de los chilenos y las recomendaciones de la OECD.
5. La propuesta del gobierno restringe la excepción del pago de patentes solo a las Asociaciones de Agua Potable Rural, lo cual reduce seriamente la excepción que contenia la moción parlamentaria para proteger a las comunidades agrícolas, a los pequeños productores agrícolas y campesinos y a las comunidades indígenas que utilizan las aguas para cultivos de subsistencia.
6. La propuesta del gobierno tampoco sanciona, ni deroga los derechos de propiedad de aguas concedidos por el Estado en cuencas declaradas agotadas; lo cual sí proponía la Moción parlamentaria. Con ello ignora y deja impune este grave vicio en la aplicación del Código de Aguas, lo cual ha incitado usurpación de agua afectando a los más pobres, y ha agravado los conflictos de acceso y la crisis hídrica que sufre el país. Como aportes positivos de la propuesta de reformas al Codigo de Aguas ingresada por el gobierno al Parlamento cabe destacar:

• El cambio en la naturaleza del derecho de aprovechamiento de aguas, desde el actual derecho de propiedad, hacia concesiones de uso temporal, es sin duda la principal reforma que aporta el gobierno. No obstante, este nuevo sistema de concesiones se aplica sólo a derechos aún no otorgados en los ríos y acuíferos del país, los que constituyen solo el “raspado de la olla” de este bien publico, ya que prácticamente todas las aguas de las cuencas y acuíferos de Chile han sido concedidas en propiedad gratuitamente y a perpetuidad. Adicionalmente, los plazos de concesión sobre este retazo de aguas son excesivos (30 años).
• Un segundo elemento positivo a destacar de la reforma del gobierno, constituye el reconocimiento de las diversas funciones de las aguas y la priorización para el consumo humano, el saneamiento y la conservación de los ecosistemas. Pudiendo constituir el Estado reservas, para satisfacer dichas funciones, y autorizar su uso (hasta 12 litros por segundo) a las Asociaciones de Agua Potable Rural.
• Un tercer elemento positivo, es la atribución que la propuesta del gobierno concede a la Dirección General de Aguas (DGA), para caducar derechos de aguas acaparadas que no se utilizan. No obstante el plazo de 4 años (para derechos consuntivos) y 8 años (para no consuntivos) para acreditar el no uso del agua parece excesivo. 
• Tambien es positiva la propuesta de reforma que permite a la DGA limitar el ejercicio de aprovechamiento de aguas superficiales y subterráneas en cuencas degradadas y prorratear caudales sostenibles entre los usuarios.
• Finalmente, es un avance obvio la entrega de atribuciones a la DGA para denegar el otorgamiento de concesiones de aprovechamiento de aguas, en caso de no existir disponibilidad, o de poner en riesgo los usos de subsistencia y caudales ecológicos.

Pero a pesar de estos avances, las reformas al Código de Aguas enviadas por el gobierno al Congreso, son insuficientes para enfrentar la crisis de equidad, acceso y sustentabilidad de los recursos hídricos en nuestro país; la cual ha sido agravada por la aplicación del Código de Aguas de 1981.

Por esta razón, Chile Sustentable continuará trabajando junto a las demás organizaciones ciudadanas, y apoyando a los parlamentarios, para lograr reformas estructurales al Código de Aguas y a la Constitución, con el objeto de recuperar el agua como ” bien público” y desarrollar una gestión equitativa, sustentable y democrática de este bien común de todos los chilenos.